Opinión

No ceder ante el matoneo del Fiscal

Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo.- El martes iré a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tengo nada que conciliar con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien debe retractarse de su acusación embaucadora e ilegal. Primero, porque he probado mis acusaciones en su contra, incluidos sus contratos con Navelena-Odebrecht y la Ruta del Sol (Odebrecht y Grupo Aval). Tan cogido se encuentra, que él mismo tuvo que declararse impedido con respecto a Gina Parody por el Conpes 3817 de 2014 para la vía Ocaña-Gamarra, hecho que, en la práctica, me da la razón. 

Pero su bárbara agresión en mi contra se agrava por otras razones. Con su denuncia penal pretende la desproporción antidemocrática de borrarme del mapa, condenándome a ocho años de cárcel, multa de mil millones de pesos, pérdida de la investidura de congresista y no poder ser candidato a la Presidencia. ¿El gravísimo crimen de este senador? Haber demostrado que Martínez Neira no era el fiscal idóneo para establecer la verdad total sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia. Y constituye también un abuso su pretensión de que me juzgue y condene la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo eligió Fiscal General y a la que asistirá en la investigación en mi contra el CTI de la Fiscalía, cuerpo bajo las órdenes de Martínez Neira. 

Además, y este argumento prueba que al Fiscal Martínez le importan un pepino la legalidad y los criterios democráticos, al agredirme atropella la inviolabilidad de todos los parlamentarios y partidos por sus opiniones, principio en el que reposa la separación de los poderes y la independencia del Legislativo, es decir, la más elemental idea de la democracia que se supone se practica en Colombia, cuya Constitución establece el deber y el derecho de los congresistas a “ejercer control político sobre el gobierno y la administración” (Art. 114) y que “serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo” (Art. 185). 

Dichos derechos fueron confirmados por la Corte Constitucional en su importante Sentencia de Unificación SU 047 de 1999 (http://bit.ly/2tc5iep), que los valora al máximo al decir que “solo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar ‘consultando el bien común’, y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas”. 

Tan son pilares de lo democrático estos criterios, que se remontan al inicio de la lucha universal contra todos los despotismos, razón por la cual aparecieron en la Declaración de Derechos de 1689: “Que la libertad de palabra y de debates o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno, y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo” y en las Constituciones de Estados Unidos (1787) y Francia (1791): “los Senadores y Representantes (…) no podrán ser objeto de inquisición alguna con motivo de discusión alguna o debate en una de las Cámaras o en ningún otro sitio” y “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes”. 

En otro país, esta agresión del Fiscal Martínez contra la democracia, al igual que su papel en el caso Odebrecht y ocultar las razones que lo llevaron a la irresponsabilidad de nombrar a un Fiscal anticorrupción corrupto, lo habrían sacado de su cargo en un instante. Pero en la Colombia aletargada por “los mismos con las mismas” ello no ha ocurrido, como podría no pasar nada tampoco porque el Consejo Electoral y la Fiscalía logren coronar la impunidad por la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos-Vargas Lleras y Zuluaga-Trujillo. 

La impunidad del Fiscal, incluida la justicia espectáculo en la que actúa como acusador y juez, no sería posible sin el respaldo de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe (Unidad Nacional y Centro Democrático), de su copartidario y candidato Germán Vargas Lleras, del primer banquero de Colombia, de DLA Piper, la mayor trasnacional de abogados del mundo, con José María Aznar entre sus cabezas, y de casi todos los formadores de opinión del país. Nada bueno puede salir, les digo a sus sostenedores, al igual que a los todos los colombianos, de mantener a Néstor Humberto Martínez Neira abusando de tanto poder. 

Bogotá, 14 de julio de 2017

Escrito por Jorge Enrique Robledo. Senador del Polo Democrático Alternativo.

De las Consultas Populares

Por Amylkar D. Acosta M.-Se anuncia por parte del Gobierno la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las consultas que proliferan en este momento en el país, pero ya es tarde, son 7 municipios en los que a través de consultas populares le han dicho no a la actividad extractiva. Según la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) vienen en camino otras 20 iniciativas de convocatorias de consultas a lo largo y ancho del país para prohibir la actividad petrolera en diferentes municipios del país, que pondrían en riesgo la producción de más de 80.000 barriles/diarios e inversiones que se podrían aproximar a los US $5.000 millones.  A estas se vienen a sumar 23 más, tendientes a la prohibición de la actividad minera. 

El trámite de dicho proyecto no es de buen pronóstico, toda vez que las sesiones del Congreso de la República en esta última legislatura que se inicia el 20 de julio estará interferida por el debate electoral, que ya arrancó y por lo tanto se impondrá el ausentismo en sus sesiones. Adicionalmente, por esa misma circunstancia, es dudoso que una mayoría de parlamentarios, en pleno proselitismo electoral para reelegirse, vaya a darse la pela aprobando un proyecto que le ponga cortapisas a las consultas populares, ello sería políticamente incorrecto. Y, para rematar, las leyes que regulen lo relativo a la participación ciudadana tienen carácter estatutario y por ello mismo son objeto de control previo constitucional, circunstancia esta que tardaría aún más su entrada en vigencia, en el evento de ser aprobada. Y mientras tanto a la seguidilla de consultas populares en curso se han venido a sumar los acuerdos municipales a través de los cuales también se ha venido vetando la actividad extractiva, como ya ocurrió en los municipios antioqueños de Támesis y Jericó. 

La otra observación a la bien intencionada iniciativa del Gobierno Nacional es que, si en gracia de discusión llegara a aprobarse dicho proyecto, servirá de muy poco pues esta racha de consultas anunciadas y otras por anunciarse se habrán realizado y estaríamos ya ante hechos cumplidos. Y, como si lo anterior fuera poco, resulta que ahora los concejos municipales han dado en la flor de aprobar mediante acuerdos municipales la prohibición de la actividad extractiva en sus jurisdicciones, de tal modo que cuando se reglamenten las consultas, si es que se reglamentan, el problema ya es otro, la seguidilla de acuerdos municipales en tal sentido, hasta ahora imparables. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que quienes promueven tanto las consultas populares como los acuerdos municipales proscribiendo la actividad extractiva en sus territorios no se han detenido a pensar ni a explicar qué otra actividad distinta a esa va a suplirla como fuente generadora de los recursos con los cuales se financian tanto el Presupuesto General de la Nación (24% de sus ingresos corrientes dependen de la actividad extractiva) y de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) los únicos recursos ciertos y casi su única fuente de recursos para financiar sus proyectos de inversión. 

Finalmente, queremos decir que la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se ha sembrado con el expediente de las consultas populares y ahora con las decisiones que vienen tomando los consejos municipales, no se limita sólo a la al sector minero y petrolero, puesto que otros sectores como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, están también en ascuas, pues como dice el adagio cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas. Recordemos que un proyecto muy importante para el Sistema eléctrico a nivel nacional como el de Porce IV se frustró por decisiones de este tenor. Y cuánto no tardó la Estación eléctrica Nueva Esperanza, poniendo en riesgo la confiabilidad, estabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía eléctrica los departamentos de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el Norte del Tolima. Lo propio vienen acaeciendo con las Concesiones de infraestructura de cuarta generación, cuya ejecución se está viendo interferida y diferida, esta vez por cuenta de las consultas previas, que tampoco han sido reglamentadas. 

Ya va siendo hora de propiciar un gran debate en torno a este verdadero tsunami que amenaza con llevarse de calle a la economía nacional y con desarbolar las finanzas públicas, antes de que sea demasiado tarde. Este es un asunto que demanda una Política de Estado y no de gobierno, amén de involucrar en su concepción y estructuración a las organizaciones sociales. Pero, ojo, se tiende a confundir la Política de Estado con el hecho de que se plasme a través de una Ley de la República y eso no es Política de Estado. Esta debe comportar tres prerrequisitos: primero, que las fuerzas políticas comprometidas con la misma dispongan de toda la información pertinente, la cual, además, debe ser fidedigna y confiable. Segundo, todas ellas deben participar activamente del análisis de las directrices y de las decisiones que se derivan de la misma. Y tercero, las fuerzas políticas concurrentes e incumbentes debe de estar, igualmente, comprometidas en las estrategias y acciones que se definan para su implementación. 

Bogotá, julio 15 de 2017 

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Escrito por Luis Fernando García. Forero

El glifosato no tuvo la culpa

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) el área sembrada de coca en Colombia llegó a 146.000 hectáreas. Es un hecho preocupante, pero debe ser analizado con cuidado para no sacar conclusiones de que al país se lo tomó el narcotráfico como resultado de la debilidad del gobierno y del Acuerdo de Paz con la guerrilla. Algunos hechos para tener en cuenta.

Primero, la causa del aumento de los cultivos ilícitos no es que el gobierno hubiera suspendido las fumigaciones con glifosato, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. La experiencia demostró que esas fumigaciones no sirven para controlar la producción de hoja de coca y solo logran que los cultivos se desplacen a nuevos sitios, aumentando la deforestación.

Entre 2005 y 2007 se fumigaron 470.000 Has. y el área cultivada de coca aumentó de 83.000 a 100.000 Has. entre 2005 y 2014 se fumigaron 1.2 millones de Has., y el área cultivada solo se redujo en 14.000 Has. Dejar de usar glifosato no tuvo la culpa.

Segundo, hay evidentes factores económicos que si explican el aumento de los cultivos ilícitos. Ante todo la devaluación del peso frente al dólar. Al pasar el precio del dólar de $1.800 a $3.000 los cultivos de coca se hacen mucho más rentables pues, según el mismo SIMCI, el precio del kilo de hoja de coca subió 40%. Con un incentivo de estas magnitudes es apenas lógico que aumente la producción.

Oro factor económico ha sido la caída del precio del oro que hizo menos rentable la minería ilegal llevando a que muchos mineros se fueran a cultivar coca. Estudios de Daniel Rico de la Fundacion Ideas para la Paz (FIP) han demostrado la estrecha correlación inversa entre precio del oro y área de cultivos ilícitos. 

Tercero, No es cierto que por el Acuerdo de Paz se haya abandonado la lucha contra el narcotráfico. lo que ha habido es un cambio de estrategia que ya no se concentra contra el campesino cocalero –que es más una víctima que un delincuente- sino contra los otros eslabones de la cadena como los laboratorios de producción de cocaína y los distribuidores. Las mismas Farc están colaborando en esta tarea. Por eso en dos años las incautaciones de cocaína crecieron 156% al pasar de 147 a 378 toneladas, y el número de laboratorios desmantelados en un año pasó de 2.172 a 4.513.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El desarme

Por Rodrigo Villalba Mosquera.-Por estrategia de la oposición, con polarización política incluida, y el acostumbrarnos las presentes generaciones por haber vivido siempre alrededor de los efectos de la violencia y el conflicto armado, donde este entorno nos pareciera “normal”, hoy cuando se silencian los fusiles que causaron muerte al entregar las FARC su armamento a la ONU, y dar el paso hacia la inserción en la sociedad, acatando el Estado Social de Derecho, obedeciendo a nuestras instituciones y nuestras autoridades, pareciera como si eso no fuera trascendente, o se tratara de algo marginal, lo que nos lleva hacer un análisis sociológico de nuestro comportamiento, pero por encima de cualquier consideración hay que ser claros, de que el 27 de junio de 2017 la historia de Colombia y el mundo lo recordará  como una  fecha transcendente, y el desarme como un hecho histórico, así muchos lo soslayen. Ese día terminó el conflicto armado más largo del continente y el último del hemisferio occidental, el mismo que en 53 años de lucha armada dejó algo más de siete millones de desplazados, alrededor de 215.000 muertos y cerca de 80.000 desaparecidos.

Las Farc, así no la quieran y contra todos los pronósticos, le cumplieron al país y eso es un hecho innegable. Firmaron el acuerdo de La Habana, se concentraron en las 26 zonas veredales, entregaron las armas y ahora se preparan para saltar a la arena política.

El Gobierno también les ha cumplido.

Los colombianos no podemos ser miopes ni dejarnos contaminar por los que le sacan jugo a la guerra. Es innegable que las Farc en su accionar armado dejó muchas heridas abiertas, pero no podemos seguir en el pasado sino pensar en  las futuras generaciones.

Reconozcamos con regocijo la dejación de las armas, recuperando el optimismo hacia el nacimiento de la Nueva Colombia, donde focalicemos los esfuerzos estratégicos y fiscales y la voluntad política para hacer justicia con las principales víctimas que son los campesinos y el campo colombiano, sinónimo de atraso y de la Colombia profunda, la ruralidad que tiene tantas ventajas comparativas como lo reconoce la FAO, al afirmar que nos  podemos convertir en uno de los siete países proveedores de alimentos frente a las necesidades de consumo de la creciente población del planeta hacia el 2050. Soñemos con un nuevo país plantado de verde esperanza, con agroindustria y una economía llamativa para la inversión, donde caminemos hacia la productividad y competitividad. Si Colombia crece en medio de la guerra cómo no será en condiciones de normalidad. Seriamos una potencia mundial, donde nuestros mayores esfuerzos se lo podamos dedicar a la felicidad de los niños, a la educación de calidad, a lo social. 

Nada es perfecto. Lo único perfecto es la creación divina. Pero vamos en la dirección correcta.

Escrito por Rodrigo Villalba Mosquera. Senador Liberal de Colombia.

Los costos de la legislatura

Por Amylkar D. Acosta M.-La profusión de leyes expedidas y de reformas a la Constitución tienen su costo, pues a través de muchas de ellas se comprometen recursos del Presupuesto General de la Nación y en no pocos casos de los presupuestos de las entidades territoriales. En efecto, muchas de las leyes expedidas al entrar en vigencia conllevan un costo fiscal, en la mayoría de los casos permanente y en otros transitorio, aunque hablando de transitoriedad no hay nada más permanente que las normas transitorias.

El impacto fiscal de estas leyes ha venido creciendo de manera sostenida, las del 2013 le significaron al fisco, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) $372.000 millones, las del 2014 $2.5 billones, las del 2015 $522.000 millones y las del 2016 $3.184.000 millones, de los cuales sólo $384.000 corresponden a gasto temporal, el resto es para cubrir gastos recurrentes, esto es permanentes. Y está por establecerse el costo de las que pasan esta vez a sanción presidencial, de lo que sí podemos estar seguros es que el costo fiscal de las mismas no será inferior a las del año anterior.

Conviene dejar establecido que, de conformidad con la Constitución Política la última palabra en materia de gasto público la tiene el ejecutivo, de modo que todas aquellas iniciativas de los parlamentarios que no cuentan con el aval del Ministro de Hacienda nacen muertas. Este año se presentaron a la consideración del Congreso, a través de las comisiones económicas, 31 proyectos de ley, entre ellos el que sometió a su consideración el Gobierno Nacional para adicionar al Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, con el fin de incorporar el mayor recaudo esperado de la reforma tributaria que se aprobó el año anterior, en un monto de $8.5 billones, el cual fue aprobado sin mayores inconvenientes. También se aprobó el proyecto que reforma el Acto legislativo 05 de 2011, a través del cual se dispone del 7% de la totalidad de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) durante los próximos 20 años para ser invertidos en las zonas del país más afectadas por el conflicto.

Como lo advirtió el Ministro del Interior Guillermo Rivera, el Gobierno va “a objetar aquellas leyes aprobadas con violación del reglamento del Congreso y vamos a poner de presente que toda obligación para el Gobierno derivada de una Ley, debe tener garantizada su financiación”.

Primero fue la Ley 819 de 2003, la que estableció la obligación por parte del Ministerio de Hacienda de presentarle al Congreso de la República a mediados de año el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es como su hoja de ruta, posteriormente, en el 2011 se incorporó a la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal (artículo 334 de la Constitución Política) y, a renglón seguido, se expidió la Ley 1473 de 2011, que consagra la Regla fiscal, que es como una camisa de fuerza que se le impone al gasto público. De allí la advertencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en el sentido que “durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”, que en este momento están fincadas en el propósito de reducir este año el déficit fiscal al 3.3%.

Por esta razón y por haberle negado el aval tanto al proyecto que rebaja las semanas de cotización a pensión a las mujeres que ganen hasta dos salarios mínimos y que cumplan con la edad de 57 años, a la del “tamizaje neonatal y la que incorpora el tratamiento de fertilización al POS, así como al que rebaja del 12% al 4% los aportes de los pensionados a salud, al que se comprometió el Presidente Santos con los pensionados de Colombia durante su campaña, es previsible, como ya se ha anunciado, que sean objetados por parte del ejecutivo, alegando que no hay espacio fiscal para cubrir su financiamiento. En caso dado que sus objeciones sean rechazadas por parte del Congreso de la República, muy seguramente el Gobierno apelará al instrumento que le da la Constitución y la Ley y presentará ante la Corte Constitucional un “incidente de impacto fiscal” contra tales leyes para tumbarlas.

Cayó muy mal entre los parlamentarios las declaraciones del Ministro Cárdenas afirmando que estas son “leyes populistas”, pero más allá de calificar como populistas iniciativas como estas, los reparos del Ministro ponen en evidencia una vez más el aserto según el cual se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

Riohacha, julio 8 de 2017 

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Escrito por Luis Fernando García. Forero

Colombia en el Pacífico

Por Juan Manuel Galán.-La pasada cumbre de la Alianza del Pacífico concentró en Cali no solo a dignatarios públicos sino académicos y empresarios, interesados en este nuevo proceso de integración. Muchos de ellos imaginaban su plan de vida a partir de las oportunidades que pudieran salir de esta alianza, otros llevaban nuevas ilusiones de expansión comercial y algunos también traían frustraciones al conocer a fondo las dificultades del emprendimiento en Colombia.

Estos sentimientos y pensamientos encontrados son un llamado de atención. La nueva Alianza no puede verse meramente como una plataforma de integración entre países, sino como una verdadera oportunidad de asociación que nos permita lograr un desarrollo sostenible en la actual coyuntura que nos impone el posconflicto. Para eso, este tipo de alianzas deben partir de la identificación real de fortalezas y debilidades internas con el fin de que el libre comercio y la integración regional, promuevan un crecimiento sostenido e inclusivo. En esta misma línea es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con empresarios líderes de la región que generen oportunidades para las empresas de todos los tamaños, sobre todo, para las Mipymes que representan el 99% de las empresas en Colombia.

Dicho de otra manera y de forma concreta, es necesario que esfuerzos como los de la Alianza del Pacífico se traduzcan, por ejemplo, en el establecimiento de un fondo común para financiar Mipymes o en acuerdos de intercambio de conocimiento y personal dirigidos a mejorar la productividad de estas empresas, o en reducciones a barreras del comercio intraregional (aranceles, trámites). 

Mejor aún, es necesario que, desde el más alto nivel se tomen decisiones dirigidas a apoyar la creación de centros de información y clúster comunes entre países para resolver problemas de coordinación y generar cadenas de valor regionales de Mipymes. De esa manera, se puede incrementar el comercio entre sus miembros y con el mundo.

Escrito por Juan Manuel Galán. Senador Liberal.

La constitución: ¿un texto indefinido?

Por José Gregorio Hernández.-Hace veintiséis años  -el 7 de julio de 1991- fue promulgada la Constitución Política de Colombia. Hoy, tras cuarenta y cuatro actos reformatorios y aunque se trata de una Constitución escrita -cuyo texto y linderos son siempre definidos y terminantes-, nos encontramos con un esquema surrealista en el cual ya no es un conjunto ordenado y predeterminado de normas superiores -que todos sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba, tanto en su normatividad permanente como en sus disposiciones transitorias, y en su espíritu, por lo cual la Corte Constitucional conocía con exactitud cuál era la Constitución que debía guardar y cuyo imperio debía preservar-, sino un texto abierto, indefinido y gaseoso, al cual puede haber ingresado el Acuerdo Final firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016 -310 páginas- , con carácter superior y prevalente. O puede que no, pues hay diversas interpretaciones acerca del alcance de los más recientes actos legislativos aprobados por el Congreso.

En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de dicho pacto, dispuso que, una vez  firmado y en vigor, ingresaría “en estricto sentido” al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación”.

Después se aprobó, por el procedimiento abreviado, el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó un Título de disposiciones transitorias de la Constitución, introduciendo la Justicia Especial de Paz, modificando la estructura de la Rama Judicial.

Más tarde, el Congreso aprobó, también por el procedimiento breve, el Acto Legislativo 02 de 2017, que, para “blindar” el Acuerdo -darle “estabilidad y seguridad jurídica”, según su encabezamiento-, dispuso que los contenidos de dicho documento “que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales” serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”,  aunque se advirtió que  ello tendría lugar “con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

Allí se ordenó a todos los órganos y autoridades del Estado “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”, y se añadió que tal reforma constitucional “rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

En ese orden de ideas, se convirtió en discutible lo que menos debe prestarse a discusión en un Estado de Derecho: ¿Cuál es el contenido definitivo de la Constitución?

Constitucionalistas y politólogos, académicos, Congreso, Gobierno y Farc, profesores y estudiantes de Derecho, todos estamos hablando lenguajes diferentes. La Constitución ya no es fija. Parece estar en construcción, a sus veintiséis años. Y lo peor: tampoco concordamos en establecer si la Constitución prevalece sobre el Acuerdo Final -lo que piensa quien esto escribe-, o el Acuerdo Final sobre la Constitución -como dicen otros-. 

Tiene la palabra la Corte Constitucional, que decidirá si su función consiste en guardar la Constitución o en declarar exequibles, porque sí, todas las normas de implementación del Acuerdo Final.

Escrito por José Gregorio Hernández

Por fin la nueva noticia

Por: Jorge Enrique Robledo. @JERobledo.-Luego de un larguísimo medio siglo, los colombianos pudimos celebrar que terminara el alzamiento armado de las Farc contra el Estado, levantamiento que no debió darse porque fue equivocado desde el momento en que lo concibieron y que no solucionó nada y lo empeoró todo. Lamentar que lo que debería ser un consenso nacional, el de saludar lo que sin duda constituye un suceso positivo para Colombia, no lo sea, en razón de que, enredando unas cosas con otras, sectores influyentes convencieron a muchos de negar lo que puede confirmarse como cierto hasta la saciedad.

Un proceso de paz con tantas complejidades, tras los horrores de una violencia tan larga, puede generar desacuerdos y hasta reacciones indignadas. Puede incluso entenderse la idea –aunque no la comparto– de que la confrontación armada debió mantenerse, por cualquier cantidad de tiempo y de costos, hasta liquidar a bala a las Farc. ¿Pero negar la entrega de las armas que se les traspasaron nada menos que a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿O negar que a fecha fija la ONU también recibirá las caletas de las Farc, cuyos sitios ya están identificados? ¿Y que esas armas llevan dos años sin utilizarse, evitándonos varios miles de muertos y heridos?

Por lo demás, como también está probado, el proceso de paz, incluso en lo relativo a las armas, cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de las demás potencias militares del mundo, al igual que de los restantes países. Y lo respaldan el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, que además participaron en su diseño. ¿Será que todos ellos son cómplices de una pantomima diseñada para engañar a los colombianos? ¿También son “castro-chavistas”?

Para negar estas verdades, se usan sofismas, es decir, afirmaciones ciertas con las que sustentan las falsas: como continuarán otras violencias, el proceso de paz es mentira; como se mantendrán el desempleo y la pobreza, para qué el proceso; como seguirá la gran corrupción nacional, para qué el acuerdo; como Santos es pésimo Presidente… Y así, ocultando que el proceso no se diseñó para resolver todos los problemas nacionales, sino uno específico, que no es el causante de otros y que además ha dificultado solucionarlos.

Parte de la confusión, y del uso que algunos le dan, tiene que ver con no reconocer que el problema de fondo no son las armas. Sino su uso. Porque las armas no se disparan solas, necesitan de una voluntad para dispararse. Y dicha voluntad fue la que cambió y la que explica el éxito del desarme, el aspecto principal del proceso de paz. Las Farc no se levantaron en armas como la inevitable respuesta a la pobreza, a la falta de condiciones democráticas y a otras lacras sociales y políticas, viejos males que no desaparecerán con los acuerdos de La Habana. Entraron en rebeldía militar porque adoptaron la decisión política de tomarse el poder a tiros. Y hoy las armas les estorban porque decidieron actuar en la sociedad de otra manera. Así de simple, según demuestra la experiencia.

Coletilla: el caso del supuesto gran fiscal anticorrupción corrupto avergüenza a los colombianos ante el mundo y nos convierte en reyes de burlas. Pero más nos deberían avergonzar e indignar otros dos hechos. Que se permita que el Fiscal General Martínez Neira no explique por qué nombró a Luis Gustavo Moreno en ese cargo. ¿Porque era su amigo, y él mismo le sirvió de fiador? ¿Porque alguien de su confianza se lo recomendó y avaló? Y que también se tolere la alcahuetería de tantos poderosos con el descaro y falta de criterio de Martínez para escoger a su subalterno.

Porque, según La Silla Vacía, José Luis Barceló, Vicepresidente de la Corte Suprema, alertó a Martínez Neira “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno”, cuando se supo que lo iba a nombrar. Y le pregunta el mismo medio a Martínez, entre otros interrogantes, por los vínculos entre Moreno y Enrique Vargas Lleras, así como con los magistrados que fueron claves para escogerlo como Fiscal, en representación de Cambio Radical (http://bit.ly/2tabsgM). 

¿Hasta cuándo tolerarán los colombianos tantas corruptelas, cinismos y mediocridades del grupito de mandamases que gobierna al país de manera vitalicia?

Escrito por Jorge Enrique Robledo. Senador del Polo Democrático Alternativo.

¡Adios a la guerra!

Por Amylkar D. Acosta M.- El pasado 27 de junio se protocolizó en la vereda Buenavista, del Municipio de Mesetas (Meta) dicha entrega, allí y ahora las FARC efectivamente dejaron de existir como guerrilla, como insurgencia, como grupo armado al margen de la Ley. Cuánto no se especuló en su momento por parte de los detractores del proceso de negociación con las FARC en torno al término “dejación de armas” que quedó consignado en el Acuerdo de la Habana, ratificado en el Acuerdo final del Teatro Colón, se llegó a afirmar que ese era un subterfugio de las FARC para no entregarlas. Pues, las entregó y el receptor de las armas, quien verifico y constató su entrega fue nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales”, sentenció Jean Arnault, Jefe de la Misión de la ONU en Colombia. 

En efecto, recibió 7.132 armas, que ahora quedan bajo su custodia, caso único en el decurso de la historia de los conflictos armados en Colombia y en el mundo en donde al término de los mismos por la vía negociada el número de armas se corresponde con el número de los desmovilizados. Y no se trata de armas hechizas y fierros inútiles, como sucedió en la desmovilización de las AUC, sino, como lo dijo el vocero de las Naciones Unidas, “de alta calidad y operatividad”.   

A más tardar el 31 de julio se retirarán por parte de las Naciones Unidas desde las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) los contenedores en los cuales se depositaron dichas armas, las cuales, en cumplimiento del Acuerdo final, serán destruidas y fundidas para luego construir con ellas 3 monumentos, los cuales se instalarán en las Naciones Unidas, Cuba y Colombia, respectivamente. Entre tanto, se avanza en el proceso de identificación y destrucción de las 942 caletas con armas y municiones reportadas por las FARC a la Misión de las Naciones Unidas, de las cuales ya han sido verificadas 77 y al finalizar el mes de agosto de este año deberá haberse cumplido con el registro, la extracción, acopio y destrucción del pertrecho encontrado. 

Pero no faltarán las “narrativas obscuras”, como las denomina la periodista Juanita León, que intentarán de restarle importancia a este acontecimiento y tratarán de hacerle creer a muchos colombianos que todo ha sido y será una farsa. Dirán las aves de mal agüero que todo esto ha sido un montaje del castro-chavismo para hacer creer que las FARC se desarmaron, que son más las armas “enterradas” que las entregadas, que su incursión en la política, gracias también al Acuerdo final, es parte de su libreto de la combinación de las formas de lucha, en fin…Es que tanto los enemigos agazapados como los enemigos declarados de este proceso están en lo suyo, pues realmente ellos no es que no estén de acuerdo con lo negociado, ellos han estado y están en desacuerdo es con la negociación, que es diferente. Lo que ocurre es que les queda muy cuellón salir a decir que no están de acuerdo con la paz, porque ello sería políticamente incorrecto; pero, la real realidad es que no hay otra paz distinta a la que podemos alcanzar por esta vía, lo demás son sólo elucubraciones y cantos de sirena sobre lo que pudo ser y no fue. 

En Colombia, al contrario de lo que acontece en otras partes del mundo civilizado, en donde la paz y la guerra unen a sus países en torno a la defensa de la institucionalidad como patrimonio común, aquí, en cambio, como lo afirma el Cardenal Primado de Colombia Monseñor Ruben Salazar, “este proceso de paz ha generado una de las divisiones más dramáticas en la sociedad colombiana” y añade, “qué bueno que la visita den Santo Padre nos ayudara a vencer esta polarización política y principalmente ayudarnos a entender el verdadero sentido de la política, más allá del partidismo”. Y él acierta al caracterizar esta nefasta polarización en que está el país, “la confrontación política caníbal”, que es como él la llamó, en donde la contienda política más parece una corraleja, al señalar que en este país “no se reciben los mensajes de buena manera, todo se tergiversa y por lo tanto, es un diálogo imposible”. 

El lema de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre próximo  es “Demos el primer paso” y es ese primer paso y el más importante y decisivo es el que ha dado Colombia el día de hoy para alcanzar la anhelada paz. Con este paso que se dio hoy las FARC le dijeron Adiós a la guerra. Para que la paz sea estable y duradera, el paso que se acaba de dar era necesario, pero no suficiente,, se requiere además el desarme de los espíritus y desengatillar la lengua. 

Santa Marta, julio 1 de 2017

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Escrito por Amylkar Acosta M. Exministro de MInas.

Disidentes contra la Paz

Por Mauricio Cabrera.-Cuando se firma un Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto armado siempre quedan disidentes que quieren seguir en la guerra, porque no aceptan los términos de la negociación, porque piensan que significa rendirse, o simplemente porque la guerra es su negocio y les genera grandes utilidades. Eso está pasando acá con el Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc.

Es un hecho conocido que del lado de la guerrilla la gran mayoría entregaron sus armas, pero quedaron unos pocos que no lo hicieron. En mucha menor escala que lo que sucedió con las AUC después de Ralito, cuando una gran parte de los reinsertados volvieron a la delincuencia y al narcotráfico conformando las “bacrim”, unos cuantos guerrilleros desconocieron la autoridad del secretariado, rechazaron las negociaciones de la Habana y decidieron seguir en sus negocios ilícitos.

Esos grupos de delincuentes –que ya no tienen justificación política ni ideológica– deben ser combatidos y derrotados por el Estado, y en este caso puede ser más temprano que tarde dado que las mismas Farc están dando información para combatirlos pues les interesa que desaparezcan.

Lo que es menos reconocido es que del lado del Estado colombiano también hay disidentes que rechazan la legitimidad del Acuerdo. No solo cuestionan la autoridad del Presidente –la rama Ejecutiva del Estado– para haberlo negociado y firmado, sino que quieren ignorar que las otras dos ramas del poder público, el Congreso y la Corte Constitucional, ratificaron y avalaron el texto del Acuerdo con las modificaciones sustanciales que se le introdujeron después del triunfo de las mentiras del No en el referendo.

Entre los disidentes que pretenden que el Estado incumpla los compromisos que adquirió al firmar el Acuerdo hay diferentes posiciones. Unos, los más extremistas, quieren continuar la guerra y están asesinando a líderes sociales y exguerrilleros. Otros son los que quieren volver trizas lo pactado e imponer a las Farc las condiciones de una victoria que no pudieron lograr en la batalla. Finalmente otros más moderados que plantean solo modificaciones al Acuerdo, pero son tan sustanciales que harían imposible su cumplimiento. 

El objetivo de todos estos disidentes es hacerle conejo a la Paz y a las Farc, ahora que estas ya han cumplido con el principal de sus compromisos que era desmovilizarse y entregar las armas.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis. Economista.