Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Existen muchas y muy variadas propuestas para la reactivación económica. Inversión en infraestructura, exenciones tributarias, transferencias monetarias a los más pobres, apoyo a emprendedores, subsidios a la nómina, empleo público de emergencia, subsidio a vendedores de vivienda, modernización tecnológica, renta básica universal, etc., etc.

Dado que no hay recursos suficientes para todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, es necesario tener criterios claros para escoger aquellas que sean las más adecuadas para las circunstancias del país, y para superar la aguda recesión económica que ha dejado el manejo de la pandemia.

Son tres los criterios principales que deberían utilizarse para la evaluación de las políticas de reactivación: primero, ¿a quién benefician?; segundo, ¿cuál es su impacto sobre las causas de la recesión?; y tercero, ¿son suficientes y oportunas para mitigar los efectos de la crisis? Hoy me refiero al primero.

Ante una crisis como la actual que no es solo económica sino social, el objetivo de las políticas de reactivación no puede ser solo recuperar el crecimiento del PIB; este es solo un objetivo intermedio, un instrumento para lograr el bien-estar de toda la población. Por eso no solo es importante que crezca, sino sobre todo como se distribuye ese crecimiento.

No puede ser un objetivo disminuir ahora el déficit fiscal y sanear las finanzas públicas; buscar la austeridad fiscal en medio de la recesión es como sacarle sangre a un anémico. Son aún menos validas políticas para aumentar la rentabilidad de las empresas; esa no es la responsabilidad del Estado, ni debe dedicar a eso sus escasos recursos.

Las mejores políticas de reactivación son aquellas que impulsan el crecimiento, pero a la vez ayudan a aliviar la pobreza, a reducir el desempleo y a disminuir la desigualdad.

Unos ejemplos ayudan a entender la importancia del impacto distributivo de diferentes políticas. Una cosa es la inversión en modernas carreteras y concesiones de 5G, y otra la construcción de vías de acceso en los municipios PDET. Las primeras son intensivas en capital y benefician a los sectores modernos de la economía, mientras que las segundas generan más empleo y mejoran la vida de poblaciones azotadas por la violencia y abandonadas del Estado.

Una cosa es dar subsidios a las empresas eximiéndolas del pago de IVA en la compra de bienes de capital, y otra muy distinta dar subsidios a las mismas empresas, pero condicionados a la creación de empleo. En ese sentido la intención del PAEF fue acertada, pero su ejecución no, pues se concentró en las grandes empresas: 1.115 con más de 500 empleados se quedaron con el 39% de los recursos, mientras que 90.000 microempresas con menos de 10 empleados solo recibieron el 10%.

El gobierno tiene un amplio abanico de políticas para la reactivación. Debería elegir aquellas que generen más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, y ejecutarlas de manera que se logre este objetivo, y no se quede en el discurso.

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Amylkar D. Acosta M*.- Es preciso dejar establecido que la navegabilidad del río Magdalena no se podrá lograr jamás mientras ella no comprometa concomitantemente la recuperación y rehabilitación de su Cuenca. Como es bien sabido en 1500 el 90% de la cuenca estaba poblada por bosques, los cuales se han reducido a sólo el 10% como producto de la tala y la deforestación de la cual ha sido objeto y a consecuenia de ellas sobreviene la erosión y con la erosión la sedimentación que arrastra el río, la que termina en bancos de arena en su cauce y en la barra de sedimentos que acusa su desembocadura.

En este caso, contrariando el adagio popular, el ahogado hay que buscarlo es aguas arriba, pues hasta que no se detenga la erosión el río seguirá arrastrando anualmente más de 250 millones de toneladas, aproximadamente,  de sedimentos y desechos. Pretender garantizar la navegabilidad permanente del río mientras no se detenga el ecocidio de la cuenca es como pretender endulzar elmar, lo más parecido al drama de Sísifo, el de la mitología griega!

Colombia cometió con el Río Grande de la Magdalena, más que un error, la torpeza, la indolencia y la ingratitud, de abandonarlo a su propia suerte después que sirvió de él. Ello ha obedecido, entre otras razones a que mientras en la inmensa mayoría de los países que han logrado su crecimiento y desarrollo localizando sus empresas cerca de los puertos, aquí en Colombia se ubicaron en la altiplanicie, a más 500 kilómetros y a más 1.000 kilómetros de sus principales puertos sobre el Pacífico y el Caribe, respectivamente.

Este cuello de botella explica, entre otras cosas, que los costos  de manejo y transporte de carga en la exportación/importación de bienes y mercancías  representan, según el reporte Doing Business de 2013, el 78.7%  de los costos totales de una operación en que incurren las empresas en Colombia, afectando enormemente su competitividad. Basta comparar dichos costos en la OCDE y con los de Latinoamérica, cuyos promedios, según la misma fuente, estaban en dicho reporte en el 48.5% y 43%, respectivamente. Y todo ello repercute, finalmente, en un nivel muy bajo en el Índice de desempeño logístico que maneja el Banco Mundial, en el cual Colombia se raja con una calificación de 2.6 sobre 5, ocupando el puesto 58 entre 161 países considerados.

Ha llegado la hora de rescatar y recuperar el Río Grande de la Magdalena, convertido como está en una verdadera cloaca abierta que recoge a lo largo de su trayecto toda la inmundicia que arrojan a su cauce. La Constituyente de 1991, gracias al prestigioso sociólogo del Caribe Orlando Fals Borda, uno de sus delegados, quiso reivindicarlo y fue así cómo incorporó en la nueva Constitución la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la única en el país con rango constitucional, en su artículo 331, desarrollado mediante la Ley 161 de 1994. Y entre sus funciones, a demás de “la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria”, dispuso la “adecuación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”. Esta, como tantas otras normas de la Constitución de 1991 se ha quedado escrita en el papel, que puede con todo.

Sólo tuvo algún desarrollo el aparte en el que se dispuso que la Ley definiría “en favor de los municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías”, no así “en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación”. En efecto en la Ley 143 de 1994 que reglamentaba los articulos 360 y 361 de la carta, atinentes a la distribución de las regalías, se estableció que el 10% del Fondo Nacional de Regalías (FNR) creado por dicha Ley asignaran a CORMAGDALENA. Con tan mala suerte que en el Acto legislativo 05 de 2011 se le arrebataron estos recursos, quedando reducidos a sólo el 0.05% de las regalías y en la más reciente reforma al Sistema General de Regalías (SGR) contenida en el Acto legislativo 05 de 2019, reglamentado por la Ley 2056 de 2020, por fortuna mejoró su participación y se le asignó el 5%.

La Corte Constitucional ha sentado un precedente de la mayor importancia, que puede ser de gran utilidad para que el Estado colombiano vuelva sus ojos al Río Magdalena, al que se le dió la espalda hace marras, corriendo la misma suerte del Mar, por cuenta de un modelo económico andino, mediterráneo. En efecto, mediante el fallo T – 622 de 2016 la Alta Corte sentenció que el Río Atrato, el tercero más navegable después del Magdalena y del Cauca, es “sujeto de derechos, que implican protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Con más veras, en el caso del Río grande de la Magdalena está llamado a ser también sujeto de derechos, los cuales deben ser amparados, cómo no, por la guardiana de la Constitución, la misma que le dio la importancia que no le han dado los sucesivos gobiernos durante sus treinta años de vigencia que se cumplirán próximamente.

Santa Marta, febrero 13 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Jorge Enrique Robledo*.-  Así usted, apreciado lector o lectora, no lo haya oído mencionar, ¡un tercio de las familias de Colombia, 15 millones de personas, hace menos de dos comidas al día! ¿Cuánta hambre y sufrimiento significa esta tortura diaria? Y de esto poco o nada se dice en los medios, a pesar de ser de lo peor que pasa en el país, porque además de serlo en sí mismo, es caldo de cultivo para otros males.

¿Si será cierta la teoría retardataria que culpa a los mismos que aguantan hambre porque son unos vagos que no quieren trabajar? ¿A quién responsabilizar además de que haya 12 millones de colombianos que no consiguen empleo, sin contar a los cinco millones –más que los venezolanos en Colombia– que tuvieron que irse a buscar empleo a otros países, donde son trabajadores ejemplares? ¿Cuánta riqueza dejan de aportarle al país esos compatriotas, cuyo potencial se dilapida?

En la base de este drama social está la corrupción, sin duda, con la que se roban la riqueza creada y, peor aún, impiden crear más. Ha llegado a tanto la desvergüenza –en la que funcionarios públicos y políticos siempre actúan con compinches privados–, que crecen los fraudes que son legales –aunque suene absurdo–, en los que los delincuentes, primero, cambian las normas y, luego, se aprovechan de ellas. En el volteo de tierras, por ejemplo, propietarios, alcaldes y concejales corruptos modifican los usos del suelo de los municipios en contra del interés de la comunidad. De ahí que tome fuerza en el mundo definir la corrupción no por su ilegalidad, sino como el abuso del poder público en beneficio privado.

Otro ejemplo: constituye un fraude corriente construir vías de calidades superiores a las que de verdad se necesitan, porque mientras más cuesten, más ganan los contratistas y mayores son las coimas y los réditos políticos para quienes las promueven e inauguran. Y se ha vuelto común financiarlas con tráficos inflados y peajes que se sabe que no se recaudarán, cosa que no les importa, en razón de que los contratos estipulan que el Estado se obliga a pagarles a los concesionarios lo que dicen las fórmulas tramposas con las que diseñan estos negociados, aunque no pasen los vehículos.

En el enorme incremento de la corrupción en Colombia –con razón conocido como uno de los países más corruptos del mundo– pesa que cada vez más se contrate gasto público con normas de derecho privado, las cuales, al ser por definición más laxas, facilitan la ladronera, complicidad que la basura ideológica neoliberal justifica tras el cuento absurdo de ser “más eficientes”. ¿No es el primer criterio de la eficiencia que no se roben la plata? ¿Los propietarios de las empresas privadas facilitan que los roben? ¿Y qué tal la puerta que están abriendo con el gasto público secreto de las vacunas y la venta de Electricaribe?

La peor corrupción es la que está en la base de todas las demás: la del sistema político y electoral que destruye a Colombia porque propicia que se robe la riqueza creada y, más pernicioso aún, impide crearla en mayores cantidades, con lo que se mantiene preso al país como un todo del desempleo, el atraso y la pobreza. Porque un porcentaje decisivo de los votos que se depositan en Colombia, además de los que se consiguen con los fraudes en las urnas y los que literalmente se compran, proviene del clientelismo, que usa la plata del Estado para elegir candidatos que gobiernan en contra de quienes votan por ellos, operación que destruye el fundamento básico de la democracia electoral, que reside en que en las urnas se castiga, no reeligiéndolos, a los que deciden contra el progreso nacional. El caso clásico de este engaño lo sufren los electores de las zonas rurales, a quienes durante treinta años han puesto a votar por los mismos que pusieron a Colombia a importar 14 millones de bienes del agro que pueden producirse en el país. Y parecido les pasa a los fabricantes de bienes industriales, víctimas también del libre comercio y de la corrupción oficial que facilita el contrabando y el lavado de activos.

La única posibilidad de darle golpes rotundos a la corrupción que se ha tomado a Colombia reside en enfrentarla desde la jefatura del Estado, para usar con ese objetivo todo su poder en dos direcciones. Para gobernar con quienes posean la integridad suficiente para no corromperse ni amilanarse y para aprobar normas que enfrenten a los pillos, siendo lo principal el carácter de los gobernantes. Porque es obvio que si mandan bandidos y alcahuetas, ninguna norma podrá impedir que hagan de las suyas, y todo seguirá igual.

Bogotá, 12 de febrero de 2021.

*Senador de Colombia

@JERobledo

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- La opereta, un género menor de la ópera, es también sinónimo de lo absurdo o lo “tragicómico”, una característica de nuestra realidad. Hoy, en medio de las tragedias de la pandemia y la violencia, el país asiste pasivo a dos de ellas.

La opereta del ELN no es de ahora. Los “violentólogos” caracterizan esta banda de delincuentes, como “doctrinaria” porque su ideología, marcada por el cura Torres y los españoles Pérez y Laín, es una mescolanza de marxismo–leninismo y teología de la liberación. La tal dispersión de su estructura, otro lugar común, es más una narrativa con la que han engañado a los gobiernos desde Belisario. Mientras unos son terroristas, narcotraficantes y apoyan a Maduro, otros hablan de paz, culpan al gobierno y movilizan a su favor la opinión nacional e internacional.

Otros actos de la opereta: una carta de alta seguridad filtrada a los medios como confesión de su falta de unidad; una alerta del embajador cubano sobre un grave atentado del que sus huéspedes del COCE, supuestamente, nada saben –pobrecitos, están divididos–, y para completar, aparecen financiando en Ecuador al candidato del Socialismo Bolivariano, que ya recuperó a Bolivia y ahora vuelve por Ecuador.

¿Qué se traen los elenos? Ablandar al gobierno para poder regresar a la selva, cerquita de Venezuela, donde tienen sucursal, para seguir delinquiendo, llevándole coca a Maduro para consolidar el SB del Siglo XXI y, mientras tanto…, seguir negociando.

La opereta de las Farc no es diferente. Tres años sin reconocer nada, sin devolver nada y sin reparar nada, mientras unos se salieron a fundar la Nueva Marquetalia, a cuidar sus negocios ilícitos, también con sucursal venezolana, y seguir incendiando de violencia al país; y otros –“los comunes”– se quedaron en el Congreso, descarados incumplidores atacando a un Gobierno que no ha hecho sino cumplir lo que se le puede cumplir al Acuerdo del Nobel.

Actos siguientes: de pronto, empiezan a cantar, por donde nadie esperaba. Se adjudican el asesinato de Álvaro Gómez y otros magnicidios, y días después son imputados por la JEP por “crímenes de guerra”, aunque sin consecuencias –se sabía–, pues ni a renunciar a sus curules se ven obligados. ¡Criminales de guerra haciéndonos las leyes!

Otro buen día, con una emotividad que nunca tuvo cuando ordenaba asesinar y secuestrar, Timochenko le escribe a su socio y, casi con lágrimas en las letras, le ruega a Santos reunirse con Duque para salvar el Acuerdo. Dos días después, reconoce ante la JEP que planearon atentar contra Santos, quien le responde con una carta llena de mezquindades.

Empieza declarándose “conmovido” con Timo y le ayuda a calmar su conciencia afirmando que no le parece “antiético” asesinar a un presidente. ¡Vaya! Desconociendo las afugias de la pandemia y su pecado frente al narcotráfico, se despacha contra Duque y, con el apoyo de Vivanco y el senador Leahy, izquierdista gringo disfrazado de demócrata, lo culpa de todos los males heredados, acusándolo de falta de liderazgo, de incumplir el Acuerdo y… de ignorarlo en sus esfuerzos de paz ¡Pobrecito!

¿Qué se trae? Desacreditar al gobierno y montar a la centro-izquierda, que ya se tomó la foto, en la campaña electoral con De la Calle y Cristo mostrando ganas, para gobernar cuatro años en cuerpo ajeno y terminarles el mandado a “los comunes”, mientras anda por el mundo defendiendo ¡la legalización de la droga!

Es la opereta al lado de la tragedia, con Buenaventura sufriendo su desventura, como Tumaco, Chocó, Cauca, Nariño, Catatumbo y el país infestado de narcotráfico y violencia que nos dejó el adalid de la paz.

Bogotá, D. C, 13 de febrero de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez - De nuevo daremos inicio al tiempo de cuaresma en la Iglesia. No sabría decir si lastimosamente, pero sí, nos toca vivirlo en un período de tiempo muy difícil provocado por la pandemia del coronavirus. Hasta la Iglesia ha debido hacer algunas recomendaciones relacionadas con el rito, no con el fondo de la celebración.

Ojo. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha pedido que en relación con el rito de la imposición de la ceniza se retorne a la usanza antigua, como lo describen los textos sagrados cuando se habla de los penitentes que se cubrían de saco y ceniza. En ninguna parte se dice “se untaban” ceniza (cfr. Jonás, 3, 5-6).

Respetuosamente quiero hacer mención a lo sucedido con las prescripciones de bioseguridad respecto de la recepción de la comunión en la mano y no en boca, donde no pocas personas se han sentido afectadas y temerosas, pues consideran que no son dignas de recibir el cuerpo de Cristo en sus manos. Muchos se han quedado en la forma de recibir a Jesús sacramentado, y han preferido -dolorosamente- abstenerse de recibirlo, cuando la recepción en la mano ha sido tan antigua en la tradición de la Iglesia.

Lo mismo sucede con la santa ceniza. Lo primero que en estos tips pastorales quiero recordar, es que este es un sacramental. Es decir, una ayuda espiritual para hacer más factible el propósito personal del creyente, en este caso, de la conversión, del cambio de vida, que comienza con el reconocimiento de los propios pecados.

Desde siempre la ceniza se ha esparcido o echado en seco sobre la cabeza de los fieles. Así ha sido en Roma. Comenzando por los Papas, la han recibido en sus cabezas, de manos del Cardenal camarlengo. La tradición de mojar totalmente la ceniza y untarla es realmente de Latinoamérica, pero no hace parte de ningún dogma o mandato que diga que debe siempre untarse en la frente.

Ahora, por la pandemia, se invita a que el sacerdote diga una sola vez la fórmula de la unción, y en silencio, con los cuidados del protocolo de bioseguridad, a los fieles que se acerquen, les echa con sus dedos un poco de ceniza seca en las cabezas sin tocarlos.

No se es más o mejor cristiano porque la cruz de ceniza se vea más. Se es más cristiano cuando cada uno tome conciencia de la necesidad de volver a Dios, de convertirse y de tener una vida según su santa voluntad.

Los signos de la Cuaresma como la penitencia, la limosna, la oración, el ayuno, sí que se pueden vivir personal y comunitariamente en este tiempo Cuaresma, cuando son tantos los que por causa de la pandemia del COVID-19 y las injusticias humanas sufren hambre, están ayunando física y espiritualmente y esperan de todos una limosna, o mejor, unos brazos extendidos que hagan sentir cercana la misericordia y el amor divinos.

Que la Cuaresma 2021 permita a los creyentes en Cristo y a los miembros de la Iglesia, escuchar la voz de Dios, que en la pandemia nos está llamando a convertirnos, porque su tiempo ha llegado.

+ Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Obispo Auxiliar de Cali.

Por Lorena Rubiano Fajardo.- Cuando vean que ya no hay agua, que la sequía les impide hacer negocios, se van a ir y nosotros nos vamos a quedar sin animales, sin plantas y con el medio ambiente contaminado. José del Frairi.

Tradicional y ancestralmente los Mamu han sido las máximas y únicas autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta, los que ahora tienen que salir en defensa de la autonomía, el territorio y la población de cerca de 60 comunidades de ese paraíso universal.

Colonos, narcos, paras, terratenientes, empresarios e invasores, por décadas han venido tomándose y ocupando territorios que son del dominio indígena, desplazándolos de las mejores tierras, inclusive apoyados por algunos miembros de esas mismas comunidades, unos bajo amenazas y otros seducidos por el dinero.

A esto se suma la difícil situación por la que ahora atraviesan ante la aparición, de algunos descendientes de las comunidades indígenas que aunque ya no residen en la sierra, ya no tienen conexiones, ni nexos, se están tomando la representación de todos los resguardos y erigiéndose como máximas autoridades por encima de los Mamu, en un nepotismo total,  para hacer negociados y tomarse políticamente la sierra, el sistema de salud, e impulsando a uno de sus socios como candidato al Senado de la República, todo con fines económicos y  con el apoyo de funcionarios de la oficina de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y de las gobernaciones del Magdalena y del Cesar.

A través de una aparente asamblea a la que no asisten ni el 20% de los resguardos, pretenden tomar decisiones y tratar de subsanar esas irregularidades legales, desconociendo el sistema tradicional de la organización indígena de la Sierra Nevada y propiciando una división que nunca ha existido en esos territorios indígenas.

Es el momento en que el Gobierno nacional cumpla y haga cumplir la autoridad que les confiere la Ley de Origen, el derecho propio, las normas constitucionales  en materia de Derechos indígenas que incluye entre otros: la ley 89 de 1890, el Convenio 169 de la OIT (ley 21 de 1991), los artículos, 7, 246, 330 de la Constitución Política la Constitución Política y el acuerdo de la OIT, no aceptando ni reconociendo cuanto grupo o  asociación pida ser reconocido, aunque no tengan el respaldo de las máximas autoridades ancestrales de las comunidades Arahuacas, Wiwas , Kankuamos y Koguis, porque así se dificulta mantener la unidad tan necesaria para alcanzar la consolidación de la cultura, la autonomía del territorio ancestral.

Solamente a través de la consulta a la Ley de Origen, en reunión de las máximas autoridades ancestrales, les daría en estos momentos la claridad sobre el camino que deben seguir todas las comunidades y autoridades, sin contradecir los mandatos de los Mamu, quienes conforme a sus leyes de origen, usos y costumbres ejercen soberanamente la autonomía que les otorga la Constitución Política de Colombia para poner orden y guiar a sus semejantes.

Este respeto a la autonomía indígena redundara en beneficio de los derechos de la madre tierra, y la conservación de la vida natural y espiritual.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2021

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Por Gabriel Ortiz*.- Muy atinada la voltereta que el Presidente Duque le dio a su cuerpo asesor de imagen, fortaleza, eficiencia y sensatez. Era indispensable ante los pobres resultados y la incuria en que ese grupo dejó los objetivos  del Presidente a un vespertino programa de televisión costoso, gastado y poco efectivo.

Las cifras de opinión, van, vienen, aterran y causan desconciertos y divisiones en la Casa de Nariño. Eso es normal en todos los sanedrines y cortes reales, cuando las cosas no salen como se proyectan e hilvanan. Ahí es cuando la cuerda más débil masifica los fracasos para ganar primacía.

La navidad no fue “noche buena” para los encargados de divulgar, ensalzar y aupar al principado. Los nuevos, los que seguían en la “cola”, sobre proyectaron hasta las más ínfimas salidas del Jefe para desinformar a un país que solo quería salvarse, sobrevivir y ver el despertar de un nuevo día, gracias a la vacuna contra el covid-19. Noticias ciertas, noticias falsas, invadieron los medios y las redes, mientras las víctimas agonizaban, o aquellas cuyos parientes hacían fila frente a los hornos crematorios, esperando las cenizas.

Los nuevos consejeros pusieron en emergencia las fábricas de noticias, que van soltando de tal manera, que unas tapen a las otras. Y sobre las vacunas, hay fechas de llegada, para todos los gustos. El Presidente anuncia firmas de contratos confidenciales con cuanto vendedor existe. Hasta gerentes de vacunas  han aparecido mostrando superneveras, ejércitos de batas blancas, agujas y jeringas. Han brillado por su ausencia, serias campañas pedagógicas, que tranquilicen y enseñen a una población desesperada, a cuidarse y a calmarse.

¡Las vacunas no llegan! Cada madrugada Colombia despierta con la esperanza de seguir con vida, pero la realidad, los medios y las redes descorren el velo del pesimismo.

Ante la necesidad de ocultar la verdad, atiborran y saturan a la gente con halagüeños pero falsos hechos: la inminente caída de Otoniel. El ataque a Bogotá por parte del Eln. La disfrazada reforma tributaria, de Carrasquilla, que todos sabemos pagará la clase media. La forma como vamos a compartir nuestra pobreza con los refugiados venezolanos que huyen de Maduro, mientras los nuestros se van de Buenaventura a Cali, sin que a nadie le duela. Los asesinatos de los líderes, que según HRW, alcanzan a 427 desde cuando se firmó la paz. La iniciación de las campañas electorales, en la que parece tomar posición preponderante la vacunación. ¿Vacuna por voto? Y entre tanto la miseria nos estrangula y nos agota. El desempleo, la informalidad, la inequidad, el hambre y la desesperanza, nos rodean… nos arruinan. Los ganaderos y palmeros que desforestan y destruyen el campo, llenan sus bolsillos.

Esa es la miseria que ahora tendremos que compartir… porque ¡para ésta tampoco hay vacuna!

BLANCO: El galardón a la vida de un periodista que se otorgó a Gustavo Castro Caicedo.

NEGRO: La proyectada reforma tributaria que no tocará la corrupción.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

Por José G. Hernández*.- Quien esto escribe ha ejercido como catedrático universitario desde 1979 hasta ahora, de manera ininterrumpida, y considera indispensable el contacto personal entre profesores y estudiantes en el seno de esa transitoria comunidad -el curso-, pues la cercanía permite, no ya una mecánica transmisión de conocimientos mediante un monólogo -método afortunadamente superado- sino el diálogo fecundo, la libertad de cátedra, el intercambio de ideas, la formulación de inquietudes, la crítica respetuosa, el apoyo a la investigación, la búsqueda de la verdad mediante la participación de todos.

Por tanto, la obligada reclusión -que ya completa un año- por causa de la pandemia no ha sido el mejor estímulo para la tarea educativa, ni en las universidades, ni en las escuelas y colegios del país. La tecnología nos ha brindado -no a todos, porque no todos tienen los instrumentos necesarios- una forma de continuidad, lo que ha impedido, mediante las clases virtuales, la interrupción absoluta de nuestras actividades. Debemos agradecer a los avances tecnológicos que ello haya sido así, no solamente en este sino en otros campos -como el de trabajo-, pues de lo contrario, ante un enemigo tan agresivo como el covid, el colapso habría sido total en muchos frentes. Ha sido posible la gestión administrativa, ha podido continuar la administración de justicia -con las explicables limitantes-, y se ha salvado en parte la actividad económica. Y las notarías digitales harán posibles los actos jurídicos sobre bienes y contratos, las autenticaciones y los matrimonios y divorcios. Gracias a la tecnología, la crisis generada por el coronavirus ha sido mucho menos grave de lo que hubiera sido sin ella.

Hace mucha falta la presencia, el contacto directo entre las personas -que es tan importante, dada la naturaleza social del ser humano-, aunque, por paradoja, se ha convertido en el mayor peligro, con las terribles consecuencias del contagio. Por eso, la distancia es hoy un imperativo. Ni más ni menos, está de por medio la vida. Las estadísticas sobre número de muertos son escalofriantes, y aunque el desenlace no sea la muerte en todos los casos, las secuelas del mal las están sufriendo miles de recuperados.

Por ello, pese a la importancia del contacto personal, reconozcamos que los hechos son tozudos. El abrupto regreso de niños y jóvenes a clases presenciales, sin que nadie haya sido vacunado y sin que se aprecie objetivamente una sensible y real disminución de las posibilidades de contagio del covid, debe ser una medida que debe mirarse con mucho cuidado y gran prudencia. Los menores pueden ser asintomáticos y aunque estuviéramos seguros de que no tienen peligro -no lo estamos-, en todo caso pueden contagiar a los docentes y a sus propios familiares y vecinos. ¿En qué se diferencia la situación actual de la que en marzo del año pasado llevó al confinamiento? No en mucho. Y la protección de la vida es prevalente sobre cualquier otro objetivo.

Como muchos niños no disponen de los medios técnicos para la virtualidad, además de la renta básica -que consideramos urgente- el Gobierno debería adelantar una campaña sin precedentes para dotarlos de esos instrumentos, hoy indispensables. Pero cuidado con un regreso inseguro.

Bogotá, D. C, 11 de febrero de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G Ricardo*.- Las imágenes de la toma del Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021, recorrieron todo el mundo y pusieron de manifiesto lo que nunca nos habríamos imaginado: la democracia más poderosa del mundo sucumbía ante unas masas enardecidas por un Presidente derrotado con el sólo propósito de profanar la institución más sagrada de la democracia norteamericana y evitar una transición en la jefatura del Estado.

Hoy, si bien la democracia triunfó, la huella de ese día quedó muy marcada. La Cámara de Representantes (con mayoría demócrata) ha iniciado un segundo (inédito) impeachment contra Trump que empezó el pasado 8 de febrero. El Partido republicano está completamente fracturado entre los que, a pesar de los acontecimientos, decidieron seguir apoyando a Trump, mientras otros como el poderoso líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador McConnell, optaron por dar la espalda a Trump (seguramente más por interés personal que por convicción) al ver que se abría ante ellos la posibilidad de enterrar para siempre las opción de Trump de cara a las elecciones de 2024.

En este ambiente de estremecimiento y en una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad, sin público más allá de unos cientos de congresistas y embajadores, bajo la sombra de los 400.000 fallecidos por COVID en todo el territorio nacional, tomó posesión Joe Biden como 46º Presidente de Estados Unidos. En su discurso, quisó dejar clara la triple crisis a la que se enfrenta el país; sanitaria, económica e institucional, así como su firme determinación para superar este trance, haciendo un llamamiento a la unidad de la nación. El país sintió la esperanza.

Con todo esto, será difícil que el Presidente Biden goce de los 100 días de cortesía que se suelen dar a los presidentes cuando asumen el poder. Desde el mismo día de su toma de posesión, se adoptaron una serie de órdenes ejecutivas en multitud de ámbitos, pero en especial en la lucha contra la pandemia, cambio climático e inmigración. La ausencia de Trump en la ceremonia de inauguración y en el discurso de Biden, marcan claramente la ruptura con la administración anterior, ruptura que además se evidencia de manera más notoria en la política migratoria. Y es que, entre sus primeras medidas, Biden ordenó suspender la construcción del muro en la frontera sur con México y proteger los derechos de cientos de miles de ilegales que llegaron a este país de niños (los dreamers) o los beneficiarios del DACA, provenientes de El Salvador o Nicaragua, incluyendo medidas para ayudar a que los menores separados en frontera de sus padres puedan reencontrar a sus familias.

Biden no sólo se ha alejado rápidamente de la Administración anterior a través de sus primeras decisiones. El equipo del que se ha rodeado es claramente diferente, contando con el gabinete más variado de la historia de Estados Unidos en el que prima la representación de minorías (afroamericanos, hispanos y una nativa americana) y la diversidad de género. Como se ha evidenciado estos primeros días, se trata de un equipo con un plan de trabajo previamente estudiado y preparado que esperamos en todo el mundo logre cumplir los objetivos que se han propuesto.

Bogotá, D. C, 10 de febrero de 2021

*Excomisonado de Paz

Por Guillermo García Realpe*.- En los últimos días ha habido muchas notas periodísticas acerca de actividades y pronunciamientos de algunos de los miembros del grupo de trabajo que se ha denominado Liberalismo Social Demócrata -LSD- en el Congreso de la República. 

Para claridad de los lectores, este LSD no es un partido, no es un movimiento político en nuestro país, es un grupo de trabajo que se creó hace algunos meses para promover iniciativas legislativas, debates de control política, audiencias públicas y diferentes acciones en el Congreso de la República y por supuesto, en el territorio nacional. 

La característica, es que somos de tendencia progresista, de avanzada en lo social y en lo político. Sus miembros pertenecen a distintos partidos, especialmente al Partido Liberal, al Partido de la U y Cambio Radical, pero con orígenes y tendencia del viejo Partido Liberal. 

Se han promovido causas importantes de mucha importancia para el pueblo colombiano, a manera de ejemplo, se ha impulsado con mucho ahínco y compromiso, que en nuestro país se cree la Renta Básica mensual para los colombianos, para millones de familias afectadas social y económicamente por el fenómeno de la pandemia, entonces, esa ha sido una de las causas con otros sectores políticos del mismo Congreso de la República, especialmente, sectores de la izquierda. 

Otra causa, que ha promovido este grupo de trabajo, ha sido la extensión en el tiempo y en el beneficio del Programa al Apoyo del Empleo Formal o PAEF, ya que su creación fue temporal mediante decreto de emergencia del año pasado, ahora  al vencimiento de éste beneficio se está planteando un proyecto de ley de extensión en el tiempo, pero que también cubra todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas e incluso empresas familiares que tengan menos de tres empleos formales, que no ha cubierto la anterior iniciativa. 

Igualmente, nos hemos destacado en la estrategia de muchas audiencias que tienen que ver con el tema ambiental, el tema productivo, de defensa de lo público, en contra de las privatizaciones de las empresas estatales como Ecopetrol, ISA, ICA y CENIT. En esa dinámica este grupo de trabajo se ha destacado por su acción permanente. 

Igualmente, hemos asistido a muchas regiones de Colombia, conjuntamente con la Comisión de Paz del Senado fundamentalmente, a promover convivencia, a promover que las entidades, el gobierno en particular, asuma su compromiso de garantizar la vida y los Derechos Humanos de las comunidades y sus derechos colectivos, pero también la protección de los líderes sociales, de los líderes ambientalistas, de los defensores de los Derechos Humanos y de los desmovilizados que han sido objeto de un ataque violento por parte de bandas criminales sin control por parte del Estado y del gobierno nacional que en esto ha fallado demasiado. 

Pero por supuesto, como la actividad es política, ha habido muchas tareas, muchos pronunciamientos, como el que hizo en los pasados días el senador Roy Barreras, que invitaba a que los Liberales Social Demócratas renunciemos a los respectivos partidos, lo que no es fácil y viable porque realmente eso implicaría las pérdidas de curules y eso no está en la agenda prácticamente. Pero sí tenemos que manifestar que el querer de todos los miembros de esta corriente de más de doce senadores, es la de promover una gran Unidad Nacional, de convergencia, de centro, centro-izquierda, para unificar lo que debe ser la corriente política que elija a un gobierno progresista que se le mida a las reformas que requiere el país, reformas como al sistema de salud, la protección frontal del producto colombiano en contra de los Tratados de Libre Comercio y de las importaciones que han destruido el aparato productivo y el empleo nacional, tanto del sector agropecuario, como del sector agroindustrial e industrial que hoy está en una muy grave crisis. También reformas al sector financiero, lucha frontal contra la corrupción y otros temas. 

Estamos, en eso sí, absolutamente comprometidos. No aparece en la agenda de los miembros del liberalismo Social Demócrata establecer alianzas con la derecha o la extrema derecha que tiene hoy sumido al país en una profunda crisis de carácter social, económico, la pérdida del territorio y de amenaza indiscriminada a la vida de todos los colombianos. 

Eso es fundamentalmente lo que ha representado el Liberalismo Social Demócrata en el país.

Bogotá, D. C, 10 de febrero de 2021

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe