Redacción Ecos. Foto Marcha Patriotica.- La organización no gubernamental Human Rights Watch, en su último informe sobre el conflicto en Colombia, fue contundente en señalar que los grupos sucesores de los paramilitares “siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia sexual. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales”.
Pese a las afirmaciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en las que aseguró que en el país “no hay paramilitarismo porque decirlo significaría otorgarles reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”, la ONG Human Rights Watch, asegura que los grupos sucesores de los paramilitares siguen actuando en el territorio nacional.
“Buenaventura, una localidad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana y los grupos sucesores de paramilitares siguen cometiendo estos abusos, presenta uno de los índices más elevados de desplazamientos forzados de Colombia: 12.956 residentes debieron abandonar sus hogares en 2015, y 1.955 entre enero y octubre de 2016”.
Así mismo señala que “el conflicto entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Urabeños y el Eln en el departamento de Chocó, ha desterrado a numerosas personas indígenas y afrocolombianas en las poblaciones donde viven”.
“Es claro que los paramilitares siguen existiendo, aunque ya no podemos hablar de una organización como las Autodefensas Unidas, estos grupos actuales siguen sosteniendo alianzas con agentes estatales y en departamentos como Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Norte de Santander y Nariño, siguen viendo como una amenaza a los líderes sociales”, sostienen militantes de la Unión Patriótica.