Opinión

El gran chantaje

Por Alfredo Molano Bravo.- El documento presentado por el Centro Democrático llamado “Bases para un acuerdo nacional de paz” es una pieza reaccionaria y provocadora que busca echar el país para atrás o empujarlo al abismo.

Uribe y sus corifeos buscan, al acusar el acuerdo de La Habana de propiciar la impunidad, proteger al paramilitarismo, a los parapolíticos, a las manzanas podridas, a los despojadores de tierras, a los terratenientes, es decir, a su combo, para que las cosas sigan como siempre. Uribe recoge el pensamiento más retardatario político y religioso que va de Núñez a Laureano, y con él amasa una propuesta que en el fondo es una invitación a Santos y a Pastrana para crear otro Frente Nacional y arremeter así, con todos los fierros, contra las guerrillas.

La propuesta más radical es la eliminación de la Jurisdicción especial para la paz y regresar a la Ley de justicia y paz que dejó en la más absoluta impunidad al 99,99% de los paramilitares: 35 sentencias de los 4.440 desmovilizados. Más aún, Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF. ¡Cuánto fariseísmo! Preocupa que la idea de volver a la Ley 975 de 2005 sea también la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez, tan amigo de Vargas Lleras. Por supuesto que no se trata de judicializar a unos poquísimos guerrilleros si se aplica la 975 tal como ha sido aplicada. Lo que pretende Uribe es dividir las guerrillas, al condenar por la justicia ordinaria a los comandantes –que son quienes podrían ser acusados de crímenes de lesa humanidad– y amnistiar a sus tropas. Es en este punto exactamente donde se cruzan dos rayas rojas. El Centro Democrático no cederá en este punto porque sabe que la Jurisdicción de paz podría destapar todo lo que ha sido tapado desde la muerte de Pedro Juan Moreno. Un expediente pesado. Tampoco cederá en este tema la guerrilla no sólo porque renunciaría a un principio establecido desde siempre, sino porque cualquier concesión en el tema amenazaría con una división en sus filas y nada ha caracterizado tanto a las Farc como su unidad.

Por lo demás, lo que se propone el uribismo es impedir que los jefes de las guerrillas vayan al Congreso y participen de la vida política. Es el miedo que ha caracterizado a la extrema derecha, el que está detrás de los asesinatos de Gaitán, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. El pavor de ser desplazada por una fuerza que reduzca sus privilegios. Privilegios políticos con que siempre se ha defendido la gran propiedad y que de nuevo brincan en la propuesta del Centro Democrático: trabar la realización de un catastro técnico y actualizado; atravesarse al limitado alcance de la Ley de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011); privilegiar la agroindustria de la palma, la caña de azúcar, los granos transgénicos, en detrimento de la economía campesina; generalizar las Zidres y debilitar más las cinco Reservas Campesinas, y, como si fuera poco, volver a la fumigación de cultivos de coca como método para desplazar colonos y ampliar la frontera agrícola en favor de la ganadería extensiva. Es decir, la uberrimización del campo. 

Las manifestaciones que han llenado calles y plazas muestran qué tan pírrica es la mayoría del No alcanzada en el plebiscito y qué tan carente de principios éticos es el uribismo que lo demandó ante las Cortes para ahora usar su resultado como programa electoral. El Sí confía en que la valiente perseverancia del presidente en la búsqueda de la paz no ceda a los cantos de sirena de un nuevo Frente Nacional que, como el del 57, conduzca a la guerra.

Escrito por Alfredo Molano Bravo. Sociologo.

La crisis humanitaria

Por Amylkar D. Acosta M.-Los estragos sociales de la debacle política y económica de Venezuela no se hicieron esperar y, como siempre, quienes llevan la peor parte son las poblaciones más vulnerables. Aunque según cifras oficiales el desempleo en 2017 bajó al 6%, frente al 7.5% del año anterior, estas cifras contrastan con las del FMI, según las cuales el desempleo en Venezuela pasó del 18.1% en 2016 a 21.4%, según sus proyecciones. El envilecimiento de las finanzas del Estado corre parejo con la pauperización del grueso de su población, siendo la clase media la que ha llevado la peor parte, debido a la precarización de su ingreso y a la pérdida del poder adquisitivo de este. Es como si se hubiera producido un aplastamiento colectivo, bajo el peso de la mediocridad del crecimiento de la economía y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, siendo la falta de acceso a la salud el más crítico.

Ello explica el incontenible éxodo de familias enteras desde Venezuela hacia Colombia, el cual tuvo su primera manifestación en agosto de 2015 cuando el Presidente Maduro resolvió por sí y ante sí, unilateralmente, cerrar la frontera con Colombia pretextando conjurar un supuesto complot urdido contra él desde Colombia. En esa ocasión más de 2.000 colombianos residentes en Venezuela fueron expulsados o forzados a abandonar el país que los había acogido en momentos en los que Colombia registraba el mayor número de desplazados, por cuenta de la violencia que azolaba al país. Según cifras oficiales 2.5 millones de colombianos cruzaron la frontera con Venezuela huyendo despavoridos en busca de refugio.

Pero a medida que la crisis económica y social se profundiza en Venezuela el número de personas que la abandonan es mayor. En este sentido los últimos dos años fueron particularmente críticos, a tal punto que el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, según Migración Colombia, supera los 550.000, lo cual representa un incremento del 110% entre los años 2016 y 2017. Eso es una barbaridad. Y esa cifra está lejos de la real realidad, pues corresponde sólo aquellos que han sido objeto de registro y el número de los que han ingresado ilegalmente puede ser el doble.

Es de anotar que esta avalancha de migrantes hacia nuestro país no está integrada solamente por venezolanos, que en un porcentaje aproximado al 60% tienen vínculos con Colombia y los colombianos, sino también por colombianos residentes en Venezuela que ahora están de vuelta, estimándose en un 35% del total de quienes ahora deambulan por las calles de las ciudades, atiborran los semáforos y convierten sus parques en improvisados campos de refugiados. Los 7 departamentos de Colombia que comparten frontera con Venezuela se están viendo a gatas para atender esta calamidad pública, pues no están preparados para asumir semejante responsabilidad. Y el Gobierno Nacional está llegando tarde  a atenderla, en momentos en que esta marea humana se ha salido de control, previéndose que lejos de amainar la situación tiende a agravarse a medida que agudiza la crisis en Venezuela. El Gobierno Nacional tiene que entender que la problemática en las fronteras no es un asunto fronterizo del cual se puede desentender.

Aunque tarde el Gobierno Nacional terminó pellizcándose y entendiendo la magnitud de esta crisis humanitaria, como la calificó el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo y en atención a ello convocó una Cumbre para tratar de darle respuesta a la misma. El Presidente Santos admitió que algunas de las medidas que se habían tomado se tornaron ineficaces, especialmente la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Ante su inoperancia se resolvió congelarla, limitando su beneficio a quienes ya la portan. Se dispuso, además, la creación de una fuerza especial, integrada por 2.120 más de soldados y agentes de policía que tendrá por encargo el control de los pasos fronterizos por donde transitan los ilegales. Estas medidas, si funcionan, sólo tienen el cometido de evitar que sigan entrando más personas por el conocido como “camino verde”, pero no se ocupa de quienes ya están en el país. De estos últimos sólo se sabe que por cuenta de las Naciones Unidas se instalará en las inmediaciones de Cúcuta un Centro de atención al migrante con capacidad para atender 2.000 personas y nada más.

Vemos, entonces, con preocupación que el Plan de contingencia que se esperaba desde la frontera, tan distante de Bogotá que es en donde se toman las decisiones, para enfrentar la enormidad de esta crisis terminó reducido a un Plan de contención del flujo migratorio y nada más. Implementarlo será la misión encomendada al ex director del DAS Felipe Muñoz a quien designó el Presidente Santos para gerenciarlo. Estas medidas podrán ser necesarias, pero son claramente insuficientes para enfrentar esta problemática tanto en su magnitud como en su complejidad, ahora que la crisis ha tocado fondo. Se quedaron cortas! 

Bogotá, febrero 24 de 2018

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Imitadores de Trump en Colombia

Por Mauricio Cabrera Galvis.-El triunfo del populismo de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha inducido a que en Colombia los candidatos de la derecha quieran imitar sus estrategias y copiar sus propuestas, con la esperanza de tener acá el mismo éxito.

En economía, por ejemplo, también proponen bajar los impuestos a los más ricos. Allá eso produjo un repunte transitorio del mercado accionario con mucha volatilidad, mientras que acá la simple posibilidad de que ese populismo de derecha se haga realidad ha llevado a que las calificadoras de riesgo bajen la calificación del país y estemos en riesgo de perder el grado de inversión.

El caso más patético de trumpismo es la propuesta del candidato uribista a la Cámara en el Valle, Christian Garcés, quién aprovechando de manera oportunista la gran preocupación ciudadana por la inseguridad está proponiendo acabar con la prohibición de porte de armas, es decir, que los ciudadanos puedan volver a salir armados a las calles.

El problema es real. La delincuencia común, los robos de celulares y los asaltos están aumentando en todas las ciudades del país. Pero es delirante atribuir la causa de este problema a la prohibición del porte de armas.

Proponer “facilitar la protección de la ciudadanía con polarizados, vehículos de alto blindaje y porte de armas” es querer apagar un incendio con gasolina. Igual a la propuesta de Trump de acabar con las matanzas de niños en las escuelas con fusiles de combate en poder de cualquiera, no limitando la venta de armas sino incrementándola más para dotar con los mismos fusiles a los profesores que cambiarán su oficio de maestros por el de vigilantes privados.

Además la propuesta es elitista e inútil. ¿Fuera de los amigos del candidato, quien tiene el billete para blindar su carro? ¿De qué le sirve tener un revolver a una persona de bien extorsionada por una banda de sicarios profesionales? ¿Alcanza a sacar su pistola del bolso la señora a la que le están robando el celular en un semáforo, o solo consigue que le peguen un tiro o se arme una balacera en plena calle?

Frente a la propuesta derechista de tomar la justicia por la propia mano y convertir la sociedad en una selva donde impere la ley del más fuerte, la única alternativa válida y eficaz es mantener el monopolio estatal de las armas de fuego y fortalecer los organismos oficiales de control y vigilancia.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Resurrección de la justicia

Por Gabriel Ortíz.- El país se conmovió y escandalizó cuando apareció el “cartel de la toga”, lo repudió y consideró que debían adoptarse medidas extremas para impedir que la justicia se fuera a pique. Los colombianos de bien respaldaron a los magistrados honestos que aún quedaban, a esos que se impusieron la tarea de recuperar el sector. 

Pero aún quedan funcionarios de la rama que quisieron y quieren escapar a la justicia, salirse con las suyas y violar todas las normas para ocultar o “legalizar” sus fechorías. 

Malos, Ricaurtes, Bustos, Morenos, Preteles y demás, entronizaron el delito que, desde luego fue aprovechado por los contradictores de la justicia para avivar el fuego contra ella. Muchos políticos populistas y corruptos se bañaron con agua de rosas para esconder sus crímenes. Un delito oculta otro más grande. En esto, como en el negocio de los narcos, el decomiso de una tonelada de droga, garantiza el ingreso de un cargamento mayor. 

Por fortuna las Cortes recuperan su trabajo y credibilidad. Se han impuesto tareas difíciles pero certeras que muestran avances significativos. 

Es el caso que hoy ocupa a medios, opinión pública y autoridades: el de los falsos testigos. Izquierda y derecha se enfrentaron con sendas acusaciones. Investigaciones, lentas acciones judiciales y la acostumbrada dilación abogadil, demoraron un fallo. Fueron muchas las triquiñuelas que salieron a escena. La influencia y las falsas noticias acompañaron a los abogados que defendían a acusados y acusadores. Tremendo lío, porque era muy difícil, que un David pudiera derrotar a Goliat. 

Ahora Goliat pasa al banquillo para responder por el delito que quiso endilgar a su acusado. Hay pruebas contundentes, pese a que quisieron alterarlas. Existen grabaciones telefónicas, de esas que llaman “chuzadas”, con los acostumbrados improperios que se utilizan en ciertos guetos. Total: los tales testigos falsos no existieron. Mucho se dice del acusador. Que es experto en inculpar, en desprestigiar y minimizar a sus adversarios, que tiene enjambres de defensores y fanáticos que ciegamente lo acompañan y saturan las redes sociales con apoyos, engañosos o tramposos. 

El fallo de la Corte sale al proscenio con los falsos testigos y habrá quienes busquen aprovecharlo políticamente. La trillada palabreja “persecución”, hace parte del guión y se incluye en el libreto, para crear una víctima o un mártir de un Estado acosador. 

Los colombianos tenemos que aprender a respetar la justicia. Dura es la ley, pero es la ley. Tenemos la obligación de someternos a ella y respetarla. Nadie está exento de una acusación. Si la justicia actúa, debemos respetar el veredicto. 

Muchas son las cosas que nos ponen a pensar: chuzadas, falsos positivos, AIS, yidis, fundelibertad, tasmania, el aro, corrupción, Reficar, etc. 

El acusador cuenta con todas las garantías para asumir responsabilidades, antes de aprovechar el caso políticamente. Necesitamos elecciones limpias, sin víctimas ni mártires. 

BLANCO: Devolución del IVA a turistas se anuncia en la Vitrina Turística de Anato 2018. 

NEGRO: Ratas y cucarachas son actores principales del melodrama de las basuras en Bogotá. 

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Escrito por Gabriel Ortiz

Retornar a los principios

Por José G. Hernández.-Un examen global de lo que ocurre día a día en el país -corrupción, impunidad, asesinatos de líderes sociales y de policías, ataques terroristas contra la infraestructura del país, violencia en el interior de las familias, abuso sexual, feminicidios, incremento del micro tráfico, penetración de los narcos en escuelas y colegios, guerra sucia en las campañas políticas, inseguridad, delincuencia exacerbada, para mencionar apenas algunos de nuestros males-, nos permite reafirmar algo que desde hace tiempo hemos sostenido: todo eso muestra a las claras que en Colombia hay una verdadera crisis de valores y una creciente falta de respeto a los principios.

En efecto, aunque está probado que, por la misma condición humana y por muchas causas exógenas, es imposible alcanzar una sociedad libre del delito, la civilización, la educación, la cultura y el Derecho, así como las políticas estatales, deberían asegurar al menos unas condiciones mínimas de convivencia y de respeto entre los asociados.

Pero ello solamente es posible si se tienen claros los valores que profesa la comunidad; si la sociedad es regida por unos principios que propendan a la realización de esos valores; si, desde la más tierna infancia y a lo largo de las distintas etapas en el proceso educativo, sus integrantes son formados con miras a la convivencia pacífica.

El Estado Social de Derecho -que, según el artículo 2 de la Constitución, tiene entre sus finalidades las de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos- está en la obligación de trazar unas políticas ordenadas a conseguir en realidad –más allá del discurso- la cristalización de esos propósitos.

En el plano jurídico, ya que esos valores y principios han sido estipulados por la Carta Política -desde su preámbulo y a lo largo de su articulado- y en teoría han sido aceptados por la sociedad, la actividad del Estado en su conjunto –Gobierno, legisladores, jueces y organismos de control-, con la colaboración muy eficaz de los padres de familia, los educadores y los medios de comunicación, debe estar orientada a la recuperación de tales conceptos y a su efectiva vigencia.

Al respecto, señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-06 del 5 de junio de 1992:

“La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales”.

El dogma de la Constitución no se puede quedar en la formulación de los grandes objetivos de la sociedad, sino que debe traducirse en una labor permanente de sus líderes, enderezada a la búsqueda de las causas de la actual inversión de valores, al reconocimiento de los errores cometidos por la pasada y la actual generación, y a reconstruir, para las generaciones futuras, una axiología que facilite formas pacíficas de convivencia y crecimiento espiritual y material.

Escrito por José G Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

Uribe - fiscal general: indebida cercanía

Por Jorge Gómez Pinilla.-A menudo en Colombia ocurren situaciones que se inscriben en el reino del absurdo, pero que por tratarse de un país enfermo se asumen como normales. Una de ellas es la visita que el pasado miércoles –de ceniza– 14 de febrero le hizo Álvaro Uribe Vélez al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, sobre la cual Noticias Caracol reseñó que “estuvo casi todo el día y tuvo tiempo para todo (…) hasta para que le pusieran la ceniza con la señal de la Santa Cruz".

Comencemos por decir que el noticiero pisó la cascarita ‘religiosa’, pues la intención del astuto visitante era la de hacerse ver como un hombre recto y piadoso. Sea como fuere, el fiscal general de la Nación no debería tener potestad para recibir en su despacho a un individuo tan cuestionado: masacre del Aro, falsos positivos, chuzadas, corrupción rampante en su gobierno, etc. En cualquier país respetuoso de la legalidad, habría dado para que la Corte Suprema de Justicia llamara a Martínez Neira a rendir cuentas por permitir que alguien investigado por la misma Corte utilice su despacho con una intención propagandística, por completo contraria a las funciones del ente acusador.

La reseña de Código Caracol contó que Uribe “asistió (…) a pedirle a la Fiscalía que tramite un convenio con Estados Unidos para otorgarle rebaja de penas a dos paramilitares extraditados” (Ramón Quintero alias ‘Diego Rasguño’ y Diego Pérez alias ‘Diego Rastrojo’), porque supuestamente tendrían valiosa información sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y sobre su hermano Santiago, hoy preso bajo acusaciones de conformación de grupos paramilitares, homicidios y desapariciones.

Lo primero a preguntarnos es qué clase de vínculos tiene Uribe con personas presas en EE.UU. y por qué consigue de ellos información privilegiada con tan asombrosa facilidad, incluida la carta de uno de ellos debidamente apostillada (la del narco Ramón Quintero) haciendo ofrecimientos al fiscal colombiano.

Por cierto, ¿a qué puede obedecer el repentino el interés de Uribe en el proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: a quién pretende enlodar o favorecer? ¿Y qué tiene que decir el Departamento de Estado norteamericano ante el hecho de que un senador colombiano ande ahora de intermediario de reos confinados en cárceles de alta seguridad? ¿Será que Uribe contó con el visto bueno del Departamento de Estado para hacer indagaciones carcelarias y obtener la carta de un narco dirigida al fiscal Martínez?

De otro lado, ¿cómo hizo para que a la velocidad del rayo alias ‘don Berna’ –otro de los presos- se haya retractado (con impecable redacción) de un correo de incuestionable procedencia suya, dirigido a la abogada e investigadora Maria McFarland, donde acusó a Uribe de haber ordenado el asesinato de Pedro Juan Moreno?: “la muerte de El fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”. (Ver correo).

Frente a la tarde de recreo con show mediático que el Fiscal le permitió montar a Uribe en predios de la Fiscalía, queda la impresión de que lo hizo no solo para distraer la atención sobre dos columnas (la publicada el 11 de febrero y la anunciada para el siguiente domingo) donde Daniel Coronell reveló los correos de don Berna, sino también por el anuncio de nuevas revelaciones que trae el libro de la señora MacFarland, There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia). Allí la autora hace referencia al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en el que al parecer Uribe también resulta implicado. (Ver última columna).

Fuera de lo anterior, tan maquiavélica visita a la Fiscalía suscita otros interrogantes: ¿puede el Fiscal General de la Nación reunirse con un político investigado por la Corte Suprema, y además recibirle la solicitud de tramitar una rebaja de penas para unos paramilitares presos en Estados Unidos? ¿No debe ser esa una tarea del Estado colombiano?

¿De ahora en adelante cualquier político diferente a Uribe, pero que como él esté siendo acusado o investigado, puede reunirse como cualquier parroquiano con el Fiscal General de la Nación y recibir cubrimiento de los medios?

¿Tuvo que ver en la celebración de dicha reunión que Néstor Humberto Martínez haya sido militante activo de Cambio Radical y que el apoyo de Álvaro Uribe resulte vital para la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras?

¿Ese marcado interés del senador Uribe en que se tramite un convenio con la justicia de EE.UU. para rebajarles penas a unos paramilitares, no corrobora acaso su cercanía con el paramilitarismo? De otro lado, ¿no podían ellos mismos elevar esa solicitud directamente a la Fiscalía, por intermedio de sus abogados? Mejor dicho: ¿utiliza Uribe a esos paras… o esos paras lo utilizan a él?

¿Siendo que Uribe tiene a su hermano Santiago preso, es de buen recibo que pretenda ahora fungir ante la justicia como negociador de unos presos en EE.UU. a cambio de favorecer a su pariente?

Hablando de parentescos, ¿estuvo varios años preso, sí o no, su ‘parcero’ el primo Mario Uribe por haber llegado al Congreso con los votos conseguidos a sangre y fuego por grupos paramilitares?

Y por último: ¿el fiscal general del que aquí se habla es el mismo que el 29 de abril de 2015 dijo “el presidente (sic) Uribe es un patriota, juntos trabajamos por Colombia”? (Ver declaración).

DE REMATE: Una parte de los interrogantes aquí expuestos fueron tomados de un audio que circuló en Whatsapp la semana pasada, procedente de alguien que se presenta como periodista pero cuyo nombre no revela. Me parecieron pertinentes y, en tal medida, dieron origen a esta columna.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

Escrito por Jorge Gómez Pinilla

Tres películas por una sociedad distinta

Por Jairo Gómez.-Es que el cine te pone en contacto con lo inverosímil, con la magia, con todo aquello que, incluso, no te imaginas.

Para eso vamos al cine, a andar por las nubes a imaginarnos mundos surrealistas, una sociedad distinta para ponerla en evidencia con sus contradicciones y bondades. Vamos a estremecernos, a recibir cachetadas y, lo mejor de todo, a divertirnos. Por eso les quiero hablar, desde mi humilde óptica de un cinéfilo impenitente, de tres películas, todas ellas americanas, que se disputan el favor de la crítica ahora que está próxima la gala de entrega de los Premios de la Academia.

La primera es “La Forma del Agua” de Guillermo del Toro. Es un tesoro de filme, sin duda. Es estéticamente pura y soñadoramente adorable. Es una película políticamente incorrecta en la era de Donald Trump, un presidente homófobo, xenófobo y racista. Todo conspira en ella contra el empresario: es una cinta cuya protagonista, muda mas no por ello menos contestataria, convive con un homosexual, tiene de mejor amiga a una mujer negra, y se enamora de un inmigrante ilegal: una criatura amazónica cuya forma es, precisamente, la amalgama perfecta para esta metáfora fílmica sobre la vida en unos Estados Unidos donde las disputas raciales, migratorias y de género están a la orden del día. En “La Forma del Agua”, del Toro le da cabida a la humanidad, al sueño del inmigrante capaz de construir en la marginalidad y pensar un mundo por fuera de los excesos y las estridencias de una sociedad caótica y excluyente, postrada, aún, ante los designios de una guerra fría caduca e irracional que parece tomar nuevos aires, aunque en un escenario multipolar, en estos tiempos turbulentos.

La otra cinta es “The Post: los Papeles Secretos del Pentágono”, dirigida por el maestro Steven Spielberg. Magistralmente interpretada por Meryl Streep y Tom Hanks. Tiene un enfoque coyuntural fantástico. Con toda la intención, le recuerda a la Casa Blanca que, en los Estados Unidos, el poder tiene límites y que las instituciones americanas funcionan porque operan con independencia y con lealtad hacia sus orígenes fundacionales. Traer a colación la historia como recurso discursivo a través de un filme es la mejor manera de recordar que los excesos de poder se pagan; esa era, sin duda, la intención de los guionistas. El mensaje, aunque simple, es contundente: en los Estados Unidos la rama ejecutiva del gobierno no ha resultado impune en el pasado frente a la opinión pública porque su campeona principal, la prensa libre, que hoy está bajo ataque directo de la Casa Blanca, no olvida que la fortaleza de la sociedad civil reside en la circulación transparente y fidedigna de información, provenga de donde provenga.

Y la tercera producción es, en una palabra, magistral. Es el humor negro en su máxima expresión: “Tres Anuncios por un Crimen”. Es una historia hondamente crítica que se vale del humor negro más visceral para mostrarnos una sociedad estadounidense que poco se toma en serio, en la que los valores tienen importancia hasta que se empiezan a diluir en un espejismo de aparente eficacia institucional. Una sombra que oculta y desprecia las múltiples contradicciones sociales que aún yacen en el seno de la nación sureña de los Estados Unidos: violencia racial, violencia policial, violencia intrafamiliar. Es el relato de una sociedad gringa del “Sur Profundo”, decadente, que está a distancia de los centros de poder y que vincula a sus tradiciones, incluso, la justicia por mano propia. El film presenta, en suma, pausada y detalladamente una sociedad que actúa y decide, que en ausencia de instituciones protectoras se arroja al reclamo e incluso a la violencia, que abiertamente desacredita a quienes incumplen el pacto social, y que exige sin temor y sin palabras corteses que cada miembro de la sociedad asuma la responsabilidad que ha adquirido con los demás. Una oda fílmica contra la impunidad, que le recuerda a los estadounidenses que el camino hacia “una sociedad más perfecta” es todavía largo y escabroso.

Tres cintas estupendas, atiborradas de sentido crítico. De una honda expresión artística, política y social que atañe, particularmente, a la sociedad estadounidense, pero que nos es relevante a las demás sociedades que compartimos con ella sus valores democráticos. Son un ejemplo de lo que podemos lograr con el cine nacional, cuando asumamos con sentido mordaz nuestra propia historia; y cuando nuestras producciones decidan contar, sin tapujos, las verdaderas contradicciones de una sociedad ausente de identidad y proclive a emular modelos foráneos.

@jairotevi

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

Paz con la naturaleza

Por Guillermo García Realpe.- Paz con la Naturaleza, no sólo implica un slogan de campaña, sino que representa todo nuestro compromiso por la defensa y preservación de nuestra fauna y flora, de nuestros recursos hídricos y en general todo lo que involucre al medio ambiente y su entorno. 

Como hombre del Macizo Colombiano, mi deber con el país es difundir un mensaje de concientización, debemos preservar y velar por el cuidado de los ríos, de los páramos, de los bosques, debemos decirle no a la tala, no a la deforestación, no al fracking, no a los incendios forestales y en general no a todas esas prácticas que atentan contra nuestras fuentes de vida. 

Paz con la Naturaleza, también es velar y trabajar permanentemente por la defensa de los derechos de los animales, por su cuidado y un trato digno hacia estos seres indefensos compañeros de vida. 

En ese orden de ideas no sólo hemos trabajado por defender la vida de los animales domésticos, sino también de los silvestres y de muchas especies que hoy están en vía de extinción y en peligro de exterminio. 

Desde el Senado hemos alcanzado importantes logros en materia de protección animal. Apoyamos y promovimos la Ley 1774 de 2016 que penaliza el maltrato animal en Colombia. Hoy maltratar a un animal en nuestro país es un delito y es un hecho grave. 

Soy autor del artículo 248  del Plan Nacional de Desarrollo que ordena al Estado promover políticas públicas de protección animal y es la única y primera norma en el país que habla sobre Derechos de los Animales. 

Somos coautores junto al Ministerio del Interior, del proyecto de Ley 271 de 2017 con el cual se busca prohibir las corridas de toros en Colombia, al igual que el rejoneo, las tientas y las corralejas. 

Somos autores del proyecto de Ley 104 de 2016 que busca  alejar a la infancia de espectáculos que impliquen maltrato animal, siguiendo la observación de Naciones Unidas en ese sentido. 

Hemos convocado a debates de control político en favor de especies amenazadas como el oso andino, un protector de nuestros bosques, ríos y un guardián de nuestros páramos. 

También impulsamos desde el Congreso la expedición del documento CONPES para nuestro Macizo Colombiano, la principal fábrica de agua del país, donde se produce el 70% del agua dulce de Colombia. Hace un par de días el Presidente de la República promulgó este importante documento en Mercaderes Cauca, el cual va a permitir toda una política pública encaminada en la defensa y protección de esta importante región del país que abarca a 89 municipios de siete departamentos. 

A partir de la nueva legislatura vamos a seguir defendiendo los derechos de los animales desde el Senado de la República, trabajaremos por la implementación de un programa de formación a educadores de establecimientos públicos en materia animal y ambiental. 

Gestionaremos la creación del Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal. Para la fauna silvestre impulsaremos un proyecto de Ley que involucre CITES, especies amenazadas y recuperación de la fauna en riesgo. 

Radicaremos un proyecto de Ley que amplié la obligatoriedad territorial de la sustitución de vehículos de tracción animal. 

Vamos a gestionar la inclusión de la fauna en los planes y gestión del riesgo. Gestionaremos la expedición del Decreto reglamentario de la Ley 1774/2016 que penaliza el maltrato animal. Radicaremos un proyecto de Ley por la convivencia responsable con animales de compañía y desde luego continuaremos realizando debates de control político por desacatos de entidades a la reglamentación ambiental y animal vigente. 

De manera que es un gran trabajo el que nos espera en los próximos meses y por eso la imperiosa necesidad de que en el Congreso  haya personas comprometidas con la defensa de los Derechos de los animales para hacer realidad todas estas iniciativas y así tener una legislación más integral con respecto a la causa animalista que debe ser de todos, para hacer posible PAZ CON LA NATURALEZA.

Escrito por Guillermo García Realpe. Senador Liberal de Colombia.

El petróleo es el presente

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Colombia debe terminar con su dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón. Es una verdad con la que todo el mundo está de acuerdo. Los analistas alertan sobre el peligro de esta dependencia; los organismos internacionales recomiendan la diversificación; los candidatos prometen políticas para eliminarla. Lo que nadie dice es con qué vamos a reemplazarlos, ni mucho menos cuanto tiempo nos va a tomar hacerlo.

“El petróleo no es el futuro”, afirmó el exministro José Antonio Ocampo en columna reciente. Tiene toda la razón porque son irrefutables sus argumentos sobre bajo nivel de reservas de petróleo que tiene el país, así como la tendencia de largo plazo de reducción de la demanda y los precios por las políticas contra el calentamiento global.

Pero también hay que decir que el petróleo si es el presente, puesto que en el corto plazo no hay productos de exportación que lo reemplacen, lo cual implica que hay que acelerar al máximo la promoción de estos nuevos productos.

Veamos las cifras. En el pico de la bonanza en 2013 los ingresos por exportaciones de hidrocarburos fueron unos USD 40.000 millones. Con la destorcida de los precios en el 2016 cayeron 60% a USD 15.000 millones y aún así representaron la mitad de las exportaciones. ¿Con qué productos se puede reemplazar una caída de ingresos de esa magnitud?

Las frutas son uno de los renglones más promisorios de exportación por las indudables ventajas geográficas y climatológicas del país y su desarrollo tiene que ser promovido intensamente. Pero las dimensiones económicas no dan para reemplazar al petróleo.

Sería totalmente equivocado concluir que hay que olvidarse de promover estas exportaciones porque son muy pequeñas en relación con el petróleo. Por el contrario, hay que intensificar su promoción y encontrar más productos para diversificar la canasta exportadora del país.

Pero hay que tener conciencia de que su desarrollo toma mucho tiempo, y que lo único que tenemos en el presente es el petróleo, y hay que asegurar que nos dure, para lo cual hay que invertir más en exploración y poner freno a los atentados terrorista del ELN que están destruyendo la riqueza de los colombianos.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

En alta tensión

Por Amylkar D. Acosta M.-El ELN con su escalada terrorista se ha propuesto hacerle daño al país con el vano propósito de forzar la reanudación de la Mesa de Quito, pero sin renunciar a su ofensiva guerrerista, la cual se ha traducido en la voladura de gasoductos, derribamiento de puentes y el execrable asesinato a mansalva de policías recientemente en Barranquilla. Esta vez el blanco de sus aleves ataques ha sido la infraestructura eléctrica. Primero fue el derribamiento el 2 de febrero de una torre del Sistema de Transmisión Nacional (STN), que opera ISA y que transporta la energía a 500 KV desde el interior del país a la región Caribe (subestación Porce - subestación de Cerromatoso). La situación se agrava posteriormente, luego de ser dinamitada el 10 de febrero otra torre del STN que conduce dicha energía a través de la línea Ocaña - Copey. A consecuencia de estos dos atentados, dos de los tres circuitos que interconectan a la región Caribe con el interior del país quedaron indisponibles y sólo se mantiene el que opera a través de la subestación de Ternera.

Esta circunstancia pone en grave riesgo el abastecimiento de energía a la región Caribe, dado que hasta ese momento prácticamente toda la demanda se venía cubriendo con la energía suministrada por las hidroeléctricas, aprovechando su bajo costo ahora que el nivel de los embalses favorece su operatividad. Ello obligó al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a apelar a la generación térmica de la región, que por fortuna cuenta con una capacidad instalada 2.573 MW de potencia, más del 50% de la capacidad de generación térmica del país. Gracias a este respaldo del parque térmico de generación, suficiente para responder a su demanda máxima, que bordea los 2.450 MW,  no tuvimos un apagón en la región Caribe. 

En estos momentos todas las plantas térmicas de la región están operando a su máxima capacidad de generación, lo cual plantea otro reto y es el abastecimiento del combustible a las mismas para que puedan operar. Excepción hecha de Termoguajira, que es dual, pudiendo operar ya sea con carbón o con gas, las demás sólo operan a gas y es bien sabido que este es escaso. Al operar a full, la denominada generación por seguridad, la disponibilidad de gas natural se torna insuficiente se tuvo que echar mano del gas proveniente de la Planta regasificadora  de Barú (Cartagena). Esta le ha servido de tabla de salvación al Sistema para conjurar el riesgo de racionamiento que ya era inminente. De no haber sido por esta Planta la región Caribe estaría sometida a un severo racionamiento del fluido eléctrico.

Y justamente previendo contingencias como esta fue que resolvimos a nuestro paso por el Ministerio desengavetar el proyecto de la planta regasificadora que hoy es una realidad. Esta tiene capacidad de almacenamiento de gas natural importado de 400 MMPC. Aunque su reserva de gas almacenada se agota este sábado, ya viene en camino el barco metanero desde Trinidad, el cual estará descargando el domingo aproximadamente 120 MMPC adicionales. Además, se espera también que este domingo se restablezca uno de los dos circuitos averiados, de tal suerte que se pasará de recibir desde el interior del país de 120 MW, actualmente, a 1.400 MW, aliviándose así el stress al cual está sometido el parque térmico de generación.

De esta manera se ha venido disipando el riesgo de corte al suministro de energía a la que se ha visto abocada la región Caribe, minimizando el impacto sobre los usuarios, los cuales tendrán, de todos modos que asumir vía tarifa un mayor costo de restricción (R), que pasará de $7 a $20/KWH, aproximadamente,  a que ha dado lugar el obligado cambio de la fuente de suministro de la energía de la hídrica a la térmica, que es más costosa. Afortunadamente dicho costo resulta insignificante en la medida que la regulación impone que el mismo se reparte entre todos los usuarios del Sistema y no se le carga únicamente a los usuarios de la región Caribe y, por ello mismo termina diluyéndose.

En medio de la alta tensión que generó este traumatismo se puso de manifiesto el temor por parte de la industria y los industriales por una Resolución que el Ministerio de Minas y Energía colgó en su página para comentarios y observaciones, mediante la cual se modificaría el Decreto 1073 de 2015 y de contera la definición de la definición de “demanda esencial”. La preocupación de ellos nace de la posibilidad de que se cambie el orden de prioridad o prelación a la hora del despacho del gas natural en condiciones de escasez y la industria quede en la cola, con una exposición mayor al riesgo de desabastecimiento. Esta propuesta del Ministerio llegó tarde para este evento, no obstante el debate en torno a la misma quedó servido y apenas empieza. Por su parte la UPME acaba de hacer el anuncio de la adjudicación de la Planta regasificadora del Pacífico, que se instalará en Buenaventura, en el curso de este primer trimestre del año, un paso en la dirección correcta. 

Bogotá, febrero 17 de 2018

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.