Opinión

Aguacates, energía solar y calentamiento global

Por: Jorge Enrique Robledo ¿Que qué opino de la propuesta de Gustavo Petro de definir como la estrategia agraria de Colombia las exportaciones de aguacates, oponiéndola además a la producción de petróleo y carbón, a los que propone reemplazar por paneles solares en la generación de electricidad, todo, para combatir el calentamiento global?

Primero, bienvenidos los aguacates que pueda exportar Colombia. Pero no hay que contraponer su exportación a la de petróleo, porque pueden darse a la par. México exporta el 80 por ciento de los aguacates del mundo –2.950 millones de dólares– y también produce petróleo por 61.611 millones de dólares al año, de los que exporta 20.023 millones anuales.

Reemplazar los 20.452 millones de dólares anuales de exportaciones de petróleo y carbón colombiano por las de aguacates, exige quintuplicar el consumo mundial y desterrar a México y a 60 países más en la competencia global, cosa por completo improbable, así como sembrar 4,7 millones de hectáreas de aguacatales, tierra de la que carece el país.

Es equivocado proponer como principal política agraria, no la de producir para el consumo nacional, sino la de hacerlo para la exportación, y más si es de un solo producto, el aguacate o la fruta que sea. Porque si Colombia importa 14 millones de toneladas de productos del agro que podemos producir aquí, lo obvio es sustituir esas importaciones por producción nacional, en vez de bregar a financiarlas vendiéndole un aguacate a un gringo o una uchuva a un japonés. Exportar bienes agrarios secundarios, como frutas, a cambio de importar la dieta básica nacional, como cereales –con la pérdida de la soberanía alimentaria–, son imposiciones del Plan Colombia y los TLC y ha sido la fracasada política oficial desde César Gaviria. En la base de la mala orientación minera también está que nos condenaron a pagar con minerales las importaciones de bienes agrícolas e industriales que nos impiden producir.

Si bien es cierto que el petróleo y el carbón son grandes contaminantes y que hay una tendencia acertada a sustituirlos por fuentes limpias de energía, también lo es que pasarán años antes de poderse lograr ese propósito. Si se cerrara su producción en Colombia, perderíamos el 54 por ciento del total de las exportaciones y colapsaría la economía nacional. Y Ecopetrol dejaría de aportarle al Estado, por todo concepto, 21 billones de pesos anuales, suma inmensa que tampoco puede reponerse con aguacates. Lo que debe hacerse es avanzar con inteligencia en el uso de otras fuentes de energía y mejorar las condiciones ambientales de la explotación de los combustibles fósiles, empezando por decirle no al fracking.

Por bien que valoremos las energías solar y eólica para sustituir petróleo, gas y carbón en la generación eléctrica, ello no sucederá en el corto plazo. Porque en Colombia habría que clausurar las térmicas y montar paneles solares en nueve mil hectáreas, a un costo de entre 8.700 y 13.600 millones de dólares, según se haga casa por casa o en grandes áreas, siempre con grandes subsidios oficiales porque muchos no podrían pagarlos vía tarifas.

Es de bastante riesgo, en plata y empleos –unos 25 mil–, descargar sobre Ecopetrol el peso del cambio hacia la energía solar, eliminando o debilitando su papel en el negocio del petróleo. Porque mientras la petrolera es una actividad de alta rentabilidad y Ecopetrol atesora en ella una experiencia de 70 años, la energía solar es un negocio nuevo y riesgoso.

Actuar con acierto en Colombia en contra del calentamiento global exige comprender sus causas y sus efectos. Se sabe que lo provocan los gases de efecto invernadero de todo el planeta, gases de los que el país apenas aporta el 0,35 por ciento del total, por lo que si lográramos el imposible de reducirlos a cero –en agro, industria, transporte yelectricidad–, en casi nada cambiaría el problema en el mundo y el país. Lo principal que debe hacer un gobierno colombiano es unirse con los demás para lograr que Estados Unidos y otros pocos países, que aportan el 64 por ciento de dichos gases, los reduzcan en grande en sus territorios.

Ante estas realidades, Colombia debe centrarse en prevenir y mitigar los efectos del calentamiento global que ya se sienten en su territorio –en agua, agro, inundaciones, salud–, con otra complicación: el próximo Presidente sufrirá por la seria escasez de recursos públicos que le tocará administrar, resultado de las pésimas políticas neoliberales, en especial las de los dos últimos presidentes que con toda frescura quieren reelegir.

Bogotá, 27 de abril de 2018.

Escrito por Jorge Enrique Robledo. Senador del Polo Democrático Alternativo.

Debate caliente

Por Jairo Gómez.- El debate político está caliente y eso es bueno para el país; un país acostumbrado a que los candidatos con origen en los partidos tradicionales, arropados en supuestas buenas costumbres, siempre manipularon la opinión y la información para cerrarle el camino a propuestas de cambio y renovación.

Lo hicieron durante décadas y lo siguen haciendo ahora para, sospechosamente, evitar que los asuntos se desborden y provoquen desestabilización y pánico entre la población. Siempre nos metieron miedo y lo siguen haciendo como si el debate no fuera natural a una democracia. El periodista investigador Alberto Donadío, en su libro Guillermo Cano, el periodista y su libreta ilustra muy bien esta situación refiriéndose a Hernando Santos, director del periódico El Tiempo, secular vocero del establecimiento: “No escribió sino un solo editorial en su vida, que repitió luego incansablemente en todas las circunstancias y en distintas versiones: rodear al gobierno, rodear al presidente, rodear las instituciones, rodear al ejército. Ese fue su único clamor”.

Y eso mismo es lo que pretenden imponer quienes quieren anular el debate argumentado y serio sobre la realidad del país ahora que estamos en campaña electoral. Ese pasado adicto al poder que desapareció deliberadamente cualquier frontera ideológica y que persiguió y estigmatizó a la oposición hasta silenciarla a tiros, es el que hoy se escandaliza cuando el debate le apunta al corazón de la desigualdad, la corrupción y los privilegios.

Ahora que entra en escena una fuerza política distinta al statu quo, de inmediato cuestionan la supuesta virulencia del lenguaje y no sobran las voces que reclaman respeto a la institucionalidad (hay que rodear a las instituciones). No les gusta que les digan la verdad y a toda costa la quieren enmudecer; siempre fue así. Es tan perversa la acción que por años echaron mano de instrumentos represivos como el de criminalizar la protesta social, a la que asimilaron con el terrorismo para amedrentar a una sociedad entera. No se han dado cuenta de que las cosas han cambiado.

Sí, han cambiado y para bien. Tras una sociedad que las élites del poder maduraron  políticamente a punta de represión, hoy, además de la calle, encontró en las redes sociales el mejor espacio para expresar abiertamente sus pensamientos y romper con el unanimismo, una matriz de opinión calculada y premeditada. Ya no se puede manipular como antes, la inmediatez del mensaje desenmascara a quien pretende hacerlo.

Naturalmente, es censurable cualquier brote de violencia o agresión contra quienes expresan una idea distinta. Eso debe ser erradicado de nuestras costumbres políticas; pero ¡ojo! ese argumento no se debe esgrimir para reprimir o alterar la acción de la gente en la calle o en las redes sociales, escenarios por naturaleza democráticos.

Un ejemplo para terminar, se celebraron con glotonería las primaveras árabes ocurridas hace cinco o seis años, por qué no aprobar aquí que las nuevas generaciones, mamadas de la mentira y la corrupción,  puedan reclamar más justicia social y menos privilegios en una sociedad camuflada en poderes nocivos y dilapidadores. Invítenlas a los debates presidenciales, tienen mucho qué decir.

@jairotevi

Escrito por Jairo Gómez. Periodista

Incumplimientos

Por José G. Hernández.- En teoría, la solicitud de extradición y la detención de alias “Jesús Santrich” no deberían representar un obstáculo para el desarrollo de lo pactado a partir del proceso de paz con las Farc-EP, y mucho menos una crisis, ni el regreso a la guerra, pues si los posibles delitos fueron cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 -habrá de establecerlo la Sección de Revisión de la JEP, según el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017-, el sometimiento del ex negociador a la jurisdicción ordinaria y su eventual extradición no serían nada distinto de una aplicación práctica del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016 y de las normas expedidas para su implementación.

No obstante, la actitud y las palabras de “Iván Márquez” y de alias “El paisa” están conduciendo a esos efectos no deseados por el país. Y, sin dudarlo, la presión que ejercen para que su ex colega quede en libertad sin más trámites, es una forma de romper unilateralmente -de hecho- lo pactado, pues –ni más ni menos- al formular semejante exigencia se apartan del Acuerdo y del compromiso de sujetarse a las reglas propias de la institucionalidad. Sus obligaciones provienen del Acuerdo y son inherentes a todo proceso de la naturaleza del que se llevó a cabo.

En efecto, el Acuerdo Final es un documento bilateral, firmado a nombre del Estado colombiano por el Presidente de la República y por alias “Timochenko” a nombre de la organización guerrillera de las Farc-EP. Así que ambas partes se comprometieron, a mi juicio de manera más gravosa el Estado. Pero los exguerrilleros también asumieron compromisos, entre ellos el relativo a la garantía de no repetición de las conductas delictivas, y con posiciones como las descritas, es evidente que no los están honrando.

Ahora bien, reconozcamos que tampoco el Estado ha cumplido varios de los compromisos contraídos. Como lo advirtieron sectores de opinión -siendo por ello tildados de "enemigos de la paz"-, eran demasiadas obligaciones las asumidas por el Estado, muy costosas y también de difícil planificación y ejecución. El Gobierno creyó equivocadamente que todo se circunscribía a las normas, que exigió fueran aprobadas sin reservas ni discusiones por el Congreso, y forzosamente declaradas exequibles por la Corte Constitucional, y aunque ese objetivo lo ha logrado en muy buena parte -aun en detrimento de la Constitución- era muy importante lo práctico, lo financiero, lo económico, lo administrativo. Cuestiones tales como la reforma integral agraria, el banco de tierras, la reparación a las víctimas, entre otras, son esenciales para que los desmovilizados y sus familias, y también las víctimas, tengan una mínima seguridad, así como para evitar deserciones y reincidencias.

Tampoco se olvide que el manejo de recursos destinados a la paz no ha sido transparente, y al parecer, como lo han dicho organismos de control, y como resulta de remociones y renuncias recientes, además de los reclamos de gobiernos extranjeros, las cuentas no están claras.

Agreguemos, en total acuerdo con lo escrito hace unos meses por el Dr. Juan Manuel López Caballero (Revista “Dinero”,  2017/10/12):

“…lo ‘pactado’ sería apenas una mínima cuota inicial para la verdadera Paz, pues ésta no llegará mientras no se realicen los cambios que la sociedad necesita para permitir condiciones de convivencia: justicia social y correcta administración de justicia, acabar con las grandes desigualdades, la exclusión, etc.; la Paz es la armonía ciudadana y no el silencio de los fusiles”.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional.

Encuestas de pacotilla

Por Giovanni Décola.- Imposible creer en unas encuestas que lidera Iván Duque, entre un 35 y 45 %, cuando la realidad nos enseña, que cada día es más rechiflado e insultado en las ciudades donde hace presencia, y en las cuales, no es capaz de llenar un teatro, a pesar de las dádivas que ofrece. Mientras que el candidato que lo sigue en las encuestas, Gustavo Petro, llena plazas, atiborra parques, crecen sus multitudes y sin dádivas que dar. 

Más insultante resultan dichas encuestas, cuando en el segundo lote, donde aparece Sergio Fajardo, dobleteando, quien lo creyera, al candidato del establecimiento, de las maquinarias, del Gobierno y de la chequera, Vargas Lleras. 

Si bien es cierto, el voto a Presidente, es mayoritariamente de opinión, no podría entenderse como el candidato de las maquinarias políticas (La U, Cambio Radical y Conservador), del establecimiento, del Gobierno y de la chequera, Germán Vargas Lleras, quien, además, es un excelente candidato; vaya en un lejano cuarto puesto y superando a duras penas los márgenes de error de unas encuestas que no pretenden medir la opinión, la cual es su función, sino que están formando opinión, y en este caso, al inflar artificiosamente a Duque, y minimizando a Vargas Lleras, lo que pretenden, es que los segmentos de centro derecha, la derecha y la ultra derecha se matriculen automáticamente con Duque. 

El otro propósito de las firmas encuestadoras, al mantener también artificiosamente a Sergio Fajardo con cifras cercanas al 15%, es la de mantener viva la llama de sus electores, quienes, en caso de un debilitamiento notable de su candidato, se desplazarían en su gran mayoría hacia Gustavo Petro, que al fin y al cabo, es el candidato a derrotar por parte de los dueños de las empresas encuestadoras, que valga coincidencia, todos son uribistas. 

Hoy no tengo la menor duda que la segunda vuelta, será entre Germán Vargas y Gustavo Petro. La maquinaria de Cambio Radical, la U, Partido Conservador y el Gobierno se hará sentir a favor de Vargas Lleras en desmedro de Iván Duque, cuyo respaldo del Centro Democrático no será suficiente, y además, la chequera de Vargas empezó a funcionar. Por otra parte, el crecimiento de Petro es evidente, sin maquinaria y sin chequera, llena plazas y apasiona multitudes. Es un nuevo Gaitán.


En segunda vuelta, el uribismo se unirá a Vargas Lleras y el Fajardismo a Petro. Los votos cristianos se dividirán, y el Yoli será el Partido Liberal. Para donde coja, ahí estará el Presidente.
 

Alguien dijo: “Solo creo que en las encuestas que yo mismo pago”.

Escrito por Giovanni Décola. Abogado Y Periodista.

Lo más aconsejable

Por Amylkar D. Acosta.- Advertidos del escaso margen de maniobra que tiene el Gobierno en materia del gasto público y de la inflexibilidad de este, se precisa y es lo más aconsejable explorar fuentes de mayores ingresos que soporten el mismo, con una característica fundamental, que sean sostenibles en el tiempo. Ya advertimos de las limitaciones y falencias observadas en el Estatuto tributario y en la gestión del mismo, las que deben superarse para optimizar el recaudo. Hay que partir de la base que Colombia se cuenta entre los países de Latinoamérica que, como lo afirma el Jefe de servicios de A. L en el Centro de Desarrollo de la OCDE Ángel Melguizo, en donde “los precios de las materias primas siguen siendo un motor importante para las tendencias de los ingresos fiscales”.

Las cifras no mienten: según el Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos Francisco LLoreda, sólo en impuestos entre 2005 y 2015 la industria petrolera pagó $200 billones y se estima que para el 2018, superado el bache de la crisis de los tres años anteriores, girará entre $10 y $13 billones entre impuestos y regalías, a lo cual se suman $3.3 billones más que acaba de recibir en dividendos de ECOPETROL.

Si bien es cierto el país no se puede resignar a seguir dependiendo sólo de la industria extractiva, máxime cuando estamos atravesando por una Transición energética en donde los recursos fósiles (petróleo y carbón, especialmente) irán perdiendo mercado, ello tomará tiempo, el suficiente para que nos preparemos, sin precipitarnos a dar un salto al vacío. Hay que saber aprovechar los recursos naturales no renovables que poseemos para impulsar el desarrollo, pero no nos podemos quedar en el impulso. A este respecto, es obvio que el camino correcto es el de la diversificación de la economía, abriéndole espacio al sector agropecuario y al turismo, a la producción con mayor valor agregado y sofisticación, pero eso no se va a dar de la noche a la mañana.

A este propósito, en Colombia estamos con la fiebre en 40 con el auge de la producción de aguacates Hass con destino a la exportación, alcanzando el año pasado las 78.000 toneladas y estimándose que para este año se puedan recibir en divisas US $60 millones por ventas en el exterior. Pero, como dijo, no se sabe si fue el rey Fernando VII o Napoleón Bonaparte, “vísteme despacio que estoy de prisa”.

Mauricio Cabrera, experto en economía, nos lo ilustra muy bien: si Colombia, de un momento a otro, se convirtiera en el mayor exportador del mundo de Piña, que hoy lo es Costa Rica, recibiría US $850 millones, en el segundo exportador de aguacate, que hoy es Perú, recibiría US $558 millones y además, una potencia internacional de exportación de frutas como Chile, recibiendo US $438 millones, “estos tres renglones sumados representarían US $1.846 millones, menos del 10% de los US $25.000 millones que ha dejado de recibir por la caída de los precios y la producción de hidrocarburos”. Y cuanto tiempo le tomó a Costa Rica, Perú y Chile capturar dichos mercados y tener el posicionamiento que hoy tienen en los mismos. Como dice el adagio popular, más vale pájaro en mano que cien volando!

Dicho esto, como ya lo hemos propuesto, el país amerita una verdadera reforma estructural del sistema impositivo, para que este cumpla con lo preceptuado en la Constitución Política, que sea equitativo, eficiente, y progresivo. Para emparejar las cargas se requiere revisar y replantear la proliferación de beneficios tributarios.  Según el empresario y columnista Mauricio Botero Caicedo, de acuerdo con “cifras oficiales el recaudo de impuestos en 2016 fue de $123.7 billones, las exenciones $72.3 billones, 58.5% del recaudo total. En plata blanca, el eliminar la totalidad de las exenciones permitiría bajar los tributos en cerca del 60%, sin que se disminuyan los recaudos”. Esta idea les debería sonar a quienes vienen proponiendo bajarle los impuestos a las empresas, no obstante que, como lo afirma el Decano de Economía de la Universidad Nacional Edgar Bejarano, “no hay garantía de que bajar impuestos reactiva la economía y genera otras fuentes de ingresos”, como lo sugieren quienes lo impulsan.

Bogotá, abril 21 de 2018

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

El exterminio del Nuevo Liberalismo

Por Juan Manuel Galán.-Cuando se piensa en un partido político, viene a la cabeza la imagen de una institución capaz de agregar los intereses y problemas nacionales y construir respuestas y soluciones. Sin embargo, hoy en Colombia el referente de un partido político es la desconfianza y el repudio a la política y a los políticos. La crisis de los partidos, sin excepción, ha minado la credibilidad y el interés ciudadano por participar en el destino de su país. Ya sea porque se perdieron sus principios fundadores, porque la arbitrariedad fue el determinante de sus decisiones o simplemente porque sus miembros se dedicaron a la mecánica y olvidaron las ideas.

Los anglosajones nos vendieron en la década de los 90 la idea de que las organizaciones de la sociedad civil podían remplazar en sus funciones a los partidos. Pero no lo hicieron porque responden a intereses y causas específicas sin tener la vocación de interpretación general que representan los partidos.

Esta situación no es nueva, por el contrario, fue denunciada por mi padre Luis Carlos Galán Sarmiento desde el año 1976, cuando comenzó la construcción del NUEVO LIBERALISMO. Una iniciativa para dar respuesta a la demanda de una nueva sociedad, que no se sentía representada por las fórmulas de hacer política promovida por los partidos tradicionales.

Lamentablemente el camino de limpiar la política de la politiquería se vio truncado por el homicidio de Luis Carlos Galán que no fue un acto casual ni fortuito, sino más bien una estrategia criminal planeada por agentes del Estado, narcotraficantes, miembros de la clase política colombiana y por las Autodefensas del Magdalena Medio.

Más grave aún, hoy sabemos que Luis Carlos Galán no fue el único miembro del NUEVO LIBERALISMO que fue víctima mortal por sus ideas de cambio. Por el contrario, la justicia ha demostrado que lo que aconteció fue un exterminio físico sistemático, dirigido a eliminar a esta nueva fuerza del escenario político nacional que estaba a punto de entrar en la Casa de Nariño.

Hoy los reclamos y la necesidad de abrir nuevos espacios de participación política, siguen tan vigentes como en los años 70. Por eso, si algo debe significar la paz firmada en este país, no es solamente la dejación de armas por parte de las FARC o la transformación de aquellos en un partido político. Requiere una profundización democrática que permita el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político y vuelva a encauzar el camino de nuestro país, para atender una población que en su mayoría no tiene interpretación política.

Escrito por Juan Manuel Galán. Senador.

Rebajas de impuestos y Crecimiento

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Continúa intenso el debate alrededor de los efectos de la reforma tributaria de Trump sobre la economía norteamericana. Cada vez se conocen más hechos y modelos de proyección que muestran no solo la concentración de los beneficios en los más ricos, sino las consecuencias negativas que va a tener sobre el crecimiento y el empleo.

Uno de los principales argumentos para justificar la rebaja de impuestos a las empresas era que beneficiaba a los trabajadores, pues se suponía que con la plata ahorrada por los menores impuestos las empresas iban a invertir más –creando así más empleos- y además iban a compartir esas ganancias subiendo los salarios de sus empleados. La evidencia registrada por analistas independientes muestra que esto no está ocurriendo.

En cuanto al uso de los ahorros, un reporte de TrimTabs -una firma de análisis de mercados de Wall Street- informó que en el primer trimestre de este año, las grandes empresas norteamericanas dedicaron US$305 mil millones a recomprar sus propias acciones y a adquirir otras empresas, duplicando el monto del año pasado, mientras que lo dedicado a aumentos de salarios solo fue una tercera parte de ese dinero y escasamente aumentó unos pocos puntos porcentuales con respecto al año pasado.

Así, la distribución de la gabela tributaria no solo se ha concentrado en los propietarios de las empresas y los administradores, sino que va a ayudar muy poco al crecimiento puesto que ni la recompra de acciones ni la adquisición de otras empresas es inversión que cree nuevos empleos; tan solo es cambio de propietarios de activos ya existentes, que concentra todavía más la riqueza y poco contribuye al aumenta del consumo de los hogares.

Además, tampoco se espera que la subida de precios de las acciones vaya a durar mucho, porque el impulso al crecimiento va a ser de corta duración y puede empeorar la próxima recesión cuando llegue el inevitable cambio del ciclo económico. Esta no es la opinión de políticos que se oponen a Trump sino del Fondo Monetario y de respetados bancos de inversión como Morgan Stanley.

En su último informe el FMI reconoce que la reforma tributaria de Trump va a acelerar un poco el crecimiento durante 2 años, pero pronostica que en el 2020 va a perder impulso y después va a disminuirlo anulando las ganancias de los primeros años. No solo por el carácter temporal de algunas de las reducciones de impuestos sino sobre todo por el aumento del déficit fiscal que van a generar.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Que la paz no se muera en sus manos, presidente

Por Patricia Lara. De El Espectador. Querido presidente: Con todo respeto le ruego que no permita que esa paz por la que usted ha luchado tanto se haga trizas en sus manos. Y el riesgo de que ello ocurra es enorme, no sólo porque al marchar tan lentamente la ejecución de los acuerdos y el desarrollo de los proyectos productivos estará en riesgo la seguridad económica de los desmovilizados a partir del 30 de junio, cuando cesará la ayuda que les brinda el Estado, sino porque ahora, con la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, muchos exmiembros de las Farc sienten que también está en riesgo su seguridad jurídica, que es la que más les importa.

Yo lo invito, presidente, a que piense por un momento en lo que puede ocurrir si Santrich, ese ideólogo de las Farc, tan cercano a Iván Márquez y tan querido por la mayoría de los desmovilizados, continúa en huelga de hambre, como ha dicho que lo hará (ya lleva 11 días en los cuales, hasta el martes, sólo había ingerido una mandarina) y se muere en La Picota, donde está recluido mientras se decide su extradición, solicitada por el gobierno de Trump en virtud de una acusación de la DEA sobre un delito que, según esa agencia, Santrich iba a cometer pero que, ni siquiera de acuerdo con la misma DEA, ha cometido… Si ello sucede, lo más probable es que la mayoría de quienes quedan en los campamentos y no se han ido aún a vivir del rebusque, asustados, frustrados y llenos de rabia, ingresen a las disidencias, armen otra guerrilla, o se acerquen al Eln y desbaraten la paz.

Y súmele a esa tragedia, presidente, el peso que caería sobre su conciencia y sobre su prestigio como Premio Nobel de Paz, si la paz de Colombia se vuelve trizas por habernos tragado enterito el cuento de la DEA y, después, se comprueba que, efectivamente, la acusación contra Santrich fue un montaje del gobierno de Trump, muy distinto del añorado gobierno de Obama que tanto apoyó los acuerdos… Usted sería el primero en no perdonárselo, presidente…

Como escribió Antonio Caballero, “tan importante como la CIA es la DEA; y tan propensa como aquella a burlar las leyes, no solo las de los países extranjeros en donde opera, sino las de los propios Estados Unidos. Una y otra utilizan a veces la intervención armada, pero el método más habitual para lograr sus triunfos es el llamado “entrapment”, el entrampamiento. Inducen a alguien a cometer un delito, y a continuación lo capturan, lo juzgan y lo condenan”.

En el caso de Santrich, ese delito ni siquiera se ha cometido aún…

En este país de abogados hay leyes e interpretaciones para todo… Por ello tiene que existir la posibilidad de que sea la Justicia Especial para la Paz la que evalúe las “pruebas” que contra Santrich, y contra todos los que se hayan sometido a su jurisdicción, presenten la DEA, la CIA o cualquier agencia extranjera, así el delito que se impute haya sido cometido después de la firma de los acuerdos.

¡Y si esa posibilidad no existe, hay que inventársela ya, antes de que se muera Santrich, presidente! No puede ser que la DEA, y la CIA y Trump y su combo presenten unas pruebas sin que la JEP, que tiene todo el respeto de los desmovilizados, sea la que las evalúe.

Y ¡ojo!, presidente. Llama la atención que por primera vez los países garantes, en su último comunicado, le piden sólo al Gobierno —ya no incluyen a las Farc—, que cumpla los acuerdos…

La paz está en sus manos, presidente… Y en usted seguimos confiando…

www.patricialarasalive.com

@patricialarasa

Escrito por Patricia Lara. Escritora y Periodista.

Fallida anticorrupción

Por Gabriel Ortiz.- Sería una ingenuidad pensar que con siete puntos, una Consulta Popular, pueda eliminar la galopante corrupción que reina en Colombia y que ha venido escalando desde principio de este siglo con la aparición de negociados por doquier, como Reficar, cambios en el POT, coimas que manejan normas y tantas cosas que nos conducen a “todo por la plata”.

Como nos hemos acostumbrado a fabricar mentiras para darle manejo a cuanto se busca, a cuanto se persigue, a cuanto nos beneficie, sin importar las consecuencias ni los perjuicios que puedan lesionar a quienes tengan derechos adquiridos legítimamente.

No es justo descalificar las intenciones de los “Verdes” para dotar a este país de normas que eliminen la corrupción ni pasar por alto que, de pronto, pueda aprovecharse ese objetivo para enredar de alguna manera la elección presidencial que se aproxima.

Debemos detenernos e ir al fondo de las cosas. Si como lo afirman Vargas Lleras y algunos parlamentarios que de los siete puntos que contempla la Consulta cinco ya son leyes en Colombia, debemos meditar sobre el tema, porque habremos llegado al colmo de que ya no hay normas que puedan eliminar a los corruptos y a sus corruptelas.

La simple reducción de unos salarios o la limitación de las reelecciones interminables de legisladores, no le hace cosquillas a la vertiginosa perversión que se adueña de este país.

Entre los siete puntos no hay catarsis alguna. No existe prevención, como se aplica en medicina para impedir enfermedades irreversibles.

Si se empezara a formar al ciudadano desde la cuna, en el hogar y luego en escuelas, colegios y la sociedad, se podría modelar una población respetuosa de los derechos de los demás, de los dineros públicos, de la rectitud, equidad y honestidad.

No se incluye una de las principales razones de la corrupción a todos los niveles. Esas exorbitantes cantidades de dinero que se invierten en las campañas políticas, que se traducen en contratos posteriores para los elegidos y sus compinches. Ninguna de las preguntas de la Consulta toca las raíces reales de la corrupción. Si se reducen los salarios, “de otro cuero saldrán las correas”. El porcentaje del 20, 50 u 80, se elevará a los contratos que adjudican desde las más humildes veredas, hasta la mega obra.

Hay que hacer algo, hay que enfrentar la corrupción, hay que luchar contra ella, hasta vencerla, pero todo a su tiempo, no en época electoral, porque se puede prestar a suspicacias que malogren los edificantes fines que se persiguen. “No por mucho madrugar amanece más temprano”, decían nuestros mayores… y acertaban.

BLANCO: El Galardón Arte y Cultura, que se otorgó al Canal Zoom y a su gerente Germán Pérez, por el documental “La Paz Posible”, en el I Festival Internacional del Audiovisual en Nicaragua.

NEGRO: La desaparición del doctor Roberto Arias Pérez, hombre dedicado al servicio humanitario y a la defensa de los más necesitados. Paz en su tumba. Nuestra solidaridad a su hija, médica y gran columnista, Gloria Arias.

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Escrito por Gabriel Ortiz

Palabras, palabras

Por José G. Hernández.-Cuando las palabras van contra los hechos, viendo todo el mundo cuáles son los hechos -que por naturaleza  son tozudos-, se tiene lo que llamamos contra evidencia, y ella, precisamente por causa de la discrepancia -porque las palabras no tienen tanto poder como para desaparecer los hechos-,  se devuelve contra quien las pronuncia.

Ahora bien, si se está ante una falta de conocimiento o información, ante un conocimiento incompleto o frente a una información incierta y discutible sobre los hechos, lo más indicado, como lo aconseja la prudencia -que “hace verdaderos sabios”- cabe guardar silencio, mantener la reserva. No dar por cierto lo que no se sabe  y no pronunciarse sobre hechos inciertos y discutibles  -como enseña  la sabiduría ancestral, cada cual es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice-, con mayor razón si se trata de un  alto servidor público, de una autoridad jerárquica superior  o -para el caso- de un presidente de la República. Este, al hablar -en especial si lo hace en su condición  de Jefe de Estado-,  no se compromete solo, sino que, por su propia función e investidura, a nivel internacional representa y compromete  al Estado  y a sus nacionales.

Esta reflexión obedece a los más recientes y luctuosos acontecimientos. Con el debido respeto, consideramos que no estuvo bien que el Gobierno colombiano, en repetidas declaraciones de distintos funcionarios -inclusive del Presidente de la República-, haya pretendido dar a entender al mundo que el grave caso del secuestro y posterior asesinato de los periodistas del diario “El Comercio” de Quito era un problema exclusivamente ecuatoriano. Si no lo dijeron así, con esas exactas palabras, al menos lo dieron a entender, y así lo entendieron, además, los periodistas y ciudadanos ecuatorianos. Cuando el Presidente fue interrogado en Lima –asistía a la VIII Cumbre de las Américas- acerca del tema, manifestó textualmente: “Este hecho se produjo en el Ecuador, alias ‘Guacho’ es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solamente colaborando con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas es que podemos poner a buen recaudo a este criminal”. Es decir: problema ecuatoriano -no colombiano-, pero les vamos a ayudar. Con toda generosidad.

Error. No lo compartimos en el momento en que escuchamos las declaraciones de nuestro presidente, pero menos ahora, cuando él mismo ha reconocido que el crimen se cometió en Colombia y que los cadáveres están en territorio colombiano. Eso no nos favoreció. Quedamos mal. Tan mal como cuando proclamamos a los cuatro vientos que Colombia es hoy –tras la firma del Acuerdo con la Farc- un remanso de paz,  al paso que la evidencia muestra que no es cierto que  estemos en paz.

Como decíamos en columna radial, más allá de la nacionalidad de "Guacho", lo cierto es que el crimen tuvo lugar en Colombia, que los terroristas hacen parte de una organización guerrillera colombiana -disidente o no-, y que en la zona de frontera están operando esos  delincuentes  y otros, afectando a Colombia y al Ecuador, lo que ha llevado al Gobernador de Nariño, Camilo Cano, a decir que en ese Departamento no hay paz, y al presidente ecuatoriano,  Lenin Moreno,  a sostener que allá están sufriendo las consecuencias del conflicto colombiano.

No nos engañemos, ni engañemos. El problema de la frontera, aunque también afecte al Ecuador, es colombiano, y está mal que nuestro  Gobierno se quiera lavar las manos.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional