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Gobierno de Maduro amordaza el Disenso

Bogotá, D.C. 13 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: Reuters.- La Asamblea Constituyente de Venezuela, constituida sólo por oficialistas, acaba de aprobar "la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia", un Ley que pasará a la historia de la intolerancia como una muestra de la ignorancia, la intolerancia y la negación de los DD.HH. en las nuevas dictaduras.

Los artículos de esta pacífica Ley dotarán a Nicolás Maduro de una nueva herramienta para profundizar la censura, perseguir a los disidentes, ilegalizar partidos, cerrar medios de comunicación y controlar las redes sociales. Acción que ya habían experimentado con la buena pro de las débiles instituciones públicas manejadas desde Miraflores, emblemática sede del Poder Ejecutivo en Venezuela.

La nueva ley contempla hasta 20 años de cárcel para los culpables de promover o protagonizar los delitos de odio, siempre según el criterio chavista.

"Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela y la convocó el Presidente Nicolás Maduro, hombre de paz", reseñó Delcy Rodríguez, Ex Canciller y Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esta Ley se trataría de un supuesto "homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el gobierno, aseguró la ex canciller Rodríguez. Una extraña explicación, ya que entre abril y julio murieron en Venezuela 125 personas, víctimas de la represión de las fuerzas gubernamentales y de la violencia desatada posteriormente.

Entre las obligaciones que impone esta ley está que debe ser publicada íntegramente de forma obligatoria por todos los medios, lo que  ha puesto en alerta a opositores, ONG y periodistas, ya que también supone un nuevo instrumento para acallar a la disidencia y criminalizar las protestas.

Los encargados de establecer el criterio bolivariano son el Presidente del Supremo, Maikel Moreno; el Fiscal General del gobierno, Tarek William Saab, que sustituyó ilegalmente a la fiscal rebelde; delegados de la Constituyente; ministros; altos cargos del chavismo y representantes de organizaciones revolucionarias chavistas.

Todos ellos verificarán que se cumplan sus disposiciones, entre ellas la que prevé penas de 8 a 10 años de cárcel para los policías o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables del odio señalados por la revolución.

Se trata, por lo tanto, de conceptos jurídicos indeterminados para sancionar y privar de libertad de forma arbitraria y solo contra los enemigos.

El chavismo usa desde hace años sus medios de comunicación para amenazar e insultar a sus rivales políticos, empleando términos que ya forman parte del lenguaje nacional: escuálidos, vendepatrias, lacayos, fascistas, pitiyanquis, majunches y una larga lista que incluye descalificaciones personales a los jefes opositores como el "monstruo de Ramo Verde" (Leopoldo López), "Capriloca" (Henrique Capriles) o "coño de su madre" (Henry Ramos Allup), que es la versión venezolana del hijo de puta español.

"Sentencia únicamente a todo el que esté contra el gobierno", añadió Jesús Torrealba, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con la ley se han atrevido incluso a amenazar las redes sociales, único espacio de disenso encendido de los venezolanos, una de las grandes obsesiones del "hijo de Chávez", que lleva semanas clamando por supuestas censuras en Facebook y Twitter.

"Deben retirar en un lapso de seis horas los mensajes que promueven el odio y la intolerancia", advirtió Rodríguez. Las amenazas se extienden a las radios y televisoras, sometidas a niveles muy altos de censura y autocensura. A todas se les puede revocar su licencia si lanzan mensajes que fomenten el odio, siempre a conveniencia de la revolución.

"La ley del odio no es una ley, es una sentencia orbitando sobre la ciudadanía. Curiosa manera de luchar por la paz, convivencia pacífica y tolerancia", criticó la ex magistrada Blanca Rosa Mármol.

Para la ONG Espacio Público, que contabiliza 148 medios cerrados desde el advenimiento de Chávez, en 1999, la ley "es inconstitucional de origen, así como la ANC que la aprueba".

En el exterior también se han disparado las alarmas. "La ley antiodio hunde a Venezuela aún más en el régimen dictatorial de Maduro. Pero nadie se debe sorprender que el circo autocrático de Maduro haya llegado tan lejos: la mafia que gobierna Venezuela ha mostrado demasiadas veces que está dispuesta a aplastar toda crítica", destacó José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, considera “alarmante” la Ley contra el Odio, aprobada ANC de Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos.

“Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, explicó hoy el experto en Washington.

Estos son los comentarios “preliminares” de Lanza, relator desde 2014, mientras en la CIDH “se está analizando” el texto aprobado y se prepara desde hace meses un informe completo sobre la situación de derechos humanos en el país para antes de final de año.

Cuando se terminaba de escribir esta nota, leemos en Twitter que Colectivos Chavistas armados y en motos, intentaron tomar a la fuerza este domingo, en tres oportunidades, con esmeriles y patas de cabras, la sede del Nuevo País y Zeta, periódico y revista del veterano periodista socialdemócrata Rafael Poleo. Una muestra más del acoso al periodismo libre y no oficialista y de la propiedad privada.