Opinión

Unidad para sacar a Colombia de la Olla

Por: Jorge Enrique Robledo.- Colombia podría funcionar en niveles bastante más altos de progreso y bienestar, como los de los países más exitosos. Porque posee los dos grandes bienes que necesita un país para salir adelante. Un gran territorio con abundantes riquezas y una ciudadanía inteligente, trabajadora y creativa como la que más. Pero la verdad es que se encuentra muy lejos de esa condición, según lo demuestran por lo menos cuatro grandes realidades. La primera, de importancia decisiva y poco mencionada, dice que apenas creamos 5.805 dólares de riqueza por habitante al año, mientras que, por ejemplo, el PIB per cápita de Argentina es de 12.449, el de Corea de 27.538 y el de EEUU de 57.446, con un agravante: la parte principal del producto no se origina en bienes con valor agregado sino en materias primas agrícolas y mineras, como hace un siglo. ¡Si en algo han fracasado quienes han mandado en el país ha sido en sacarlo de un capitalismo atrasado y enclenque!

En segundo término, Colombia es el octavo país con mayor desigualdad social del mundo, condición que martiriza a una gran proporción de los colombianos y que –aunque sea solo por esto se debería aceptar corregirla– lastra el desarrollo de la economía: los ganaderos se arruinan porque no encuentran a quién venderle la leche, mientras que millones de niños en la pobreza no toman leche. Al mismo tiempo, y en mucho por causa de las condiciones anteriores –que también cimientan las graves fallas en empleo, ingreso, salud, educación, agro e industria–, las peores formas de discriminación social pululan. A la vista están los maltratos y crímenes contra las mujeres por ser mujeres, y contra los negros, los indios y los LGBTI, también por su simple naturaleza.

Colombia es además uno de los países con más corrupción en el mundo, corrupción que involucra en porciones significativas a la clase política, la burocracia oficial y el sector privado, nacional y extranjero. Tan grave es el lío que, al decir de Rudolf Hommes, “el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar” (El Tiempo, Abr.02.17), sistema que viene desde el Frente Nacional y que se pactó con el cálculo de que “los mismos” pudieran gobernar de la peor manera y aun así ganar siempre las elecciones, famosas por sus corruptelas.

A punta de formas corruptas y manipulaciones pueden anquilosar y destruir el agro y la industria, generar desempleo e informalidad, mantener un sistema de salud inicuo, imponer una educación mediocre y, al mismo tiempo, hacer que voten por ellos los trabajadores y los pensionados, los campesinos y los indígenas, los empresarios y los desempleados, los enfermos, los médicos y las enfermeras y los directivos de las IPS y los profesores y los estudiantes. Es el triunfo de la corrupción y las vivezas a favor de unos pocos y en contra del progreso del país, en los propios términos de la economía de mercado, con lo que se nos condena al subdesarrollo y a vivir de crisis en crisis, incluida la muy grave que se ahonda en la actualidad.

Si los colombianos logramos liberarnos del acuerdo de “los mismos con las mismas” que intenta convertir las elecciones del 2018 en otro alegato sectario sobre el proceso de paz, las verdades expresadas atrás serán parte fundamental de las controversias, al igual que las propuestas para superar un modelo económico, social y político que tanto daño le hace al país.

Vencer a las candidaturas del continuismo, de los que quieren volver al poder o continuar en él para seguir haciendo lo que les gusta –y a los unos y a los otros les encanta lo mismo que, probado está, no le sirve de verdad al progreso nacional–, exige acordar un programa que una a la Nación –trabajadores, campesinos, clases medias y empresarios–, porque toda ella gane con su ejecución. Ese programa debe, entre otros aspectos, derrotar la corrupción, recuperar el mercado interno, estimular la creación de riqueza generando más ahorro nacional, disminuir la desigualdad social elevando el ingreso, desarrollar  las concepciones democráticas y relacionar a Colombia con el mundo en condiciones en que el país gane con los negocios de todo tipo. 

Bogotá, 11 de agosto de 2017.

Escrito por Jorge Enrique Robledo. Senador del Polo Democrático Alternativo.

La amenaza silenciosa

Amylkar D. Acosta M.-Según su relato, una pareja de esposos confesó que por más de un año “estuvimos envenenados y no lo sabíamos”, como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en su propia vivienda, por una avería en un gasodoméstico. Guardadas las proporciones, algo parecido viene acaeciendo en las principales ciudades del país a consecuencia de la polución del medio ambiente, atribuible en gran medida a las emisiones de gases tóxicos provenientes de la combustión de los motores de los vehículos que las atiborran. Los mayores niveles de contaminación se dan en las 5 principales capitales de Colombia, especialmente en Bogotá y Medellín. Esta es una amenaza silenciosa a la que hay que prestarle más atención.

Según un estudio del DNP en el 2014 se reportaron 54 millones de síntomas de enfermedades asociadas con la contaminación del aire en las urbes, al tiempo que se registraron 8.600 fallecimientos en el país relacionados todos ellos con problemas respiratorios. El costo de las muertes y las enfermedades contraídas a causa de la degradación del aire enrarecido que se respira viene en aumento año a año, en el 2014 representó la friolera de $12 billones, 1.59 puntos porcentuales del PIB. Esto es una barbaridad.

Se vienen violando sistemáticamente los artículos 44, 49, 78, 79, 80 y 82 de la Constitución Política que propenden por la defensa de los derechos a la vida, la integridad física, el medio ambiente, el espacio público y, sobre todo, la salud, que ahora es considerado como derecho fundamental en virtud de la Ley1751 de 2015. No basta con atender las consecuencias que se derivan de la contaminación atmosférica, que no pasan de ser paliativos, mientras sus secuelas afectan a una proporción cada vez mayor de la población.

El caso más critico se ha venido dando en Medellín, en donde su Alcalde  Federico Gutiérrez se vio precisado recientemente a decretar la alerta roja ambiental por la alarmante contaminación que afectó al área metropolitana y al amparo de la misma tomó medidas drásticas, de restricción a la circulación de automotores. En concepto del Alcalde el 80% del smog que se posa sobre el cielo del Valle de Aburrá proviene de la combustión de los motores a diesel y gasolina de los vehículos. El problema tiende a agravarse en la medida que aumenta desenfrenadamente el parque automotor en circulación, concomitantemente con la obsolescencia del mismo y los inconvenientes en materia de movilidad. 

El mandatario antioqueño, exasperado por esta calamidad, le pidió a ECOPETROL producir combustibles de mejor calidad, pero a decir verdad hoy por hoy los combustibles que salen de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja cumplen con la Ley 1205 de 2008. Esta dispuso que a partir del 1º de enero de 2010, en el caso de áreas metropolitanas, distritos y municipios y el 1º de enero de 2013 para el resto del país,  el diesel que se expenda en las estaciones de servicio debe contener cantidades de azufre por debajo de los 50 ppm, que corresponde a los estándares internacionales. La gasolina que se distribuye en todo el territorio nacional, con 200 ppm de azufre, si es susceptible de mejorar su calidad, pues, a pesar de los progresos, sigue estando muy por encima de los estándares internacionales. De no ser por la mezcla de los biocombustibles, las emisiones serían aún mayores.

Pero ojo, no basta con mejorar la calidad de los combustibles. Mientras el parque automotor que rueda por el país tenga el grado de obsolescencia que tiene, lo que se viene haciendo con la mano, mejorando la calidad de los combustibles, se borra con el codo. A pesar de que la Ley 105 de 1993 estableció, de manera perentoria, que al término de los 20 años de vida útil los vehículos de transporte  público de pasajeros debía salir de la circulación tal, precepto se incumple. Por allí siguen circulando mucho de los que transgreden la norma con sus fumarolas, contaminando el ambiente. Además, se estima por parte de ANDEMOS que el 40% del parque automotor, entre camionetas, camperos, microbuses, busetas, camiones y volquetas superan los 20 años de vida útil.

En Bogotá se han tomado algunas medidas tendientes a ponerle freno a la contaminación ambiental por cuenta de los automotores, aunque todavía muy tímidas. Al tiempo que se cuenta ya con 300 buses zonales y troncales con tecnología híbrida y eléctrica, todavía circulan en la capital 2.000 buses de Transmilenio, 6.800 buses del SITP y los más de 5.000 buses y busetas de transporte público siguen quemando combustibles de origen fósil. Es más, el Alcalde Enrique Peñalosa derogó el Decreto que obligaba a la reposición de taxis por vehículos con emisiones cero, con el socorrido argumento de que la capital no está preparada todavía para dar ese paso. Se presentan también casos inexplicables e indefensables, como el de Barranquilla, en donde teniendo la disponibilidad del gas natural, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transmetro) optó por tener una flota con tecnología diesel, mucho más contaminante. A contrario sensu, en Medellín le apostaron al gas natural. 

Medellín, agosto 12 de 2017 

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Escrito por Amyllkar Acosta Medina. Exministro de Minas y exsenador.

Licencia para luchar

Por Gabriel Ortiz.- Casi todos quieren violar las leyes, normas, legislaciones, preceptos y principios, para lucrarse política, social o económicamente. Esta la razón por la cual cada vez la corrupción se pavonea en todos nuestros países. Parece ser que no hay disposición, por fuerte que parezca, impermeable a la corrupción.

Hay enjambres de expertos en ¨deshonestidad¨, que deambulan por regiones, países, continentes y villorrios, a la caza de negociados. Aparecen las coimas, puertas giratorias, sobornos, dádivas, óbolos, presentes y halagos que deslumbran a funcionarios, legisladores y directivos con poder y decisión.

Esta no es una novedad en nuestro medio, pero existe y avanza aceleradamente.

Estas prácticas hacen cada vez más exorbitantes los impuestos, los costos de los servicios, licencias y normatividades. Los ingresos fiscales no alcanzan, las obras demoran eternidades en ejecutarse y su calidad da vergüenza.

Son las secuelas de la corrupción, práctica generalizada que parece no tener remedio y antes por el contrario crece aceleradamente. Reficar, Invercolsa, Isagén, etc. etc. son muestras que a diario refrescan nuestras memorias. Odebrecht, está de moda, y lo más grave es que sus orejas, aparecieron en plena Casa de Nariño por los años 2009 y 2010, y se han proyectado a los países vecinos.

Los ¨papeles de Panamᨠy negociados a granel se ventilaron durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Por ello es inconcebible la carta del ex presidente Uribe al Juez de La Florida, para defender a Martinelli, preso por corrupto en Estados Unidos. Inaudito que el ex mandatario se ampare en pasaporte diplomático colombiano, para aplicarle mayor poder a su defensa. Entendible sí, que lo haga aparecer como el gran defensor de la democracia y aproveche para ello el desprestigio de Hugo Chávez, a que consideró de terrorista y narcotraficante.

Uribe, sin sonrojarse dijo que Martinelli -chuzador empedernido de los panameños- es un perseguido político por haber enfrentado la amenaza socialista, ¨paraguas del chavismo¨. Nuestro ex mandatario, tiene mucho que agradecerse al panameño, porque asiló a Pilar Hurtado, quien también fue la temible chuzadora del DAS en Colombia, al parecer por órdenes directas de su jefe. Esa se la debe Uribe a Martinelli, al igual que otras ¨corru-cositas¨.

Y al parecer, es urgente y necesaria la absolución de Martinelli, porque son muchas las investigaciones en las Cortes Nacionales e Internacionales que ponen nerviosos a muchos prohombres que han actuado sin recato y sin moral, violando los Derechos Humanos, mientras exhiben una aureola de probidad.

Martinelli delinquió durante su presidencia en Panamá. Por ello lo tiene bajo su lupa la justicia norteamericana. Con el cuento de que fue demócrata y enfrentó a Chávez, no se puede esconder su acción depredadora, como tampoco se podrá borrar la ocurrid en otros lares. Que el juez Edwin Torres devuelva esa carta, o se estará institucionalizando internacionalmente la ¨licencia para chuzar¨ y delinquir, aprovechando el poder.

BLANCO: De la Calle, Vargas y Fajardo, excelente tripleta presidencial.   

NEGRO: El brutal recorte al presupuesto para el deporte, especialmente ahora, cundo brillan nuestras figuras. 

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Escrito por Gabriel Ortiz.

Los retos del nuevo comisionado de paz

Por Jairo Gómez.- Qué tan bueno es que a la oficina del alto comisionado para la paz llegue un político como el exembajador Rodrigo Rivera; pero que además asuma las riendas de la implementación una persona que ha estado ausente del país por años y poco conoce de los intríngulis del acuerdo negociado en La Habana.

Rivera es un canterano de las huestes galanistas y como buen político tradicional hizo el curso que lo llevó al club del ‘voltearepismo’; hoy pertenece al Partido de la U.

¿Creerá el presidente Santos que este es el camino más idóneo para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz? Seguramente. Rivera fue su primer ministro de Defensa y alguna confianza debe tener en su exembajador, que tendrá que hacer cara a un Congreso que hoy piensa más en el debate electoral de 2018 y a una díscola Unidad Nacional más fracturada que nunca. Un reto que lo obligará a poner a prueba sus saberes de político profesional. 

Ahora, vale preguntarse qué tanto puede aportar Rivera a la consolidación del acuerdo o si solo su presencia garantiza un trámite sin contra tiempos. Creería que su prueba de fuego está en el debate sobre los asuntos agrario y político. ¿Aceptará Rivera los cambios que sus amigos de lucha (los políticos) le quieren hacer a la reforma política y electoral?, porque lo que proponen nada tiene que ver con el punto dos del acuerdo final. Y el asunto agrario no es un tema menos, pues muchos de sus contertulios hechos en la política tradicional legislan en cuerpo ajeno y es claro que representan los intereses de los terratenientes.

Escrito por Jairo Gómez. Periodista.

Alianzas para el 2018

Por Mauricio Cabrera Galvis.-En medio de la confusión en que ha arrancado la campaña para las elecciones del 2018, hasta ahora solo hay una conclusión clara en la que hay consenso general: ningún candidato ni partido tiene la capacidad para ganar solo, y quien quiera llegar a la presidencia tendrá que hacer alianzas.

Parte de la confusión proviene de la enorme proliferación de precandidatos. A solo 9 meses de los comicios, hay 20 personas que han hecho pública su aspiración a la presidencia y están haciendo algún tipo de campaña; ninguno de ellos tiene más del 14% de intención de voto en las encuestas y la mitad solo registran dentro del margen de error.

Cómo se van a decantar todas esas aspiraciones y cómo van a converger hacia unos 3 o 4 candidatos que tengan posibilidades reales, es el gran reto que enfrentan los partidos y movimientos políticos.

Es evidente que para la segunda vuelta es forzoso e inescapable conformar alianzas alrededor de los dos finalistas, las cuales dependerán de quienes sean esos dos candidatos. Acá se pueden vislumbrar tres escenarios diferentes que plantearán complejas decisiones para los electores.

El primer escenario es que para la primera vuelta no se logre conformar una amplia alianza de centro izquierda entre todos los sectores que apoyaron el Sí (liberales, verdes, la U, independientes y la izquierda democrática), en cuyo caso lo más probable es que la segunda vuelta sea entre Germán Vargas y el candidato de extrema derecha apoyado de la coalición del No.

El resultado dependerá de la capacidad que tenga Vargas de atraer a los votantes del Sí, para lo cual tendría que modificar sus posturas frente al proceso de Paz y otros temas como la restitución de tierras o la transformación del sector agrícola. Si lo hace, asegurará la victoria pero si no, puede perder porque será grande la abstención y el voto en blanco.

Si se consolida la coalición de centro izquierda, su candidato se enfrentaría a Germán Vargas. Una gran pregunta es ¿qué haría la derecha en este segundo escenario: voto en blanco, abstención o apoyo a Vargas a pesar de que el expresidente envidioso lo considera un traidor? La otra gran pregunta es ¿que haría Vargas: buscaría una alianza con la derecha, o trataría de recoger votantes del centro? 

En el tercer escenario, la contienda sería entre el candidato de centro izquierda y el de la coalición del No, es decir que en cierta manera sería una repetición de la segunda vuelta entre Santos y Zuluaga. De nuevo el gran interrogante se refiere a la decisión de Germán Vargas.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis. Economista.

El necesario ajuste del SGR

Amylkar D. Acosta M.- Aunque la Comisión del Gasto público, creada a través de la más reciente reforma tributaria deberá ocuparse del gasto público del Gobierno central, en sus recomendaciones deberá tener en cuenta que entre las finanzas de la Nación y las finanzas territoriales existe dos vasos comunicantes, que son el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR).

En cuanto al SGP, debemos recordar que después de haber sido establecido por la Constituyente de 1991, tuvo dos reformas. El año anterior llego a su fin el régimen transitorio establecido en el A. L 04 de 2007, sin que el Gobierno nacional ni el Congreso de inmutaran, lo cual se tradujo en que nos retrotrajéramos a lo previsto en el A.L 01 de 2001. Es decir que los recursos del SGP crecerán a partir de este año teniendo como referencia el crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) en los cuatro años anteriores. El prolongado paro de los maestros tuvo como almendrón precisamente al SGP, que ha visto menguados sus recursos, los cuales tienen como destinación específica la salud, la educación, así como el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico. El paro se levantó con el compromiso por parte del Gobierno Nacional de concertar los términos de lo que será el ajuste hacia el futuro del SGP, lo cual habrá de impactar el gasto público del Gobierno central y por ello deberá estar en el radar de la Comisión del gasto público.

Al respecto debo añadir que, además del déficit fiscal del Gobierno central, que el año pasado fue de 4% y la meta para este año es del 3.6%, existe un déficit oculto. Me refiero al hecho de que en los últimos años se ha venido dando lo que yo he denominado una descentralización disfuncional, consistente en que se le han venido trasladando funciones y competencias que son del resorte del Gobierno central a las entidades territoriales, pero sin recursos para cubrirlas. Y, algo muy importante, el déficit fiscal sigue siendo el talón de Aquiles de la economía Colombiana. Después de conocer y evaluar las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado el mes pasado por parte del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, particularmente en lo atinente a la senda del déficit fiscal, la calificadora de riesgo Stándard and Poor´s acaba de poner la perspectiva económica del país en negativo. Por su parte otra calificadora, en este caso Fitch Ratings, después que le había devuelto la perspectiva estable a la nota del país, merced a la aprobación de la reforma tributaria a finales del año anterior, amenazó con volver  a imponerle la perspectiva negativa en su calificación crediticia si no corrige el déficit fiscal, que se resiste a ceder.

A guisa de ejemplo, de las funciones y competencias delegadas a las entidades territoriales por parte de la Nación, pero sin plata, relacionemos los casos más relevantes, a saber: la gestión del riesgo, la puesta en marcha de la Ley de Victimas, gestión ambiental de las cuencas de los ríos, responsabilidad penal adolescente y en general políticas de infancia y adolescencia, atención a desplazados y al adulto mayor, salud (atención a la población no asegurada en el sistema de salud, unificación de planes obligatorios de salud y cubrimiento de pagos no POS de regímenes subsidiado y contributivo), programas de la mujer, delegación minera en la verificación efectiva de las concesiones mineras, conservación del patrimonio cultural y la creación de cuerpos de bomberos. Pero el caso más patético y que se ha convertido en una bomba de tiempo es el del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Va a llegar el momento en que esa carga de le va a volver insostenible a las entidades territoriales, por el desfinanciamiento de dichos programas y ante la eventualidad de que se puedan paralizar vendrán las presiones de diferente índole y le va a tocar reasumirlos al Gobierno Nacional. Ello, también, deberá ser tenido en cuenta por parte de la Comisión del Gasto Público, máxime cuando las responsabilidades de los departamentos y los municipios serán mayores de cara al postconflicto, pues la paz es territorial, de ello no cabe duda.

Pero, las deliberaciones de la Comisión del Gasto no son óbice para avanzar en el debate y la concertación que nos conduzca al ajuste requerido del SGP. Por el contrario, este es inaplazable y no basta, como lo ha sugerido el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, con reformar la Ley 1176 de 2007, modificatoria de la Ley 715 de 2001, reglamentarias de los A. L 04 de 2007 y 01 de 2001, respectivamente. El alcance de dicha reforma sería únicamente el de flexibilizar el SGR, cuyos recursos están compartimentados, con el fin de que una vez alcanzadas sus metas en alguna de sus destinaciones específicas, sus excedentes se puedan asignar a las otras. De lo que se trata es de reformar el SGR y así poder barajar para volver a repartir los ingresos públicos entre la Nación y la entidades territoriales, con el propósito de emparejar las cargas. 

Bogotá, agosto 5 de 2017 

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Escrito por Amylkar Acosta M. Exministro de MInas.

El engaño de la ‘superación personal’

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Son tres las modalidades mediante las cuales millones de personas son sometidas a engaño colectivo en la sociedad actual: la religión, la política y la ‘filosofía’ de la superación personal. 

La más efectiva es la religión, pues hace esclavos felices. Le sigue la política, dañina cuando convierte en idiotas útiles a naciones enteras que actúan en seguimiento de una causa populista o caudillista, y solo hasta el final de un camino accidentado son conscientes de su equivocación. Para la muestra, tres botones: Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España. Tres visiones ideológicas de extrema derecha que se impusieron a la brava, siempre bajo el influjo de dañinos y perversos liderazgos.

Pero los tiempos cambian… y lo que ahora se impone es una forma de engaño seductor, revestido de una autoridad supuestamente culta o literaria. Hablamos de la filosofía de la superación personal, que tiene a sus ‘consumidores’ encadenados como borregos a la lectura de libros escritos en lenguaje de fácil digestión donde enseñan fórmulas mágicas para alcanzar el éxito y hacerse millonario, fórmulas que paradójicamente hacen multimillonarios es a sus autores y a los editores que acuden ansiosos a publicarlos…

Tratado de la obviedad

La filosofía de la superación personal traslada la religión al Marketing, brindando lo mismo: una sensación pasajera de ‘bienestar espiritual’. Mediante la compra de productos con apariencia intelectual te dicen cosas obvias que asumes como verdad revelada, y te ponen a consumir cada vez más del mismo entretenido heno (o sea, paja). Con el paso de los días compruebas que tu situación sigue igual o peor, pero no importa, porque te tienen entretenido, y la distracción consiste en que te convencieron de que solo falta hacerle algunos correctivos a tu “actitud triunfadora” para salir de la olla en que te encuentras.

El más obvio de los filósofos de la superación personal es Paulo Coelho, quien dice obviedades que la gente confunde con genialidades, como “todas las batallas de la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos”. ¡Por supuesto! O “lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él”. Eh Ave María, descubrió que el agua ahoga. ¿O qué tal esta?: “Cuando quieres realmente una cosa, todo el Universo conspira para ayudarte a conseguirla”. Esto ya no es obviedad, sino mentira: es cierto que para conquistar una meta se requiere voluntad, pero nada te garantiza que solo con férrea voluntad alcanzarás el éxito. Es lo mismo que decir “Dios proveerá”, pues se traduce en que todo se resuelve con tener fe, para el caso de la religión fe en un ser supremo y para el de la superación personal fe en ti mismo.

La filosofía de la superación personal encarna también una ideología de derecha, pues parte de una actitud conformista, la del que cree que vivimos en el mejor de los mundos posibles y en tal medida al sistema no se le debe cambiar nada, solo hacerle ajustes. Dicho individuo se comporta como los ‘integrados’ de los que habló Humberto Eco, en oposición a los ‘apocalípticos’, o sea los que sí quieren cambiar el sistema por uno diferente, porque creen que vivimos en el peor de los mundos posibles. (Ver Los amos del apocalipsis).

Decía Carl Sagan que no puedes convencer a un creyente de nada diferente, porque sus creencias no están basadas en ninguna evidencia sino en una enraizada necesidad de creer. Igual aplica para quienes creyeron con fe ciega en un proyecto político que hoy sucumbe, pero sus seguidores parecen dispuestos a “incendiar el país” antes que admitir que les toquen a su cada día más cuestionado líder, a quien siguen con una devoción ciega, de algún modo emparentada con la religión. Equivocados de buena fe, pero equivocados.

Sea como fuere, no es eso lo que hoy nos ocupa, sino un engaño más universal: el de millones de almas confundidas a las que han hecho creer que quien fracasa en la sociedad del rendimiento individual se hace responsable a sí mismo, es el único culpable de sus errores. Su cerebro no está programado para que contemple la posibilidad de poner en duda a una sociedad que de pronto –ella sí- tiene parte de culpa en su fracaso, debido a una crisis sistémica estructural en la que siempre será inmensamente superior el número de personas que estrellan sus sueños contra el pavimento que el de quienes alcanzan el tan anhelado y sufrido éxito.

Lo preocupante es que han ido incorporando a niños y jóvenes a estos engranajes conformistas de producción de estados de conciencia ilusorios, revestidos de ‘genialidad’, con Internet como su motor de masificación y donde un solo youtuber, el chileno Germán Garmendia colapsó el año pasado la Feria Internacional del Libro de Bogotá con la presentación de su libro Chupa el perro.

¿Y qué es Chupa el perro? Un folletín de autoayuda que contribuye a integrar a los pelados y peladas a un esquema de pensamiento que de ningún modo contempla, como sí lo hacían los jóvenes de antes, cuestionar la sociedad donde nacieron. Son idiotas útiles de una masificación de gustos impuesta desde arriba, donde el tipo de ‘ideas’ que se maneja son como las que expone Garmendia en el libro citado: “para cumplir tus sueños, tienes que madrugar”; o “arriésgate a hacer lo que te gusta, no lo que la sociedad te impone”. ¡Brillante!

Niños, jóvenes y adultos permanecen sumergidos hasta el cuello en el hechizo de una oferta de contenidos que avanza a una velocidad alucinante, cada vez más superficial, cada vez más peligrosa. Les adormecen la conciencia, les atan a una silla virtual cargada de emociones pasajeras, una detrás de otra, a un ritmo endiablado, mientras les hacen creer que basta con tener actitud positiva para que lluevan “bendiciones” y se despeje el camino al éxito, pendejadas de esas.

A mediano plazo ensombrece el panorama un nuevo engaño, hacia la elección presidencial 2018: de la mano con las mismas fuerzas de apariencia religiosa que actuaron unidas por los días del plebiscito, hoy adiestradas para dar un nuevo zarpazo, tratarán de vendernos la oscuridad con cara de luz redentora.

DE REMATE: Nazismo alemán, fascismo italiano, franquismo español, uribismo colombiano, todos cortados por la misma tijera.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

Escrito por Jorge Gómez Pinilla

Soberanía y constituyente

Por José Gregorio Hernández.-A propósito de lo que pasa en Venezuela, hemos recordado por estos días la sencilla pero muy real advertencia del político inglés John Emerich Edward Dalberg-Acton, más conocido como  Lord Acton, según la cual “el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”. 

Aristóteles  había afirmado que, en el gobierno despótico, quien gobierna suele  tratar  a sus súbditos como esclavos. Es decir, por definición, desconoce la dignidad humana de los gobernados y atropella sus derechos. 

Charles Louis de Secondat,  Barón de la Brède y de Montesquieu, en “El espíritu de las leyes”, dejó consignados los principios esenciales que hoy todavía sostienen la democracia en los estados constitucionales: la distribución de funciones; el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público. 

La constituciones se establecieron con el objeto de preservar  los derechos y  garantías para los ciudadanos, y como dique contra el ejercicio absoluto del poder; como forma de introducir el equilibrio en el uso del poder; como mecanismo de contención contra posibles abusos del gobernante, sometiendo sus actos y decisiones al Derecho. Las constituciones no se hicieron para rodear al gobernante de atribuciones omnímodas, ni para plasmar mecanismos de concentración del poder político, sino para sujetarlo a normas vinculantes que le fijan linderos y restricciones en garantía de la libertad de los gobernados. 

En una democracia auténtica, el titular exclusivo de la soberanía -esa característica del poder  estatal que se sobrepone a todo otro poder dentro del territorio-  es esencialmente  el pueblo, como lo declara el artículo 3 de la Constitución colombiana de 1991, y como lo proclama también el 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. 

El pueblo es el titular del  Poder Constituyente originario.  En ejercicio de la soberanía, es él quien  establece y pone en vigencia la Constitución, la norma fundamental  a la cual se sujeta todo el ordenamiento jurídico del Estado. Ese poder no se confunde con el poder de reforma de la Constitución, confiado a órganos constituidos -como los congresos o las asambleas constituyentes-. Ese poder derivado corresponde a una competencia, y por tanto no es el dueño de la Constitución, y solamente la puede modificar de la manera y por los procedimientos que la propia Carta Política estipula.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

La otra fractura

Por Ángel Alayón.- La literatura especializada es clara: las protestas en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad, tienen como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno. Una vez se produce la fractura, se abren los escenarios políticos que permiten la restitución de la democracia. Los resultados de la estrategia son múltiples y disímiles. Y van desde el fracaso absoluto de la estrategia hasta una transición indolora que culmina en una democracia.

El pasado 1 de mayo, treinta días después de iniciarse este ciclo de protestas, Nicolás Maduro anunció un proceso constituyente que le permitió retomar la iniciativa política perdida desde que la Fiscal Luisa Ortega Díaz decretara el rompimiento del orden constitucional. La constituyente fue asomada como un instrumento de paz. Pero se reveló desde el mismo anuncio como un instrumento de paz orwelliana, un instrumento que le permitiría a la coalición de gobierno liquidar cualquier resquicio de poder independiente y anular a la disidencia y a cualquier fuente de competencia política.

La pregunta que se hicieron en el Gobierno fue simple: ¿Cómo mantenerse en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? En 2016 lograron evadir el revocatorio y las regionales. Pero en 2017, la estrategia de la oposición requirió del Gobierno una respuesta de escala nuclear: la constituyente comunal. Un constituyente con poderes ilimitados, que sería aprobada sin consulta previa, y con unas bases comiciales que le garantizaban al gobierno la obtención de una mayoría a pesar de ser minoría. Porque ese es el obstáculo principal que tiene, y que tendrá, la coalición de gobierno: son minoría. Perdieron el favor y la preferencia de los ciudadanos, y no pueden mantener el poder mediante elecciones libres.

Las grietas en la coalición son visibles, pero no sabemos cuál es el alcance del daño a la estructura del poder, si lo hubiere, por lo que no especularé sobre la probabilidad de fractura y los resultados. También es conveniente recordar que la caída de los ingresos disponibles en manos del Gobierno implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas, como recuerda Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su Manual del dictador (Siruela, 2011), lo que afecta la solidez de la coalición. Me dedico aquí a otro quiebre, uno que luce irreversible y lleno de desafíos. Se trata del fracaso del modelo económico y social del chavismo y sus consecuencias: un empobrecimiento súbito de la población venezolana acompañada de una economía disfuncional. Allí, en ese fracaso, está el origen de la fractura entre la coalición del gobierno y los ciudadanos.

El modelo madurista-chavista no puede obtener otro resultado sino la pobreza. Fue así en el socialismo clásico del siglo XX, no podía ser diferente en el del XXI. El boom de los precios de petróleo de la primera década de este siglo disparó el consumo de Venezuela creando la “era dorada” del chavismo, una era en la que no le temieron a las elecciones libres, directas y universales. Pero fue en esa misma era cuando se establecieron las bases del fracaso de la economía y el rápido deterioro del bienestar de los venezolanos.

El desplazamiento y acorralamiento del sector privado, los controles de cambio como fuente de distorsiones y corrupción, el gigantismo del Estado empezando por la hipertrofia de la nómina de PDVSA y su partidización, la utilización política del Banco Central, el desmontaje de los instrumentos de estabilización macroeconómica, las estatizaciones con fines políticos, el uso del gasto público con fines electorales y clientelares fueron parte de un conjunto de acciones autodestructivas. Sólo era cuestión de tiempo. El precio del petróleo cayó y terminó por desnudar el modelo. No hay otro país petrolero que sufra lo que sufre Venezuela. La economía venezolana ya era disfuncional aun con precios del petróleo sobre los 100 dólares. La caída aceleró la debacle. Una caída para la que debimos haber estado preparados y no lo estuvimos.

Los desafíos económicos y sociales son enormes e inmanejables con la mismas recetas que nos han traído aquí. La hiperinflación ya es un tema de discusión semántica no de impacto en el bolsillo. Las importaciones colapsaron y eso se refleja en la escasez. La producción agrícola está en emergencia mermando aún más la posibilidad de producir alimentos en el país. La producción de petróleo ha caído 20% desde 2012. Las reservas ya están por debajo de los 10.000 millones y Venezuela tiene compromisos de pagos en los próximos 18 meses por 12.722 millones de dólares.

El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables determinantes de la dinámica política actual. La coalición del gobierno es minoría, entre otras razones, porque su oferta a los venezolanos, más allá de la propaganda, son vidas rotas y una precaria sumisión a la dependencia estatal para proveerse de bienes básicos. Una promesa que ni siquiera puede cumplir. Una oferta sin poder de persuasión porque no tiene cómo apalancarse. Ni siquiera en la nostalgia. Ni siquiera en el olvido.

Para la coalición del gobierno, el problema sigue intacto: en democracia las minorías no pueden mantenerse en el poder.

Escrito por Angel Alayón. Economista Venezolano.

¿Y los responsables políticos en Odebrecht y el fiscal Moreno?

Por: Jorge Enrique Robledo.- Va más de medio año desde que estallara el escándalo de Odebrecht. Y mientras que en otros países ha hecho caer cabezas de la cúpula, en Colombia no ha pasado nada más allá de algún ruido sobre algunos actores secundarios y el convencimiento nacional de que vamos hacia otra escandalosa impunidad. A pesar de que se pagaron sobornos por millones de dólares para contratos corruptos y hay acusaciones sobre fuertes sumas a las candidaturas que se disputaron la Presidencia en 2014.

Si en lo legal son pocos los avances, hay impunidad total en cuanto a las responsabilidades políticas de los involucrados: un par de noticias que sirven más para cubrir las apariencias que para ir al fondo del asunto, y pare de contar, al igual que el silencio de los partidos de los funcionarios involucrados. Impunidad total, a pesar de que Juan Manuel Santos confesó con un “me acabo de enterar” que entró plata de Odebrecht a su campaña de 2010 y que las pruebas señalan que lo mismo sucedió en 2014. Y parecido ocurre con el también acusado Óscar Iván Zuluaga, casos los dos en los que ni se mencionan los nombres de sus vicepresidentes y actuales aspirantes a la Presidencia, como si no se hubieran beneficiado con la misma plata y los mismos votos.

Se sabe también que la parsimonia del Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar a los partidos que avalaron estas candidaturas obedece a que el 80 por ciento de sus miembros pertenece a la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Y se mantiene oculto que la Procuraduría tiene frenado el acuerdo del gobierno con Odebrecht y el Grupo Aval para darles 700 mil millones de pesos como parte del acuerdo de impunidad que pactaron.

De otro lado, la Contraloría confirmó mis acusaciones y las de José Roberto Acosta sobre el préstamo del Banco Agrario a Navelena (Odebrecht). Señaló que están perdidos 135 mil millones de pesos, que la junta directiva del banco aprobó el préstamo violando las normas y que 50 mil millones de esa plata se contrataron para “cancelar un préstamo de Navelena con el Banco de Occidente, cuyo único propósito fue reducir la exposición de este último con el Grupo Odebrecht” (enlace 1). Tampoco se responde por estos hechos en un banco politizado por completo, incluido el silencio de los ministros de Hacienda y Agricultura, miembros de su junta directiva y del conservatismo y la U.

Cómo fue de notorio además el manto de silencio y falsedades con el que los amigos del Fiscal Martínez cubrieron el retiro de su denuncia penal por injuria y calumnia contra este senador y que, gozando de una amplísima alcahuetería, se hubiera atrevido a violar el artículo 185 de la Constitución, que protege a los congresistas por sus opiniones en el ejercicio del control político. También va camino de la impunidad política que el Fiscal Anticorrupción corrupto hubiera sido nombrado como parte de una operación clientelista de Cambio Radical, el partido de sus afectos y de los de Néstor Humberto Martínez Neira.

En los países que no operan tan mal como Colombia, los altos funcionarios y sus partidos responden políticamente por sus malas determinaciones, incluido tener que renunciar a sus cargos (enlace 2). En Colombia, y ello cuenta en por qué es uno de los países más corruptos del mundo, gobernantes, jefes políticos y partidos tradicionales no tienen que responder por los actos ilegales o vergonzosos y sus filiaciones políticas ni siquiera se mencionan cuando son acusados.

De lo peor de esta lamentable realidad, heredera de la manguala del Frente Nacional, es que a ella han acostumbrado a mucha gente buena de Colombia, que refunfuña contra sus actos y al final los tolera y respalda con sus votos. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Parece estarse acercando uno de esos momentos claves en los que los países corrigen el rumbo, dada la amplia indignación contra las tantas maneras perniciosas con las que los mismos se han mantenido por décadas en el poder, impidiendo el verdadero progreso de Colombia. 

Bogotá, 28 de julio de 2017.

Escrito por Jorge Enrique Robledo. Senador del Polo Democrático Alternativo.