Opinión

Empleo en el campo y la ciudad

Por Mauricio Cabrera.- ¿Cómo explicar que en una economía frenada que sólo crecerá este año un 2%, el desempleo siga disminuyendo y haya pasado de 8,9% a 8,7% en los últimos 12 meses? Si cunde el pesimismo entre los empresarios, ¿por qué en ese período aumentó en 552.000 el número de personas con empleo? ¿Éstas cifras tienen algo que ver con el Proceso de Paz?

Una clave para dar respuesta se encuentra al mirar por aparte las cifras del empleo en las ciudades y en el campo, y sobre todo si se separan las 13 ciudades más grandes del país. En efecto, en estas últimas la tasa de desempleo si subió de 10,2% a 10,8%, porque aunque se crearon 100.000 empleos nuevos en el año, estos no fueron suficientes para las 180.000 personas que salieron a buscar trabajo. En las ciudades intermedias y pequeñas -que representan el 28% de la población- hubo 200.000 personas nuevas en el mercado del trabajo, pero en ellas se crearon la mitad de los empleos nuevos del país, por lo que el desempleo bajó del 10,7% al 9,7%. En las zonas rurales, donde viven un poco más de la quinta parte de los colombianos, hay una tendencia similar aunque un poco más limitada: se crearon 133.000 empleos y el desempleo bajó del 5,2% al 4,4%.

Se puede aventurar una hipótesis política para explicar estos comportamientos tan disímiles, y tiene que ver con el hecho de que la enorme polarización política respecto del proceso de paz que hoy divide hasta las familias es mucho más notoria en las grandes ciudades que en el resto del país.

En las pequeñas ciudades y en el campo es donde se vivió con más intensidad la guerra contra las Farc y por lo tanto es donde se están viendo más rápido los beneficios de la paz. Ya no hay bombas ni tomas guerrilleras, se ha podido volver a cultivar el campo y están volviendo los turistas, todo lo cual está dinamizando las economías locales. 

Por el contrario, en las grandes ciudades la gran mayoría de sus habitantes sólo vio la guerra por televisión y resienten mucho más las concesiones de la negociación con la guerrilla que los beneficios del silencio de los fusiles.

Escrito por Mauricio Cabrera. Economista.

Los insaciables

Por Gabriel Ortiz.-Han sido muchos los grandes hombres que, durante nuestra historia, han pasado por estas tierras, mucha la riqueza que nos ha depositado la naturaleza, mucha la belleza de nuestras mujeres e incalculable y promisorio el futuro que podríamos gozar, pero que nos lo alejan cuando está prácticamente en nuestras manos.

Los insaciables siempre están actuando amparados en un enemigo prefabricado.           

Nuestro talento, inventiva, destreza y fuerza; la energía, la rectitud, el carácter, el rigor, el ingenio y tantas virtudes del ser humano, irrigan y penetran esta tierra y esta población que no se doblegan ante nada.

Lamentablemente no nos vacunaron contra imponderables e imprevistos que llueven y nos impregnan. Nuestros escudos no eluden los ataques, que hasta la misma naturaleza arroja sobre la humanidad.

No vale la pena, para evitar polémicas estériles, señalar períodos, personajes, comunidades y sectores que han malogrado nuestro pasado, presente y futuro.

Los reveses, los obstáculos y las desgracias que hemos soportado se amparan en el poder, el dinero, la ambición, el resentimiento, la envidia y la intriga. Siempre acompañados por enemigos prefabricados.

Todos esos ingredientes acompañaron quienes han pasado por estos lares. Los primitivos, nuestros verdaderos antepasados, fueron despojados de sus tierras, sus riquezas, sus mujeres, sus virtudes; fueron esclavizados y casi que diezmados por la acción de los invasores que los infestaron con las europeas enfermedades.

Con briosos caballos, que aún poseen y disfrutan con avaricia, moquetes y desmedidas ambiciones por nuestro oro y riqueza, sembraron en nosotros la ansiedad, la voracidad, la avidez, la insatisfacción, el resentimiento. Siempre apoyados en el enemigo prefabricado.

Así fuimos perdiendo las bondades de la naturaleza y, florecieron las intrigas, la ambición, la envidia, el insaciable deseo de poder. Esas ilimitadas bondades del ayer se convirtieron en el desastre del mañana. El que llega a la cima quiere quedarse allí por siempre. Sus logros, sus metas, sus tierras, su riqueza -sin importar cómo se hayan obtenido- tienen que proyectarse en el tiempo y la distancia. Apoyados por el enemigo prefabricado. 

En esas estamos. Hoy con menos del 10% de los colombianos, un ¨tuiter-fijo¨, quiere manejar a 50 millones a su manera, para beneficiarse, para sostener su decadente poder.

Quiere eternizarse como el ¨Gran Colombiano¨, el mariscal, el inalcanzable, el único.

Esta vez, el enemigo prefabricado es la prensa. Lástima grande que personajes calificados, pero desorientados, dependan de la insaciable voracidad de poder y resentimiento de un supuesto líder -con enemigo prefabricado- para postularse como candidatos a la Presidencia. Los fanáticos deben pensar, decidir por sí mismos y votar por quien ellos quieran… no por el que se les diga. Solo así podremos disfrutar lo nuestro. 

NEGRO, NEGRO: Semana dolida nos trajo la noticia del deceso del gran colega y amigo, Héctor Mora Pedraza. Lo conocí cuando era un joven diputado de Cundinamarca. Fogoso orador y autor de numerosas ordenanzas dedicadas a mejorar la vida de la gente. Periodista que nos llevó a conocer el mundo con sus curiosidades, enigmas, bellezas, curiosidades. Paz en su tumba.

Escrito por Gabriel Ortiz

Crisis del derecho

Por José G Hernández.-Ya desde hace un tiempo, en diversos documentos, artículos  y conferencias, quien esto escribe ha mostrado preocupación -compartida por académicos y juristas-  por el creciente fenómeno de pérdida de poder o de vigor efectivo del Derecho en el seno de la sociedad colombiana. Ese fenómeno se ha venido acentuando en los últimos años, en especial por el auge de la corrupción en algunos sectores de la administración de justicia, por la interferencia política en los procesos de  selección de los altos funcionarios judiciales y de las cabezas de los organismos de control, además de la manera como el Gobierno y el Congreso han querido plasmar -en normas votadas a la carrera y sin discusión-  los compromisos estatales y las consecuencias jurídicas de los acuerdos de paz, su implementación y desarrollo.

Es como si el Derecho -de suyo relativo, por su misma naturaleza, pero no al nivel de desdibujarse y convertirse en plastilina- hubiera llegado a la relativización absoluta, es decir, a desparecer como sistema establecido, desde las épocas más remotas,  con el objeto de ordenar la vida en sociedad, de realizar la justicia, de encuadrar  y delimitar -mediante principios y reglas-  el ejercicio del poder, evitando o sancionando los abusos,  y  amparando  la libertad y los derechos, para -en cambio- convertirse en cúmulo de normas sin sentido propio y sin coherencia interna, siempre sujeto a las interpretaciones ingeniosas y a los argumentos sofísticos, cuando no a la malintencionada desfiguración y alteración de sus contenidos esenciales con la finalidad de satisfacer apetitos políticos o intereses particulares y de grupo.

La crisis del Derecho llegó a su máximo punto  cuando la voluntad del pueblo -expresada en las urnas, en un plebiscito- fue desacatada con artificiales pretextos -infortunadamente aceptados por la Corte Constitucional- para que un órgano constituido -el Congreso-, sin autorización ni facultad  alguna otorgada por el Constituyente, confundiera su función de control político -que, desde luego, podía y debía cumplir-  con la potestad de refrendación popular que, como su nombre lo indica, reside exclusivamente en el pueblo. En él reside, según el artículo 3 de la Constitución, la soberanía, de la cual emanan los poderes públicos. El pueblo la ejerce directamente o por medio de sus representantes, pero la Constitución afirma que, en este último caso, ese ejercicio únicamente tendrá lugar en los términos que la Constitución establece.  El Congreso no gozaba de atribuciones constitucionales para sustituir al pueblo en su potestad de refrendar el Acuerdo de Paz.

El pueblo -el 2 de octubre de 2016- ya se había pronunciado, en sentido negativo, frente al primer Acuerdo de Paz -Cartagena, 26 de septiembre de 2016-, y, si las cosas en Derecho se deshacen como se hacen, el segundo Acuerdo -Bogotá, 24 de noviembre de 2016-, que según el Gobierno se ajustaba al veredicto popular del 2 de octubre, ha debido ser sometido también a la votación popular en plebiscito. 

Pero, aparte de esa flagrante desobediencia al pueblo, que por tanto desconoce la democracia y el Derecho, lo cierto es que las fórmulas de ingenio para burlar la Constitución -la base de nuestro orden jurídico- han sido muchas. Las seguiremos comentando en esta columna.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

Pensionados abandonados a su suerte

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- A propósito de la decisión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de objetar la Ley que reduce los aportes de los Pensionados a la Salud, un derecho fundamental de todo ciudadano, de un 12% al 4 %, merece realizar algunas consideraciones como senador de la República.

Lo primero que tenemos que estimar es que un pensionado es un adulto mayor, un ciudadano con necesidades especiales y propias. En otras palabras, personas que requieren sistemas de pensiones de amplia cobertura, aceptables y accesibles servicios de salud y entornos sociales favorables. Sin eso un adulto mayor está a su suerte.

Los organismos internacionales como las Naciones Unidas han afirmado muy acertadamente que las personas de tercera y cuarta edad son una población que, aparte de crecer, especialmente en los países en desarrollo, son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Este sector social, hoy en día, protestando activamente en Colombia, por sus derechos y necesidades impostergables, está a punto de convertirse en uno de los grupos humanos que pueden generar las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, como el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

Situaciones que están cercanas a suceder en Colombia y requieren de mejores condiciones para su sostenimiento económico y el tratamiento de su estado social y de salud.

El impacto de los costos de los sistemas de salud para los pensionados ubica a este ciudadano y a su familia en indefensión, debilita su acceso a la atención médica y supone una decisión terrible entre comer y comprar medicamentos y tratamientos asistenciales. Esta realidad es escalofriante. Sobrevivir para un pensionado, es un acto de malabarismo.

La deuda histórica con el sector de los pensionados y adultos mayores nos pone a todos los colombianos en tela de juicio, en cuanto a nuestra responsabilidad de atender las demandas de los sectores más vulnerables, más aún cuando ha sido promesa de campaña electoral.

No podrá haber una paz verdadera si las desigualdades y la exclusión continúan existiendo. No procesar esta demanda de los pensionados es crear condiciones que afectan la gobernabilidad democrática. 

Invito al pueblo de Colombia a acompañar a los pensionados y a mis colegas en el Congreso para ratificar el apoyo a esta imperiosa iniciativa legislativa que busca dignificar la condición de vida de los colombianos mayores.  

Escrito por Jaime Enrique Durán Barrera. Senador liberal. Colombia.

La aftosa flagela la ganadería

Por Rodrigo Villalba Mosquera.- En 2001, como Ministro de Agricultura, recibí de la Organización Internacional de Epizootias (OIE), en París, la certificación de área  libre de aftosa con vacunación del Caribe colombiano y Antioquia,  siendo el reconocimiento a un trabajo juicioso realizado entre el gremio ganadero y el gobierno de la época, logrando más tarde la certificación plena como país libre de la enfermedad. Este logro le permitió al sector ganadero colombiano unas posibilidades enormes de reactivación interna para proveer mercados exigentes en el contexto internacional. En esta dirección la OIE adelantó un trabajo de concientización en la región, consiguiendo que todos los países de América Latina, con excepción de Venezuela, se certificaran como naciones libres de aftosa, lo que significaba la apertura de mercados con Norteamérica, Europa y Asia  (carne, leche y derivados).

Desde esa época nuestro país se había caracterizado por mantener una responsable tarea, realizando dos ciclos de vacunación al año, financiada con recursos de la parafiscalidad ganadera. Sin embargo, hoy la situación es bien distinta y los brotes de aftosa han hecho su agosto en Arauca, Cundinamarca, Magdalena Medio y Norte de Santander, dando al traste con la política de sanidad animal y convirtiéndose en una amenaza real para la economía sectorial. Es una vergüenza lo que está sucediendo.

Fedegán culpa al gobierno y Minagricultura responsabiliza de la enfermedad al contrabando de Venezuela. Otros sindican al ICA o a las autoridades sanitarias por falta de control. Que los responsables de la crisis se determinen, pero lo claro es que estamos frente a una peste, a un virus muy contagioso que se transporta por el aire, la ropa, los zapatos, el pelo de la gente y en las llantas de los camiones, como se ve, es de fácil propagación y sus efectos para la economía son terribles.

Los brotes de aftosa y la amenaza de su propagación en el territorio patrio, tienen a todo el mundo con los pelos de punta y no vemos una reacción efectiva de las autoridades sectoriales para atender la emergencia y enfrentar la crisis. Lo único cierto es que se ha interrumpiendo el comercio (exportación de carne, leche y derivados) a países como Perú, Ecuador, Panamá, Chile, México, Curazao,  Rusia, Turquía y Jordania. Si a esto le sumamos la situación de Venezuela, país con el que compartimos 2.219 kilómetros de frontera, y con quien no podemos coordinar ninguna acción conjunta porque esa nación está convertida en un “relajo”, es fácil deducir que estamos frente a un problema de marca mayor.

Las pérdidas son millonarias para los ganaderos, quienes no solo han dejado de exportar sino que ya están viendo cómo se reduce el consumo interno de carne. La aftosa solo afecta al ganado bobino, caprino, porcino y bufalino y en nada la salud del ser humano, algo que no muchos entienden. 

Es imperativo un plan integral para enfrentar la crisis. No más disculpas.

Escrito por Rodrigo Villalba Mosquera. Senador Liberal de Colombia.

El violador de una niña que es amigo de Uribe

Por Jorge Gómez Pinilla.- Tomado de El Espectador.-En columna de hace cuatro años preguntaba, con cierta timidez no exenta de temor: ¿Es Uribe un peligro para la sociedad? (Ver columna). Hoy no temo afirmarlo, y en tono de denuncia, porque su empeño de hacer invivible la República desde su cuenta de Twitter constituye el mayor peligro para los anhelos de reconciliación que vive Colombia, y responde a lo que María Jimena Duzán diagnosticó el domingo pasado: “el fin del conflicto con las Farc dejó a Uribe sin enemigo”. Es por ello que “ha decidido enfilar su furia contra los medios de comunicación, como lo hizo Donald Trump en la campaña presidencial que lo llevó al poder”. (Ver columna).

Uribe ha escalado el lenguaje de la confrontación, se defiende atacando. Ello obliga a sus críticos a subir el tono, y en río revuelto ganancia de pescadores: la estrategia consiste en encochinar a todo el mundo, para que no se note lo cochinos que están por igual él, sus secuaces y sus vasallos.

Hablando de cochinadas, la última consistió en acusar a Daniel Samper Ospina de ser un “violador de niños”. No se puede acusar al acusador de lo mismo, pero sí es llamativa la estrecha relación que el Centro Democrático sostiene con un verdadero violador de menores, más exactamente con alguien a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 42 meses de prisión por el delito de “acceso carnal violento agravado”.

Se trata de Jorge Luis Henao Arango, a quien el requete-uribista Fernando Londoño presenta en La Hora de la Verdad como vicepresidente del Comité Municipal del Centro Democrático de Buga (ver foto), y según los bugueños es el que maneja los hilos de ese partido. Allá se le ve en fotos con Carlos Holmes Trujillo, con José Obdulio Gaviria o con el mismísimo expresidente Uribe, y cuesta creer que no son amigos si aparece abrazándolo, lo cual indicaría un nivel de amistad o confianza entre ambos, pues una cosa es tomarse una foto a su lado y otra es que Uribe se deje abrazar.

Sea como fuere, resulta inconcebible que antes de ser vinculado al uribismo nadie del Centro Democrático conociera sus antecedentes, que incluyen además de la violación (“en la madrugada del 25 de diciembre de 1989 de la empleada del servicio doméstico Luz Adriana Aristizábal, de 13 años de edad”) una condena a 120 meses de cárcel en Panamá por narcotráfico, según denunció Ramiro Bejarano en columna para El Espectador. (Ver columna).

Pero ténganse de atrás: tan demoledora revelación no hizo siquiera pestañear a Henao, ni a su partido ni a la opinión pública, y esto también demostraría que el hombre está muy bien ‘protegido’. Lo cierto es que mientras su entronque con la alcaldía de Buga se mantuvo intacto, Daniel Samper Ospina fue salvajemente atacado por las hordas de matones virtuales que desató Uribe con su acusación infame, trayendo el amargo recuerdo de Jaime Garzón, asesinado por las balas de quienes pensaban sobre su víctima lo mismo que hoy piensa Uribe sobre el humorista bogotano. A Garzón lo mataron, con Samper Ospina va en su asesinato moral.

Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, también de Buga llega la noticia de un candidato al Concejo (adivinen por cuál partido… exacto, el Centro Democrático), Ricardo Buitrago Osorio, encarcelado en 2015 por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años, violación que según la denunciante ocurrió dentro de una iglesia cristiana al finalizar el ‘culto’. (Ver noticia).

Pero no perdamos la atención sobre el primer violador de menores, Jorge Luis Arango, cuyo caso se ajusta a lo que comenté en columna anterior sobre Yidis Medina: una clara manifestación de la cultura ‘traqueta’ que se impuso desde el gobierno Uribe, consistente en la notoriedad que  adquieren ciertos personajes condenados por la justicia, tipo alias Popeye o el mismo Fernando Londoño, más conocido como ‘el Héroe de Invercolsa’.

En consonancia con lo anterior, según Ramiro Bejarano “la estrategia de los mafiosos aliados con políticos no es nueva. Por ejemplo, en Buga el exalcalde John Harold Suárez Vargas y el actual, Julián Latorre, en vez de responder ante la ciudadanía por la corrupción que los agobia, han empoderado a un individuo de precaria reputación” (Jorge Luis Henao), a quien Bejarano muestra como “un ostentoso directivo del Centro Democrático y próspero constructor de una urbanización que ya mis paisanos bugueños, burleteros con el apunte oportuno, la denominan “Villa Coca”.

Lo sorprendente es que la cercanía de Henao se da no solo con lo más granado del uribismo, sino también con el ‘zarrapastroso’ Angelino Garzón (hoy reacomodado en las filas del CD) y con el subdirector de la Policía, general Ricardo Alberto Restrepo, de quien es amigo suyo desde cuando fue comandante de la Policía en el Valle. Bejarano tiene razón cuando afirma que “produce no solo desconcierto, sino miedo, que el comandante de la Policía de un departamento ande con personas que han sido condenadas penalmente”, y por dos delitos de peso mayor: narcotráfico y violación de menores. Desconcertante, sin duda, pues a cualquier oficial de la Policía le basta con introducir la cédula de cualquier persona en una base de datos para conocer en cosa de segundos todo su prontuario…

Lo más desconcertante de todos modos no es eso, sino constatar que mientras no es posible probar que Samper Ospina sea un violador de menores, Álvaro Uribe sí sigue manteniendo relaciones cercanas –e inalteradas- con un verdadero estuprador, a quien además ha ayudado a impulsarle su carrera política y sus negocios. Baste saber que Henao preside el Comité de Ganaderos, es el principal beneficiado en las licitaciones de construcciones de vivienda y tiene a toda su familia, incluidos su esposa y amigos de ella, trabajando en la alcaldía de Buga.

Por cierto, ¿sería acaso por tratarse de una simple muchacha del servicio que la condena al violador fue de solo 42 meses? Y sin cambiar de tema: ¿será posible que el Centro Democrático asuma ahí su responsabilidad política? Mejor dicho: ¿el país le permitirá a Uribe pasar de agache frente a tan delicado tema…? 

DE REMATE: Daniel Samper Ospina y Antonio Caballero han dicho que no le tienen miedo al expresidente Uribe, pero no nos digamos mentiras: el complique está en el día que nos crucemos con alguien que quiera hacerle el favor a su patrón de sacarlo a uno del camino.

Escrito por Jorge Gómez Pinilla

La verdad sin límites

Por Jairo Gómez.-¿Qué vamos a hacer el día que sepamos la verdad? ¿Usted lo sabe? Yo no, pero lo quiero saber porque creo que es el camino para volvernos un país mejor, mucho mejor. No es bueno para la sociedad colombiana negociar la paz, y hacer como el avestruz: meter la cabeza bajo tierra, como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado.

La fotografía de esta nueva etapa preocupa mucho a ciertos grupos sociales que no quieren que se sepa la verdad, consecuencia del acuerdo de paz que se negoció. No se puede seguir esgrimiendo el peregrino argumento de que en Colombia “no existió un conflicto interno, sino un ataque terrorista contra la democracia” para desvirtuar el derecho que tiene cada colombiano de conocer qué sucedió y quiénes apadrinaron durante décadas esta abominable confrontación.

Hay quienes insisten en relegar al pabellón del olvido los violentos hechos que mancillaron la democracia colombiana, considerada la más sólida y antigua de América Latina; democracia en la que hubo, en estos 50 años de guerra, además de los cientos de miles de muertos, más de 60.000 desaparecidos, un número superior a los aniquilados en las dictaduras militares de Argentina y Chile juntas.

Por eso, alienta saber que hay cambios en la forma y la sintonía con que la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas quieren asumir esta etapa que busca enterrar el horror; no hay argumento sensato que valga para que no se conozca la verdad.

Lo anterior da pie para saludar con positiva incumbencia el acuerdo a que llegaron tres exjefes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y otros tres miembros del Secretariado de las Farc de comprometerse a contar la verdad de cuanto sucedió en la aterradora confrontación colombiana. Es una catarsis necesaria porque como lo dice el exconstituyente Álvaro Leyva Durán: “El día que los colombianos sepamos toda la verdad de esta guerra, vamos a ser un país mejor”.

Claro, seremos un país mejor por muy duro que resulte develar el evangelio de la guerra. Según se dijo en la cumbre, la cifra que el Centro de Memoria Histórica reveló en su informe ‘Basta Ya‘ de 220.000 muertos producto del conflicto armado, se quedó corta. Se calcula, comentaban, que los muertos producto de la violencia pueden estar cerca del millón. Y no es una cifra fuera de foco si partimos de la inocultable realidad de recordar que muchos cadáveres fueron desmembrados y tirados al río, y de que en muchos casos los cuerpos terminaron en hornos crematorios o enterrados en las agrestes montañas que cobijan al país.

“Nos utilizaron, ahora el país debe saber la verdad”, dijo uno de los contertulios de las AUC tras dejar expuesta la sensación de sentirse traicionado, cuentan algunos testigos de la crucial reunión.

Todo parece indicar que esta es la primera de varias reuniones a realizar en el inmediato futuro y esperan, según lo manifestaron varios de los protagonistas del histórico encuentro, que en las próximas conferencias los exmilitares, implicados en esta atroz violencia, también reciten su versión sobre la guerra. Justamente esa es la intención: contar la verdad sin límites. 

@jairotevi

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

La tapa

Por Amylkar D. Acosta M.-Como se suele decir a menudo coloquialmente, esta sí es la tapa, por no decir el colmo. De ELECTRICARIBE, empresa esta operadora de red de la región Caribe, se sabía hace rato que venía prestando un pésimo servicio de energía eléctrica a sus 2´565.855 usuarios, caracterizado por las continuas y prolongadas interrupciones, por los recurrentes racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento” a las redes, los altibajos en el voltaje y la consiguiente avería de los electrodomésticos y más recientemente los frecuentes amagos de “limitación de suministro”, esto es racionamientos programados por parte del operador de red, XM, por mora e impago de la energía suministrada por los generadores para ella distribuirla, que estuvo a punto de apagar a la región. Se sabía, además, que ELECTRICARIBE, en los 7 años que lleva bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNF) no había hecho las inversiones requeridas, lo cual había llevado a la obsolescencia de redes, transformadores, herrajes e instalaciones, lo cual se ha traducido en la calamidad pública que agobia a sus usuarios, convirtiéndose en la empresa más abominada en la región.

Todo eso se sabía, lo que nadie sospechaba es que ELECTRICARIBE, mientras estuvo en manos de GNF, se quedaba con los subsidios al consumo de energía de la población más vulnerable, que se financian con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sólo ahora, en momentos en los que ELECTRICARIBE, ha estado intervenida con fines de liquidación desde el pasado 15 de noviembre, gracias a la actuación especial por parte de la Contraloría General de la República, se ha podido establecer que “la gestión adelantada por ELECTRICARIBE, respecto a la administración de los recursos FOES es ineficaz, por cuanto no cumplió con el propósito de los recursos y los fines esenciales del Estado al no aplicar la totalidad del beneficio FOES a que tenían derecho usuarios identificados en el cuerpo del informe”. 

El calificativo que le da la Contraloría General de “ineficaz”  a la administración de los recursos FOES nos parece demasiado eufemístico y veamos por qué. Primero, expliquemos qué es el FOES. El Fondo de Energía Social (FOES) fue creado mediante el artículo 118 de la Ley 812 de 2003, como un Fondo especial del orden nacional, el cual se alimentaba inicialmente del 80% de las llamadas “rentas de congestión” y sus recursos tienen como destinación específica el descuento de hasta $40 por kilovatio-hora, que posteriormente se incremento a $46 del consumo de subsistencia establecido por la UPME de la energía facturada a los usuarios ubicados en las zonas de difícil acceso, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas. Es de anotar que, por las características peculiares del mercado al cual sirve ELECTRICARIBE, más del 80% de los mismos se asignan a través de esta empresa. Huelga decir, que los recursos del FOES son públicos y con ellos se pagan por parte de la Nación los subsidios  a las personas de menores ingresos, para que estas “puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios”, en este caso el de la energía eléctrica, tal como lo dispone el artículo 368 de la Constitución Política. 

El Ministerio de Hacienda le gira al Operador, en este caso a ELECTRICARIBE, para que esta le traslade y le aplique el beneficio a los usuarios que son objeto del mismo y el valor del subsidio se debe reflejar en la factura del usuario a manera de un descuento, “como un menor valor a pagar” por parte del mismo. Y aquí fue donde saltó la liebre. Se quedó corta la Contraloría cuando al término de su auditoría termina calificando de “incorrecta aplicación del subsidio FOES”, pues lo que realmente sucedió, dicho en buen romance, fue que de los $46 sólo se le abonaron a los usuarios $0.46 (¡!), o sea, que se quedaron con el 99% del monto de los subsidios que le giró el Ministerio de Hacienda, que ascienden, aproximadamente a la suma de $4.000 millones/mes. 

Después del análisis efectuado por parte de la Contraloría General, esta arrojó como resultado un “hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”. Y como esta práctica tan detestable como descarada por parte de ELECTRICARIBE, de quitarle a los más pobres de los pobres “para enjugar parte de sus pérdidas” era consuetudinaria, desde 2012 según la Superintendencia de Servicios Públicos, está por establecerse cuánto se embolsillaron en los años anteriores a estos.

Esto es escandaloso y no deja de ser irónico que los señores de GNF, que llevaron al Estado colombiano hasta un Tribunal de Arbitramento Internacional para dirimir la controversia que planteó, alegando que se les está expropiando, cuando en realidad son ellos los que se han venido apropiando de recursos que no son suyos, los cuales tendrán que reintegrar y de paso tendrán que resarcir a sus resignados usuarios, que fueron esquilmados por ella. Increíble, pero cierto, ha terminado el Estado subsidiando a GNF, porque los recursos del FOES han ido a parar a sus faltriquera, en lugar de aliviar el costo de la factura a sus usuarios de más bajos ingresos, como lo manda la Constitución y la Ley.  Su avilantez no conoce limites! 

Bogotá, julio 21 de 2017

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar Acosta. Exministro de Minas y Energía.

La asignatura pendiente

Por Felicia Saturno Hartt.- El 2018 es un año clave para muchos países de América Latina, en un contexto signado por la corrupción, la tendencias autoritarias y una creciente desigualdad y exclusión.

Las diferentes crisis financieras han generado una realidad oculta. Puede crecer el PIB, las cifras de consumo e incluso industrias tan exigentes como el turismo, pero existen unas cifras disimuladas en los documentos que hablan de recuperación.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión caminan por la calle, van al mercado, alejan a los niños y adolescentes de los centros educativos y al pensionado de la atención pagada a los sistemas de salud, entre otras muchas evidencias.

La realidad de la pobreza y de sus generadoras, la desigualdad y la exclusión, es visible, porque ya no son pobres solo los de escasos recursos, sino aquellos que han visto menguado sus ingresos por la crisis financiera, los que han perdido sus empleos y aquellos (o todos) los que sus entradas económicas no pueden equipararse a las reformas tributarias.

Para muchos políticos de oficio o de beneficio, el tema de la pobreza es complicado. Indudablemente lo es. Sobre todo porque la gente ya no cree en el voto. Las continuas imágenes del peculado, la corrupción, el tráfico de influencias y las decisiones políticas tomadas o no, hacen más escéptico al elector promedio.

La pobreza es, definitivamente, en la Agenda Política de América Latina, un desafío en la defensa de los DD.HH. Es una cuestión de estado, el académico y exacto término político de O´Donnell, quieran o no, porque ya no es maquillable, ya no es ocultable y mucho menos aprovechable en términos estadísticos.

La pobreza tiene mil caras y los políticos que quieran asumir cargos dirigentes, directivos y de representación tienen, por ética y por estrategia, no sólo que contratar a los que les pulen la imagen, sino aquellos profesionales que afinen sus propuestas a la realidad de los espacios humanos donde les toca vivir y gobernar.

Tan auditable como un programa financiero, es un programa de inclusión social, o educativo o de pensiones. Queda ir más allá de la oferta imposible al abordaje de la realidad cotidiana de la gente.

Escrito por Felicia Saturno Hartt. Polítóloga- Proyectista Venezolana.

Se corrompió la sal

Por: José Gregorio Hernández.-  En Colombia y en otros países se corrompió la sal, y la sociedad se pregunta el porqué del auge de este cáncer, que en los últimos años se ha extendido de manera alarmante y que golpea fuertemente no solo a las ramas y órganos del poder público en todos los niveles sino al sector privado.

Es urgente que se adelanten al respecto, y con toda seriedad y sinceridad, los debates a que haya lugar, y poner en práctica mecanismos efectivos que permitan, en el más corto plazo sanear las costumbres, reparar los muchos daños ya causados y sobre todo, prevenir. Un examen de conciencia colectivo, en busca de razones, causas y correctivos, en los diferentes ámbitos de la vida social.

Erradicar las distintas modalidades de corrupción y castigar con rigor a los corruptos, son hoy imperativos ineludibles, en especial para gobiernos, jueces, fiscales  y órganos de control, para no seguirnos moviendo indefinidamente en un mar de suciedad y delincuencia.

La corrupción no es nueva -al punto de haber derribado imperios-, aunque renovadas modalidades de ella han surgido y se han desarrollado en la vida moderna, y por paradoja, al amparo o por mal diseño de los controles legislativos y judiciales, o  por indebido aprovechamiento de los sistemas jurídicos que proclaman y propician la efectividad de derechos y libertades.

No es extraño que ordenamientos legales que buscan supervisar el cumplimiento de normas vigentes, por ejemplo en materia de tributos en los mismos procedimientos que buscan esclarecer los hechos en casos de delitos o contravenciones, se presten -infortunadamente- para lo contrario, y estimulen las prácticas corruptas. Acabamos de ver,  en Colombia, cómo funcionarios designados en cargos con gran poder, justamente  para perseguir y sancionar la corrupción,  han caído -y de qué manera-  en ella, aprovechando y pervirtiendo esos mismos poderes que les fueron otorgados.

Disposiciones establecidas en las reformas tributarias de marcada orientación fiscalista y sancionatoria, que desesperan a los contribuyentes y dotan de amplias facultades y gran credibilidad a visitadores, inspectores y contralores,  multiplican las causas de corrupción porque abren o incrementan las posibilidades de extorsión, concusión, cohecho, coimas y compra de conciencias.

Lo propio ocurre con la permanente creación de nuevos delitos  o infracciones penales y disciplinarias. Y ello porque, cometidas las faltas y para evitar la cárcel o la sanción, muchos  prefieren comprar a funcionarios y empleados (desde luego, de aquellos que se dejan comprar) que enfrentar los procesos con argumentos jurídicos, alegatos y pruebas. Unos y otros -los que compran y los que venden la conciencia y manipulan las normas- son corruptos.

El espacio de esta columna no nos permite explayarnos en otras muchas causas, entre ellas la palpable y progresiva pérdida de valores, principios y auto control; la búsqueda del dinero fácil; el fatal “efecto demostración”;  la obsesión por el lujo;  el desbarajuste de la moral pública; la contemporización con corruptos y delincuentes dentro del erróneo concepto del “todo vale” con tal de alcanzar los fines buscados.

 

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Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional