Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Todos sabemos que uno de los temas más alarmantes que vivimos los colombianos es la corrupción y la falta de conclusiones y sanciones judiciales.

En esta materia es muy urgente que el señor Presidente de la República tome medidas e incluso haga una convocatoria a los dirigentes y líderes políticos con el fin de llegar a un acuerdo nacional para adoptar medidas extraordinarias que permitan controlar el desbordamiento que ha tenido este tema y que se incorporen sanciones fuertes y extraordinarias para castigar a los responsables de actos de corrupción. ¿Qué pasó con todos los responsables de los casos de Odebrecht, Reficar, contratos de alimentos para estudiantes o de la pandemia, para no enumerar sino algunos? Además, es muy importante crear conciencia que el silencio de jefes y superiores, ante actos que huelen a corrupción, se convierte en complicidad.

Hace pocos días, distintos medios de comunicación comentaron un hecho sobre el cual, de un momento a otro, se guardó silencio y no se siguió debatiendo, lo que hace más importante que la opinión pública sepa o conozca que sucedió. El Ministerio de las TIC convocó una licitación por más de dos billones de pesos para ampliar el servicio de internet a distintas zonas del país.

En el pasado, el cierre de una licitación tan importante por su objetivo como por su valor, era presidido por el Ministro correspondiente o en su defecto por uno de los Viceministros, por el Secretario General o por el Director General del área correspondiente. Pues en esta oportunidad lo presidió la subdirectora de contratación de ese Ministerio, es decir por un funcionario de quinto nivel.

Pero lo más sorprendente es que durante el acto de presentación de las propuestas, varios de los interesados denunciaron una anomalía que se estaba presentando con una de las firmas proponentes y la cual consistía en que uno de los asesores por contrato del despacho de la Ministra de las TIC era simultáneamente asesor de esa empresa, por lo que pedían que no se aceptara su propuesta ya que entendían era un acto irregular, que podría tener inhabilidades por tener vinculado a ella el asesor de la Ministra, lo que independientemente de las inhabilidades legales era una clara inhabilidad ética y moral.

Como consecuencia de esta supuesta anomalía se declaró un receso y como producto del mismo se anunció que el asesor de la Ministra tenía un contrato de trabajo en el que en una de sus cláusulas se manifestaba que no estaba incapacitado para prestar asesorías en materia de contratación administrativa.

¿Cómo es posible que el Ministerio de las TIC suscriba contratos en esas condiciones? Pero lo que es peor, que un asesor considere que no tiene inhabilidad para ser parte (por trabajar en el Ministerio en el cual se abre una licitación gigante) y contraparte (por ser asesor se una firma que licita ante el Ministerio del cual él es asesor).

No podemos seguir en esas condiciones. ¿Qué clase de ejemplo le están dando al país en materia de ética y moral?

El Procurador General de la Nación así como el Contralor General de la República deben actuar con prontitud y en investigaciones rápidas y prioritarias tomar acciones sobre este caso. Incluso el Presidente de la República debería también tomar decisiones que protejan la moral pública.

Frente a la corrupción, como al narcotráfico y la inseguridad que hoy estamos viviendo, no podemos ser débiles. Hay que tomar decisiones que sean ejemplarizantes porque, de lo contrario, estamos perdidos.

Bogotá, D. C, 16 de diciembre de 2020

*Excomisionado de Paz

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*.-Por estos días en que se concerta el aumento del salario mínimo para el próximo año y que tendrá incidencia en el bolsillo de millones de trabajadores colombianos que obtienen su sustento de esa asignación salarial, fuimos sorprendidos por la mezquina propuesta de los empresarios e industriales agrupados en el Consejo Gremial.

Cuando esperábamos una propuesta algo generosa, pues el empresariado lo que propone es un reajuste del 2%, lo que significaría un aumento de $17.556, es decir, $585 diarios, eso es una burla a la clase obrera y una bofetada para los trabajadores colombianos que son quienes ponen a rodar el aparato productivo.

Por su parte, las centrales obreras, plantearon un reajuste salarial de 13,9%, equivalente a un millón 200 mil pesos, ya incluido el básico, más el subsidio de transporte, una propuesta sin duda, más justa, equitativa y que ayudaría a dinamizar mucho más la lánguida economía nacional, tan golpeada por la actual crisis por cuenta de la pandemia.

El gobierno nacional y quienes dominan el país, empresarios, bancos, sector financiero etc, pretenden hacer el ajuste para enfrentar las consecuencias graves de la pandemia en materia de desempleo, de desigualdad, de crisis en general, por cuenta de los trabajadores, bajando sus salarios, eliminando sus primas, eliminado las horas de trabajo, pretenden precarizar mediante contratos por horas y con ellos ajustar hacia abajo sus salarios y sus prestaciones sociales.

Por otro lado, está ofreciendo una reforma tributaria para ampliar la base, es decir, para involucrar a muchos más colombianos y especialmente afectar las rentas laborales, se escucha que va haber reajuste de IVA, especialmente en contra o para cargar y afectar la canasta familiar que no se había tocado por ningún gobierno y también está pretendiendo que definitivamente no se toquen temas como costos financieros de los bancos, que no se pongan impuestos a los ricos, como impuesto al patrimonio, que sí debe operar en tiempos de crisis para quienes tengan capitales superiores a $3.500.000.000.oo líquidos, no pretenden tocar esos temas y está pretendiendo bajar el impuesto a la renta de las empresas o ya lo bajo en la anterior reforma tributaria y conservar esos privilegios y conservar un esquema de beneficios tributarios a los empresarios nacionales y extranjeros como haberle quitado el IVA a las importaciones de bienes de capital, está pretendiendo un ajuste para enfrentar la crisis que los paguen los pobres y los trabajadores.

El gobierno deja ver una vez más sus claras intenciones de seguir favoreciendo a toda costa al gran empresariado, a los industriales y a los ricos de este país, en detrimento de la economía de millones de familias colombianas que subsisten con un escaso salario mínimo, los que tienen empleo, que no son la mayoría. 

Y es que, según cifras del propio DANE, de 14 millones 243 mil hogares colombianos, 6 millones 223 mil tienen ingresos de un salario mínimo o menos. Esto representa más del 43 por ciento de los hogares colombianos.

Si nos ponemos en los zapatos de las familias que devengan un salario mínimo o incluso menos, pues vemos que están en serios aprietos económicos, pues de ese valor, tienen que suplir gastos de vivienda o arriendos, alimentación, transporte, educación, es decir, que no les quedaría nada para gastos adicionales como vestuario o recreación familiar y esa penosa situación el gran empresariado poco la entiende, no existe esa sinergia por parte de los ricos de éste país con los trabajadores colombianos que son quienes, con su fuerza laboral, ponen a marchar sus empresas.

Ahora bien, somos conscientes del difícil momento que atraviesa no sólo Colombia, sino el mundo entero por la actual crisis de la covid-19, como se dice en el argot popular, "el palo no está para cucharas", pero sí se podría hacer un esfuerzo, que representaría dinamizar la economía, es decir, sin salario no hay demanda y sin demanda, las empresas no invierten para producir más.

Las empresas necesitan nivelar costos, pero también necesitan quien compre sus productos y si hay poco dinero circulante, pues muy pocos serán quienes logren comprar sus productos.

De todas formas, la situación es compleja, porque ningún sector quiere "aflojar" en sus propuestas y si no se logra un consenso, pues será el gobierno nacional quien entre a terciar en el asunto y fijar por decreto el nuevo salario mínimo, tal como sucede casi todos los años y sí eso ocurre esta vez, pues ya sabemos de qué lado está el gobierno.

Que entre el diablo y escoja y que Dios proteja a los millones de trabajadores colombianos.

Bogotá, D. C, 15 de diciembre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Write comment (0 Comments)
Por Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo

Por Mons Omar de Jesús Mejía Giraldo - Una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo celebrar la navidad en tiempos de incertidumbre? A este interrogante cada uno, cada familia, cada institución…, puede dar su propia respuesta. Lo cierto es que hemos de celebrar navidad. A pesar de las mil dificultades que hemos debido asumir en este momento histórico, la vida sigue, el mundo continúa avanzando y con el correr del tiempo se van gestando entre nosotros instantes inolvidables, que nunca se repetirán.

La verdad es que nos hemos acostumbrado a la navidad: comemos, hacemos fiestas, rezamos la novena de aguinaldos, damos y recibimos regalos, nos saludamos, nos abrazamos, descansamos, paseamos, visitamos a nuestros familiares y amigos… Quizás todo esto lo podamos seguir haciendo, aún más, es necesario hacerlo, el tiempo pasa y no se detiene, no podemos sentarnos a llorar en un rincón de nuestra existencia. Debemos avanzar en medio de todas las circunstancias implícitas de cada día, a lo que nos invita este “instante vital” es a que seamos más creativos y menos rutinarios.

Los invito a pensar lo siguiente: lo cierto es que, hoy estamos más cerca de la eternidad que hace un año. Por eso, celebremos Navidad con toda el alma. Pongámosle a este tiempo tan particular todos nuestros sentidos. Dejemos que el niño de Belén entre hasta lo más íntimo del alma, que penetre nuestros afectos y costumbres. Celebremos Navidad, con toda la intensidad espiritual posible, con todos los protocolos de seguridad que nos exige el momento presente y dejemos por fin que el centro de la navidad sea el mismo Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Que el protagonismo de esta navidad no este en las realidades del mundo, sino en el misterio que celebramos: la encarnación del Hijo de Dios.

En orden a lo práctico, los invito a celebrar esta Navidad con fe y esperanza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Lema: “Navidad en casa, navidad por la vida”.

Asistamos a la Santa Misa en nuestra parroquia, algunas celebran muy de madrugada, aprovechemos estos espacios para crecer en unidad.

El 07 de diciembre, en la noche, para celebrar las vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, los convoco a encender una vela por la vida. Lema para este día: “Por la vida enciende una vela”. Como un signo de fe, los invito a escribirle a cada vela el nombre de uno de nuestros familiares y/o amigos que han muerto a causa del Covid 19.

Recemos la novena de aguinaldos en casa, cuidémonos de aglomeraciones, seamos muy sensatos y cuidadosos en nuestras reuniones. Dios sigue dándonos días y la historia avanza, ya tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos en grupos más grandes. En esta Navidad, por favor, en casa.

No perdamos la bonita costumbre de hacer el pesebre, este pequeño gesto nos ayuda a incrementar entre nosotros la virtud de la piedad. Este año pongamos en el pesebre los nombres de nuestra familia, aún los nombres de quienes se nos han ido, recordémoslo con afecto y cariño. En la comunión de los santos sintamos su presencia gozosa en medio de nosotros.

Estimados sacerdotes, religiosas (os), laicos, hermanos todos, tengamos toda la creatividad posible, aprovechemos con madurez y responsabilidad las redes sociales y los medios de comunicación para continuar nuestro proceso de evangelización.

A todos les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo.

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2020

*+ Arzobispo de Florencia

Write comment (0 Comments)
Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.-Este país no podrá alcanzar nunca una paz, un descanso, una tregua, una esperanza, un respiro, una calma. La mezcla que nos han dejado las razas que formaron al colombiano de hoy, son un desastre en su conjunto, un tumulto de genes que airadamente se abren paso para ganar espacio al producto final.

Esa refriega no nos permite convivir con serenidad y moderación. La ambición se interpone. Desde el más encopetado dirigente, hasta el más humilde aspirante al poder, la riqueza, la supremacía y el dominio, solo buscan sus propios intereses.

Lo “bueno” se defiende, si se traduce en rapiña, mientras lo malo se repudia, si no llena los bolsillos de quienes adjudican.

Así se creó, se mantiene y operará la corrupción, que nos ha consagrado como campeones mundiales.

El año que está por concluir transcurría dentro de los parámetros de nuestra clasificación mundial, pero la rapacidad se aceleró con ocasión de la pandemia. Afloraron los vuelos humanitarios, las provisiones, dotaciones, vacunas, vituallas y pertrechos, necesarias o innecesarios. Todo lo que se ofrecía se compraba. La pandemia se combatía solo con lavada de manos y tapabocas –a los que se aplicaba el IVA-.

Entre tanto febriles funcionarios, –con presidente a la cabeza- parlamentarios virtuales, lobbistas, asesores de gremios y banqueros, políticos y demás expertos en engorrar las cosas, se dedicaron a planificar reformas de toda índole. De esas que pasan con tediosas votaciones, en oscuras madrugadas.

Ha nacido así una dudosa y desconcertante reforma electoral, digna de cualquier Trump, para malograr elecciones y esconder resultados, que van a navegar con el beneplácito de quienes quieren agarrar lo que nunca alcanzarían con legalidad.

Avanza otra con máscara benefactora para los trabajadores, tejida con la misma piola de la funesta Ley 100. Tramposamente se incluyen los famosos contratos de trabajo por horas, que quieren opacar con la reducción de horas semanales, pero castigando los ingresos. Por ninguna parte incluye una fórmula creadora de empleo para los 4.5 millones de trabajadores que perdieron sus puestos por la pandemia.

Y qué tal la reforma tributaria que anuncia Carrasquilla, que reduce  impuestos a los grandes capitales, elimina la clase media y la castiga con gravámenes que asumen los beneficios de los poderosos.

Como si fuera poco, contra viento y marea, se procederá a reformar las pensiones, que fueron creadas a imagen y semejanza de Chile, y que ahora un plebiscito las reforma por ser ruinosas para la clase trabajadora.

Así se maneja la maltrecha estructura económica colombiana de pandemia; y lo que se nos viene no abriga la esperanza de que las cosas cambien, o que por lo menos se abra una ventana salvadora.

BLANCO: El país debe rodear al archipiélago. No hay derecho a tanto abandono.

NEGRO: Es posible que ya haya sido elegido Gerente del Banco de la República, el inventor de los bonos de agua. Se pierde la independencia del Emisor y tambalean los presupuestos municipales.

 Bogotá, D. C, 11 de diciembre de 2020

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

Write comment (0 Comments)
José G Hernández

Por José G. Hernández*.- El asunto por discutir a raíz de la reciente decisión judicial de tutela que ordenó al Gobierno exigir la prueba contra Covid-19 a viajeros que llegan a Colombia, no es el relativo a la cuestión epidemiológica -si es o no necesaria, si es viable, si es costosa, si es eficaz para controlar la expansión del virus, como lo piensan en otros países-. Eso lo establecerán los científicos o, si se quiere, la OMS, que no ha sido propiamente certera en sus decisiones sobre coronavirus.

No. El problema no es ese. Es la actitud del Gobierno colombiano -concretamente el Ministro de Salud- respecto a la orden. Su manifestación pública sobre desacato, con la excusa no explicada de la “imposibilidad de cumplir”. Ante lo cual nos preguntamos por qué es imposible algo que fue posible en días recientes -la prueba PCR se exigía en Colombia-, así como fue y es posible en varios países. Lo imposible es aquello que no se puede realizar. Lo que no es factible lograr, y no es el caso. Luego la excusa ministerial es inaceptable.

Pero ese tampoco es el problema, toda vez que la supuesta imposibilidad de exigir de nuevo la prueba ha debido ser explicada y probada ante el juez en el curso del trámite de la tutela, para que no se adoptara una decisión desinformada. Pero, como ello no se hizo, y estamos ante un fallo judicial obligatorio y de efectos inmediatos, el único camino es cumplir, sin perjuicio de los recursos.

En materia de tutela, por mandato del mismo artículo 86 de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el fallo de tutela de primera instancia es obligatorio. Si no lo fuera, no sería fallo sino propuesta, ruego, solicitud o amable consejo, para tomar o dejar. Pero se trata de una sentencia, con una orden impartida a una autoridad, que, según la norma constitucional, es vinculante desde el comienzo y con carácter inmediato, que no se apela en el efecto suspensivo sino en el devolutivo, por cuanto se trata de proteger derechos fundamentales, en este caso la vida de muchos, nada menos. Dice así: “La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El punto no es si la prueba conviene o no, por dificultades científicas u otras. El asunto es: ¿cuándo entenderá el Gobierno -este no es su primer desacato- que los fallos son para cumplirlos, no para desacatarlos exponiendo a los medios los argumentos que se han debido exponer en el proceso? ¿Que no puede sentar el precedente de desacato a las sentencias si no le agradan? ¿Qué está dando muy mal ejemplo? ¿Qué el Estado de Derecho sin respeto a las sentencias es -ese sí- un imposible? ¿Que, aunque no se compartan, las providencia son obligatorias, con mayor razón para el Gobierno? ¿Qué con esos desacatos oficiales se envía un pésimo mensaje a la sociedad colombiana? ¿Que esa desobediencia es contumaz e implica responsabilidades?

Bogotá, D. C, 9 de diciembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Write comment (0 Comments)
Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- La fuerza de las armas criminales continúa pisoteando el derecho a la vida en Colombia. Esa violencia sigue dando resultados a los enemigos de la paz con el asesinato sistemático de líderes sociales, van 578 desde 2016, y de excombatientes de Farc firmantes del acuerdo de paz, van 245.

Para el Gobierno Duque este genocidio, como bien lo calificó monseñor Monsalve, no pasa de ser una cifra más y poco o nada se hace para evitarlo. Su ¿inocente? indiferencia reverbera en el poder de las pistolas del paramilitarismo, las disidencias de la guerrilla, el ELN y otras organizaciones ligadas al narcotráfico que imponen su voluntad sobre líderes sociales, indígenas, campesinos, negros y exguerrilleros y sus familias.

A la anterior tragedia agréguele las 79 masacres en el año 2020 en plena pandemia que dejan cerca de 340 colombianos y colombianas asesinados incluidos los indígenas, la etnia que más muertos ha puesto en este genocidio que no para. Esto, increíblemente, ocurre en un país que tiene 230.000 militares y 320.000 policías.

Pero Duque y el uribismo más preocupados por los resultados electorales en Venezuela y su proclividad al “comunismo”, miran con desdén su propia realidad. Tras esos ríos de sangre y un país afectado por una economía empobrecida y sin ingresos, el Gobierno anuncia una reforma tributaria en plena pandemia, causante sistemática de destrucción de empleos, para superar la crisis de ingresos en una economía ralentizada y con síntomas severos de recesión.

Pero la voraz ambición de este gobierno uribista, acompañado de conservadores, Colombia Justa y Libre, algunos o la mayoría de parlamentarios de Cambio Radical, el Partido Liberal y La U, se consume la poca esperanza de los colombianos con proyectos de ley contrarios a mitigar las cargas en tiempos difíciles e insisten en despojar de la salud a los colombianos consolidando el servicio en empresas privadas y sus EPS; dispondrá de una reforma laboral flexibilizando los despidos y fortaleciendo la tercerización del trabajo a través de las Órdenes de Prestación de Servicios con el argumento de que solo así se reactivará el empleo. Falso.

Ese es el escenario para 2022, ni más ni menos. No podemos negar que atravesamos un momento particularmente crítico que puede llevarnos al hundimiento de la poca democracia que nos queda o a una democracia renovada, por ello la discusión no es si existe o no “el centro”. Hasta Duque se monta en ese bus que no es otra cosa que la derecha gobernando como lo ha hecho siete décadas atrás, o es que ¿unidos a los presidentes del Frente Nacional, López, Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, Samper, ¿Pastrana, Uribe uno y dos, Santos uno y dos y Duque para quién gobernaron o gobierna? Hay quienes aseguran que en Colombia “los gobiernos han sido centristas”, pero la realidad es otra: han gobernado, sin duda, para una derecha monocolor y excluyente integrada por poderosos empresarios, banqueros y terratenientes de la comarca.

En esa lógica, la pregunta es ¿qué tan reformista ha sido el centro en el método de los que gobernaron el país en 70 años? ¿Esa debacle que vemos hoy es responsabilidad única de esos gobiernos, o no? Entonces, ¿cómo haría el centro para reformar ese estado de cosas actuales que nos tienen en un clima insuperable de shoch? ¿Con reformas sí, pero no, o hacerlas moderadamente, consultando a ricos y pobres para llegar a un consenso? ¿Todo para evitar la confrontación ideológica con esa derecha de la que ellos han hecho parte en el pasado y no pisar callos? Porque todos sabemos que la derecha ama a Luis Carlos Sarmiento, es su Adam Smiht.

Ahora bien, veamos el otro lado de la moneda, la satanizada izquierda que nunca ha gobernado el país, pero a la que responsabilizan de la catástrofe, esa que comparan con Venezuela, pero no con España, por ejemplo, donde gobierna con acierto. La izquierda de Colombia hoy no es la izquierda dogmática de tiempo atrás, pero el solo hecho de plantear cambios estructurales a través de reformas urgentes, necesarias e incluyentes (como las que proponen Petro, Robledo, la Robledo, López y los que vengan) es, para los señores del centro la radicalización del discurso y la polarización, y para la derecha, repito, el castrochavismo muerto y vuelto a nacer.

Por supuesto que el debate no es estéril, pero hablar en la Colombia hoy de centro como única alternativa en un escenario de crisis ¿es el camino? ¿El país necesita de moderados o de reformistas radicales?, creo que los problemas que ahogan el futuro de los colombianos no dan espera; para la muestra un botón:

El colombiano de a pie sigue en la calle comiendo mierda a la espera de que se pague esa gran deuda social que se tiene con las clases pobres y miserables de este país, que la política recobre su ética, que la corrupción se robe el 10 no el 50 o el 70 por ciento, que se garantice educación de calidad y gratuita, que la salud no sea un privilegio, que tengamos acceso a instancias de poder y administración de la cosa pública en igualdad de condiciones, que la justicia sea para todos no para los de ruana, que el campesino vuelva a su lugar natural con oportunidades y que la tierra no siga siendo un instrumento de poder de terratenientes sino de progreso que nos garantice una soberanía alimentaria. Si esto es populismo, según el centro, apague y vámonos.

Bogotá, D. C, 9 de diciembre de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*.- A más de dos años del gobierno Duque, el país aún no parece encontrar el rumbo en aspectos cruciales, no hay un norte claro, con objetivos definidos y políticas públicas contundentes, tampoco grandes reformas, y el piloto parece más concentrado en alistar el libreto diario de su programa de televisión que enfrentar los verdaderos problemas de los colombianos. 

Por todos es conocido el difícil momento de la economía nacional, también del empleo que para cifras del mes de octubre, según el DANE alcanzó el 15,7%, la baja productividad, la crisis del sector agropecuario, el regular manejo de la pandemia, la inseguridad desbordada, la poca efectividad para evitar el exterminio de los líderes sociales, indígenas, excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras, sumado al poco interés en avanzar en el desarrollo de los programas del posconflicto, hacen que la gestión gubernamental este pasando desapercibida por la mayoría de los ciudadanos. 

Ahora bien, por sí fuera poco, se conoció en los últimos días un informe de la Comisión de Política de Drogas para el hemisferio occidental, órgano creado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el cual analiza los impactos de dicha política en el continente y ¡oh sorpresa! El gobierno Duque sale muy mal parado, es decir, el informe “raja” al gobierno colombiano en aspectos cruciales de la lucha antidrogas. 

La Comisión hace un completo análisis del Plan Colombia ejecutado en nuestro país desde el año 2000, en el entonces gobierno del Presidente Pastrana y que concluyó en el 2016, bajo el gobierno Santos. 

Además de cuantificar la inversión económica del Plan Colombia que ascendió a 10 billones de dólares, y cuyo fin principal era frenar la producción de cocaína y que el Estado mantuviera el control frente a la insurgencia y otros grupos armados ilegales, pues sólo se logró a medias. En uno de los seis capítulos del informe, la Comisión advierte que Colombia ganó terreno frente a las guerrillas y otros actores ilegales, más no pasó el examen en lo fundamental que era controlar la producción de narcóticos y hoy lamentablemente seguimos encabezando el deshonroso primer lugar en ser el principal productor de cocaína en el mundo.

Pero ahí no para todo, los expertos que integran esa Comisión, entre ellos dos colombianos, advierten de la ineficacia de usar el glifosato como mecanismo de lucha antidrogas, señalan textualmente que la aspersión aérea no es efectiva, es mucho más costosa y aleja a las comunidades rurales que terminan viendo al Estado como “un actor opresor que busca matarlos de hambre y empobrecerlos”. 

El estudio a cambio recomienda que se deben centrar esfuerzos en la destrucción de laboratorios y en la incautación de los químicos que se usan para la producción de alcaloides, toda vez que es un proceso menos costoso y más eficiente y de menor impacto en las comunidades. 

Pero, además, señala otras medidas que deben implementarse, muchas de ellas contenidas en los Acuerdos de Paz de La Habana, pero que éste gobierno poco quiere adelantar, como la construcción de red vial terciaria, es decir, más y mejores vías rurales, también la implementación a cabalidad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- en 170 municipios, pero sin desfinanciarlos y ejecutando en los tiempos establecidos que son 15 años. 

El gobierno en otros aspectos de suma importancia también avanza a cuenta gotas como la titulación de tierras, en la protección a líderes sociales también se raja, cifras de organismos muy serios como la Fundación Ideas Para la Paz, indican que han asesinado a 448 líderes sociales, y 243 excombatientes de las Farc. 

En términos generales el informe firmado por asesores del presidente electo Joe Biden, deja muy mal parado al gobierno colombiano y bajo ese análisis las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno estadounidense a partir de enero no serán fáciles, primero por los bajos indicadores de lucha antinarcóticos y segundo, por haberse parcializado y participar indebidamente en la campaña electoral del país del norte tomando partido directo por el hoy derrotado Donal Trump, ambas cosas le pasarán factura al lánguido gobierno Duque, ojalá los colombianos no paguemos los platos rotos por la mala gestión y por la poca experiencia de intervenir en asuntos externos de otros países. 

Todo lo contenido en ese informe ha sido advertido desde mucho antes por expertos nacionales al gobierno colombiano, pero este, por estar secuestrado en la ideología, el dogma y la doctrina del Centro Democrático, ha hecho caso omiso y ahí están los penosos resultados.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2020

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Write comment (0 Comments)
Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo*. - En el congreso de Fedegán se hizo gran algarabía con el cuento de que los principales terratenientes del país son los indígenas. Se dijo con una cierta fruición, que exculpa responsabilidades propias, que los indígenas que representan 4,4% de la población del país poseían 66 millones de hectáreas. O sea: lo que tácitamente se dijo fue: dejemos de buscar aguas arriba a los acumuladores de tierras. Debemos dejar de preocuparnos de los despojados quienes hoy buscan afanosamente la restitución de sus tierras que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. ¿Para qué? Si ya sabemos quiénes son los grandes terratenientes.

Pues bien: las cosas no son así de simples como las plantea Fedegán. Resulta que el Presidente Barco sí les otorgó a las comunidades indígenas grandes extensiones comunitarias en la cuenca amazónica, pero no para que hicieran agricultura ni mucho menos ganadería o minería.  Los empoderó del cuidado de un buen pedazo de la Amazonía para que cuidaran la floresta, el bosque y los ríos.

O sea: no se puede honestamente argumentar que, porque las comunidades indígenas tienen propiedad comunal sobre extensas regiones amazónicas, por la razón histórica que acabamos de mencionar, ello significa que en otras comarcas del país gocen de la misma holgura. Por el contrario, en otras partes de la geografía nacional (donde los indígenas viven apeñuscados arrancándole a una tierra estéril su sustento, como es el caso de Boyacá, Nariño, Antioquia, Choco, Córdoba, Cauca, entre otros) la situación es de minifundio asfixiante. Que no está muy lejos de explicar por qué el malestar de los frecuentes brotes de malestar social que allí se han detectado.

Si no queremos seguir viendo “mingas” cada vez más agresivas y brotes de estallido social más frecuentes, hay que empezar por ponerle seriedad y objetividad al análisis de la propiedad agraria en Colombia. Comenzando por la propiedad comunitaria indígena que no debe servir como festón para arrancar aplausos en las asambleas gremiales.

El país tiene entre manos una decisión que debe afrontar con seriedad. ¿Va a darle cumplimiento cabal al punto número uno de los acuerdos de La Habana sobre política rural integral, o va a comenzar a torpedearlo como lo viene haciendo con la JEP?

Los conflictos agrarios del país que están todavía sin resolver, (aunque se han hecho avances inéditos como el trabajo realizado por la unidad de restitución de tierras que tantos enemigos abiertos y embozados tiene, y el laudable esfuerzo para poner en marcha el catastro multipropósito) no se van a solucionar con una caricatura de la situación agraria de Colombia como parece haber surgido de la estadística auto consoladora descubierta por la asamblea de Fedegan.

En el territorio colombiano hay más de cuarenta y cuatro millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva y cubiertas por praderas descuidadas y suelos degradados. La cabaña ganadera actual nos permite mantener el tercer hato de América Latina para atender el mercado externo y el interno en la mitad del área ocupada. Con un esfuerzo complementario en riego y drenaje en lo que estamos bastante atrasados y de mejoramiento de praderas podríamos liberar 10 o 15 millones de hectáreas para la agricultura moderna, donde pueden convivir perfectamente las grandes, medianas y pequeñas unidades. Somos uno de los pocos países del mundo que puede aumentar en estas magnitudes su frontera agrícola. 

Los conflictos agrarios siguen estando a la raíz de buena parte del estallido social que empieza a advertirse en el magma que está saliendo a flote con esta pandemia. Según Planeación hoy hay cuatro millones más de pobres de los que teníamos antes de que llegara el coronavirus.  El problema agrario no se va a resolver echándole la culpa a los indígenas, que no la tienen, sino cuando, primero, le demos cabal cumplimiento al acuerdo número uno de La Habana; y segundo, le prestemos la debida atención presupuestal para avanzar hacia una moderna y equitativa política agraria. Pero no como la que parece querer Fedegán.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2020

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)
Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El argumento más usado este año por el gobierno y los empresarios para justificar un aumento mínimo del salario mínimo es la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo para superar el aumento del desempleo que nos ha dejado la pandemia. Es un argumento equivocado tanto en el diagnóstico que lo sustenta, como en las consecuencias que tiene aplicar esta receta.

El diagnóstico subyacente es la tradicional miopía ortodoxa que solo considera el salario como el precio de la mercancía trabajo, por lo cual su aumento lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo. No hay duda de que, al nivel micro, el trabajo es uno de los factores de producción, y por lo tanto su costo afecta algunas veces el precio de venta de los productos y la inflación, pero casi siempre lo que afecta es la distribución de las ganancias con el otro factor de producción, que es el capital de los dueños de las empresas. Pero esto es solo una cara de la moneda.

La otra cara es el papel que cumplen los salarios a nivel macro: son los ingresos de la mayoría de la población, que determinan su capacidad adquisitiva y, por lo tanto, la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar, es decir lo que las empresas pueden vender. En otras palabras, los salarios son el principal determinante del consumo de los hogares, que a su vez es el principal componente de la demanda interna.

Desde esta otra cara de la moneda, un aumento generalizado de los salarios puede disminuir el desempleo porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo. Fue lo que descubrió Henry Ford cuando decidió subir de 3 a 5 dólares el salario de los trabajadores, lo que les dio la posibilidad de comprar los carros que producían, con lo que se aumentaron las ventas y las utilidades de Mr. Ford.

Como en economía no hay verdades absolutas, es indispensable analizar cuál de las distintas teorías es más aplicable a cada situación concreta. Ese análisis nos lleva a la conclusión de que en las actuales circunstancias es posible y necesario un mayor aumento del salario mínimo sin que se acelere la inflación ni aumente el desempleo.

En efecto, el principal problema de la economía colombiana hoy es la debilidad de la demanda. El PIB se ha contraído 8% porque la gente se quedó sin ingresos para comprar y las empresas han tenido que despedir a millones de trabajadores no porque los salarios fueran muy altos sino porque disminuyeron sus ventas. De hecho, con el subsidio del PAEF el gobierno asumió una parte del costo de la nómina, pero aún así muchas empresas no han podido reenganchar trabajadores y solo lo hacen cuando aumentan sus ventas.

En el mundo real la primera pregunta que se hace un empresario, grande o pequeño, ante la posibilidad de contratar un trabajador es ¿lo necesito para aumentar mi producción, o para mejorar la calidad de mis productos y servicios y así poder vender más? ¿Tengo clientes que me compren? Solo si esta pregunta tiene una respuesta positiva se plantea la segunda, ¿cuánto me cuesta contratar ese trabajador? Y lo que ese empresario le diría al economista que quiere explicarle cómo funciona el mercado laboral es sencillo: ¡Es la demanda, estúpido!

Cali, 6 de diciembre de 2020

*Filósofo, Economista. Consultor.

Write comment (0 Comments)
Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*. - Desde que empecé a construir la ley de cannabis medicinal para Colombia siempre tuve claros cuatro (4) principios fundamentales: accesibilidad, calidad, seguridad y precio. El primero se plasmó para que los productos terapéuticos a base de cannabis sean de fácil alcance a todos los colombianos; el segundo en cuanto a que los medicamentos deban responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas; el tercero a que se deban garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los procesos de fabricación, comercialización y utilización final y, por último, en cuanto a que se debe establecer un precio que permita a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales, acceder a estos como tratamiento.

Por tales motivos, luego de cuatro años de la entrada en vigencia de esta norma y viendo como estos principios no se han aplicado en su espíritu ni el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizarlos, decidí en compañía de destacadas personas como Natalia Tangarife, Paola Cubillos, Raquel Peyarube y Rafael Amador, Jaime Olaya, Humberto Díez, Fabio Aristizábal, Henry Muñoz, Danilo Moreno, Mariana de Córdoba, Mateo Díez, Simón y Daniel Vergara, crear y darle vida a Procanacol (Pro cannabis Colombia). Esta Asociación nace con la firme convicción de promover el desarrollo, implementación y ampliación de los diferentes usos medicinales, científicos e industriales del cannabis.

De tal forma que nuestros esfuerzos estarán orientados hacia los derechos de los pacientes, aspectos sociales, productivos, científicos, técnicos y políticas públicas que generen progreso e inclusión a todos los productores de cannabis. Sin embargo, es importante recalcar que nuestro enfoque será para los pequeños y medianos cultivadores que en la actualidad presentan grandes retos, conociendo que han hecho enormes sacrificios para poder llegar a una producción que les permite exportar sus productos.

Es por esto que existen cuatro grandes retos que debemos asumir. Me refiero al acceso en Colombia, la facilitación de las exportaciones, depuración de licencias y los cupos. Tales aspectos son los que hemos identificado como el gran “cuello de botella” para una industria que, según Fedesarrollo, le ha significado al país U$500 millones en inversión extranjera, $20 mil millones por concepto de licencias y que para 2030 podría generar más de 26 mil empleos agrícolas.

El desafío es muy grande porque también debemos eliminar el estigma que hay sobre el cannabis en Colombia, donde aún se le ve como la “mata que mata”. No, esto ha cambiado y debe verse en el colectivo como la “mata que sana”. Hay mucho por hacer, pero las ganas y sobretodo el bienestar de los pacientes serán nuestra finalidad.

Bogotá, D. C, 6 de diciembre de 2020

Exsenador del Partido Liberal de Colombia

Write comment (0 Comments)