El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, destapó un escándalo de corrupción electoral donde involucra a tres senadores y a tres representantes electos, dos diputados del Atlántico y dos concejales de Barranquilla, por corrupción al sufragante en los pasados comicios del 11 de marzo, donde los colombianos eligieron al nuevo Congreso de Colombia que se posesiona el 20 de julio del 2018.
Ya el Fiscal había anunciado la existencia de una red de compra de votos a la que denominó de “nauseabunda”, de acuerdo al resultado de una investigación en diferentes regiones del país, donde también se involucra a un alcalde, dos diputados del Atlántico, dos concejales de Barranquilla y más de 50 funcionarios, así como a ciudadanos que cumplían diferentes objetivos delincuenciales en las redes de compras de votos.
La siguiente es la relación de la investigación de la Fiscalía sobre el tema y dada a conocer a la opinión pública nacional e internacional, teniendo en cuenta que el ente acusador le compulsó copias a la corte Suprema de Justicia a los congresistas involucrados.
Operación Casa Blanca
Así se le denominó a la investigación tras las elecciones parlamentarias de marzo anterior y donde fue capturada la senadora electa Aida Merlano porque las investigaciones de la Fiscalía encontraron que habría incurrido en corrupción al elector. Hoy el organismo tiene claro que la casa en Barranquilla en donde se encontraron talonarios de pago y registro de ciudadanos que habrían vendido el voto, era el centro de operaciones de una organización delincuencial que empezó a operar en las elecciones regionales de 2015.
“Se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas”, señaló la Fiscalía y agregó que la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos.
Según la fiscalía, esta organización funcionó no solo a favor de la campaña de Merlano, también para la candidata a la Cámara por Atlántico, Lilibeth Llinás, quien no fue elegida. La estructura delincuencial en materia electoral, estaría estado conformada por los candidatos al Congreso, Aida Merlano y Lilibeth Llinás; los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales de Barranquilla, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, entre otros.
Respecto al caso en mención están capturados e imputados siete ciudadanos. El próximo 30 de julio la Fiscalía imputará a la candidata Lilibeth Llinás los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo, mientras que a los diputados y los concejales s les sindica de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
Compra de votos en Ciénaga
Se destaca dentro de la investigación dada a conocer por el Fiscal Martínez que durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora, quien portaba casi 7 millones de pesos en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara.
El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz – conocido como “el Nene Pérez” – una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena. Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado.
Se anota en el expediente que el electo senador Fabián Castillo habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización. Por ello, el fiscal de conocimiento radicó audiencia de imputación en contra de Lora Ávila por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.
En Medellín compra de votos
Se investiga la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, quien según la Fiscalía ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de 120.000 pesos, tabletas a 30.000 pesos y televisores de 49 pulgadas a 350.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.
Subdirector del Sena de Caucasia
El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya.
Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían, podrían ser nuevos contratistas.
Constreñimiento
Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos, indicó la Fiscalía.
Añadió que para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo 20 personas.
Tarjetones marcados en Cauca
Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.
Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de 250 votos marcados en favor del entonces candidato.
Jurados en Soledad
En las pasadas elecciones de Congreso de la República se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad (Atlántico). Esta habría consistido en el registro irregular de candidatos a jurado en el sistema de la Registraduría.
La Fiscalía estableció que la Registraduría especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio. La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107.
Bogotá, D.C, 21 de junio de 2018
Redacción Ecos
Foto: Ecos
