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Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: WordPress.com.-  El 30 de agosto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.

ONU expresa que, actualmente, este fenómeno sociopolítico es motivo de especial preocupación, porque ha evolucionado y extendido: 1.- El acoso de los defensores de los DD.HH., los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; 2.- El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y 3.- La todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, en el contexto del terrorismo de Estado. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

En este sentido,  se ha convertido en un problema global, que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Expertos de la ONU instaron a todos los estados miembros a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los diferentes órganos de la ONU señalan que es "inadmisible" que, en 2017, se sigan produciendo desapariciones forzadas.

"Todos los días recibimos nuevos casos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a una desaparición forzada. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar", señalaron los expertos del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

La Vicepresidenta del Comité, Suela Janina, consideró que "no hay ninguna excusa válida para que esta Convención no sea ratificada universalmente". Después de ratificarla, los Estados deben introducir una legislación nueva y garantizar su aplicación en la práctica.

La Convención proporciona a los Estados una base para el establecimiento de un marco legal sólido en las áreas de prevención, castigo, reparación y no repetición de las desapariciones forzadas, así como una herramienta para proteger a las personas desaparecidas y a sus familiares.

Hasta el momento han ratificado la Convención 57 Estados. "Nuestra meta es doblar el número de Estados partes de la Convención en los próximos cinco años", añadió Suela Janina. La Convención también establece las obligaciones de los Estados de retener a las personas privadas de libertad en lugares de detención oficiales, de revelar su paradero y de proporcionar con rapidez información precisa sobre la detención a sus familiares, sus representantes legales y otras personas con un interés legítimo.

En este sentido, la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Houria Es-Slami, enfatizó que "los familiares tienen el derecho, también como víctimas, a saber la verdad sobre las circunstancias en que tuvo lugar la desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, el progreso y los resultados de la investigación, y por último, la suerte de la persona desaparecida".

Los expertos de la ONU también expresaron su preocupación por la reducción del espacio democrático para los familiares y los defensores de DD.HH. que trabajan en desapariciones forzadas y subrayaron la obligación de los Estados de garantizar que puedan trabajar de manera eficaz y sin miedo.