Opinión

Palo en la rueda liberal

Por Gabriel Ortiz.- Tradicionalmente el candidato escogido por el partido Liberal asumía automáticamente la jefatura del partido y desde luego recibía el respaldo unánime de los dirigentes de esa colectividad. Sin aplicar “disciplina para perros”, el escogido decidía, actuaba y ordenaba.

Esta vez, Humberto De la Calle, un hombre idóneo, sin tacha, decente y al que este país le debe, en gran parte, la paz y la convivencia que hoy se respira, fue dejado “colgando de la brocha”. Los miembros de su partido se asustaron con las encuestas. Razonable, porque Colombia se encuentra en el túnel del espanto, al cual se acude últimamente para arañar votos.

Una nación que lleva más de medio siglo en guerra es aprovechada por los politiqueros de siempre para sembrar el sobresalto. Buscan conservar sus privilegios, usurpando gobiernos, mandatos y desde luego lucrarse de la corrupción. Hoy son más importantes la politiquería y sus secuelas, que la paz. Por ello De la Calle, tuvo que dar su brazo a torcer y abandonar la idea de conformar con Fajardo una fuerza política poderosa y limpia, que hubiera podido alcanzar la presidencia en una primera vuelta.

Por fortuna De la Calle es un hombre al que el país quiere y agradece haberlo encausado por las paralelas de la paz. Nuestras estadísticas no muestran, como antes lo hacían para aterrarnos, cuántos hombres de nuestra fuerza pública mueren a diario. Menos, cuántos se salvan diariamente. El termómetro que mide nuestra tranquilidad, no se muestra.

Los logros de la paz que gracias a De la Calle, y desde luego de Santos, se ven con claridad en el incremento del turismo en las cuentas nacionales, en el control al narcotráfico y demás reflejos de la paz. Solo queda la delincuencia común y de cuello blanco.

Se dificulta la situación para De la Calle, el hombre de la paz. No será fácil aglutinar la votación que necesita para alcanzar la Casa de Nariño, pero es posible que durante estos cincuenta y un días que restan para el 27 de mayo, el país sensato valore la trayectoria y voluntad de servicio de quien nos llevó a la paz y se logre así cambiar el rumbo de las cosas para beneficio de la Colombia oculta.

Es obvio que los otros candidatos tienen méritos suficientes para alcanzar la presidencia, pero la polarización, el miedo, el sobresalto, la mentira, las noticias falsas y demás vicios que enseñorean la escena política colombiana impiden que la gente, ese elector primario, pueda tomar libremente una decisión acertada.

El Dios de Colombia nos acompañe y podamos tomar la más recta, democrática y progresista decisión ese último domingo de mayo, para que nuestra patria alcance los grandes días que están por venir, como decía el expresidente López.

BLANCO: El colega Armando Caicedo entregó su nuevo libro, en el que retrata una historia reflexiva de nuestra guerra.

NEGRO: La prensa que es señalada por el expresidente Uribe como “dañina”, sigue amenazada. Esta vez Matador es la víctima.

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Escrito por Gabriel Ortiz

Las nuevas normas

Por José G. Hernández.- ¿Cuál será el nuevo orden jurídico? Todo depende.

Con independencia del nombre y del partido del próximo presidente de la República, bien sabemos que, además del desarrollo e implementación del Acuerdo de Paz, el país tiene muchos problemas pendientes de solución, tanto en el campo económico como en el social, en el jurídico, en el ecológico, en el plano de las relaciones internacionales, en materia de seguridad ciudadana, en el orden público, y en otros campos. Sin duda hay cuestiones muy importantes que deben ocupar la atención del Estado en el mediano y en el largo plazo, y asuntos por resolver con carácter urgente, que no dan espera, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

En todas esas materias, lo que se espera es que los candidatos tengan claras las directrices fundamentales de sus políticas, programas y proyectos. Lo que aplicarán y dispondrán en el caso de ganar la presidencia. Y han de aprovechar estos días para comunicarse con el electorado y para decirle, también con claridad, cuáles son las prioridades de su eventual administración, sus compromisos y los medios que emplearán para cumplirlos.

Ahora bien, viene un nuevo orden jurídico. Aunque no todo tendrá que pasar por la expedición de reformas constitucionales o de leyes, lo cierto es que, tras la elección presidencial, tanto el ciudadano que se apreste a asumir la conducción del Estado y del Gobierno como los integrantes del nuevo  Congreso tienen que definir la agenda en que se ocuparán. Hay algunos proyectos que el actual gobierno ya ha presentado a las cámaras, y no todos culminarán su trámite en el período que transcurre. Muy probablemente habrá asuntos por replantear, cambios en la orientación y nuevas iniciativas. Eso depende de los resultados electorales.

Pero también es claro que no todo se decidirá en el Congreso. Se observa una tendencia, en algunas campañas, hacia la convocatoria de una asamblea constituyente. De hecho, algunas de las propuestas que hemos escuchado de los candidatos requerirían ese procedimiento de reforma. Es el caso de la idea -que, con todo respeto, no compartimos- de suprimir las actuales altas corporaciones judiciales para dejar una corte única, que concentraría tanto la cabeza de la jurisdicción constitucional como la ordinaria, la de lo contencioso administrativo, la disciplinaria y la máxima autoridad electoral.

Sin duda, además de la natural complejidad del asunto, creemos necesario advertir que, de ser acogida la propuesta, ella implicaría una evidente sustitución de la Constitución Política de 1991, y por ende no cabría su trámite por el procedimiento del acto legislativo a cargo del Congreso. Nos atrevemos a pensar que, antes de desaparecer, la Corte Constitucional declararía la inexequibilidad por falta de competencia de dicho órgano. De modo que el camino tendría que ser el de una constituyente, por cuanto antecedentes jurisprudenciales como el sentado en la Sentencia C-141 de 2010 -sobre reelección presidencial- nos llevan a estimar que semejante reforma tampoco podría llevarse a cabo mediante referendo.

Sin duda, por otra parte, habrá muchos temas que hoy permanecen en los portafolios de los candidatos, y que no verán la luz como proyectos, pero en todos ellos hemos percibido la intención de introducir nuevas reformas constitucionales. Será el candidato triunfador el que defina cuáles estima que debe presentar, y las fuerzas políticas dirán la última palabra.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

¡Qué miedo!

Por Jairo Gómez.-Esta semana de descanso sirvió para hacer un repaso a nuestra historia reciente y eché mano de un texto que hoy reposa en los escaparates de las librerías Historia mínima de Colombia, del historiador Jorge Orlando Melo (2017).

Reza en la pasta del libro que es la “historia de un país que ha oscilado entre la guerra y la paz, la pobreza y el bienestar, el autoritarismo y la democracia”. Cómo cobra vigencia esta reflexión ahora que los colombianos nos enfrentamos a elegir a un nuevo presidente en un ambiente polarizado y sin posibilidades de que una tercería logre colarse por la mitad; creo que no hay tiempo.

Para no ir tan lejos en la historia, comencé por lo años en que la República Liberal (1930-1946) hacía su aparición y lograba socavar la hegemonía conservadora que sufría el desgaste del poder y estaba sumida en la “corrupción y el clientelismo”.  Ocho décadas después seguimos en las mismas. Agarrados de patas y manos, como ocurre hoy, los conservadores en ese entonces defendían la supremacía en el poder a como fuera lugar. Cuando los liberales de la época comenzaron a hacer públicas sus propuestas de cambio inmediatamente los tildaron de: “demagogos dispuestos a promover la lucha de clases y la destrucción del orden, mediante la violencia y la expropiación injusta de los bienes legítimos de los propietarios”. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Pero sigamos repasando esa historia colombiana. Cuenta Melo en su relato breve y exquisito que por esos aciagos años de la Revolución en Marcha la violencia política se recrudeció al mando de su  más radical y exponente líder Laureano Gómez, quien, para descalificar al partido Liberal, no lo bajaba de ser un “monstruo, un basilisco de cabeza comunista y cuerpo liberal, y había que destruirlo”. El discurso de la derecha, léase Centro Democrático, hoy es similar y acude a las mismas argucias: el miedo y el amedrentamiento, como estrategia. Volver sobre esa historia reciente de Colombia es necesario para sopesar el futuro, para definir un nuevo rumbo. Nunca el Frente Nacional (FN) -liberales y conservadores- cumplió lo prometido e hizo que la política se diluyera en promesas cada que había elecciones; los partidos, como hoy, eran lo mismo y, como pertenecían al mismo bando, prometían educación, salud, tierra y trabajo, reformas agraria y urbana, y nunca, reitero, cumplieron.  La realidad actual parece calcada, es como si, como sociedad, involucionáramos.

 

Constata Melo en su narrativa histórica cómo todos los gobiernos, desde 1936, le mamaron gallo al pueblo campesino y a Colombia con la tal Reforma Agraria hasta que Carlos Lleras Restrepo llegó al poder. El “enano Lleras”, como le decían cariñosamente sus allegados, logró en su gobierno aprobar una ley y creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora- para comenzar un proceso de adjudicación de tierras a los marginales campesinos y, además, los organizó en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc-; pero ocurrió lo que muchos en ese tiempo temían: llegó Misael Pastrana, el último presidente del FN, se robó las elecciones en 1970 y, para cerrar con broche de oro, acabó con la reforma agraria. Empobreció al campesino y enriqueció a los terratenientes y, de contera, eliminó la Anuc.

Qué pertinente el texto del historiador Melo. Nos devela un país histórica e institucionalmente débil, inmerso en una economía precaria, lejos de propuestas de desarrollo a largo plazo e incluyentes. Nos pone de presente que Colombia es una colcha de retazos, no hay proyecto de nación y menos un concepto serio de patria. Para nadie es un secreto que en el presente la sostenibilidad de la economía colombiana no depende del desarrollo de industria alguna, ni del mejoramiento de las instituciones económicas y políticas, ni de la inversión en el capital humano de la nación: de ningún rubro de desarrollo mencionado en los discursos de los economistas contemporáneos. Depende, o bien de la ilegalidad: la minería (ilegal), la corrupción burocrática, el contrabando y el narcotráfico, como sucede en  la mayoría de los casos, o bien está sujeta a los vaivenes del capital especulativo, a la sobredependencia del petróleo y a los ingresos de las remesas, es decir, los miles de millones de dólares que envían los colombianos que viven en el exterior. Y este estado lamentable de las cosas es el producto de la historia de involución que narra Melo.

Para alterar esta múltiple ecuación se requiere de cambios profundos y la derecha representada en las ideas del Centro Democrático no está interesada en proponerlos. Ante la inminente amenaza de que Gustavo Petro logre la presidencia las élites, con sus medios de comunicación a cuestas, el país político, el país tradicional y la maquinaria corrupta (liberales, conservadores, cambio radical, La U, etc.), irán a parar a las toldas del partido de la perpetuación que lidera Álvaro Uribe. ¡Qué miedo!

@jairotevi

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

Lo del 158, irresponsabilidad, descuido y negligencia

Por Horacio Serpa.- Este año se cumplen 100 años del inicio de la industria petrolera en Colombia con el descubrimiento del primer pozo productivo de petróleo, el día 29 de Abril de 1918, en tierras del Magdalena Medio, hoy Corregimiento de El Centro, en la Ciudad de Barrancabermeja, por parte de la empresa Tropical Oil Company, delegataria del señor Roberto de Mares. El 25 de Agosto de 1951 se fundó la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, la que en nombre del Estado recibió de la “Troco” el emplazamiento industrial petrolero que se levantó durante los años de Concesión.

¡Cien y más años de experiencia en asuntos petroleros, de estos 67 directamente por parte de Ecopetrol! Por eso no tiene sentido, al menos yo no lo entiendo, que la tragedia ecológica de Lizama haya causado tanto daño y la reparación del pozo en afloramiento se haya demorado tanto tiempo. Es inaudito. Hasta se tuvo que acudir a recursos técnicos y personal extranjero para medio solucionar la calamidad. No puede ser posible que Ecopetrol no le hubiera puesto la atención debida al percance ni que no cuente con personal y medios apropiados para enfrentar con diligencia el grave problema descrito.

Recuerdo que hace una veintena de años, en esa misma región, al borde de la carretera que de Barrancabermeja conduce a Bucaramanga, se incendió un pozo en producción, que solo fue posible apagar al cabo de varios meses, también con auxilio técnico y personal extranjeros.

Si se trata de hacer memoria, vale la pena comentar que durante años y años, las quebradas, ríos y ciénagas de la zona del Carare, Opón, El Centro y sitios aledaños a Barrancabermeja, estuvieron absolutamente contaminadas. De unos cuarenta años para acá, debo reconocerlo, se empezó a poner cuidado a los desbordamientos de crudo, a las contaminaciones de diferente orden y a los daños causados por el crudo mal manejado, con regular resultado por lo que vemos. Hay daños irreversibles, irreparables en toda la zona.

En estos tiempos no pueden ocurrir tales cosas. Como se dice en lenguaje popular, ya está inventado cómo evitarlas, de qué manera prevenirlas y qué hacer de inmediato si existe algún escape de petróleo. Lo que ocurrió es irresponsabilidad de Ecopetrol, merece sanciones severas, pagar los daños e indemnizar a los perjudicados.

No lo digo solo yo, lo expresó el Ministro del Medio Ambiente, lo recalcó la Autoridad de Licencias Ambientales, lo comprobaron los funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja, lo reiteraron las ONG ambientalistas  y los expertos.

Poca atención presta Ecopetrol a la región que le dio vida, a la gente que durante muchos años ha sufrido negligencias y desamparos en las zonas de producción, a la ciudad que ha producido para los colombianos la gasolina que han consumido durante 80 años, a las personas que más quieren a la Empresa y no se resignan a que su refinería se vuelva chatarra.

Ecopetrol debe reconocer su responsabilidad y garantizar que no ocurrirán más tragedias de esta naturaleza.

Escrito por Horacio Serpa.

La iniquidad e inequidad tributaria

Por Amylkar D. Acosta M.- Según la Comisión del Gasto Público, “el esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo; además, de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”. Y estos, además de los principios de progresividad y redistribución, deberían ser inherentes al Estatuto tributario, porque así lo consagra la Constitución política, pero al igual que sucedía durante la Colonia española con las cédulas reales, en este caso tales principios se obedecen pero no se cumplen. 

Como lo afirma el analista Mauricio Cabrera, no son progresivos los impuestos en Colombia “porque la única tarifa progresiva es la de renta de personas naturales, pero estas solo contribuyen con el 5% del total de impuestos recaudados, mientras que en los países de la OCDE representan el 75% del impuesto de renta”. Lo propio puede afirmarse con respecto a su esperado efecto redistributivo, toda vez que al comparar los países que hacen parte de la OCDE, Club exclusivo a cuya membresía aspira Colombia, mientras en ellos el Gini de la distribución del ingreso antes y después de impuestos y transferencias pasa de 0.47 a 0.30, cae el 26% (¡!), en Colombia permanece estático en el 0.51.

Según afirma la Comisión de expertos, “el sistema tributario no es progresivo o equitativo verticalmente, pues quienes tienen mayor capacidad de pagar impuestos no aportan relativamente más que aquellos con menores posibilidades”. Y ello aplica no solamente cuando hablamos del impuesto sobre la renta de las personas sino a los impuestos corporativos. Se suele decir con alguna ligereza que en Colombia la tasa impositiva sobre las empresas es exageradamente alta, pero sólo se refieren a la tarifa nominal y no a la tarifa efectiva, que es sobre la cual se tributa.

Bien se ha dicho que el sistema tributario colombiano se asemeja al queso gruyere, debido a sus perforaciones por cuenta de las exenciones, exclusiones, descuentos y deducciones que proliferan en el mismo. Estas, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del Ministerio de Hacienda ascendieron en 2016 a la friolera de $72.3 billones (sólo en referencia al impuesto de renta al Cree de las empresas), un 8.1% más que en 2015, cuando sumaron $61 billones. El ex director de la DIAN Horacio Ayala nos cuenta que “de acuerdo con el Banco Mundial, en el 2010 había 99 beneficios tributarios en el impuesto de renta, con costo fiscal de 2.4% del PIB; en diez años habían crecido 50% en número y 77% en el costo fiscal”. Y lo más preocupante, por no decir alarmante, que dichos beneficios fueron blindados a través de los contratos de estabilidad jurídica, amparados en la Ley 963 de 2005.

De allí que cuando se descuentan estos beneficios la tasa efectiva que pagan las empresas es sensiblemente menor que la tasa nominal. Se ha llegado a afirmar, sin sustento alguno, que en Colombia las empresas tributan hasta un 70% sobre sus utilidades operacionales, lo cual explicaría su baja competitividad frente a aquellas domiciliadas en otros países. Nada más alejado de la realidad, pues según FEDESARROLLO la tasa efectiva es de sólo el 29.5%. Ello es tanto más cierto después del desmonte del impuesto sobre la riqueza y de la sobretasa al impuesto de renta, amén de la supresión del impuesto a las remesas de utilidades, que existe en casi todos los países, pasando la tasa nominal de 40% en 2017 al 33% en 2019.

También se desmontaron los parafiscales, considerados por las empresas como una carga insoportable, al tiempo que se había eliminado la contribución del 20% en la tarifa de los servicios públicos. Y más recientemente según estudio realizado por los economistas del Banco de la República Martha Delgado Rojas y Hernán Rincón Castro, “durante el período 1994 – 2016 las tasas efectivas promedio netas sobre el consumo, el trabajo y el capital fueron, respectivamente, de 10.7%, 18.6% y 15.4%. Entre tanto para 2016, alcanzaron, en su orden, niveles de 11.2%, 20.8% y 21.4%”.

El Congreso de la República está en mora de aprobar una reforma tributaria verdaderamente estructural, que corrija los entuertos del Estatuto tributario, en vez de seguir cargándole la mano a los impuestos indirectos que, como el IVA, son tremendamente regresivos y sólo contribuyen a la mayor concentración del ingreso. Bien dijo Albert Einstein que “locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”. Y éste es el caso! 

Medellín, abril 1 de 2018

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar D. Acosta M. Exministro de Minas y Energía

Colombia va por buen camino

Por: Guillermo García Realpe. Senador de la República.@GGarciaRealpe.-En un reciente informe para un medio de comunicación, el director del Departamento Nacional de Planeación, nos muestra un cambio muy positivo en la tasa de disminución de la pobreza en el país.

El Dr. Luis Fernando Mejía, indica que hoy la clase media superó a la población pobre, ¿eso qué representa?, ni más ni menos que la calidad de vida de los colombianos está mejorando notablemente.

En los últimos ocho años entraron a la clase media 4 millones 351 mil 984 colombianos, lo que significa que somos un país menos desigual, con mayor crecimiento y por supuesto más educado, al año 2030.

La formalización laboral, traducida en mayores ingresos ha sido fundamental para reducir la pobreza en Colombia.

En pobreza multidimensional, que evalúa los ingresos, la vivienda, el acceso al mercado laboral, educación, salud, también son muy alentadoras las cifras, pues pasamos de 30,4% en el año 2010 a 17,8% para éste año, lo que indica que 5,1 millones de colombianos han salido de la pobreza multidimensional, a 2030 se espera que sea del 8,4%.

Estas noticias positivas debemos resaltarlas, es muy satisfactorio ver cuando la gente progresa, cuando sale adelante y alcanza sus metas. La formalización laboral es la principal responsable de que hoy los colombianos gocen de mejores condiciones.

Llevamos cinco años consecutivos con tasas de desempleo a un dígito, por primera vez los empleados formales superan a los informales, es decir, hoy más colombianos cotizan a pensión, salud y riesgos laborales. No podemos bajar la guardia en esta materia, por el contrario, el país debe seguir generando trabajo decente, sólo así lograremos un mayor crecimiento económico.

Tenemos que seguir avanzando de la misma manera en cobertura plena de acceso a acueducto, alcantarillado y a energía eléctrica. Hoy según Planeación Nacional estamos en 93 % en agua y en 97 % en energía.

La cobertura en educación superior era hace algunos años del 35% y hoy ya se aproxima al 57%, en infraestructura las megas obras como las vías de Cuarta Generación, la mejoría en la infraestructura aeroportuaria, férrea y la disminución de la brecha digital a través de la fibra óptica nos muestran un panorama más alentador.

En el tema ambiental, que es muy importante, ya se han logrado grandes avances, por ejemplo, se espera que al finalizar éste año se hayan protegido  más de 30 millones de hectáreas. Se han delimitado 30 páramos, que son los que producen el agua y dan vida a la población.

Todos estos cambios positivos nos dan cuenta de que el país va en la dirección correcta, que allana el camino para lo que será la cristalización de los proyectos del posconflicto, inversiones que están fijadas por el orden de los $105 billones para los próximos 15 años.

Un país en Paz lo que nos demuestra es que puede potencializar todo su talento, explorar sus riquezas, atraer inversión extranjera, avanzar en crecimiento económico, generar más y mejores fuentes de trabajo, donde la población mejore sus ingresos y logremos la equidad, donde la pobreza y miseria sea cosa del pasado y donde los territorios olvidados donde más se vivió el conflicto gocen también de bienestar, inversión social y que sus territorios se desarrollen bajo los principios del progreso y la transformación social.

Lograr que esto se dé y que las metas se sigan alcanzando depende también de todos nosotros.

Escrito por Guillermo García Realpe. Senador. Partido Liberal Colombia.

Juegos nucleares peligrosos

Por: Mario Ramírez Arbeláez.- El Planeta Peligra. El Mundo entero debe decirle a las grandes potencias: alto ahí al juego con candela, alto a la desenfrenada carrera armamentista nuclear, alto a buscar la destrucción del globo terráqueo.

Este planeta donde vivimos es de todos, no solo de los países que hacen alarde guerrerista día a día, se muestran los dientes por cualquier impase  y sin medir consecuencias, se retan a ver quién tiene mayor y más potente armamento.

Después de los enfrentamientos de Estados Unidos –Rusia por el tema de Ucrania, de Siria y de Corea del Norte, ahora la crisis es porque la premier británica diera un ultimátum de 24 horas a Moscú para que explicara  envenenamiento de un exespía ruso, con presunta  intervención Rusa.

La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova, ha respondido que “Nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclea, no vale la pena hacerlo”, ha señalado la diplomática rusa.

Un enfrentamiento bélico en los actuales momentos es de alto riesgo, con inmensas pérdidas humanas y graves consecuencias ecológicas para el planeta.

Lo que preocupa al mundo, a la prensa y a los expertos en temas de armas, porque yo no lo soy,  y pone los pelos de punta, es que Rusia presento un drone submarino en el marco del proyecto del sistema oceánico de usos múltiples “Status-6” o en español “Estado-6”. Los datos sobre esta arma entraron por primera vez en los medios de comunicación, en el mes de noviembre 2015, después de la reunión en Sochi .

Según los expertos, este drone submarino tiene una profundidad de marcha de hasta un kilómetro. Su velocidad es diez veces superior a la velocidad de los torpedos modernos (hasta 185 kilómetros por hora)con un  propulsor energético nuclear que asegura la entrega de su carga en el alcance prácticamente ilimitado.

Agregan los estudiosos que la potencia de munición nuclear instalada en el drone puede ser de más de diez megatoneladas. La potencia del nuevo torpedo es como mínimo de 500 veces  más que de la bomba arrojada por los Estados Unidos  en Hiroshima de 20 kilotones.

Explican los expertos en temas de armas y guerras, que  de llegar a ocurrir una  explosión de varias de estas cargas cerca de una  costa pueden experimentar un tsunami con una altura de olas de hasta 30 metros. En el caso de la utilización de estas armas en contra de los Estados Unidos y ante la imprevisibilidad de los vientos puede afectarnos  a los latinoamericanos.

Confirman además su invulnerabilidad, de acuerdo a los parámetros técnicos del aparato submarino. Esto se consigue de una mayor profundidad de inmersión, alta velocidad de desplazamiento,  impredecible  para el enemigo de la ruta de movimiento al blanco y por lo tanto la imposibilidad de detección del drone, porque no hay trazas de su desplazamiento.

Teniendo en cuenta las declaraciones del presidente de la Federación de Rusia sobre el éxito de la realización de los ensayos del propulsor energético nuclear del drone es posible suponer que el sistema oceánico de usos múltiples está en la fase final de su creación.

Recordemos que la llamada Crisis de los Misiles, hace cincuenta años, expuso al mundo  a un enfrentamiento nuclear que habría tenido consecuencias devastadoras. La diplomacia, la experiencia, la sensatez y la  magnanimidad de kennedy y kruschev evitaron el holocausto.

Por eso ante la historia es claro que las decisiones tomadas aquel 22 de  octubre de 1962 salvaron al mundo de una tercera guerra mundial.

Al margen del conflicto se desarrollaba el Concilio Vaticano II, y  el papa Juan XXIII pedía a las dos potencias que no permanecieran sordas ante la angustia de la Humanidad.

Ahora el papa Francisco ha hablado en más de una ocasión de “Guerra Mundial por partes” o de “Tercera Guerra Mundial” con “guerras zonales”. Incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, en medio de un lio técnico y de concepto, llegó a hablarse de Guerra Mundial.

Si el mundo no recuerda su historia y sus errores, está condenado a repetirlos.

Entonces, me pregunto finalmente, será posible que los líderes mundiales se preparen para la paz y no para la guerra?

Escrito por Mario Ramírez

Negligencia inaúdita

Por: Lorena Rubiano Fajardo.-Se les dijo, se les advirtió, se les informo, se les previno, se les imploro atención e hicieron oídos sordos, al clamor de la Contraloría General, de los entes ambientalistas y de los habitantes de la zona, y preciso vino la tragedia. Exactamente lo que paso con Armero en el Tolima. La tragedia anunciada, ahora en Santander, derrame de petróleo en la quebrada Lizama.

Y ahora qué? Tampoco hay responsables y mucho menos culpables. Todos Se lavan las manos diciendo esos  son hechos impredecibles de la naturaleza.

Miles de campesinos del  corregimiento La Fortuna cerca de Barrancabermeja pescadores perjudicados, sin el pan coger, están sin agua, más de 100 niños no asisten a la escuela por la emergencia. Hay grave afectación de fauna y flora. Las autoridades temen que la mancha llegue al río Sogamoso y al rio grande de la Magdalena. De acuerdo con los registros, hay un total de 2.400 animales  muertos, 1.300 rescatados y 1.080 árboles de distintas especies afectados.

Fue necesario reubicar a 70 personas de la zona y otras resultaron con algunos problemas de salud por la emergencia ambiental. Cuarenta kilómetros a lo largo de la quebrada Lezama y del rio Sogamoso afectados y a esperar treinta años para recuperar la zona.

Minambiente , Ecopetrol, el Anla y la Corporación Autónoma Regional , negligentes en su reacción, ahora seguramente van a contratar estudios y a hacer exhaustivas investigaciones y mientras tanto ; ¿Por  el daño humano y el daño ambiental quien responde ?.

Entonces ya sabemos que un tubo, tuvo la culpa, pero de quien fue la negligencia, por  no hacer mantenimiento oportuno y evitar el derrame? Donde está la prevención?, donde están los recursos y los elementos necesarios para controlar estas emergencias ?

Todos se tiran la pelota, en cuanto a responsabilidades y en aceptar que hubo negligencia, y creo que aún no están previniendo cualquier otro desastre natural. No aprendemos de lo acontecido, somos una mata de improvisaciones.

 Ojala en ocho días y con los discursos de elecciones no  se  olvide el tema y el asunto quede dentro del pozo olvidado.

Lo grave de todo es que desde el 2016 estaban advertidos y al parecer se han ocultado informes de advertencia sobre posibles deterioros en otros pozos adyacentes que podrían colapsar en cualquier momento, por eso han solicitado a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, de que aporte  a la indagación preliminar todos los soportes, documentos e informes técnicos, de la visita de inspección ocular por presencia de hidrocarburos sobre la Quebrada La Lizama, Caño Muerto y Río Sogamoso.

Y para rematar que tal el caso de Cerromatoso, treinta años acabando con seres humanos fauna y flora  y hasta ahora la  Corte Constitucional falló en contra  por haber  incurrido en irregularidades haciendo caso omiso a las obligaciones ambientales.

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Escrito por Lorena Rubiano Fajardo

Microtráfico disfrazado

Por José G. Hernández.-Oportuna propuesta formula el Fiscal General de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira,  sobre el daño causado por el extendido porte y consumo de estupefacientes y sustancias alucinógenas, en su directa relación con el micro tráfico, hoy auspiciado por  una mala aplicación del sistema jurídico bajo la nefasta figura de la dosis personal.

Ha dicho, con razón, que se debe replantear el tema para que la dosis no se siga usando “como escudo de la delincuencia organizada". Palabras exactas y apropiadas.

Junto con la Policía Nacional, y con el propósito de proteger a la población, en especial a los niños y jóvenes, ante la actividad de los narcos, Martínez se propone presentar un proyecto de normatividad que permita combatirla de manera efectiva, sin el amparo de la dosis mínima, que otorga al micro traficante la excusa según la cual la droga que es para su propio consumo.

La Policía, según el Fiscal, no puede hacer nada ante el delincuente porque "si son 20 papeletas, el malandrín de la droga dice que son las de su semana. Si son 40, nos dicen que son las de la quincena". En realidad, ese malandrín es el distribuidor, no el consumidor de la droga, y con la actual interpretación -que es alcahueta- no hay cómo desvirtuar su dicho.

Por eso, con todo respeto y consideración, discrepamos de lo expresado en las últimas horas por el Magistrado Luis Antonio Hernández, de la Corte Suprema de Justicia, quien sostiene que "si la Fiscalía no prueba que la finalidad es la distribución, la venta o el tráfico, pues simplemente no se puede condenar a una persona por llevar consigo la droga".

Con el debido respeto, se equivoca nuestro querido amigo, el Magistrado Hernández, jurista respetable y serio. Pero se equivoca. No habría manera de probar esa intención, que lleva el micro traficante “in pectore”. El delito es perpetrado después, cuando ese portador vende, distribuye la droga y vuelve por más, siempre con la disculpa de su dosis personal, maniatando a la policía y a la Fiscalía.

Además, la Constitución ha trasladado la carga de la prueba al portador de la dosis, toda vez que, según  el Acto Legislativo 2 de 2009, hoy vigente,  “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Hay que probar la prescripción médica y no llevar una cantidad superior a la recetada. De lo contrario, se incurre en la conducta constitucionalmente prohibida.

En efecto, el agente de policía, en el momento de encontrar que la persona porta la ilegal sustancia, no tiene la capacidad de adivinar si ella es en verdad para el consumo y la autodestrucción del portador, o para su salud, o si está destinada a la destrucción de otras vidas mediante la distribución y venta del maldito producto. La Constitución prohíbe expresamente el porte y consumo, a menos que el portador demuestre que lleva la droga por prescripción médica.

Pero la norma constitucional se ha quedado escrita y los traficantes siguen envenenando a la gente. El Estado no puede continuar permitiéndolo con base en enfoques erróneos como el aludido. Es necesario reabrir el debate y expedir normas legales que hagan efectivo el precepto constitucional. Lo que merece el Fiscal no es la crítica destructiva sino el apoyo, en bien de la sociedad colombiana.

Escrito por José G Hernández. Ex presidente de la Corte Constitucional