Nueva York. 22 de octubre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.- El nuevo informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte contundentemente de la desigualdad descontrolada y la falta de protección de los DD.HH., especialmente de las mujeres más pobres, pueden suscitar disturbios y socavar la paz y los objetivos mundiales de desarrollo.

El precio de la desigualdad, particularmente en la esfera de la salud y los derechos sexuales y reproductivos,  podría pasar factura a los objetivos del conjunto de la comunidad internacional, señala el nuevo informe del UNFPA, titulado «Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad».

 De no proporcionar servicios de salud reproductiva, por ejemplo de planificación familiar, a las mujeres más pobres, es posible que las economías se debiliten y los esfuerzos en aras de la consecución del primer objetivo del desarrollo sostenible, poner fin a la pobreza, sean en vano.

 La desigualdad económica refuerza otras desigualdades que, a su vez, inciden en ella, entre otras, las relacionadas con la salud de las mujeres. Esta situación da pie a que solo unas pocas privilegiadas puedan controlar su fecundidad y, por tanto, ser capaces de desarrollar sus competencias, incorporarse a la fuerza de trabajo remunerada y mejorar su poder adquisitivo.

«Las desigualdades en los países hoy no solo existen entre los que tienen y los que no», afirma la Directora Ejecutiva del UNFPA, la doctora Natalia Kanem. «La desigualdad consiste más en la diferencia entre los que pueden y los que no. Las mujeres pobres que no disponen de medios para tomar sus propias decisiones sobre el tamaño de su familia o que tienen mala salud porque no reciben una correcta atención de salud reproductiva son las más numerosas en el grupo de los que no pueden».

En la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres más pobres son también las que disponen de menos opciones de planificación familiar y un menor acceso a servicios de atención prenatal y las que más probabilidades tienen de dar a luz sin la asistencia de personal médico o de obstetricia.

El acceso limitado a la planificación familiar se traduce en 89 millones de embarazos no planeados y 48 millones de abortos al año en los países en desarrollo. Esto no solo es perjudicial para la salud de las mujeres, sino que también restringe su capacidad para incorporarse al mercado laboral o conservar un trabajo remunerado y avanzar hacia la independencia financiera, explica el informe.

La falta de acceso a servicios asociados, como guarderías a precios asequibles, también impide que las mujeres busquen un empleo fuera de casa. Para las mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo, la inexistencia de licencias de maternidad y la discriminación de los empleadores contra las que se quedan embarazadas suponen una sanción por maternidad, que obliga a gran parte de ellas a elegir entre su carrera profesional y la familia.

«Los países que quieran hacer frente a la desigualdad económica pueden empezar por atajar otras desigualdades, como las existentes en la salud y los derechos reproductivos, y derribar las barreras sociales, institucionales o de otra naturaleza que impiden que las mujeres alcancen su pleno potencial», añade la Dra. Kanem.

En el Informe del UNFPA se recomienda centrarse primero en los más rezagados, de conformidad con el plan de las Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible y sociedades inclusivas de aquí a 2030.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible «contempla un futuro mejor. Uno en el que derribamos las barreras [y] corregimos las disparidades de manera colectiva […]», destaca el informe. «El objetivo debe ser la reducción de todas las desigualdades. 

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