Opinión

Los paladines de la Justicia

Por Mauricio Cabrera.-"Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz".

Este contundente texto de William Ospina es la fiel descripción de lo que está sucediendo en Colombia con los críticos de la JEP y de otras propuestas sobre la forma como se debe administrar justicia en el posconflicto.

Se rasgan las vestiduras porque, dicen, las concesiones que se hacen a quienes buscan reintegrarse a la sociedad atentan contra los principios de la Justicia; pero su verdadera intención no es defender la Justicia sino torpedear la Paz.

Un caso típico es la crítica a la despenalización de los campesinos cocaleros. En más de cuatro décadas de guerra contra la droga los dioses de la justicia no han aparecido para defender los derechos de los campesinos que no tienen otra alternativa para sobrevivir que cultivar coca; pero tampoco han aparecido para judicializarlos o mandarlos a la cárcel. Afortunadamente. Pero ahora si los invocan para empezar a perseguirlos y entorpecer la erradicación voluntaria.

Se estima que son más de 140.000 los pequeños cultivadores de coca, pero en el 2015, según dicen los periódicos, en las cárceles del país solo había menos de 200. De manera que la propuesta del gobierno –que si debería modificarse reduciendo de 3.8 a máximo 2 hectáreas el área para calificar a un pequeño cultivador- no solo servirá para facilitar la sustitución voluntaria de cultivos, sino para evitar que la fiscalía siga haciendo el oso de no ser capaz de aplicar el actual Código Penal que establece penas entre 6 y 12 años de cárcel para el cultivador, sin importar su tamaño.

Otro caso que muestra que a esos críticos no les interesa tanto la aplicación estricta de la Justicia sino sabotear el proceso de Paz es el contraste entre el alboroto que armaron con la posibilidad de que las Farc no hubiera entregado todos sus bienes, y el silencio ante lo que se ofrece a delincuentes confesos como el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

En Córdoba se robaron $87.000 millones de recursos públicos de regalías, de los cuales la Fiscalía sostiene que Lyons se apropió de $8.900 millones. Sin embargo en el principio de oportunidad suscrito entre el exgobernador y la Fiscalía, y aprobado por el Tribunal de Bogotá solo le exigen devolver en dos años $4.000 millones para contribuir a la reparación de las víctimas. En otras palabras le permiten quedarse con más de la mitad de lo que se robó y todos tan contentos porque denunció a sus cómplices. 

No se puede tener un doble rasero para invocar a los dioses de la justicia, ni utilizarlos para hacer política contra la Paz.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Paz y sofismas

Por José Gregorio Hernández.-Todo muestra que, como lo señalamos desde la época en que se llevaban a cabo los diálogos de La Habana y también cuando se convocó a plebiscito, el Acuerdo Final y sus desarrollos constitucionales y legislativos no son en sí mismos la paz de Colombia, ni se han debido confundir con ella. La prueba más fehaciente de lo dicho la encontramos en los reiterados actos terroristas del ELN, en los de bandas criminales  y en los más recientes ataques  de la misma índole llevados a cabo por las denominadas “disidencias de las Farc”, y en los oscuros acontecimientos que han tenido lugar en Tumaco y en otras localidades del país.

No se nos olvide que siguen siendo asesinados tanto líderes sociales y defensores de derechos humanos como integrantes de nuestra Fuerza Pública y campesinos. Son todos ellos crímenes respecto a los cuales la actividad del Estado se ha demostrado impotente, tardía y descontrolada. De modo que hablar de paz en esas circunstancias resulta difícil, y como lo escuchamos de los habitantes de zonas afectadas por la violencia durante el llamado “post conflicto”, mucha gente, de distinta orientación política, las organizaciones sociales y el ciudadano del común, todos tienen miedo, se sienten inseguros y desprotegidos. Ello, además del trasfondo socio económico existente, respecto al cual hay indudable descontento en zonas como las de Buenaventura o Tumaco, en las cuales los pobladores alegan que los compromisos oficiales no se cumplen. También los desmovilizados de las Farc se quejan de incumplimiento de lo acordado; al parecer algunos de ellos (desertores y reincidentes) se van de las zonas a las que se habían acogido, y por si fuera poco, la expansión de los cultivos ilícitos parece incontrolable, como lo expresan  congresistas y funcionarios de los Estados Unidos, con el peligro de una casi segura descertificación y retiro de las ayudas provenientes de ese país.

Así las cosas, queda claro que el Acuerdo Final no es la paz, pues ella representa un estado de cosas al que estamos lejos de arribar; algo mucho más de fondo; que debe concretarse, más que una hoja de papel, en una realidad actuante. En la sensación de seguridad y tranquilidad de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en los campos y las poblaciones de regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado.

Hablar de paz desde los escritorios oficiales, desde las curules del Congreso, desde las campañas políticas y desde las declaraciones de dirigentes ante los canales de televisión y los medios…es algo que suena fácil. Y circunscribir el inmenso valor de la paz a un documento, por voluminoso que sea, sin ninguna relación con lo que pasa en la vida y la muerte diaria de muchos colombianos, es algo que suena falso y ajeno. Sofisma. 

Tampoco se puede confundir la paz con las normas que están aprobando en el Congreso como implementación del Acuerdo de Paz, o con las dictadas por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, ni con la selección de un cierto candidato o candidata a la Corte Constitucional –como, infortunadamente, ha venido ocurriendo. Ni se puede exigir a la Corte que, faltando a su deber, declare que todo lo actuado es exequible porque sí, amenazándola  con el torpe argumento según el cual una sentencia de inconstitucionalidad, aunque ésta sea ostensible, equivale a volver a la guerra. Otro sofisma inaceptable.

Escrito por José Gregorio Hernández

La JEP en la lupa de la CPI

Por Jairo Gómez.-Lo más importante de la Justicia Especial para la Paz (JEP) es que los 48 millones de colombianos tendremos la posibilidad de saber la verdad sobre este conflicto interno que, por fortuna, va camino a ser historia.

Lo he dicho muchas veces en este espacio de opinión tratando de dar luces sobre los alcances de la JEP, y hoy lo reitero: este sistema extraordinario tiene como centro a las víctimas.  Víctimas que tendrán derecho a la justicia, reparación, verdad y no repetición. Esto no ocurrió cuando el gran pacto del Frente Nacional cubrió con un manto de impunidad los más de 600.000 colombianos muertos en la violencia bipartidista y menos con la mentada Justicia y Paz que anuló cualquier posibilidad de verdad al ser extraditados los cabecillas paramilitares.

Todas las baterías de opinión, en su mayoría de la derecha, se van lanza en ristre contra un mecanismo que hoy es modelo de justicia transicional en el mundo para superar las crueldades de la guerra en un escenario en donde no hubo vencedores ni vencidos. Por ello es clarificador para el país que la verdad se sepa y que los protagonistas directos e indirectos asuman su respectiva responsabilidad. 51 magistrados probos y lejos de las componendas políticas serán prenda de garantía e imparcialidad, asunto que provoca escozor en sectores que tienen cuentas pendientes con la justicia. 

La JEP ya es un hecho, su presencia en el escenario jurídico colombiano es incontrovertible, por eso sectores como el de los militares involucrados en delitos de guerra tendrán que acudir a estos tribunales y no dejarse llevar por cantos de sirena como leyes que buscan sacarlos de la jurisdicción so pretexto de no dejarse igualar a su enemigo, la guerrilla. Es claro que de no someterse a la JEP correrían el riesgo de terminar en los tribunales de la Corte Penal Internacional (CPI). El artículo 28 de la CPI debería examinarse con detenimiento.

Del acuerdo final del Teatro Colón nació la JEP que diseñaron Gobierno (entre ellos militares en ejercicio y retirados) y las Farc. Ahora la tarea es actuar para superar el conflicto sin impunidad y evitar a futuro una intervención de la CPI, aunque su presencia no está del todo descartada.  

En ese orden de ideas, aunque la JEP tal como está concebida es prenda de garantía para todos los protagonistas del conflicto, incluidos expresidentes, una eventual intervención de la CPI no es descartable si nos ceñimos a lo dicho en el artículo 27 del Estatuto de Roma que habla sobre la “improcedencia del cargo oficial” y que a la luz de su contenido no perdería competencia alguna para actuar si así lo requieren las circunstancias. Veamos qué dice:

1. El presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per semotivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la corte ejerza su competencia sobre ella. 

Más claro no canta un gallo. La reciente carta de la Fiscal Bensouda, a la Corte Constitucional es un claro mensaje sobre el interés de la CPI en el caso colombiano. Ello tiene su explicación: es una manera de "desafricanizar" las decisiones de la Corte Penal Internacional, que en su historial de sanciones solo ha condenado mandatarios de ese continente.  

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

A nivelar la cancha

Por Amylkar D. Acosta M.- El papel puede con todo, reza el adagio popular. Y la Constitución Política expedida en 1991 es una prueba palmaria de ello. En efecto en ella se consagra no sólo la necesaria profundización de la descentralización, sino que le da partida de nacimiento a la autonomía territorial, pero allí se han quedado como letra muerta. No sólo no hemos avanzado en autonomía, sino que las últimas dos décadas se han caracterizado por la re-centralización, sobre todo bajo la modalidad de la descentralización disfuncional, consistente en que se delegan mayores funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin los recursos necesarios y suficientes para cubrirlos, como lo manda la propia Constitución. Este es un requerimiento a hacer tanto al Gobierno Nacional como a quienes aspiren a regir los destinos de la Nación, que se cumpla el mandato de la Carta.

Vemos en el Acuerdo final con las FARC suscrito en el Teatro Colón una ventana de oportunidad para revertir esta tendencia. Es la hora de replantear el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema general de Regalías (SGR), tanto en lo concerniente a la distribución de sus recursos como en el funcionamiento y operatividad de los mismos. Ello es inaplazable y debe ser una de las tareas a acometer, pero no nos podemos quedar en una reforma cosmética, de lo que se trata es de barajar de nuevo para volver a repartir, esta vez con más equidad. Porque, la verdad sea dicha, el verdadero desequilibrio de poderes es el que existe entre la Nación (el Gobierno central) y las entidades territoriales y no propiamente entre las ramas del poder, como se ha querido hacer creer.

Con razón Feliciano, un líder indígena, le dijo al ex vicepresidente Humberto de La Calle, cuando fungía como Coordinador del equipo negociador con las FARC, que “Bogotá está muy lejos de Colombia”, para referirse a esa Colombia profunda, en donde no ha existido ni Estado ni mercado y que sólo ahora, con el cese del conflicto armado con las FARC empiezan a tener visibilidad ante el resto de los colombianos, con sus penurias y sus falencias. Es tan acendrado el centralismo en este país que mientras no llueva en Bogotá no se reconoce que hay invierno en el territorio nacional. Pero, como bien dijo el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo “el modelo centralista en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para ´traer el Estado´ se quedó sin oxígeno”.

Aunque la Constitución política establece en su artículo 13 que “todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley”, ello en la práctica no se cumple, dado que no todos los colombianos, no todas las regiones arrancan de la misma grilla de partida, porque llegan a ella rezagados en la pole position. Y el principal factor que contribuye a ello es la falta de cobertura y calidad en la educación. De allí la imperiosa necesidad de implementar un programa encaminado a corregir lo que yo prefiero llamar desigualdad de trayectoria. Por ello, además del cierre de brechas contemplado en el Plan de Desarrollo, se deben tomar las medidas necesarias para que la región participe activamente en la formulación y elaboración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como también el Plan Marco de Implementación de los acuerdos, para no ser excluidos de los beneficios que se espera de ellos en procura de nivelar la cancha de juego

Ahora que las regiones, con 26 años de atraso, se están constituyendo como regiones administrativas y de planificación (RAP), ya son tres, la de la región Caribe la última de ellas, es la oportunidad para trabajar por la convergencia económica y social de las regiones, objetivo este que ha sido tan esquivo. Tal convergencia no se dará nunca por generación espontánea, tiene que ser un objetivo explícito de la política pública. A ello habrán de contribuir los planes de desarrollo regional, así como lo planes de inversión regional anejos a aquellos, que habrán de insertarse en el Plan General de Desarrollo, tal como lo dispone la Ley orgánica de Planeación.

Esta será la oportunidad, también, para retomar los planes regionales de competitividad y la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), ello es tanto más urgente después que se conocieron los resultados adversos que registra el último reporte del Foro Económico Mundial. Según este Colombia bajó 5 puntos con respecto al reporte anterior, al pasar del puesto 61 entre 138 países examinados al puesto 66 entre 137. Y bien ha dicho Michael Porter que “la prosperidad es el resultado de ser competitivo” y añadimos nosotros que ningún país puede llegar a ser más competitivo si sus regiones no avanzan en materia de competitividad.

Colombia espera recibir importantes dividendos por cuenta de la paz y uno de ellos es elevar el crecimiento potencial de la economía nacional, que ha caído en los últimos años un punto porcentual, según ANIF, al pasar del 4.5% al 3.5%. Ello es tanto más importante habida cuenta que la implementación del Acuerdo final demandará ingentes recursos, en momentos en que la destorcida de los precios del petróleo le ha pasado la cuenta de cobro a las finanzas públicas. Y a menor crecimiento de la economía menos recaudo de impuestos, menguando los ingresos necesarios para reducir y a la postre cerrar las brechas inter-regionales, intra-regional y sobre todo entre la ciudad y el campo. Bien dijo la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, “hay que crecer para igualar e igualar para crecer”. Esta debe ser la consigna! 

Bogotá, octubre 21 de 2017 

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

En Colombia sí hay un pacto de impunidad

Por: Jorge Enrique Robledo.-De las denuncias en el debate sobre los casos Odebrecht y el Cartel de las Togas, la justicia debe investigar a fondo, entre otros, los siguientes hechos, cosa que hoy impide un poderoso acuerdo de impunidad.

Los sobornos del Consorcio Ruta del Sol II –Odebrecht y Corficolombiana Episol (Grupo Aval)– en los gobiernos de Uribe y Santos, no ascendieron a once millones de dólares sino a cuarenta. Con ellos respaldaron las campañas de Santos 2010 –entonces candidato de lo que hoy son la Unidad Nacional y el Centro Democrático– y Santos-Germán Vargas 2014. Y la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue acusada de haber recibido 1,6 millones de dólares de la trasnacional. Sí se violó la ley al adjudicar a dedo la vía Ocaña-Gamarra, abuso que se financió con el también ilegal Conpes 3817, aprobado por Santos, Vargas y su gabinete. Por este Conpes están procesadas Cecilia Álvarez y Gina Parody y, como su caso es el mismo, debería estarlo Néstor Humberto Martínez. Los de Odebrecht aceptaron su soborno en la Ruta del Sol (Puerto Berrío-San Roque) y acusaron de cómplice a José Elías Melo, de Corficolombiana, quien ya está tras las rejas. Nadie ha asumido el pago de los sobornos Ocaña-Gamarra, y el Grupo Aval aduce no haber participado en ningún soborno, con lo que Odebrecht lo habría subsidiado en 12 millones de dólares (!?). Tampoco hay una investigación legal sobre qué bancos en Colombia lavaron las platas de Odebrecht, pero Gabriel Dumar confesó que Corficolombiana le giraba la plata (http://bit.ly/2yxUuOm).

En Navelena-Odebrecht actuaron los mismos sindicados por Ocaña-Gamarra y la plata se usó para financiar a Santos 2014. El préstamo de los 120 mil millones de pesos del Banco Agrario sí violó las normas y, también ilegalmente, favoreció al Grupo Aval (Banco de Occidente y Corficolombiana). Pero la Fiscalía y la Superfinanciera no investigan a la Junta del Banco Agrario ni al Grupo Aval.

Néstor Humberto Martínez Neira fue contratista de Navelena-Odebrecht y del Consorcio de la Ruta del Sol II y emitió el concepto que le dio apariencia de legalidad a Ocaña-Gamarra. Además tramitó un contrato ilegal de estabilidad jurídica que le mejoró las condiciones tributarias al Consorcio de la Ruta del Sol II. Y acaba de saberse que en esa llamativa operación –en la que el gobierno cambió de posición luego de que actuara como ministra Cecilia Álvarez– hubo un soborno de cuatro mil millones de pesos.

Germán Vargas comandó la segunda vuelta de la campaña Santos 2014 en la Costa Caribe y acordó con los jefes políticos su financiación (http://bit.ly/2x9VoPY). El senador “Ñoño” Elías le confesó a la Corte Suprema de Justicia que la plata de Odebrecht se usó para financiar la campaña Santos 2014, a la que también le recaudó grandes fondos Martínez Neira.

De otra parte, Gustavo Moreno, el llamado fiscal anticorrupción corrupto por nombramiento del Fiscal Martínez Neira, acusa a Leonidas Bustos y a otros magistrados de haberse asociado con él para extorsionar y absolver a congresistas en los procesos ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque se silencia, una de las decisiones de Bustos favoreció en una acusación por parapolítica a Germán Vargas, ¡y lo hizo en apenas once meses! Mabel Parra, la magistrada auxiliar de Bustos en este caso, también fue compañera de negocios de Moreno y resultó ser la esposa de Gerardo Torres (“Yayo”), asesor del senador Varón Cotrino, de Cambio Radical, partido al que también pertenecen Moreno y Martínez Neira. 

Leonidas Bustos, además, cuadró que la Corte Suprema eligiera de Fiscal a Martínez, quien le nombró a Mabel Parra en un alto cargo en la Fiscalía, puesto al que ella renunció luego de que la Corte le abriera investigación. Y Martínez no ha dado ninguna explicación seria de por qué nombró a Moreno, a pesar de las conocidas sospechas que se cernían sobre él. O fue una decisión irresponsable por clientelismo político y judicial, o se debió a los cruces del llamado Cartel de las Togas, lo que la justicia debe investigar, al igual que si lo pusieron de Fiscal General para que fuera el titiritero mayor en el caso Odebrecht-Grupo Aval.

Y como se probó en el debate, sí hay un pacto de impunidad entre la Unidad Nacional, Cambio Radical y el Centro Democrático, que incluye a Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mantener en la Fiscalía a Martínez Neira, quien no garantiza ir al fondo de esta corrupción. Por ellos llevaremos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://bit.ly/2yDwzwr). 

Bogotá, 20 de octubre de 2017

Escrito por Jorge Enrique Robledo. Senador del Polo Democrático Alternativo.

Lo que es y no será de Tumaco

Por Jorge Hernando Pedraza. Tumaco desde hace ya varios decenios ha padecido de distintas enfermedades.

Recuerdo que hace unos 30 años era víctima de un Clan político de ingrata recordación que saqueó cuanto había del erario público. Luego la presencia de las Farc, que dominaron por largo tiempo ejerciendo en la práctica, soberanía en reemplazo del Estado y ahora las bandas organizadas del crimen cuyo alimentador y combustible vital es el cultivo ilícito y obvio por ser puerto estratégico, el narcotráfico.

El responsable es el Estado por su mínima presencia, por no tener labor social de impacto para reivindicar a la gente y sacarla de la pobreza con programas que hubiesen permitido el crecimiento de Tumaco como el muelle alterno a Buenaventura.

Ahora recuerdo que se proyectó allí la construcción de un gran puerto que alimentado por un oleoducto, fuese la “despensa” petrolera con refinería incluida ¡qué diferencia… si esto se hubiera construido tendría entonces vocación petrolera y no cocalera!

Entre tanto el crimen se ha apoderado de la ciudad, el terror abunda y la anarquía campea, actualmente este es el municipio del país con más cultivos de coca, elevados niveles de homicidios, hay disputas por el territorio, desempleo y al menos 100.000 jóvenes se rebuscan la vida como pueden. Tumaco registra 16.960 hectáreas de cultivos de coca, según cifras de la ONU de 2015.

Lástima que nuestra constitución no previó un mecanismo de intervención central, ahí si necesario, para tomar las riendas administrativas y política con autoridad por el tiempo necesario para superar la grave crisis y volver hacer viable la convivencia allí. 

Por ahora pareciera que es una ciudad fallida.

Escrito por Jorge Hernando Pedraza. Senador Partido Conservador de Colombia.

La historia espanta, asusta

Por Jairo Gómez.- Colombia vive en un permanente litigio con su propia historia, o con lo que queda de ella porque ya ni siquiera en las escuelas existe. Y eso ocurre porque no hemos querido aprender de ella, la ignoramos intencionalmente y cuando se trata de recordar hechos que nos avergüenzan, hablamos pasito.

La historia la borraron de un plumazo de los salones de clase y le echaron tierra a los hechos y al pensamiento de nuestros antepasados. Claro que lo hicieron premeditadamente ¿con qué fin? No lo sé. Por eso las nuevas generaciones se comen el cuento de que los muertos, producto del conflicto, son del siglo XXI y que las luchas fratricidas del pasado no existieron. La democracia necesita de la memoria; necesita no olvidar el pasado para poder progresar.

Construir con base en la historia es inherente a cualquier sociedad, es pensar en colectivo, pero los colombianos no acudimos a esas instancias por la extrema individualización en que vivimos, en la “desertización de la vida cotidiana”, como dice Zizek. Es obvio que cuando no abonamos al debate un razonamiento coherente de nuestra propia realidad, es porque el desconocimiento de la historia ha dejado un vacío cultural que no permite interpretar el país desde el prisma de una nación en proceso de construcción; nos han negado esa posibilidad.

Decía Margaret Thatcher: “No hay sociedad, hay individuos y familia”. Una expresión desoladora que niega la existencia de la sociedad pero que define el liberalismo económico: el individuo como objeto. En las democracias occidentales, poscaída muro de Berlín, no se vale pensar en avanzar porque necesariamente se es de izquierda, y de inmediato surge, como un antídoto, la idea neutralizadora que evita la transición, impone su modelo y lo financia.

Un ejemplo de ello es la corrupción: cuando se habla de los corruptos  se le identifica como una acción o una falla individual y no sistémica originada en el establishment. Nada es un cabo suelto, todo tiene un propósito. Así funcionan las élites y cuando necesitan ir más allá activan los dispositivos de poder como los medios de comunicación que utilizan para difundir un discurso fatalista encumbrado en el temor o en meterle miedo al individuo, lo que les permite ejercer el control y garantizar el continuismo; es la estrategia perfecta para no perder el monopolio de la palabra, del relato, de la calle.

La propaganda que se activa es la de una democracia amenazada pero no se dice por quién; mientras persista esta visión de las élites de posponer las reformas seguiremos por el sendero de la degradación del sistema democrático. Degradar implica cerrarle los caminos a la  participación, al individuo y a su decisión consciente de buscar nuevos  apoyos para hacer de la política una acción colectiva. 

Entonces surge la matriz de la polarización y nos quieren hacer creer, los energúmenos del establishment, que no hay vuelta de hoja: o se preserva lo institucionalmente constituido o el país va camino al cadalso, para no hablar de la cacareada “venezolanización”. 

Sin embargo, se empiezan a oír voces distintas. No las de los insultos y de la degradación del discurso llevado a la más mínima expresión. Sino las voces que en conciencia saben que el cambio es el futuro y que es el momento de cerrarle la compuerta a la adicta patología de aferrarse al poder que embarga al establishment. Y esto los espanta.@jairotevi   

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

El día D de la RAP del Caribe

Por Amylkar D. Acosta M. “Solo se alcanza lo posible, intentando lo imposible una y otra vez”: Max Weber. 

Colombia, desde siempre ha sido un país de regiones. Como lo afirma López de Mesa, “Colombia es un archipiélago de regiones” y estas, en concepto del ex constituyente Juan B Fernández R “son entidades perpetuas”. Pero tuvimos que esperar hasta la Constituyente de 1991 para se reconociera su existencia, además de  su “autonomía para la gestión de sus intereses”, al igual que las demás entidades territoriales, una vez que se erijan como tales. 

Con la Constitución de 1991 se abrió, por primera vez, una ventana de oportunidad para que las regiones se pudieran constituir como entidades territoriales (ET) al tenor del artículo 286, al establecer que “la Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias”. A ello aspiró la región Caribe en la década del 80 del siglo pasado y por ello luchó infructuosamente; no obstante, se logró la expedición de la Ley 76 de 1985 mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como los CORPES, los cuales subsistieron hasta el año 2000. 

Los CORPES se suprimieron con la promesa incumplida de que las regiones administrativas y de planificación (RAP), contempladas también en la Carta en su artículo 306, vendrían a ocupar su lugar. Desde entonces han transcurrido 17 años, en el transcurso de los cuales se hicieron múltiples intentos para expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la que finalmente se aprobó en el 2011.  Pero la misma hizo caso omiso del categórico pronunciamiento del Voto Caribe: 2´502.726 ciudadanos depositaron una papeleta en las urnas en las elecciones parlamentarias del 2010 en apoyo de la Región Caribe como ET. 

La LOOT, no sólo no desarrolló lo preceptuado en la Constitución Política, sino que se inventó la Asociatividad y las regiones de planificación y gestión, no contempladas en la Constitución Política, como estratagema para soslayar la RET y la RAP. Es más, terminó emasculando a la RAP, al establecer en su artículo 32 que por cuenta de la misma “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación , ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”. De allí la imperiosa necesidad de modificar este artículo de la Ley para que las RAP puedan funcionar.

A despecho de la contracorriente re-centralista que ha experimentado el país en estos 26 años de vigencia de la Constitución de 1991, a contrapelo de su letra y de su espíritu, las regiones han venido dando el primer paso para avanzar en el propósito último de constituirse como entidades territoriales. En efecto, ya se han constituido dos  RAP, dos más están en vía de constituirse y ahora el Caribe se apresta, también, a dar este importante paso constituyendo la RAP del Caribe, en el entendido que esta es una escala técnica para llegar a nuestro objetivo final cual es la Región como Entidad Territorial. No nos transaremos por menos. Juntos, los 8 departamentos, somos más y más fuertes, ganaremos en capacidad de interlocución frente al Gobierno Central. 

Es claro como el agua que la Región RAP no es, no puede ser, un punto de llegada sino un punto de partida; además, no es un fin sino un medio para luchar unidos no sólo en procura de cerrar las brechas inter-regionales sino también las brechas intra-regionales con el fin de nivelar la cancha. Esta debe ser su razón de ser y de existir. Como lo estipula la Constitución Política, que es “norma de normas”, la RAP tendrá “personería jurídica, autonomía y patrimonio propio”, que no es poca cosa y tendrá como misión “el desarrollo económico y social”, así como “propiciar y fortalecer la planificación equilibrada” de la región. 

Por fin, gracias a la RAP la Región Caribe volverá a tener su propio Plan de Desarrollo o sea su Carta de navegación y así se de cumplimiento a la Ley Orgánica de Planeación, que establece claramente la obligación de insertar los planes regionales de desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo. La Unidad técnica de la RAP está llamada a convertirse en la masa crítica del pensamiento regional, que servirá de apoyo para promover y generar capacidad de gestión en los departamentos que la integrarán. Sobre todo en lo concerniente a las capacidades para la estructuración de proyectos a ser presentados para su viabilización y aprobación en los OCAD. 

La RAP servirá también para articular a la región, de modo que esta pueda aprovechar más y mejor las posibilidades que ofrecen las alianzas público-privadas, el acceso a la Bolsa de recursos de cofinanciación creada en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo país, trabajar en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Y qué decir de los contratos – paz, que son la clave para encarar los retos del postconflicto, habida consideración de que la paz se habrá de construir desde los territorios y no desde los escritorios. Así y sólo así, teniendo a la RAP como la gran articuladora, la Región Caribe dejará de ser alfil sin albedrío del Centralismo. Cipote compromiso! 

Bogotá, octubre 14 de 2017

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Pelea por los votos de la derecha

Por Mauricio Cabrera Galvis.- ¿Cuáles son las consecuencias políticas de la decisión de Cambio Radical y Germán Vargas de declarar abiertamente su oposición al proceso de Paz y romper con el gobierno Santos, después de haber utilizado durante siete años el presupuesto y los cargos públicos para su propia campaña? ¿Cómo altera esta decisión el panorama de la campaña presidencial?

Una consecuencia manejable es la mayor dificultad que tiene la coalición oficial para aprobar en el Congreso las leyes necesarias para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, a pesar de las maniobras dilatorias del presidente de la Cámara, parece que el gobierno logrará los votos necesarios, sobre todo después del blindaje que dio la Corte Constitucional al Acuerdo de La Habana.

Más complicadas son las repercusiones sobre el tablero del ajedrez electoral, donde se van a reacomodar de todas las fichas de la campaña. Lo que va a pasar es que se va a descongestionar el centro del tablero, y se va a hacer mucho más dura la competencia por los votos del flanco de la derecha. Por eso los más preocupados por el nuevo panorama son el uribismo y la alianza del No.

Con su decisión Vargas está renunciando a buscar los votantes de la franja del centro y centro-izquierda, que podrían estar dispuestos a apoyar a cualquier candidato que defendiera el proceso de Paz, como lo hicieron para derrotar a Zuluaga en el 2014.

En un cambio radical a su estrategia, ahora en lugar de mostrarse como el continuador de las ejecutorias del gobierno en el que trabajó durante dos períodos, el ex vicepresidente quiere posicionarse como la mejor alternativa para derrotar al castro-chavismo de Santos. Ese fue el objetivo que plantearon los miembros del comité que se inscribió para recoger firmas para su candidatura.

Detrás de esa estrategia deben haber encuestas y mediciones del clima de opinión que les muestren que son más numerosos los votos que pueden conseguir en la banda derecha del tablero que en la del centro. Entonces Vargas entra a competir directamente por los votos de la derecha, que hasta ahora eran de propiedad exclusiva del CD y la alianza del No, minando así la casi certeza que tenía la alianza de los expresidentes conservadores de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

La pelea va a ser a mordiscos, porque en el contexto de una campaña con tantos candidatos, es difícil que la franja de la derecha tenga los votos suficientes para que dos de sus candidatos ocupen los dos primeros lugares en la primera vuelta, y entonces solo pasaría uno de los dos.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El cálculo de Vargas Lleras

Por Ariel Ávila.-German Vargas Lleras tenía dos posibilidades; moverse al centro o moverse a la derecha. Estaba y está en una posición incómoda. Básicamente convertirse en un defensor a ultranza del proceso de paz no iba a hacer que los del sí lo apoyaran y a la vez convertirse en el más crítico del proceso de paz, tampoco le iba a dar confianza a los del No. Su capital político actual podría estar entre los 3 y 4 millones de votos. Un capital importante, pero insuficiente al final, ya que se prevé que votarán cerca de 18 millones de personas de las 36 millones habilitadas para hacerlo en 2018. Para estar en segunda vuelta se necesitan al menos 6 millones.

Si bien hay más de una veintena de candidatos y precandidatos presidenciales, al final esto se disputará entre cuatro. El candidato del uribismo, Vargas Lleras, el que salga de la coalición de Fajardo-Claudia y el que salga de la consulta liberal, que hasta el momento sería Humberto de la Calle.

Colombia tenía dos alternativas para el debate: o la campaña se polarizaba, una vez más como en los últimos 30 años, entre guerra y paz, o el país avanzaba hacia una discusión sobre temas de corrupción,  de modelo educativo y de equidad social. Al parecer, y como signo trágico de este país, la primera opción es la que tomará la sociedad colombiana. Al menos así lo perciben todos los candidatos, aunque Fajardo y Claudia luchan por imponer una agenda más moderna.

Por tanto, el cálculo de Vargas Lleras no es apresurado, es bastante estudiado, pero todo parece indicar que será errado al final, los presupuestos son los siguientes. En primer lugar, Cambio Radical parte del principio de que la segunda vuelta será entre el uribismo y ellos, por tanto lo que necesitan es pasar a segunda vuelta, y una vez allí, los ciudadanos de centro y centro izquierda preferirán a Vargas Lleras que al uribismo. Eso que se llama popularmente votar por el menos peor. Si sucediera lo contrario el efecto sería el mismo, la derecha preferirá a Vargas Llegas que a cualquier otro.

En segundo lugar, Vargas Lleras tiene un voto de maquinaria importante, cerca de 10 alcaldías y al menos 6 gobernaciones le trabajan a su candidatura. Cuenta además con una estructura partidista en varias zonas del país, concejales, diputados y líderes locales. Todo eso le da alrededor de 3 millones de votos. Si no existieran coaliciones, por ejemplo la de los verdes y Fajardo o la de los liberales y La U con otros sectores, con esos votos le bastaría a Vargas Lleras para pasar a segunda vuelta. Pero en la medida en que se acerca la posibilidad de las coaliciones a Vargas Lleras no le quedó otra alternativa que salir a disputarse los votos de opinión, campo en el que está bastante debilitado. Cambio Radical percibe que los votos de opinión más fáciles para ellos están a la derecha y por ellos van.

En tercer lugar, Vargas Lleras está intentando construir un discurso para atraer el mundo empresarial. En el mundo surrealista de los empresarios hay la convicción de que el castrochavismo es posible en Colombia, de que las Farc han orquestado un gran plan internacional para la toma del poder y de que ellos están en la mira. Aunque esto parece ridículo y hasta chistoso para cualquier ciudadano informado hay gente que lo cree, y Vargas Lleras ha querido imponerse como el defensor de este mundo empresarial. Por ello se radicaliza en su discurso.

Al final la estrategia es ‘amarrar‘ políticos por todo el país para fortalecer el aparato de Cambio Radical, como por ejemplo los Cotes del Magdalena, herederos de la parapolítica, o los cuestionados Aguilar de Santander. A la vez, moverse hacia la derecha a disputar los votos de opinión y claro garantizar empresarios para la financiación, aun a costa de la justicia. Por ello su empeño en excluir a los terceros de la JEP.

Esto significa que la idea aquella de que el uribismo y Vargas Lleras iban a segunda vuelta se desdibuja, ya que de derecha solo pasará uno. Por los lados de centro derecha, centro y centro izquierda cobra cada vez más fuerza una alternativa para ir a segunda vuelta. La alianza Fajardo-Claudia parece, al menos por las encuestas, la alternativa más seria. 

Por otro lado: Se nos fue Luz Gabriela Arango, una de las mejores sociólogas del país. Fue mi profesora, con ella vi sociología contemporánea I –Bourdieu-. Entendí hasta dónde llega la agencia del ser humano, y hasta dónde la estructura social lo condiciona. Entendí el concepto de clase social como categoría de análisis, pero sobre todo, entendí eso que se llama sociología de la dominación. Sus últimos años los dedicó al estudio de las teorías feministas y de género. Durante mucho tiempo hizo parte del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, uno de los mejores del continente.

Escrito por Ariel Ávila. Politólogo.