Opinión

Tumaco

Por José Gregorio Hernández.- Los dolorosos sucesos de estos días en Tumaco, en especial el ataque en que murieron seis personas y  otras muchas quedaron heridas, constituyen quizá el peor precedente de oscura violencia generado en tiempo de posconflicto. Se trata de una verdadera masacre, ya que se disparó indiscriminadamente sobre un grupo de personas indefensas -campesinos  de la zona- cuando hablaban con integrantes de la Policía Antinarcóticos.

Lo que muestran las imágenes de celular captadas por algunos de los inermes pobladores, aunque no permiten establecer responsabilidades, es de suyo alarmante y da cuenta de momentos de gran  confusión y  enorme caos. No se sabía de dónde venían los disparos, y todo indica -a juzgar por la magnitud del ataque y según los videos existentes y las afirmaciones de las víctimas-  que la consigna era matar a muchas personas, además de generar el pánico que en efecto  se generó y que  perdura en la comunidad.

Los informes de la Defensoría del Pueblo y lo declarado ante él y ante los medios por testigos y víctimas preocupa en alto grado, si, como dicen algunos,  resulta que quienes dispararon fueron miembros de la Policía Nacional. Eso sería muy grave, pero, con lo que hasta ahora se ha dicho, tampoco puede asegurarse que así haya sido, sin una adecuada y completa investigación, que precisamente pide la Defensoría y que al parecer ya asumió la Fiscalía General de la Nación.

Dice la Defensoría del Pueblo que ella, “de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas”.

Añade, aludiendo a las distintas versiones existentes acerca de lo acontecido: “Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios".

Inclusive, como se sabe, ante los primeros informes,  el Gobierno, por boca del Presidente de la República, ofreció ciento cincuenta millones de pesos a título de recompensa para quien facilitara  la captura de dos delincuentes -alias “Guacho” y alias “Cachi”-, quienes, según la primera versión oficial, habrían organizado el ataque contra los campesinos.

Como decíamos en columna radial, una investigación inmediata y muy a fondo debe ser adelantada. La masacre en referencia no puede quedar impune. Y, por otra parte, el Gobierno Nacional debe repensar su política en la zona, tanto en lo social y laboral como en la estrategia y modalidades de erradicación de cultivos ilícitos. Un objetivo plausible, si bien los medios para lograrlo no parecen ser los más adecuados. Puede ser que cuanto se viene haciendo sea equivocado, y  a nadie se oculta el tradicional y hasta ahora no superado abandono en que el Estado ha dejado a la zona y a su población. 

En todo caso, lo que no podemos admitir, sin perjuicio de las responsabilidades que se establezcan en cabeza de policías o servidores públicos -sobre la base de las pruebas al respecto-, es que el crimen quede impune. Y debemos evitar que, como resultado de toda esta confusión,  quienes salgan beneficiadas sean las mafias del narcotráfico, que tanto daño ha causado y siguen causando al país.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

Tumaco, nuestro abrazo solidario

Por: Guillermo García Realpe. @GGarciaRealpe.- Lo sucedido el pasado cinco de octubre en la vereda Puerto Rico de Tumaco, en donde al menos seis campesinos murieron y una veintena más resultaron heridos, amerita nuestra total condena, rechazo y repudio ante la barbarie atroz cometida en esta apartada región de nuestra costa pacífica nariñense. 

Alrededor de estos lamentables sucesos se tejen distintas versiones que tendrán que ser esclarecidas más temprano que tarde por las autoridades correspondientes. 

Sea quien sea los autores de esta masacre tendrán que responder ante la justicia por tan despiadado acto. 

Dentro de las víctimas mortales se identificó a Jaime Guanga Pai y Alfonso Tairus Guanga, dos indígenas de la comunidad AWÁ, nuestra solidaridad a sus familias, al igual que a las de las demás víctimas de esta tragedia. 

El Presidente de la República ha ofrecido una recompensa hasta de 150 millones de pesos por quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables, pero aquí, más que una recompensa, lo que se requiere con urgencia es una verdadera intervención del Estado, una política integral que permita combatir la pobreza, la exclusión, la marginalidad, problemas todos graves que en últimas son los causantes de que nuestros campesinos terminen inmersos en el mundo de lo ilícito que tanto daño le hace a Colombia y al mundo en general. 

En Tumaco, una región con gran riqueza, confluyen diversos actores que se disputan la territorialidad de tan estratégica zona, y los factores antes señalados convierten a este puerto del Pacífico colombiano en un caldo de cultivo para los grupos armados ilegales que controlan el negocio del narcotráfico. 

Se requiere entonces una intervención urgente del Gobierno en materia de inversión social, en materia de generación de empleo, de fomento del turismo, de la industria de la pesca, en fin, pero para hacerlo realidad, se requiere primero que la seguridad de la región sea la principal garantía, sólo así se podrá recuperar a Tumaco. 

En las condiciones actuales ningún turista se arriesgaría a visitar la perla del Pacífico para conocer su riqueza ambiental, turística, gastronómica, etc.

El Estado debe ser sensible en lo económico y social con el campesino, afro e indígena cultivador, y combatir firmemente a los carteles y grupos armados ilegales. 

 

Lo sucedido recientemente en Tumaco es grave, no podemos permitir que se repita en el tiempo, el gobierno nacional y desde luego el regional tienen que articular acciones en conjunto que permitan el renacer de Tumaco, recuperar su seguridad y garantizar que la sustitución de cultivos ilícitos sea exitosa y que las familias campesinas hagan su transición hacia lo lícito, sólo así lograremos superar esa etapa gris que históricamente ha acompañado a los tumaqueños.

Escrito por Guillermo García Realpe. Senador Liberal de Colombia.

En horabuena

Por Amylkar D. Acosta M.- Me precio de ser el autor de la Ley 693 de 2001, mediante la cual se obliga la mezcla en todo el territorio nacional de un porcentaje de etanol con la gasolina-motor, la cual, al oxigenarla, contribuye a reducir las emisiones de GEI. Desde el año 2005 entró en vigor y Colombia se ha posicionado como el tercer productor – consumidor de etanol, después de EEUU y Brasil. A partir del análisis de ciclo de vida de la cadena del etanol producido en Colombia, este está contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año de GEI, equivalentes a 6 puntos porcentuales de la meta de reducción del 20%. En los Planes de Acción Sectorial (PAS) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Transporte “se considera estratégico abordar el sector de biocombustibles, dada su estrecha relación con el sector energético y el sector agrícola en materia de mitigación de GEI”. 

La Resolución del Ministerio de Minas y Energía  90454 de 2014 permitía la importación de etanol, siempre y cuando fuera para suplir el déficit de abastecimiento del mercado doméstico, pero luego la Resolución 41053 de 2016 liberó totalmente la importación, inundando el mercado interno y desplazando la producción nacional. Esta decisión iba a contrapelo de los propósitos de la Ley 693 de 2001, así como de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del “crecimiento verde” como “estrategia transversal”, toda vez que el etanol importado desde EEUU no cumple con el cometido de reducir las emisiones de GEI, amén de que afecta la seguridad energética, el desarrollo agrícola y la generación de empleo e ingresos por parte de la industria nacional del etanol, que son los fines primordiales de la Ley y del programa de los biocombustibles. 

En efecto, mientras la demanda interna de etanol para la mezcla es de 1.430.000 litros/día, la capacidad instalada de producción de las 8 plantas en operación es de 1.970.000 litros/día, es decir que Colombia tiene como autoabastecerse y sólo estacionalmente se presentan baches por cubrir con importaciones muy puntuales. Cabe advertir que desde 2014 les quedó terminantemente prohibido exportar el etanol producido en el país sin antes garantizar el pleno abastecimiento del consumo interno. Por ello mismo los productores reclaman que, como reciprocidad, sólo se importe cuando se eventualmente haya lugar al desabastecimiento. 

Pero, lo más censurable de esa laxitud y permisividad frente a las importaciones es que estas transgreden los objetivos de la política pública en materia ambiental, toda vez que mientras el etanol producido en Colombia a partir de la caña de azúcar reduce las emisiones de GEI en un 74% el que se importa desde EEUU, producido a partir del maíz, escasamente las reduce en un 21%, según lo certifica la Agencia de Protección Ambiental (EPA). De allí que en el mismo EEUU, especialmente en California, Oregón y Washington, la Política Ambiental (RFS2) se limita su consumo a 56.000 millones de litros/año; razón por la cual sus destilerías cuentan con más de 3.000 millones de litros de excedentes, parte de los cuales son los que han venido ingresando al país. En el primer semestre de este año alcanzaron a entrar al país, según el Ministerio de Minas y Energía, 30.5 millones de litros provenientes de EEUU. 

Aparte de que no cumplen con los estándares mínimos en cuanto a las reducciones de las emisiones de GEI, que si se les exigen al producto nacional, en la práctica este último es sometido a una competencia desleal, dado que el etanol producido en EEUU a partir del maíz es objeto de múltiples subsidios que van desde los que recibe quien cultiva el cereal, pasando por la planta que lo procesa para obtener el etanol hasta el consumidor final del mismo. Se estima que los subsidios estatales representan más del 30% del costo de producir el etanol a partir del maíz en EEUU, de los cuales reciben las destilerías más de US $50.000 millones. 

Por fortuna, con la expedición de la Resolución 1962 del 25 de septiembre de este año y su entrada en vigencia a partir del 25 de octubre, el Ministerio de Ambiente niveló la cancha, al establecer “el límite del indicador de cociente del inventario de emisiones de GEI del etanol anhidro combustible desnaturalizado”. Al establecerse un rasero prudencial, imponiendo un límite máximo permisible a las mismas  entre 962 (año base) y 780 kilogramos (2021) de CO2 equivalente/ m3 para el etanol que se consuma en el país a través de la mezcla con gasolina – motor, sea importado o producido en el país, el Gobierno Nacional le puso tatequieto a este atropello a la razón y al derecho al trato igual a unos y a otros. Y, como es obvio, lo que es igual no es ventaja para ninguna de las partes involucradas. Enhorabuena, Ministro. Lo acaecido en este enojoso caso pone de manifiesto, una vez más, la falta de una política clara y definida por parte del Gobierno en relación a los biocombustibles. 

Santa Marta, octubre 8 de 2017 

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Razones para que las Farc participen en política

Por Horacio Serpa.La más seria observación sobre la posibilidad de que las Farc  participen en política y tengan la oportunidad de ser Congresistas, Alcaldes y Presidentes de la República, es la siguiente: “No es posible que unos tipos se metan a la guerrilla, asalten poblaciones, maten policías, secuestren empresarios y causen daños en general, y por  ocasionar tantos desafueros se les premie eligiéndolos  Senadores. Es injusto, es un atropello a la gente buena, respetuosa de la ley y la autoridad, que nunca pueden llegar siquiera a ser Concejales. Hay que condenarlos por sus fechorías y meterlos a la cárcel”.

Vistas las cosas de esa manera, el planteamiento es correcto. Pero la argumentación no es verdadera. A los miembros de las Farc como a los del Eln, así como a los del M-19, EPL, Quintín Lame y otras guerrillas más, el Estado les reconoció una condición política, es decir, aceptó, como desde siempre lo alegaron los subversivos, que esas organizaciones se formaron e integraron para luchar contra el poder político establecido, al que consideraron represivo, injusto, corrupto y causante de la pobreza, la desigualdad y las faltas de oportunidades para el pueblo.

No es que hace seis meses o tres años se hicieron guerrilleros y ahora se aprovechen de la generosidad del Estado para volverse jefes de la política y del país. ¡No hay tal! Son organizaciones de muchísimos años. Los que las crearon en 1964 murieron en la guerra, de falta de atención médica en la selva, o de viejos, lejos de la familia, de la modernidad, de las mínimas consideraciones que merece la ancianidad. Los actuales farianos son la tercera o la cuarta generación de los fundadores. No se metieron propiamente a la subversión para “a la vuelta de la esquina” encontrar un escaño en una Asamblea Departamental.

Al principio muchos creían que ganarían y se tomaría el poder, como en Cuba y en Nicaragua. Después, lograr el objetivo revolucionario se volvió difícil. En distintos lugares se hicieron Acuerdos de paz, pero aquí se demoró mucho, tal vez por la persistencia de los jefes, seguramente porque el narcotráfico les dio recursos para mantenerse en la guerra, o porque la mala situación del país, la pobreza, la corrupción, les hicieron creer que el día tendría que llegar. Nunca llegó, cada día que pasó fue más contrario a la lucha armada, pero nunca se les derrotó. Por eso la importancia de terminar la paz con la Farc y lograrla con los elenos.

La llamada reconciliación es un alivio para nuestra comunidad. Se está construyendo una jurisdicción para la paz y así evitar la impunidad que siempre reinó en todos los armisticios anteriores. Se van a cambiar las balas por los votos, lo cual es una gran ganancia. 

Algunos de los jefes subversivos irán al Congreso. Ya entregaron las armas. ¿”Pero acaso no cometieron crímenes”?  Sí, vale, pero es para que nunca más vuelva a ocurrir en Colombia tanta desgracia.

Escrito por Horacio Serpa. Senador Liberal de Colombia

Democracia desinformada en Cataluña

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Peligro. El exceso de Democracia puede ser peligroso… para la Democracia! Esa es la conclusión apresurada y superficial que se podría sacar del accidentado proceso del referendo por la independencia de Cataluña y de la contundente mayoría que logró el Si (90%) entre la minoría que salió a votar (solo participó el 42% de los posibles votantes).

Conclusión parecida se podría sacar las victorias de los separatistas en el Brexit en Inglaterra, de los partidarios del No en el referendo por la Paz en Colombia, y hasta de los resultados de las consultas populares contra el petróleo y la minería en varios municipios del país.

Pero sería equivocado concluir de estos casos que es negativo acudir a la participación directa de los ciudadanos para decidir sobre cuestiones de importancia para toda la sociedad. El problema es que solo es posible llegar a decisiones razonables cuando se tiene información suficiente y verdadera sobre las consecuencias e implicaciones de la decisión. Y esto es cada vez más difícil en época de predominio de la posverdad y las mentiras.

En Cataluña, lo mismo que en Inglaterra, se pintó la independencia como la conquista de la tierra prometida con abundancia de oro y miel. La autonomía tiene muchas ventajas reales, pero estas se exageraron y se minimizaron o escondieron los costos de la separación.

Por ejemplo, no sé si todos los que votaron por el Sí en Cataluña eran conscientes de que la independencia de España implicaba que muchas empresas iban a emigrar a otros países –como ya lo anunciaron La Caixa, el Banco Sabadell y Gas Natural-, implicaba también no poder usar el euro como moneda y, sobre todo, que el Barça ya no jugará la final de la liga española contra el Real Madrid sino contra el Deportivo Gerona.

Peor aún cuando para atraer votantes se utilizaron mentiras, como hicieron para promover el Brexit prometiendo millonarios ahorros que resultaron falsos, o cuando “emberracaron” a la gente en Colombia para que votara No a la Paz con falsas historias sobre el castro chavismo, las amenazas contra la familia o los pensionados. 

No se deben eliminar los referendos, pero si se puede exigir que las preguntas incluyan las consecuencias para que la gente sepa a que atenerse. Por ejemplo, en Cataluña: “¿Aprueba usted la independencia de España y la salida de la comunidad europea y de la zona euro?”. O en Colombia: “¿Aprueba usted el Acuerdo de Paz con las Farc o quiere que siga la guerra hasta que se las pueda derrotar militarmente e imponerle todas las condiciones?”

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Alerta: el agua de Bucaramanga está en peligro

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- La mejor prueba de los poderosos intereses que se mueven detrás del oro de Santurbán está en que la columna que en Vanguardia Liberal tenía Leonidas Gómez, firme opositor al proyecto de megaminería que quiere adelantar Minesa, fue remplazada por una que le dieron al gerente de esa multinacional árabe, Juan Camilo Montoya, quien de puertas hacia afuera se presenta como Director de Sostenibilidad y cuya tribuna de ‘opinión’ se dedica exclusivamente, cada ocho días, a defender ese proyecto. (Ver columna).

La sostenibilidad del páramo de Santurbán es precisamente lo que está en juego, entendiendo desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales y lo preserva para las generaciones futuras. Duélale a quien le duela, la extracción de minerales no renovables es insostenible per se, pues según el reconocido ambientalista Gonzalo Peña Ortiz “se altera en forma sustancial la montaña donde se encuentran esos elementos. No puede haber minería sostenible donde yo le hago excavaciones al páramo”.

Si se tratara de extraer metales de una región desértica o de una montaña aislada de la civilización, vaya y venga. Pero estamos hablando de un páramo, y en solo seis países de la Tierra hay páramos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica), y nosotros tenemos la mitad de todos los páramos que hay en el mundo. Y pese a que los páramos no ocupan ni el 2 por ciento de toda el área continental, el 60 por ciento de los colombianos vive en zonas de páramo.

A este planteamiento se suma el de Erwing Rodriguez-Salah, exdirector de Fenalco y líder del Movimiento Conciencia Ciudadana (MCC), quien advierte que “todo proyecto de megaminería por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, sobre los sistemas circunvecinos del páramo de Santurbán como cuencas y microcuencas hidrográficas, altera la calidad de nuestra agua”. Minesa afirma que no utilizará sustancias como cianuro o mercurio, pero pretende minimizar el hecho de que la sola perforación subterránea sobre rocas libera arsénico y sulfuros, sumado a que “está demostrada la presencia de 39 gramos de uranio por cada tonelada de oro, hallazgo hecho en los estudios de exploración realizados por la minera Eco Oro cuando se llamaba Greystar”.

No se requiere ser biólogo para saber que los páramos recogen el agua en invierno, la preservan en el estado de equilibrio que sostiene al páramo, y en tiempos secos la van dejando salir. De hecho, el 60 por ciento del agua que proviene de Santurbán es subterránea. Entonces, retomando a Peña Ortiz, “tan solo al perforar el par de túneles que tiene previstos Minesa desde California hasta Suratá, se generarán modificaciones sustanciales. Por eso, no se puede hablar de minería responsable o de desarrollo sostenible en páramos”.

Mejor dicho, la empresa no ha logrado  controvertir que es físicamente imposible recuperar el agua después de la intervención minera, debido a las altas concentraciones de arsénico y sulfuros. En síntesis, se le causaría un daño irreversible a las entrañas de Santurbán, sobre todo a sus recursos hídricos.

Lo que está de por medio es una puja entre el desarrollo minero energético, concebido por el presidente Santos como una de las locomotoras de la economía, y la riqueza natural de Colombia. Se estima que en unas mil hectáreas hay más de 7,7 millones de onzas de oro —16 toneladas anuales— y cerca de 80 millones de onzas de plata —72 toneladas anuales—, lo cual convierte a esta zona en uno de los depósitos más grandes de oro de Suramérica.

Ese es el motivo por el cual Minesa alineó a su favor a todos los alcaldes de la zona de influencia del proyecto, con el respaldo inclusive –quién lo creyera- de la Corporación para la Defensa de Meseta de Bucaramanga (CDMB). La alineación no es gratuita (no hay almuerzo gratis, dicen), pues La Silla Vacía encontró que la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, integrada por los seis alcaldes de Soto Norte, firmó un convenio de $30 millones con Minesa para el “fortalecimiento institucional de la asociación”. Se diría que están en su derecho, pero la dificultad surge cuando una de las cláusulas del convenio compromete a los alcaldes con los intereses de la empresa y les pone mordaza para hablar de ella. (Ver cláusula).

Minesa también está en el derecho de defender sus intereses y proteger la inversión que ha hecho en la socialización del proyecto, del mismo modo que la ciudadanía está en su legítima potestad para levantarse con orgullo santandereano a impedir que puedan contaminar el agua vital que bebemos, la cual llega al acueducto de Bucaramanga y surte a otros dos municipios del área metropolitana, Girón y Floridablanca, excepto Piedecuesta.

Nuestro verdadero oro es el agua, y para el viernes 6 de octubre se está convocando a una marcha ciudadana en su defensa, a la que debemos asistir los que podamos. Es bien llamativo que en su apoyo coinciden por primera vez el Partido Liberal y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, exceptuando en lo político al Centro Democrático y al periódico conservador El Frente. Este último viene exhibiendo una impúdica defensa de Minesa -diríase militante-, que es recompensada con abundante publicidad en las ediciones dominicales. Según editorial reciente, “con la coyuntura política de los procesos de paz los grupos de extrema izquierda, aliados con ingenuos líderes de la capital del departamento, han montado una campaña persistente para impedir el desarrollo de la minería legal”. (Ver editorial).

Aquí sí, como dijera Rodríguez-Salah en su última columna: “coterráneos aúlicos siempre habrá tras las mineras, poseedores de un síndrome de vasallaje sin antecedentes”.

 

DE REMATE: En este folleto Minesa dice que utilizarán 33 litros de agua por segundo para su operación, y lo mismo dijo Juan Camilo Montoya en debate de la UNAB sobre Minería en Santurbán (ver aquí, minuto 44:20). Pero en la página 118 del Capítulo II del Estudio de Impacto Ambiental radicado ante la ANLA, solicitan licencia para concesionar un caudal de 300 litros por segundo (ver aquí). La diferencia es voluminosa, son 264 litros de agua por segundo. ¿En cuál caso mienten… o se equivocaron? Es conveniente que lo aclaren.

Escrito por Jorge Gómez Pinilla

¿Por qué le temen a la JEP?

Por Jairo Gómez.-Sin llamarnos a engaños, la justicia transicional que se diseñó en el acuerdo de La Habana es un mecanismo novedoso, con características universales, que busca reconocer, esencialmente, a las víctimas y puede ser útil para resolver otros conflictos del mundo.

Diseñar la arquitectura en que se cimienta la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- le llevó a las partes –Gobierno y Farc- más de un año y medio de discusiones, se consultaron todas las escuelas del derecho en el  mundo y examinaron los juicios pos Segunda Guerra Mundial, como el emblemático caso Núremberg, para acertar y evitar que ello simbolizara impunidad. Los negociadores la tenían clara: se trataba de una negociación política, pero sin burlar el derecho de las víctimas a saber la verdad.   

Dicho esto, fue necesario aclarar que el conflicto no emergió de un solo lado (la guerrilla), sino que detrás de esa guerra de cinco décadas también tuvieron papel protagónico los agentes estatales y ciertas castas políticas y económicas tradicionales relacionadas con el narcotráfico, y que, producto de esa asociación, prohijaron la pugna armada que degeneró en el paramilitarismo. 

No ha sido un camino fácil el concebir la JEP y reglamentarla es inexorable, no obstante la sistemática propaganda de desprestigio orquestada desde algunos partidos en compañía de la Fiscalía. Por ejemplo, Cambio Radical (CR), hoy vagón de cola del Centro Democrático, quiere politizar el tema de la JEP de cara a las elecciones de 2018. El fiscal Néstor Humberto Martínez (NHM), cuyo origen político está en las filas del partido del exvicepresidente Vargas LLeras, interviene en el debate para ponerle obstáculos al mecanismo transicional y argumenta, entre otros asuntos, supuestas incoherencias para torpedear esta instancia que consolida el acuerdo de paz. 

Cuestionar la conformación de la JEP y los magistrados elegidos es ocultar el verdadero motivo por el cual los miembros de CR se abstienen de votar la ley estatutaria; la verdadera razón es  la embarazosa responsabilidad que le cabe a los terceros en el conflicto, es decir, a quienes desde sus cómodas habitaciones, lujosas oficinas y ostentosas haciendas financiaron la guerra en Colombia durante décadas.

Se le olvida al fiscal, atrapado en un laberinto de espejos, asediado por los escándalos que le persiguen, que la JEP es producto de un acuerdo político entre el Gobierno del presidente Santos, en representación del Estado colombiano, y las Farc, y que pretender modificarlo para asumir desde su despacho instancias de investigación que no le corresponden, siembra muchas dudas.   

Ahora, al abanico de ataques contra el acuerdo de paz desde la pasada semana, también se sumó el embajador de los Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker. En una entrevista, a placer, que concedió al periódico El Tiempo no dudó en poner en entre dicho el pacto por unos supuestos incumplimientos de las Farc relacionados con el cuarto punto de la agenda sobre cultivos ilícitos. Da la impresión, y lo digo con todo respeto, que el diplomático no se ha leído el acuerdo en esa materia porque a la letra no existe compromiso alguno de la guerrilla negociadora para revelar testaferros  o entregar rutas etc. Pero al mismo tiempo, le mete cizaña al debate de la paz invocando el fantasma de la extradición. ¿Es una amenaza? o ¿es una sutil remembranza?

Le recuerdo al señor embajador Whitaker, que una de las empresas insignes de su país, la minera Drummond, jugó un papel importante en el conflicto y que su aporte fue crear y financiar un grupo paramilitar en el departamento de Cesar que se llamó Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, que comandó alias Tolemaida (hoy en un cárcel de Barranquilla) bajo el mando de Alias Jorge 40, extraditado por el Gobierno de Álvaro Uribe. No lo digo yo, lo dice una investigación de la Organización NO gubernamental PAX Holanda que recoge varios testimonios de postulados en Justicia y Paz.

Esa empresa tendrá que comparecer ante la JEP (responsabilidad de terceros), como lo harán los guerrilleros, los agentes del Estado, entre ellos, el general (r) Rito Alejo del Río, conocido como el “pacificador de Urabá” quien decidió acogerse a los principios de la justicia transicional. Dicho lo anterior, la JEP es por las víctimas y para las víctimas, ellas merecen saber la verdad. Una pregunta final: ¿Por qué le temen a la JEP? 

@jairotevi

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

¿Por qué es necesaria la ley de Justicia Especial?

Por Horacio Serpa.-Nuestra Constitución contiene en su articulado disposiciones sobre la Justicia Especial para la paz. Es decir, ya está creada como una jurisdicción excepcional la manera de juzgar a quienes cometieron graves delitos, relacionados con el conflicto armado interno que hemos sufrido durante décadas. Pueden ser guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas y terceros miembros de la sociedad civil.

Es la primera vez en nuestra historia tan saturada de guerras, desmanes y violencia, que se hace un esfuerzo para juzgar y castigar a los mayores responsables de la orgía de sangre que nos dominó por tanto tiempo. Nunca antes se hizo nada igual, ni siquiera en la llamada época de la violencia en la mitad del siglo pasado, cuando se cometieron 350.000 asesinatos. El cometido que al respecto se está sacando adelante es inédito en el país, y un ejemplo para el mundo de una sociedad que no acepta cubrir con un manto de impunidad tanta desgracia y sufrimiento.

Se trata ahora de desarrollar las normas constitucionales sobre Justicia Transicional, un modelo especial para lograr la paz haciendo tránsito de la guerra cruel a la convivencia, con el apoyo, desde luego, del mayor número de colombianas y colombianos. La llamada Ley Estatutaria es una especie de reglamentación que hace el Congreso Nacional para que la Justicia Especial para la Paz empiece a operar. Resulta importante aprobarla y hacerlo rápido.

Si no se aprueba se hará inoperante esta clase de Justicia especial, se desconocerá el Acuerdo del Teatro Colón, se burlará a las Farc que ya están cumpliendo sus compromisos y se coloca en peligro de destrucción todo lo que se avanzó en los anteriores 4 años. Si no se hace rápido, cundirá la desconfianza entre la gente fariana, aumentarán las deserciones y daremos al mundo un espectáculo de deslealtad e incumplimiento. De entrada se dañarán los esfuerzos de Quito con el Eln.

En el Congreso la bancada de Centro Democrático, está en contra. No es extraño porque se ha opuesto a todo lo que se relacione con el proceso de paz. Cambio Radical anunció que también se opone a la ley, lo que a muchos nos tomó por sorpresa. El radicalismo de hoy forma parte de las fuerzas que apoyan al gobierno, integra la Unidad Nacional y estuvo representado con su jefe, el doctor Vargas Lleras, en dos Ministerios y en la Vicepresidencia de la República.

No pretendo meterme en las decisiones de un Partido distinto al mío, pero francamente nadie entiende que ocurrió, máxime cuando el texto del proyecto de ley fue conciliado previamente con los voceros del doctor Vargas Lleras.  Parece poco razonable esa decisión que pone en peligro la aprobación de la Estatutaria, la cual ya pasó la primera prueba. 

En materia de lo razonable, claro, no hay nada escrito. Recordemos al  Quijote: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura”.

Escrito por Horacio Serpa. Senador Liberal de Colombia

El recobro mejorado: la tabla de salvación

Por Amylkar D. Acosta M.- Ante la caída persistente de las reservas de crudo con las que cuenta el país y ante la inminencia de tener que importarlo para completar la carga de las dos refinerías con las que cuenta, la de Cartagena y la De Barrancabermeja, además de mayores inversiones en la actividad exploratoria, tanto Offshore como Onshore, mientras se dan nuevos hallazgos se precisa optimizar el aprovechamiento de los campos maduros. Y ello es posible gracias a las nuevas tecnologías que hagan posible extraer más crudo de los yacimientos ya descubiertos y en desarrollo. Es lo que se conoce como recobro mejorado o recuperación secundaria de crudo. 

Uno de los mayores retos que ha venido encarando ECOPETROL, particularmente, para ver de suavizar la caída de sus reservas y de recuperarlas reponiendo las que se extraen es mediante el mejoramiento del recobro en sus campos en desarrollo y para ello su gran aliada es la tecnología. La recuperación primaria de crudo se da con la misma presión y energía del campo, la recuperación secundaria requiere la utilización de nuevas tecnologías. En la actualidad el factor de recobro promedio en el país es del 19%, frente al 35% promedio que han alcanzado otros países; el 88% de los campos se encuentran produciendo en etapa primaria, el 11% en secundaria y el 1% en terciaria. 

De modo que el país tiene allí un filón enorme a explotar. Según un vocero de la empresa, “a la fecha, 19 pilotos muestran resultados en producción, en el magdalena medio hay nueve, en el Meta cinco y en el Huila, están los otros cinco”. De hecho ECOPETROL entre los años 2010 y 2016 incorporó 216 millones de barriles de crudo a sus reservas probadas por cuenta del recobro mejorado. 

Se estima que en Colombia existen más de 53.000 millones de barriles de crudo, de los cuales solo se ha recuperado el 17%. De allí que, como lo asegura el Ingeniero de petróleos y asesor de la ANH Carlos Gómez, “por cada punto porcentual que podamos recuperar, son unos 500 millones de barriles de reserva. Si hablamos de cinco puntos a cinco años, una meta razonable, estamos hablando de una cifra mayor de las actuales reservas oficiales del país”. El ejemplo más patético de lo que se puede lograr con las técnicas de recobro mejorado es lo que se ha venido dando  en el campo Cira-Infantes, el más antiguo del país, este año completa los 99 años desde que empezó su explotación y que después de una declinación de su producción que llegó en 2003 a 5.000 barriles/día hoy está produciendo 40.000 barriles/día, 8 veces más (¡!). Ello, gracias al aumento de la tasa de recobro a través de una campaña iniciada en septiembre de 2016 por parte de ECOPETROL de la mano con la estadounidense Occidental Andina (Oxy). Y se proponen ir más lejos, pasando de una tasa de recobro del 17% en septiembre de 2016 al 30% en 10 años. 

Claro está que los precios del petróleo siguen siendo la gran limitante, pues la implementación de estas nuevas tecnologías conlleva mayores costos, pero aún en ello se han venido teniendo avances importantes en ECOPETROL, al punto que, como lo afirma su Presidente Juan Carlos Echeverri, a estas alturas “el precio al cual producimos caja está entre US $20 y US $30 y el nivel en el cual damos utilidades está entre US $30 y US $40”. De modo que en este momento, a pesar de la baja ostensible de los precios desde 2014, ECOPETROL, sigue siendo competitivo. Desde luego que los tiempos aquellos en los que ECOPETROL, como en el 2014 repartió a sus accionistas $9.4 billones en dividendos, 42% menos que en 2013 y en el 2016 como no hubo lugar a utilidades sino pérdidas en su ejercicio el año anterior no se repartieron dividendos y este año ECOPETROL tuvo un respiro, que le permitió repartir entre sus accionista $945.000 millones. La conjugación de múltiples esfuerzos lo ha hecho posible. 

Se impone, entonces la necesidad de incentivar no sólo a ECOPETROL sino a toda la industria para invertir en tecnología, para lograr su transferencia al país, de modo que las tecnologías de punta se puedan aplicar en Colombia, de modo que podamos “exprimir” más y mejor la “esponja” en donde está atrapado el petróleo y el gas natural, para que fluyan, se puedan recuperar y de esta manera podamos incorporar más barriles de crudo y más pies cúbicos de gas a nuestras reservas. Ello, claro está, sin descuidar, sin dejar de lado los esfuerzos exploratorios que son la respuesta en el largo plazo al reto de mantener la autosuficiencia petrolera. 

Bogotá, octubre 1 de 2017

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar D. Acosta M.Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

El Manifiesto Liberal

Por Mauricio Cabrera Galvis.- En los países como Inglaterra donde los partidos políticos son serios y las elecciones son una confrontación de ideologías y proyectos de sociedad, los manifiestos electorales de los partidos son un elemento fundamental de las campañas; en ellos se plantean las políticas y programas de gobierno que aspiran ejecutar si llegan al poder. 

La gente les para bolas porque esos manifiestos son los contratos de un partido con sus electores, y son exigibles. Los candidatos que aspiran a cargos de elección popular deben inscribirse a nombre de un partido –es mínima la probabilidad de ser elegidos como independientes- y comprometerse a defender los postulados del manifiesto. 

En Colombia estamos a años luz de esas prácticas democráticas. Acá los partidos se han debilitado a punto tal que muchos de los aspirantes a la Presidencia han preferido inscribirse por firmas. Unos carecen de coherencia ideológica y son solo un mecanismo para repartirse los cargos de la burocracia estatal o una agrupación de dirigentes que controlan sus pequeños feudos electorales. Otros son más disciplinados pero antidemocráticos, pues son rebaños de fieles seguidores de un caudillo que no se atreven a discrepar de sus opiniones. 

En medio de tan oscuro panorama ha surgido una inesperada excepción y el Partido Liberal ha planteado un Manifiesto de principios básicos, con la exigencia de que deben ser aceptados por cualquier candidato que quiera contar con el aval del partido para las elecciones. 

Este Manifiesto Liberal está muy lejos de ser un completo programa de gobierno, como sucede en Inglaterra, pero si incluye los postulados centrales de un liberalismo moderno y progresista, que son la base para construir un país justo y equitativo donde quepamos todos. 

Son 8 los principios liberales plasmados en el Manifiesto: la libertad de todas las personas; el logro de la igualdad con un modelo económico incluyente; el respeto a las minorías rechazando cualquier tipo de discriminación por razones de raza, orientación sexual; la garantía de un estado laico, la lucha contra la corrupción y por la transparencia de los asuntos públicos y la defensa del Acuerdo de Paz con las Farc para construir una paz estable y duradera.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis