Opinión

Si desoye el clamor de la sociedad la paz seguirá siendo un anhelo apenas y las negociaciones otra frustración

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -  Acaba de culminar la quinta ronda de negociaciones con el ELN en México; ronda determinante y nada fácil, que cargaba con un peso agobiante: el Secuestro. Una ronda en la que estaba de por medio la paz misma; pero una ronda, finalmente, con un alcance que el país, descreído con razón, recibe con escepticismo todavía, pero con algo de esperanza, en una época propicia para augurios de paz.

Hace 35 años, en Maguncia, Alemania, el ELN se comprometió, como gran cosa, a no secuestrar niños ni ancianos, un acuerdo recibido como “buen comienzo”, aunque también como vergonzosa confesión; pero al margen de todo ello, desde entonces, el ELN no se había comprometido a nada realmente. A partir del 30 de enero y durante 180 días inicialmente, el ELN se compromete a no realizar secuestros extorsivos, que insisten en llamar “retenciones con fines económicos”, compromiso al que no le han faltado reparos.

¿Por qué no se comprometió desde el comienzo del cese al fuego? Realmente sí lo hizo y así se lo reclamó la delegación gubernamental, porque el secuestro, además de ser un delito tipificado en nuestro Derecho Penal, está taxativamente prohibido en el Derecho Internacional Humanitario y su jurisprudencia, y el DIH fue acogido como referente en el Acuerdo del Cese al Fuego que el ELN firmó y con el cual se comprometió.

El tema de “las interpretaciones” ha sido un gran escollo en estas negociaciones y, por esa vía, el ELN nunca aceptó que del acogimiento al DIH se derivaba un compromiso frente al secuestro, dificultad superada en esta ronda —y su principal resultado—, al quedar explícito y sin lugar a interpretaciones, el compromiso de no secuestrar con fines extorsivos, que será incorporado a los protocolos de los Acuerdos.

¿Por qué no se comprometió a renunciar al secuestro con cualquier motivación? Desde afuera no parece lógico, pero en la Mesa las cosas son a otro precio. De hecho, el DIH proscribe, en general, la toma de rehenes, y los prisioneros de guerra —secuestrados de la Fuerza Pública—, son también proscritos por el DIH y el Estatuto de Roma en los conflictos internos. Así pues, solo queda decir que “comienzo tienen las cosas”, que el fin del secuestro como hostigamiento a la sociedad y como condición para la PARTICIPACIÓN es, sin duda, un gran avance, y que, de cualquier manera, todo secuestro tendrá que ser explicado por el ELN ante la Mesa y su Mecanismo de Verificación.

También es un gran avance que, a partir del 30 de enero, todo secuestrado hasta esa fecha deberá quedar libre, pues el secuestro es un delito de tracto sucesivo, es “continuo”; no se limita al día en que se secuestra sino al periodo durante el cual se está secuestrado, luego nadie puede seguir estándolo a partir del 30 de enero de 2024.

La sabiduría popular, precisamente por su origen, siempre es contundente. “Obras son amores y no buenas razones”, es el mensaje claro al ELN por parte de una sociedad que ya no pide ni anhela, sino que les exige no volver a secuestrar; les exige pasar de las palabras del compromiso a las realidades del cumplimiento, para permitir estas negociaciones que necesitan un hondo respaldo popular.

Por ello, el ELN tiene la palabra; si desoye el clamor de la sociedad la paz seguirá siendo un anhelo apenas y las negociaciones otra frustración; si lo escucha, la paz se asomará como estrella de Navidad. “Amanecerá el 2024… y veremos”.

Mi deseo de Navidad para todos los colombianos: Paz en sus corazones y en sus hogares…, es el comienzo para la paz de Colombia.

Bogotá, D. C, 22 de diciembre del 2023

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

@jflafaurie

Minas antipersonal, mayor violación al DIH.

Por Juan Camilo Restrepo*. - Quien tenga la oportunidad de visitar el complejo militar de Tolemaida no debe dejar de conocer el que bien podría llamarse “el museo de la ignominia”.

Se trata de una muy bien dispuesta exposición que ha organizado la brigada donde se forma el personal especializado en el peligroso oficio de limpiar de minas los territorios sembrados con estos mortales artefactos. También se crían allí los perros que se utilizan en el rastreo de estas minas que son pastores belgas, toda vez que tienen un olfato aún más desarrollado que el de sus primos caninos los pastores alemanes.

En este centro que goza de gran prestigio internacional pues recibe alumnos de diferentes países de la región funciona -como he dicho- el “museo de la ignominia”. Que no es otra cosa que la exposición retrospectiva de lo que ha sido el desarrollo a través del tiempo de los artefactos explosivos que ha ideado la mente perversa de la guerrilla para amedrentar, herir, asesinar y mutilar a la sociedad civil a lo largo de los años.

Cosa curiosa que poco se conoce: quien ha estado a la vanguardia de los avances en esta perversa tecnología ha sido el Eln: no las Farc, que apenas utilizaban los toscos tatucos explosivos para bombardear los poblados civiles que atacaban. Los más refinados y letales artefactos en esta terrible carrera contra la población civil han sido desarrollados por el ejército de liberación nacional (Eln) que, en estas materias, siempre ha llevado la delantera.

Dentro de las violaciones al DIH más vergonzosas que contabiliza la larga guerra que se libra en Colombia desde hace décadas, las minas antipersonales son acaso la mayor de todas estas infracciones. Desde que se llevan registros se han detectado minas antipersonales en 493 municipios ubicados en 32 departamentos. Hasta el año 2016 éramos el segundo país del mundo donde se registraban más atentados de esta índole contra la población civil. Hoy, quizás gracias a los acuerdos que se celebraron con las FARC, ocupamos el todavía nada honroso sexto lugar en este ranking de la ignominia y de pisoteo al DIH.

Quien no quiera tener una visión de frías estadísticas sino vivencial de lo que representa este triste fenómeno, puede ver la magnífica película “los colores de la montaña”, del director colombiano Carlos Arbeláez que se rodó hace algunos años y donde se describe patéticamente la manera como afectan las minas antipersonales la vida de una sociedad en un pueblo del oriente antioqueño.

Las minas antipersona y el secuestro extorsivo son quizás las dos violaciones más repugnantes contra el DIH que se han inventado los grupos alzados en armas en Colombia. A pesar de los retruécanos verbales de Antonio García tratando de demostrar fallidamente que lo que practica el Eln no son secuestros sino retenciones, o del olvido en que a veces cae lo que significan las minas antipersonales en el historial subversivo del país, es evidente que allí siguen, lacerantes, como los dos agravios más repugnantes contra el DIH que se han cometido -y aún se cometen- en Colombia.

El gran desafío que tienen las negociaciones de la paz total, las que están en curso o las que se inicien en el futuro, consiste en recordarles y exigirles como verdaderas líneas rojas a quienes se sienten en una mesa de negociación que es inaceptable buscar la paz en Colombia sino se renuncia de una vez por todas -y de manera radical- a estas prácticas vituperables: recordadas, la una en el “museo de la ignominia” de Melgar, y la otra, en las  declaraciones altisonantes de los jerarcas del Eln.

Bogotá, D. C, 23 de diciembre de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Viene por fortuna un nuevo alcalde, con otra visión y otra manera de recuperar la capital de Colombia, que hoy está relegada al cuarto lugar entre las capitales. 

Las doce chozas del Chorro de Quevedo que utilizó Jiménez de Quesada para fundar a Bogotá, se convertirán en un simple mirador para observar la obra de reinauguración de la gran urbe, este próximo 31 de diciembre de 2023.

Nada quedará por hacer, nada por construir, nada por satisfacer a los millones de habitantes que se han atrevido a ocupar la hoy capital del país. Todo quedará hecho por quien la gobierna, hasta el 31 de diciembre y quien emprendió su campaña por la presidencia de un país, en el que todo está por hacer.

A juzgar por los inagotables publirreportajes, publicaciones, folletos y pregones que invaden medios, redes, ruedas de prensa, seminarios y volantes, Bogotá quedó “terminada”. Cuando Claudia López llegó, todo estaba inconcluso o a medio hacer. Peñalosa le dejó proyectado un metro elevado, hasta hoy no aterrizado.

¿Qué puede ofrecer Carlos Fernando Galán a una ciudad completamente lista y terminada? se pregunta la gente, que por todas partes encuentra destrozos. En donde la inseguridad, los secuestros exprés, la extorsión, la parálisis vial, los huecos, el desempleo, la pobreza son galopantes y en donde todo se agravó, entre el 19 y nuestros días.

Por fortuna Galán llega con ímpetu, fuerza y ánimo para enderezar los torcidos, el desbarajuste y la ausencia de gestión racional. A juzgar por los anuncios, el 2 de enero regresará el pico y placa razonable. Terminarán los maltratos e insultos a personajes y ciudadanía que nunca comulgaron con Claudia. Su arrogancia la condujo a injuriar al presidente Petro y al expresidente Uribe; al primero por diferencias gubernamentales y al segundo por corrupción de algunos de sus amigos y colabores.

Galán, tendrá que entrar a vacaciones el 1 de enero de 2024, porque fue elegido para dirigir una ciudad que ya está reinaugurada y construida totalmente; en la que nada queda por hacer.

Inclusive ni siquiera podrá pensar en algo, ya que Claudia se apresuró a abrir licitaciones por doquier. Quiso dejar todo contratado y bajo sus propias normas, convenios y presupuestos.

Hay por ejemplo, dudas sobre la premura de tanto contrato, entre ellos la adjudicación de la APP del Estadio El Campín, seriamente cuestionado por la representante Jennifer Pedraza.

Viene por fortuna un nuevo alcalde, con otra visión y otra manera de recuperar la capital de Colombia, que hoy está relegada al cuarto lugar entre las capitales. Y llega, con el propósito de imprimirle un nuevo desarrollo que garantice progreso, crecimiento económico y atracción turística.

Nueve días nos restan para que Bogotá se libere de la refundadora. Y 9 para arrancar hacia su nueva hora.

BLANCO: El cuarto punto que bajaron los intereses, nada representa para alejarnos de la estanflación que amenaza, pero podrá imprimir algo de optimismo a una economía en decadencia. A los intereses bancarios no les hará ni cosquillas.

NEGRO: Alcibíades Botía, ese gran reportero económico se nos fue. Grande pérdida del colega con el que tantas batallas libramos para informar bien al público. Fue jefe de las páginas económicas de EL SIGLO Y EL NUEVO SIGLO, durante años. Dios lo tenga en su gloria.  

Bogotá, D. C, 22 de diciembre de 2024

Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

La paz total parece un enfermo grave con diagnóstico reservado, con un médico que anuncia que el tratamiento aplicado a pacientes anteriores no cumplirá lo esperado

El año 2023 está a punto de terminar sin que el Gobierno nacional avance en el logro de la paz total, columna vertebral del proyecto político del presidente Gustavo Petro, que busca convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. La llegada de nuevos actores ―Otty Patiño como comisionado de paz y Vera Grabe como jefa negociadora con el ELN― ha generado esperanzas de un redireccionamiento de lo andado, luego del fracaso del ex comisionado de paz Danilo Rueda.

Un año y medio después de su posesión, en medio de la euforia de un discurso centrado en la defensa de la vida, el presidente Petro sigue sin obtener triunfos contundentes para allanar el camino y desactivar, por la vía del diálogo, el conflicto armado interno más antiguo y complejo del mundo, que se financia, principalmente, del narcotráfico, la minería criminal y el secuestro.

Los últimos acontecimientos al respecto son una cadena de obstáculos que disminuyen el optimismo. El discurso del primer mandatario, por ejemplo, en la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Barbosa, dejó sin oxígeno a los creyentes en la posibilidad de que el Estado cumpla los Acuerdos de La Habana, suscritos hace siete años. “No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las FARC, realmente se va a incumplir”, dijo el presidente, con una enorme solemnidad ante un auditorio perplejo.

Por ser el primer presidente fruto de un tratado de paz, que hizo posible la Constitución que nos rige, es de tan hondo calado su profecía fatalista. “Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de aceptar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad”, dijo.

La narrativa de la incapacidad del Estado para cumplir lo pactado no es un mensaje de buen recibo entre los firmantes de la paz, 400 de ellos asesinados, casi en su mayoría por las disidencias ―es decir sus excompañeros de armas―, y mucho menos entre el ELN y las mismas disidencias, cuyo argumento para no respetar lo firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos es, precisamente, la supuesta traición de la dirigencia fariana al entregar las armas a un Estado incapaz de honrar su palabra.

La pregunta que seguramente se deben estar haciendo los grupos armados ilegales, después de escuchar al presidente, es si tiene sentido desgastarse en negociar con un Estado que no le niega una firma a nadie y después echa en el olvido lo acordado, como los miles de pliegos de peticiones y acuerdos suscritos por ministros y altos funcionarios estatales durante décadas para levantar paros con organizaciones sociales. Quizá les dé más argumentos a quienes insisten, como el ELN, que el tema de la entrega de las armas debe posponerse hasta que se cumpla lo firmado. Es decir, nunca.

Las declaraciones de Petro llegan, además, cuando el proceso con el ELN vive su peor crisis y Vera Grabe, la emblemática líder guerrillera del M-19 de los años noventa y reconocida académica, aterriza para liderar esa mesa, bajo la dirección de Otty Patiño.

Con esa designación, la paz total queda en manos de tres exintegrantes del M-19, viejos camaradas y aliados, con una misma visión sobre cómo proceder para ponerle punto final a seis décadas de violencia armada. Ese equipo, sólido y homogéneo, negocia con viejas caras conocidas del ELN, desde los tiempos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), de la que el M-19 se desligó para negociar con el presidente Virgilio Barco, firmar la paz y cumplir la palabra hasta llegar al poder, 32 años más tarde.

Vera Grabe y Otty Patiño tienen un enorme reto. Sacar la paz del pozo de escepticismo en que hoy se halla, enviando mensajes contundentes a la opinión pública de que sí es posible negociar en cinco procesos paralelos ―con guerrillas, paramilitares y bandas criminales― coordinando todas las acciones del Estado para garantizar la viabilidad de los procesos de cese el fuego vigentes y futuros, erradicando la incertidumbre e irradiando optimismo. Y, ante todo, logrando una declaración contundente del ELN sobre el fin del secuestro como fuente de financiación. Deberán, además, descongelar la agenda acordada sobre participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, que había comenzado a cumplirse en agosto pasado.

Una buena noticia de fin de año es el mensaje del Estado Mayor Central (EMC) grupo disidente de las FARC, de que renunciaron al secuestro. La liberación de los plagiados en su poder daría mayor peso a su compromiso con la reconciliación. El ELN debería mirarse en ese espejo.

Al Gobierno nacional le quedan ya solo más de dos años para consolidar su estrategia pacifista. El tiempo corre en su contra. El tiempo, sin embargo, nunca ha sido una preocupación del ELN, ni de ningún grupo ilegal. Si para lograr la entrega de armas de las FARC se necesitaron cinco años de intensas negociaciones, es posible que con las organizaciones vigentes se necesite un lapso similar.

Son tiempos de pragmatismo en los que, frente a la paz total, no hay que ilusionarse ni desesperarse. Esa estrategia vive en un permanente viacrucis y hoy está en manos de un triunvirato experto en resolución de conflictos. Ojalá Patiño, a la par que busca revivir la esperanza con los actores armados ilegales logre impulsar, como anunció hace unos días, “la implantación del Estado Social y de Derecho en los territorios”, para que “…el Estado haga presencia integral, no solo a través de la fuerza, sino a través de solucionar las necesidades básicas de la gente”. En ese cambio de enfoque es necesaria la coordinación interinstitucional y la relación directa y armónica con las autoridades territoriales que han enviado mensajes sobre su disposición a contribuir a ese objetivo. Es imposible pensar en el territorio desconociendo a gobernadores y alcaldes.

En esta época de Navidad habrá que esperar qué sucede en el quinto ciclo de negociaciones con el ELN en México, antes de que comience 2024. No hay que olvidar que el próximo año el Gobierno cumplirá la mitad de su mandato, el sol comenzará a ponerse a sus espaldas, el país iniciará el ciclo electoral de 2026 y emergerán los nombres de aspirantes a reemplazar al presidente.

Si la popularidad de Petro continúa cayendo, no es exagerado que los actores armados comiencen a barajar de nuevo y jueguen a dilatar la paz total de un Gobierno que no logra convencer a las mayorías sobre las bondades de su propuesta. La cosa está grave. La guerra de la derecha contra la paz no da tregua, los ilegales atacan a la población civil y la fuerza pública recibe órdenes y contraórdenes en su intento de interpretar los ceses al fuego pactados.

Bogotá, D. C, 21 de diciembre de 2023

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“Es imposible anticipar qué país dejará el presidente y por qué mensaje votará Colombia en dos años y medio”.

Por Hubert Ariza*. - En un país cada día más polarizado, los resultados de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre han tenido todo tipo de análisis que van desde el triunfalismo de la derecha, que promueve el aniquilamiento político de la izquierda y busca apropiarse de la victoria del centro en Bogotá y Cali, hasta la lectura de la izquierda, que se niega a reconocer el evidente rechazo ciudadano a sus políticas en gran parte de la geografía, excepto en cuatro departamentos —Amazonas, Cauca, Nariño, Magdalena—, donde su triunfo fue contundente.

El presidente Petro ha pasado por todas las emociones con esos resultados. Desde una alocución lacónica en la noche de las elecciones hasta el triunfalismo de sus últimos post en la plataforma X. “Como dirigente de una fuerza política ahora gobernamos en nueve departamentos del país”, dijo un día después de la jornada democrática, para aumentar el miércoles la cifra a 12 gobernaciones. “Ay Blu!, la coalición política que ganó la primera vuelta presidencial ya lleva 12 gobernaciones ganadas, más de 1.000 concejales y se acerca a 100 diputados”.

Es decir, que la victoria que se abroga el presidente no responde a su organización, el Pacto Histórico, que amenaza con disolverse por una profunda crisis interna, sino a la coalición que lo llevó al poder en 2022, una amalgama de partidos que usan la puerta giratoria, entrando y saliendo del Gobierno dependiendo de la cuota burocrática. No es claro que esas colectividades escuchen el llamado a un acuerdo nacional para impulsar la agenda de reformas en el Congreso, dado el alto costo político que ellas conllevan.

Por lo pronto, para recomponer el norte, el presidente ya anunció su estrategia: “Reuniremos antes que nada los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia y convocaremos este gran Frente Amplio del Cambio, para juntar esfuerzos y construir la potencia de la vida”, indicó en X, el pasado 2 de noviembre.

Hay que recordar que el Pacto Histórico solo avaló candidatos en 14 departamentos. Los resultados muestran, además, que la mayoría de gobernadores elegidos, al igual que en las elecciones de 2019, pertenecen a coaliciones, muchas de ellas ancladas en un partido mayoritario al que se suman otras organizaciones, algunas minoritarias y recién aprobadas por el Consejo Nacional Electoral.

Más allá del exceso de triunfalismo de la derecha, la aplanadora propagandística anti-Petro que se promueve en las redes sociales y el pesimismo de la izquierda, lo evidente es que ni Petro está derrotado e inmovilizado ni la derecha tiene despejado el camino para la presidencia en 2026. Todavía hay mucho trecho por recorrer.

No estamos en la antesala del retorno, en 2026, de Uribe y sus buenos muchachos, ni tiene solidez la teoría de que el presidente va a eternizarse y tocará sacarlo con camisa de fuerza de la Casa de Nariño. Contrario al argumento de muchos, en el actual Gobierno la democracia salió fortalecida de la prueba electoral, sin que se cumplieran las profecías fatalistas.

El resultado del 29 de octubre marca el inicio de la campaña presidencial. El péndulo está hoy en el centro del espectro político, pero faltándole a Petro más de dos años y medio de mandato, con una sociedad en permanente ebullición social, nubarrones económicos, reformas aplazadas y actores armados ilegales dominando amplias extensiones del territorio, sumado a un mundo en guerra en el que las superpotencias se reacomodan y cualquier cosa puede pasar, es imposible anticipar qué país dejará Petro y por qué mensaje votará Colombia en 2026.

A pesar del regreso al poder territorial de las renovadas maquinarias electorales, lo acontecido en Bogotá y Cali muestra un norte. Las mayorías urbanas no quieren saltar al pasado de la tierra arrasada y el conteo de cuerpos, ni apostar por el mesianismo de populistas salvadores, de izquierda o derecha, que, aunque ganaron en algunos territorios, como el electo alcalde de Bucaramanga, no se ven, a corto plazo, como jugadores de peso en el escenario nacional. Es muy fresco el fracaso y enorme la decepción con Rodolfo Hernández.

Hoy el mandato ciudadano en los grandes centros urbanos es claro: un llamado al jefe de Estado para que respete la autonomía territorial y la descentralización, y no se entrometa en los asuntos propios de alcaldes y gobernadores. Lo que suceda en Bogotá con el futuro del Metro mostrará hasta dónde el presidente ha escuchado el mandato de un millón y medio de bogotanos. Galán, el alcalde electo, tiene ahí su primer gran reto.

Colombia es un país impredecible y a Petro le quedan casi tres años de mandato. Acostumbrado a convertir sus derrotas en victorias, como lo demostró en su periplo hasta llegar a la Casa de Nariño, habrá que esperar qué cartas jugará para patear la mesa y lograr la gobernabilidad que necesita, pasar sus ambiciosas reformas en el Congreso, sacar adelante su difusa política de paz total, reinventar el Pacto Histórico y continuar cabalgando sobre el poder sin caerse del caballo.

La redención de Petro, para revertir los números en rojo de su popularidad, pasa por acelerar, con realismo político, la consolidación de lo que ha llamado un Frente Amplio del Cambio y la realización de un gran acuerdo nacional que desactive la polarización, impulse la modernización del país y dé certezas de un mejor futuro sin caer en aventuras constituyentes. El pasado domingo el pueblo barajó de nuevo y aunque Petro perdió en las grandes urbes y la mayoría de los departamentos, es un tahúr experto en táctica y estrategia. El juego continúa. De la manera como maneje las relaciones con las autoridades territoriales dependerá en mucho el futuro de su mandato.

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2023

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“Los presupuestos no hay que mirarlos por su monto nominal”.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*. - Se acaba de aprobar el presupuesto para la vigencia 2024 por $ 504 billones. El más alto de la historia.

Pero los presupuestos no hay que mirarlos por su monto nominal. Siempre crecen. Lo que debe hacerse es desmenuzarlos sobre la manera como están financiados: ¿Cuánto representan los ingresos tributarios dentro del total de las rentas estimadas? ¿Cuánta deuda se requerirá contraer para atender el programa de gastos propuesto? ¿Qué porcentaje del presupuesto tiene ingresos asegurados y qué porción está descubierta o con financiación incierta?

El presupuesto aprobado para la vigencia del 2024 plantea varios enigmas fiscales de este tipo, dentro de los cuales pueden subrayarse dos en especial:

Primero, dentro de los programas de gastos que se autorizan para el año entrante no está prevista ninguna partida para ejecutar en el 2024 asociada a las reformas que se empiezan a tramitar en el congreso: salud, pensional, servicios públicos, educación, laboral, etc.

El Comité Autónomo de la regla fiscal en su último pronunciamiento indica que el programa de gastos “no incorpora en la programación fiscal probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional. En especial, aquellos derivados de las reformas de salud y pensiones. Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales o en su defecto con un ajuste en las prioridades de gasto del gobierno”.

Esto significa que, si alguna de estas reformas se aprueba este año y acarrea gastos en la vigencia del 2024, no habría apropiación presupuestal para atenderlos. Sería necesario un presupuesto adicional en la vigencia venidera y recurrir a más endeudamiento, pues se supone que este gobierno no recurrirá a nuevas reformas tributarias.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha llamado la atención sobre este hecho: no están previstos en los programas de gastos aquellos que se deriven de las eventuales reformas que se aprueben; y si dichos gastos son abultados -como no sería extraño que lo fueran- muy probablemente será ineludible incumplir con la regla fiscal por endeudamiento superior al permitido por esta norma de prudencia fiscal.

El segundo enigma que planea el presupuesto de rentas y apropiaciones del año entrante fue debatido ampliamente en el Congreso. Se trata de ciertos supuestos sobre los cuales está construido el presupuesto del 2024 que pueden resultar ilusorios. Concretamente se habló de una partida de cerca de quince billones de pesos que se supone ingresarán a las arcas públicas provenientes de procesos arbitrales que se van a organizar por la Dian, correspondientes a litigios tributarios que están por dilucidarse que normalmente se demoran entre seis y ocho años, pero que mediante tribunales arbitrales exprés que se van a organizar deberían permitir la entrada de estos ingresos en el año entrante.

Este procedimiento requiere una ley que crea dichos tribunales arbitrales y la ley ni siquiera se ha presentado a consideración del Congreso. Se dice inclusive que esto ha creado tensiones entre la Dian y el ministerio de Hacienda que no parece estar tan convencido como la primera sobre la viabilidad de que estos ingresos se perciban efectivamente durante la vigencia del año entrante y puedan por lo tanto entrar a financiar gastos del 2024.

Como puede verse el presupuesto del año entrante, que el gobierno ha proclamado como el mayor de la historia lo que es una obviedad pues normalmente todo presupuesto es el mayor de la historia, está rodeado de delicados enigmas que apenas iremos dilucidando en los meses venideros.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2023

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

“Fuera de Bogotá y unas pocas ciudades grandes la gran perdedora de estas elecciones fue la democracia colombiana que otra vez resultó dominada, controlada, manipulada y manoseada por las maquinarias políticas de siempre, por los clanes regionales, por el partido de los contratistas…”

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Con lúcidas excepciones, el centralismo bogotano lleva a creer que los resultados de las recientes elecciones en Bogotá son iguales al resto del país, y que los electores de las regiones se comportan de la misma manera que los capitalinos.

Que la votación en Bogotá fue una clara derrota para los partidos del Pacto Histórico, no los discute nadie, ni siquiera su candidato perdedor. Que eso significa un regreso del péndulo hacia el centro en una ciudad en la que la izquierda y el centro izquierda habían cosechado victorias importantes, también es un hecho innegable. Lo que no es cierto es que esas conclusiones se apliquen para la gran mayoría de municipios y departamentos.

Fuera de Bogotá y unas pocas ciudades grandes la gran perdedora de estas elecciones fue la democracia colombiana que otra vez resultó dominada, controlada, manipulada y manoseada por las maquinarias políticas de siempre, por los clanes regionales, por el partido de los contratistas, e inclusive por las mafias de compradores de votos, que conforman esa hidra de mil cabezas que la periodista Laura Ardila bautizó como la “Colombia Nostra”.

La situación fue más grave en esta ocasión por la laxitud del Consejo Electoral que repartió personerías jurídicas a diestra y siniestra, hasta llegar a la increíble cifra de 35 “partidos” políticos registrados, con capacidad de dar, vender o negociar avales y tratar de medrar de los recursos públicos de la reposición de votos.

Con tamaña proliferación de partidos es lógico que se multiplicaran también los candidatos inscritos: según la Registraduría fueron 251 para 32 gobernaciones, 6.175 para 1.119 alcaldías y 106.429 para concejos municipales.

Consecuencia más grave aún es la desaparición de fronteras ideológicas. En un rompecabezas político de 35 piezas es imposible tener programas diferenciados, ni visiones de país, ciudad o región bien definidas que permitan al elector optar por una afín a sus preferencias. La campaña electoral se convierte entonces en una parodia de concurso de belleza -o de drag quens- donde el ganador es el que tiene la maquinaria más aceitada, el control de más puestos públicos, más contratistas recomendados o simplemente más plata para comprar votos.

En el caso de gobernaciones, los partidos solo lanzaron candidatos propios en 7 departamentos de los más pequeños del país; en el resto se juntaron en una mescolanza de avales… Por eso las coaliciones fueron las ganadoras en esta ocasión, con 25 triunfos en las 32 gobernaciones.

La falta de identidad programática se refleja en los socios de las coaliciones. Que afinidad tiene el otrora glorioso partido Liberal con los hermanos godos para haberse juntado en 8 departamentos, y cuáles son sus principios comunes con el Centro Democrático con el que hizo 6 alianzas; lo mismo cabe preguntarse de las 8 coaliciones entre el conservatismo y Cambio Radical.

Este sombrío panorama de la Colombia Nostra, tan distinta a Bogotá, junto con la alta abstención o el aumento del voto en blanco, hacen imperativa una profunda reforma política que rescate la democracia colombiana de su estado de postración.

Cali, 6 de noviembre de 2023

*Filosofo y Economista. Consultor.

“No sé cómo va a hacer el Ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía…”

Por Amylkar D. Acosta M*. - La incertidumbre es el signo de los tiempos en el sector energético. Llama poderosamente la atención el reciente pronunciamiento por parte de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de ISAGEN, en carta abierta que le dirigió al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque “el decreto 929 de 2023 “emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa”. Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas.

Además, en menos de dos días dos firmas calificadoras de riesgo, Moody´s y Fitch Rating, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país. Mientras la primera dejó sentado que “la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía”, la segunda fue aún más categórica al señalar que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno colombiano desde finales de 2022, han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”.

Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país ciertas afirmaciones del Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho. Anuncios tales como que se tomarán “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración. O su afirmación según la cual la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios” y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

No sé cómo va a hacer el Ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía, eso sí bajos los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el Sistema en virtud las leyes 142 y 143 de 1994. De dónde saca el Ministro que es la privatización del sector la causante de la “crisis tarifaria” y que los altos precios de la energía obedecen  a otra crisis macro, la del “modelo neoliberal”. Porque, de ser así, para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los último años, habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365  de la Carta, el cual  dispuso que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas”, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas.

Pero, mientras tanto aplica el aforismo de que dura lex sed lex. De todas maneras, se reservó el Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la única con rango constitucional.

Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse “un Ministro del lado de los usuarios”, para asegurar que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” y amenaza con que “se tomarán medidas regulatorias” para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en ascuas. Sobre todo, en momentos en los que la inoperante CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir. Bien dijo el supérstite Director de la CREG José Fernando Prada “estamos en un apagón regulatorio”.

Por lo demás el Ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. No hace falta, pues en la nueva arquitectura del sector eléctrico, por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo, 2 de las 4D (Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización), que comporta la Transición energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro (¡!). 

No hay que perder de vista que el Sistema interconectado nacional (SIN) opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego. El SIN es una Cadena con múltiples agentes (generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario), por lo tanto cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda le Ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón.

Cada vez que el Gobierno anuncia cambios normativos y/o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John Maynard Keynes al Presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt, cuando apenas se reponía la economía global del gran crac de 1929: “aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción”, estos es, para invertir.

Bogotá, noviembre 6 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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"Si el ELN aún no tiene claro su compromiso frente al secuestro, derivado del Acuerdo de cese al fuego, este deberá ser punto inicial y obligado del próximo ciclo, pues de esa claridad, ante el país y hoy ante el mundo, depende mucho la continuidad de un proceso que merece mejor final".

Por José Félix Lafaurie Rivera* - Colombia es un país futbolero y uno de los nuestros, Luis Díaz, “Lucho”, una de sus estrellas mundiales y, hoy por hoy, el deportista más admirado y amado del país, por su genialidad y su historia de vida. De ahí que el secuestro de su padre, confesado por el ELN, se mueve entre la ingenuidad, la torpeza o el desafío a la sociedad y al Gobierno, en medio de unas conversaciones de paz que reciben con ello una verdadera carga de profundidad.

Todo delito es repudiable, pero como en la escala de los derechos fundamentales primero es la vida y luego la libertad, en la de los delitos, después de los que atentan contra la vida, el mayor repudio social recae sobre los que vulneran la libertad, entre ellos…, el secuestro.

Tan claro lo tiene la sociedad, que la mayor manifestación espontánea en la historia colombiana, no de miles ni de cientos de miles, sino de millones de marchantes en todo el país, en febrero de 2008, se originó por el rechazo a las Farc y, en especial…, al secuestro.

Sin embargo, con este caso tan visible y con otros anónimos -sobre la mesa del Mecanismo de Monitoreo y Verificación hay 19-, el ELN parece empeñarse, primero, en la amenaza de las abuelas: “al que no quiere sopa se le dan dos tazas”, y segundo, en el cinismo del “se obedece -léase se firma- pero no se cumple”, y entonces recuerdo la insistencia de Pablo Beltrán en que si ellos firmaban algo era para cumplirlo.

Ahora bien, ya no sobre este caso, que le echó sal a la herida de un delito que tanto dolor ha causado y que, según cifras oficiales, ha aumentado un 70%, sino sobre el secuestro en el marco del proceso de diálogos de paz, caben algunas reflexiones.

Primero: No hay duda en que el Acuerdo de cese al fuego, al acoger expresamente el Derecho Internacional Humanitario como referente, proscribió el secuestro, contemplado por el DIH como delito de guerra y de lesa humanidad. El día mismo de la firma, confronté públicamente a Pablo Beltrán con este argumento, cuando pretendía justificar las “retenciones” como necesaria fuente de financiamiento.

Segundo: El comunicado del Gobierno, a través del jefe de su delegación, Otty Patiño, no solo es contundente, sino que expresa la posición de los miembros de la delegación y del propio presidente.

Tercero: Si la preocupación central del ELN, acogida por la mesa de diálogos, es la participación de la sociedad en la construcción de democracia, la persistencia en el secuestro es incoherente, pues, como lo he reiterado, una sociedad bajo el temor del secuestro y también de la extorsión, nunca participará libremente.

Cuarto: el reconocimiento del secuestro del señor Díaz y el compromiso de liberarlo sano y salvo, aunque tranquilizan a la familia y al país, no son suficientes. ¿Y los demás? Si el ELN hace parte del Mecanismo de Verificación, con el Gobierno, la Iglesia Católica y la ONU, debería empezar por confirmar o negar su autoría sobre los casos pendientes; es lo mínimo, pues, de lo contrario, estaría obstruyendo deliberadamente el proceso. La ONU, como vocera del Mecanismo, los demás miembros y la sociedad toda, deberían unirse para exigir esa declaración y el compromiso de abandonar la práctica del secuestro.

Finalmente, si el ELN aún no tiene claro su compromiso frente al secuestro, derivado del Acuerdo de cese al fuego, este deberá ser punto inicial y obligado del próximo ciclo, pues de esa claridad, ante el país y hoy ante el mundo, depende mucho la continuidad de un proceso que merece mejor final.

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Este domingo se puede romper la historia y acudir a las urnas con el propósito de recuperar la ciudad”.

Por Gabriel Ortiz*. - Increíble que los candidatos a la alcaldía de Bogotá únicamente se ocupen del metro, que solo hasta dentro de 3 años o más, un alcalde y un presidente desconocidos podrían inaugurar.

Quienes aspiran a llegar al Palacio Liévano, todos con grandes cualidades, ideas y espíritu emprendedor; experimentados y creativos, conocedores de todo lo que requiere la capital y del clamor de sus 9 millones de sufridos, parecen engañados y víctimas del descalabro, porque se han dejado deslumbrar, embaucar y engatusar por quienes manejan el DC.

Con una millonada de dinero invertido en publicidad, buscan lavar la cara de una sucia, insegura, desordenada, congestionada, desgobernada y paralizada urbe, de la cual todos quieren emigrar, porque día a día se vuelve invivible.

“Bogotá tiene mucho que contar” pregonan los mensajes de prensa, radio, TV y redes sociales, para seducir a los candidatos y a la gente para que vote por una continuidad desastrosa este 29 de octubre.

Millares de habitantes votarán, pero no conocerán los resultados, porque antes de ello, serán víctimas de la delincuencia, la corrupción y el desbarajuste, que operan en la gran ciudad.

Los aspirantes tienen que separarse de quienes hasta el 31 de diciembre seguirán destruyendo lo que queda.

Galán, Oviedo, Bolívar y Lara, llevan la delantera, según las encuestas y podrían sacar a estos 9 millones del caos.

Sus programas, ideas y proyectos dan para esperar, de cualquiera de ellos, un salvador, un arquitecto y un urbanista que no dependa del tal metro, cuando existen montones de problemas que urgen rápidas soluciones.

Saben que una primera línea del metro es inmodificable, como ya se lo advirtieron a Petro los chinos. Continuar en el mismo círculo vicioso es iluso: hay que abrir las puertas del progreso, de movilidad racional, sin pico y placa, de libre desplazamiento de los habitantes en el transporte público, motos, bicicletas, y a pie. Sin hampa haciendo de las suyas. Se requieren empleo, reducción de la informalidad, servicios públicos eficientes, por ejemplo. Todo está por hacer. Enfrentar grandes proyectos, obras de desarrollo, motivación a una ciudadanía incrédula y cuanta gestión haya necesidad de alcanzar, así tengan que someterse a inagotables demandas de quienes dejan malherida a Bogotá.

Hay que poner freno a la Bogotá de hoy, atestada de locales comerciales desocupados, por las quiebras de empresas, de viviendas en venta o en arriendo, de vías angostadas, de caños y puentes invadidos por habitantes de la calle, ante el empobrecimiento acelerado de los habitantes y de todo lo que puede observar un desprevenido visitante que se atreva a dar un recorrido.

Este domingo se puede romper la historia y acudir a las urnas con el propósito claro de recuperar la gran ciudad. Ojalá no vaya a invadirla la compra de votos que impera en otras latitudes en donde el billete vuela.

BLANCO: El CNE ordena no contar los votos de candidatos revocados. ¡Transparencia!

NEGRO: La libertad de prensa está en peligro con las últimas decisiones del gobierno para el cubrimiento de las elecciones del domingo. ¡Transparencia por favor!

Bogotá, D. C, 27 de octubre de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.