Opinión

Salvar la reforma política

Por Juan Fernando Londoño.- Una de las mayores paradojas colombianas es que todo el mundo está de acuerdo respecto a la necesidad de hacer reformas que modifiquen la forma de hacer política, pero casi nadie está de acuerdo con las reformas que se proponen. Eso es exactamente lo que está pasando hoy con el proyecto que se tramita en el Congreso.

Son variadas las razones de los opositores a la reforma política. Por una parte, el Centro Democrático no apoya nada que le convenga al país si se deriva del Acuerdo de Paz, pues con tal de hacer trizas el acuerdo prefieren ver al país hecho trizas primero. Cambio Radical, por su parte, no apoya nada que afecte el statu quo, especialmente si las propuestas amenazan a sus aliados políticos y económicos. 

Queda entonces la coalición por la paz y en ella existen visiones distintas de lo que quieren con la reforma, pues a pocos meses de unas nuevas elecciones nadie puede evitar la tentación de que las reglas ayuden a  resolver sus problemas y, de ser posible, ganar un poco de ventaja para acceder al poder. Por eso, por ejemplo, las agrupaciones pequeñas proponen que se puedan hacer coaliciones para las corporaciones públicas, y de esa forma evitar los efectos de no alcanzar el umbral; pero con igual lógica los partidos grandes proponen que las coaliciones sean para todos y así hacer transfuguismo al por mayor y no al detal.

El problema es que las necesidades de los políticos no son las de la sociedad. Y por eso tantas voces autorizadas manifiestan sus críticas al contenido de la reforma. Pero los críticos olvidan una regla fundamental: ninguna reforma política es perfecta. Por el contrario, las reformas son siempre esfuerzos para ir mejorando el sistema político, pero nadie tiene la fórmula mágica para transformarlo.

La actual propuesta de reforma busca la transparencia de los procesos electorales, promover la democratización de los partidos políticos y crear una autoridad electoral realmente independiente. Es claro que muchas de sus normas son susceptibles de mejorar, pero de eso se trata el trámite parlamentario, de que la sociedad concurra a debatir y mejorar la iniciativa.

Los colombianos reclaman avances concretos en materia de lucha contra la corrupción y varias de las normas en el proyecto permitirían caminar en dicha dirección. Tener un consejo electoral que no siga las instrucciones de los partidos, a quienes tiene que vigilar, es un avance que justifica que la reforma se tramite. Sería inconcebible que el país asistiera en 2018 a un espectáculo en el que volvamos a tener un Consejo que refleje la voluntad de las mayorías parlamentarias.

Desligar el umbral de la conservación de la personería jurídica es un paso fundamental para preservar el derecho de asociación de los ciudadanos y lograr que los partidos tengan afiliados en lugar de clientelas resulta fundamental si queremos tener partidos democráticos. Además, mejorar las reglas del financiamiento electoral resulta fundamental para que los políticos representen a los votantes y no a los donantes.

Si el Congreso no tramita el proyecto, con todas las modificaciones y mejoras que se deban introducir, no solo le fallará a los compromisos del Proceso de Paz, sino también a los millones de colombianos que cada día son más incrédulos sobre la eficacia y la voluntad de cambio de los gobernantes. 

No tramitar la reforma política sería un tiro en el pie para los partidos, que inevitablemente seguiría dando argumentos a quienes proponen una constituyente… y quizás no sea tan mala idea.

Escrito por Juan Fernando Londoño Ex Viceministro del Interior. Director de Centro de Análisis y Asuntos Públicos. @JuanFdoLondono

La sagrada función judicial

Por José Gregorio Hernández.-Los magistrados y los jueces no pueden ejercer su función si pierden independencia e imparcialidad, rectitud, moralidad. Por definición, eso que hacen a nombre y por autoridad del Estado y según la Constitución y las leyes  -“Juris dictio”, decir el Derecho-,  se erige en la más grave y alta responsabilidad.

Los jueces tienen en sus manos una trascendental tarea -quizá la más delicada y difícil de todas las que corresponden al Estado-, consistente, nada menos, que en resolver,  en decidir sobre los más diversos asuntos y desatar las controversias, con fuerza de verdad y con efectos vinculantes. De modo que, sin perjuicio de los recursos existentes, se parte de la base de que cuanto resuelven se ajusta al Derecho, realiza el orden jurídico, materializa en casos concretos  la voluntad en abstracto del Constituyente y del legislador, así como los valores y los derechos fundamentales, restaurando aquello que debe ser restaurado y reparando lo que debe ser reparado.  De allí que los jueces y magistrados, y sus providencias, merezcan el respeto y la confianza dela sociedad en general y de los ciudadanos en particular. Se acude a ellos para que impartan justicia y, una vez fallado el punto en discusión, se presume que lo han hecho, de manera que, en firme el fallo, las partes han de respetarlo, y debe ser ejecutado con el apoyo del aparato estatal.

Por ello, a la idea de administrar justicia son inherentes los conceptos de independencia e imparcialidad del juez. Sin esas características, nada de lo dicho puede cristalizarse en el Estado de Derecho.

Como lo escribimos hace unos años, “ser independiente significa estar en capacidad de decidir en cada caso con entera libertad porque (el juez) está exento de cualquier compromiso, grande o pequeño, con intereses o fines distintos de lo que deben inspirar al juez en el sagrado ejercicio de sus atribuciones”.

Agregábamos: “El juez independiente estudia el proceso sobre el cual habrá de fallar, sin prevención alguna. Su única preocupación consiste en acertar, administrando la justicia que encarna y representa, y hacerlo apoyado en su convicción, fundada en los elementos de orden fáctico y jurídico de los cuales dispone y según lo que objetiva e imparcialmente le dicta su conciencia. Por tanto, no calcula su fallo…”.

Visto lo ocurrido en casos recientes, hemos de acotar: el solo cálculo del fallo, con propósitos ajenos al Derecho, ya es un desvío ilícito de la función judicial. Acomodar las decisiones para satisfacer o molestar a alguien, sin fundamento en las normas y en los hechos, inclusive si ello se hace por consideraciones políticas, altruistas o religiosas, es ya un comportamiento delictivo. ¿Qué se dirá del juez o magistrado  que se atreve a acomodar sus fallos, o que se presta para demorarlos o precipitarlos ilícitamente, o que altera, disfraza  o compone sus motivaciones o decisiones para producir ciertos efectos porque le han comprado -y, por ende, ha vendido- su conciencia, es una vergüenza para la administración de justicia y para el Estado?. No merece la toga, de la cual se lo debe despojar, porque la ha mancillado y pisoteado. 

Sin generalizar, pero lo que está pasando en Colombia en materia de Justicia es muy grave.

Escrito por José Gregorio Hernández. Ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia.

Juan Fernando Cristo, una opción liberal para Colombia

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Es para Colombia y la Región, incluso sin ser modestos, para el mundo democrático, que el próximo año se desarrollen las primeras elecciones en el contexto de un Proceso de Paz, en su etapa del Postconflicto. Es un paso definitivo al logro de una nación más democrática, menos violenta y con posibilidades de un verdadero desarrollo sostenible.

En este escenario, el de buscar las opciones para la intensificación de las acciones orientadas a hacer del Postconflicto un profundo y real proceso de cambio sociopolítico para Colombia, en el seno del Partido Liberal, mi colectividad, de una forma espontánea y valiente, han surgido las precandidaturas de algunos líderes, de las diversas regiones de la geografía colombiana, que demuestra el talante democrático, plural y comprometido de los liberales colombianos.

Una de esas opciones, es la de Juan Fernando Cristo Bustos, ex Ministro del Interior, ex presidente del Congreso, ex Diplomático, de tradición y formación liberal, hijo de Norte de Santander y político de convicciones liberales modernas.

Soy de la opinión que el Proceso de Paz tuvo un poderoso equipo de líderes que, desde diferentes posiciones y escenarios, materializó su éxito. Uno de ellos fue Cristo Bustos, quien, desde la cartera del interior, no sólo recorrió la diversa geografía colombiana, tantas veces como fuese necesario, para llevar el mensaje de la necesidad de la reconciliación, sino  para propiciar y crear las condiciones desde las regiones, del desarrollo del posconflicto.

Este proceso requirió no sólo de la convicción de la necesidad de la Paz como ingrediente fundamental para una Colombia más justa, equitativa, menos violenta, sino, del convencimiento de la importancia del proceso hacía el futuro para mirarlo desde las necesidades, expectativas, debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de las regiones, sobre todo desde aquellas donde el conflicto armado determinó su dinámica. 

Recordemos que el exministro Cristo y su familia fue profundamente golpeada por la violencia. El 8 de agosto de 1997, en la ciudad de Cúcuta, su Padre, el médico y político liberal Jorge Cristo Sahium, quien fue congresista, fue asesinado por el ELN. Juan Fernando Cristo no sólo logró, junto con su familia superar esa pérdida tan sentida, sino que se atrevió a seguir adelante, “perseguir sus sueños” con el perdón, cuando afirmó en medio del dolor que se requería perdonar para lograr la reconciliación y el éxito del acuerdo de paz con las Farc.

Como senador de la República tengo que reconocer que Juan Fernando Cristo fue el autor de una iniciativa liberal para construir la Ley de Víctimas  y que en forma brillante logró que el congreso la aprobara. Ley que fue el escenario para impulsar los diálogos que concluyeron con la firma del Acuerdo del Teatro Colón. También fue artífice de varias iniciativas que están implementando la arquitectura jurídica del Proceso de Paz y el desarrollo del posconflicto.

Juan Fernando Cristo tiene un liderazgo y ese es un patrimonio para los liberales. Más allá de sus cualidades personales y humanas, profesionales y políticas, pertenece a una nueva generación que lidera propuestas de avanzada en materia social y económica, a una nueva visión de país e inclusive del partido.

En este sentido, como liberal aplaudo su iniciativa de presentarse como precandidato de nuestra colectividad, al igual que las de los otros liberales, que levantan sus planteamientos como opciones de cambio, democracia, pluralidad y libertad. 

El Proceso Electoral del 2018 es la piedra angular de la nueva Colombia. Se requiere superar con urgencia todo lo que perjudique, desde la escena política, cualquier talanquera que atente contra el camino del posconflicto que es el que ilumina un solo objetivo: la verdadera convivencia y la paz entre todos los colombianos.

Escrito por Jaime Enrique Durán Barrera. Senador Liberal de Colombia.

Cambio de timonel en Ecopetrol

Por Amylkar D. Acosta M.-  “Ya terminó mi tiempo como financista de manejar una crisis y ahora es el tiempo del petrolero, que es Bayón”. Con estas palabras anunció el Presidente de ECOPETROL juan Carlos Echeverri su retiro de la empresa y la entrega de la posta el próximo mes a su reemplazo en la Presidencia de la estatal petrolera, Felipe Bayón.

Qué lectura podemos darle a este anuncio de parte del saliente Presidente de ECOPETROL. Recordemos que el asumió el cargo en abril de 2015, en reemplazo de Javier Gutiérrez, quien se desempeño en el mismo por espacio de 7 años y dejó muy bien posicionada a la empresa, en medio de la caída de los precios internacionales del crudo. En efecto, a finales de abril de 2015 los precios cayeron 43.8% (¡!) con respecto al mismo mes de 2014, cuando se cotizaba por encima de los US $100 el barril y ahora se situaba en US $43.04 en WTI y US $45.91 el BRENT. Y desde entonces los precios han oscilado en torno a los US $50 el barril, para ser más exactos el día 17 de los corrientes la cotización del barril de crudo marcó US $47.55 para el WTI y US 50.27 para el BRENT. El largo ciclo de precios altos de las materias primas, que en el caso del petróleo se prolongó por más de una década, había llegado a su fin.

Con la destorcida de los precios se le planteaba a la industria petrolera el reto de reducir costos, ganar en eficiencia, ser más asertiva en sus decisiones, para poder sobrevivir a la debacle, al pasar de la época de las vacas gordas a la época de las vacas flacas. Esta fue la tarea que acometió Juan Carlos Echeverri, quien venía de desempeñarse como Ministro de Hacienda y en su calidad de tal hacía parte de la Junta Directiva de ECOPETROL y por lo tanto conocía por dentro a la empresa. Para afrontar sus afugias, en sus dos primeros  años al frente de la empresa la sometió a una reingeniería, la concentró en su core business, desinvirtiendo en aquellos eslabones de la cadena de valor menos prometedores, logró estabilizar la empresa y la puso a generar caja para poder redoblar sus esfuerzos esxploratorios y de producción. Al logro de optimización para reducir costos se vino a sumar lo alcanzado en la comercialización, al reducir el margen de descuento del precio venta de la canasta de crudos de ECOPETROL con respecto al precio BRENT, reduciéndolo desde los US $12 por barril a los US $6, lo cual a la postre se ha venido traduciendo en una mayor utilidad en beneficio del P&G de la empresa.

Después de dar pérdidas en el 2014 y en el 2015 y por ello mismo no repartió dividendos a sus accionistas, ya en el 2016 empezó a verse la luz al final del túnel y gracias a ello se repartió entre sus accionista la suma de $945.000 millones. Ahora bien, según su más reciente reporte, en el primer semestre de este año su operación arrojó utilidades por $2.2 billones. Un de los lunares de ECOPETROL durante estos dos años largos de gestión de Juan Carlos Echeverri, como él mismo lo reconoce, es la preocupante caída de sus reservas, las cuales pasaron de 1.840 MMBPE en 2015 a 1.598 MMBPE en diciembre de 2016, 14% menor (¡!), al tiempo que la relación reservas/producción pasó de 7.4 años a sólo 6.8 años (¡!). El otro lunar es el de la producción, que se ha visto afectada tanto por los atentados a su red de oleoductos como al saboteo a sus instalaciones. Después de haber subido de los 755.400 barriles/diarios en 2013 a 760.000 barriles/diarios en 2014, a partir del 2015 empezó a caer, la producción promedia cayó a 760.000 barriles/diarios y luego tuvo un bajonazo del 28%  en el 2016, reduciéndose a sólo 552.000 barriles/diarios. Más recientemente se ha podido recuperar la producción y se ha estabilizado en torno a los 718.000 barriles/día.

No deja de ser traumático cambiar de montura en la mitad del río, máxime cuando este es turbulento y peligroso. Juan Carlos Echeverri califica a Bayón como un petrolero avezado de “racamandaca” y no le falta razón, pues tiene una larga trayectoria de más de 20 años en la industria, la cual junto con su experiencia y experticia le habrá de servir para encarar los retos que tiene por delante la empresa. El primero de ellos y el más inmediato y retador es la perforación del pozo Molusco en el offshore en La guajira, toda vez que este es el primer proyecto costa afuera en el cual ECOPETROL es el operador del mismo. En estos momentos tanto ECOPETROL como otras empresas petroleras están apostándole a la exploración offshore, pero en mi concepto ello debe darse sin descuidar la importancia de lo que puede y debe hacerse en la plataforma continental. Por fortuna, según informó Echeverri, “la campaña exploratoria entre julio y diciembre tendrá un mayor foco en el onshore en Colombia con la perforación de 10 pozos”.

Es de esperar que con la llegada de Bayón ECOPETROL siga por la senda de su recuperación y superación, pues si le va bien a ECOPETROL le va bien al país, habida cuenta que esta es la empresa insignia de todos los colombianos. Así sea! 

Riohacha, agosto 18 de 2017 

www.amylkaracosta.net

Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Textiles y contrabando

Por Mauricio Cabrera.- En medio del mal desempeño de la industria en Colombia -que en junio tuvo un decrecimiento de 1.9%- sobresalen, por lo malo, los sectores de fabricación de automóviles, de hilos y telas y de confección de prendas de vestir, con caídas anuales de 38%, 20% y 13%, respectivamente.

Se ha querido explicar este bajonazo porque los consumidores están comprando menos, lo cual tiene algo de razón en el caso de los automóviles, pero no en los textiles y confecciones. Según el DANE, en el mismo mes de junio las ventas de automóviles en el comercio minorista cayeron 0.7%, mientras que las de textiles y confecciones crecieron 1.4%.

En el sector textil la causa principal hay que buscarla por el lado de las importaciones que en junio aumentaron 21%: los consumidores están comprando menos telas y vestidos producidos en el país y muchos más importados. Es una tendencia que se viene dando desde hace muchos años, y que explica la crisis que atraviesa el sector textil, que se volvió noticia esta semana con el anuncio de Fabricato de parar su producción por quince días.

Si se mira la evolución del sector textil desde principios del siglo, se encuentra que la producción se ha mantenido casi igual, un pequeño crecimiento del 3% en los últimos 14 años. Por supuesto, no es porque la economía se hubiera estancado en ese período ni porque los hogares no hubieran aumentado su consumo. Muy por el contrario, las ventas de confecciones en el comercio minorista crecieron 130% en el período, lo que implica necesariamente que se vendieron más telas y vestidos importados, mucho más baratos por las rebajas de aranceles y la revaluación del peso.

Las cifras no mienten. En 11 años -hasta el 2014- las importaciones de textiles y confecciones se multiplicaron por 4, reemplazando en las vitrinas y los anaqueles a los productos nacionales. Una gran ganancia para los consumidores, dicen los apóstoles de la apertura, pero un gran perjuicio para los trabajadores: En estos años se perdieron el 40% de los empleos que generaban textileros y confeccionistas. 

Un factor que ha agravado la crisis del sector textil es que con el control a las ventanillas de lavado de dineros ilícitos en billetes y efectivo, se ha incrementado el contrabando como canal para ese lavado. Se trata sobre todo de contrabando técnico: hacer importaciones legales, pero registrarlas por un precio muy inferior al real. Un caso concreto de estas prácticas es el de telas Denim que llegan de China a un precio de USD 0.70/Kg, cuando la sola materia prima, el algodón, tiene un precio internacional de USD 1.50/Kg.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El regalo de Trump para Maduro

Por Michael Shifter.- Nadie debería preocuparse por la posibilidad de una acción militar estadounidense en América Latina. La idea es risible.

Pero la reciente declaración del presidente Donald Trump acerca de una “posible opción militar” para lidiar con el régimen dictatorial del presidente Nicolás Maduro tiene consecuencias reales.

Esa fanfarronada podría afectar de manera adversa las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos más cercanos y complicar aún más los esfuerzos para resolver la peor crisis del hemisferio.

A pesar de que la Casa Blanca había dicho que “todas las alternativas estaban sobre la mesa”, pareciera que la referencia explícita de Trump salió de la nada. El actual gobierno estadounidense ha expandido las sanciones dirigidas a altos funcionarios de Venezuela —entre los que se encuentra Maduro— que comenzaron durante la presidencia de Barack Obama.

Se dice que se sigue analizando la posibilidad de mayores sanciones económicas; incluso podrían interrumpirse las importaciones de petróleo. Como era de esperarse, el extraño comentario de Trump ha tenido una respuesta negativa casi universal, tanto en Estados Unidos como en América Latina.

El comentario recordó la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos realizó intervenciones militares en la región que a menudo tuvieron resultados poco felices y dejaron un mal sabor de boca. La última vez que Estados Unidos utilizó las fuerzas armadas en América Latina fue en Panamá, hace casi tres décadas. Trump no parece estar consciente de que la región —tanto como Estados Unidos— ha cambiado considerablemente desde entonces.

Además, ningún alto funcionario o figura política estadounidense —ya sea republicana o demócrata— ha respaldado o sugerido que acepta esa alternativa. De hecho, hace pocos días, H. R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional, señaló que no esperaba que hubiera una intervención militar foránea en Venezuela.

Fue un momento bastante desafortunado para decir eso. Primero, los gobiernos de América Latina, cuya respuesta ante el dramático deterioro de Venezuela ha desilusionado por su lentitud y tibieza, hace poco tomaron la iniciativa y asumieron una postura más enérgica. Están redoblando la presión diplomática sobre Maduro para que respete las normas democráticas.

La semana pasada, el gobierno de Perú convocó una reunión especial de los ministros de relaciones exteriores del hemisferio. Doce de los gobiernos más grandes y más importantes firmaron una declaración notable porque mencionaba que había una “dictadura” en Venezuela y aceptaba trabajar de forma conjunta en acciones más concretas, entre ellas restricciones de envíos de armas a Venezuela y el bloqueo de cualquier nominación venezolana en organizaciones internacionales.

La ausencia de un representante de Estados Unidos en la cita de Lima refleja que mucha de la buena voluntad entre Washington y gran parte de América Latina se ha disipado.

Es fácil entender que el hecho de mencionar una posible intervención militar estadounidense en Venezuela no cayó bien entre los gobiernos de la región, que enfatizaron el principio de “no intervención” en el párrafo de apertura de la declaración. Es probable que el comentario de Trump genere un distanciamiento y una desconfianza mayor entre Estados Unidos y Latinoamérica, y complique las iniciativas para realizar acciones multilaterales en Venezuela.

El comentario de Trump se produjo dos días antes de que el vicepresidente Mike Pence visitara cuatro países de la región con el fin de promocionar los beneficios mutuos de una colaboración constructiva entre Estados Unidos y América Latina y realizar consultas sobre opciones para abordar la crisis venezolana. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha debilitado ese esfuerzo.

El domingo, en Colombia, el vicepresidente Pence se refirió a “la tragedia de la tiranía en Venezuela” e intentó tranquilizar al presidente Juan Manuel Santos, un buen socio de Estados Unidos, explicándole la política del gobierno de Trump sobre Venezuela. Es probable que Pence pase más tiempo del que anticipaba controlando los daños causados por su jefe.

Tal vez lo más importante es que el comentario sobre una posible intervención militar puede resultar contraproducente en ese país, ya que podría darle al régimen de Maduro el salvavidas político que necesita y dividir aún más a la oposición.

Hugo Chávez, el carismático líder de la revolución bolivariana que asumió la presidencia en 1999 y murió en 2013, en repetidas ocasiones se refirió al “imperio” en sus ataques hacia Estados Unidos. Funcionó como una consigna muy efectiva, en especial después que la Casa Blanca de Bush apenas ocultó su júbilo por el efímero golpe de Estado en contra de Chávez en 2002.

Sin embargo, para Maduro, cuya presidencia está signada por una economía que colapsa y una gran represión, la mención del “imperio” ha perdido mucha fuerza entre los venezolanos. Cada vez menos personas creen que Estados Unidos es el culpable de la desgracia y la hambruna generalizadas en ese país.

Tal vez sin darse cuenta, Trump le ha dado credibilidad al argumento favorito de Chávez para perpetuarse en el poder. Como era de esperarse, Maduro, invocando el principio de soberanía nacional, pidió a los venezolanos prepararse “para defender la paz, con los tanques, aviones y misiles” y ordenó a las Fuerzas Armadas realizar ejercicios el 26 y 27 en todo el país.

La mención de una intervención militar también puso en aprietos a la oposición venezolana, justo cuando intentaba reagruparse después de la indignante toma de poder que instaló a la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro, al igual que lo hizo Chávez antes que él, siempre ha acusado a la oposición de ser una marioneta de Washington. La oposición, que enfrenta una situación muy difícil y que ya estaba dividida por diferencias políticas y de personalidades, se podría fracturar aún más en la medida en que adopte una posición frente a la postura de Trump.

Si la fanfarronada ayuda a mitigar la profunda crisis humanitaria y de gobernabilidad de Venezuela, entonces Trump se merecerá el crédito por su gran intuición. Pero lo más probable es que suceda lo contrario. Más bien parece que el presidente de Estados Unidos ha enturbiado la política de su gobierno y le ha dado un regalo a Maduro desequilibrando a la oposición, alejando aún más a los aliados de la región y poniendo a su vicepresidente a recoger los platos rotos.

Y, al final, los venezolanos son los que sufrirán.

 

Escrito por Michael Shifter. Presidente de Diálogo Interamericano y Profesor de Política Latinoamericana en Georgetown University.

El diálogo, la salida para Venezuela

Por Jairo Gómez.- Nada pintaba bien para el futuro de Venezuela cuando en enero de 2016 llegó la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, a tomar posesión del hemiciclo parlamentario y lo primero que hizo fue sacar del recinto las fotos de Chávez y de Simón Bolívar, el Bolívar reivindicado por la revolución Bolivariana.

Puede parecer un acto baladí, pero no. Los chavistas en Cabeza del Presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tomaron nota de las verdaderas intenciones de la oposición de poner contra la pared a la “Revolución Bolivariana” y, desde entonces, comenzó el más feroz enfrentamiento entre las dos facciones que hoy polarizan el país: La Mesa de Unidad Democrática (MUD) y el PSUV.

La desdicha de toda esta realidad es que el pueblo, quien siempre sufre los desmanes de los poderosos, es utilizado sin saber a ciencia cierta cuál va a ser su futuro. No hay claridad inmediata, y la coyuntura y los años por venir son equívocos.

Al parecer, Maduro ha logrado superar por ahora la crisis que agobió a su gobierno en estos últimos cien días de protestas apoyado en su bastón de mando: el uniforme militar que le da un inevitable rasgo autoritario. Dicen los politólogos: “El reinado no te da poder, el poder te lo dan los ejércitos”. Es una frase que le cae como anillo al dedo al Presidente Maduro: comprobado está que la Fuerza Pública Bolivariana (FPB) le es leal a su régimen y este respaldo ha llevado a que desde afuera se le tilde de “dictador”.

 

Este respaldo no es poca cosa y tampoco nos puede tomar por sorpresa. Es clarísima la alianza cívico-militar en el poder de Caracas. La siguiente anécdota ilustra el porqué del compromiso de la FPB con el chavismo y su relación simbiótica. Cubriendo los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno Santos y las FARC, en dos ocasiones pude comprobar la presencia de vastas legiones de militares venezolanos en Cuba que, aunque no me lo confirmaron, de suyo era evidente suponer que los uniformados chavistas estaban en la isla Comunista recibiendo doctrina sobre su compromiso con la revolución, al mejor estilo de la patria de Martí. Supe después que el desplazamiento en masa de altos oficiales se intensificó luego del intento de golpe de estado contra el Coronel Chávez. “A Venezuela no le puede ocurrir lo que le sucedió a Allende en Chile”, me dijo en su oportunidad un alto funcionario cercano al Palacio de Miraflores.  

Escrito por Luis Fernando García. Forero

¿Reglas diferentes?

Por José Gregorio Hernández.-Ya habíamos señalado que el artículo transitorio 8° del Acto Legislativo 01 de 2017, mediante el cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estipula que, contra las acciones u omisiones de sus órganos, cabrá la acción de tutela.

La disposición advierte que, contra providencia de la JEP, el amparo solo será procedente por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa del proveído,  por deducirse de su parte resolutiva y si han sido agotados  todos los recursos dentro de la misma jurisdicción, siempre a falta de mecanismos  idóneos  para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado.

En caso de violaciones por afectación al debido proceso, la tutela -según la reforma- deberá interponerse ante el Tribunal para la Paz -único competente-, tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP.

De conformidad con el precepto, el fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional, pero la decisión sobre si el caso se selecciona será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte y dos de la JEP. El fallo será seleccionado si los cuatro  votan a favor de la selección.

Las sentencias de revisión -al tenor de la norma- serán proferidas por la Sala Plena de la Corte, aunque, si ella  encuentra que el derecho invocado ha sido vulnerado, no  podrá “anular, invalidar o dejar sin efecto  la decisión impugnada”, ni tampoco excluir  los hechos  de la competencia de la JEP. La sentencia -prosigue-  será remitida al Tribunal para la Paz con el objeto de que éste adopte la decisión que corresponda. No hay lugar a nueva acción de tutela.

Estas reglas, hoy de orden constitucional en cuanto se trata de un Acto Legislativo, están siendo revisadas en forma automática por la Corte Constitucional de manera automática. Fueron establecidas por el procedimiento abreviado (Fast  track).

Sobre ellas, desde el plano académico, tenemos reservas:

-Consideramos que modificar las disposiciones constitucionales (Art. 86 C.P.) y las legales correspondientes, podía hacerlo el poder de reforma -el Congreso- mediante Acto Legislativo, pero por el procedimiento ordinario -arts. 375 y concordantes C.P.-. No cabía el procedimiento abreviado o Fast track, por cuanto la regulación de la acción de tutela y, con mayor razón, la restricción a las actuales funciones de la Corte Constitucional, son asuntos que exceden el campo propio del desarrollo e implementación de los acuerdos de paz.

-Pero hay más. Estando de por medio derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa o el derecho a la prueba, o la imparcialidad de los jueces, todas las personas deben estar en pie de igualdad ante los jueces constitucionales, con miras a la tutela constitucional efectiva. Así que no existe razón válida  para que, solamente por tratarse de fallos proferidos por la JEP, los posibles afectados -cuyos derechos básicos  les pueden haber sido conculcados o amenazados- deban ver disminuida, recortada o restringida  la oportunidad de una acción de tutela examinada  por la Corte Constitucional, a diferencia de los procesados por la Justicia ordinaria. 

 

Adicionalmente, no se garantiza verdadera protección, si quien finalmente decide es la propia JEP, jurisdicción que pudo violar o amenazar tales derechos.

Escrito por Luis Fernando García. Forero

Una decisión estratégica para el Magdalena Medio

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Lo que hace importante la Política es su capacidad de hacer posible lo imposible sólo con tomar decisiones acertadas que pueden cambiar el curso de la historia y generar bienestar, avance y desarrollo.

Ecopetrol, en este momento histórico del Postconflicto, uno de los períodos más complejos y necesarios de su historia republicana, tiene la facultad de tomar esa decisión estratégica para no sólo modernizar la Refinería, sino para activar el desarrollo de Barrancabermeja y su zona de influencia en el Magdalena Medio.

Es una urbe foco de actividades plurales. Conformada por migrantes de todas las regiones y ciudades, por el desarrollo de un sindicalismo unido y combativo, de una dinámica económica y por ser también víctima de esos más de 50 años de conflicto bélico.

Según el reporte de Ecopetrol, las ventas totales alcanzaron los $26,5 billones. Cifra que evidencia un repunte del 19,3% frente a igual periodo de 2016, cuando se ubicaron en $22,2 billones. Solo en el segundo trimestre de 2017 las ventas alcanzaron $13,1 billones con un repunte del 11,9% frente al registrado un año atrás.

La ganancia neta alcanzó los $2,19 billones en el primer semestre de 2017 que representa un crecimiento del 90,5% frente a la reportada un año atrás, cuando se ubicó en $1,15 billones de pesos. Solo en el segundo trimestre la ganancia neta alcanzó $1,3 billones, evidenciando un repunte del 65,8% frente a la reportada en el mismo periodo de 2016 cuando se ubicó en $787 mil millones.

Como senador y santandereano insisto que debemos ver más allá de lo que significa la modernización de esa refinería. No sólo es utilizar las ganancias del sector petrolero para modernizarla y hacerla competitiva. Implica promover una dinámica de expansión económica capaz de desarrollar todo el Magdalena Medio.

Es una decisión hacia el futuro sustentable de una región que ha dado al país sostenibilidad económica e impulso financiero. Sería un paso estratégico para el Postconflicto, porque esa expansión económica generará posibilidades que debilitan el caldo de cultivo para que las gentes no caigan en las en las garras del delito.

Desde esta tribuna, solicito formalmente al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y al Presidente de Ecopetrol que tomen esta medida estratégica y necesaria, de una vez por todas, para el futuro, no sólo de la promisoria región del Magdalena Medio, sino por el destino pacífico de los colombianos. 

Esa fue una decisión que ya se había dado y que se reversó. A los barranqueños y gentes del Magdalena Medio, no se les puede ‘amarrar conejo’. Aún tienen la esperanza de ver que la modernización de la refinería del puerto petrolero, forma parte del horizonte de desarrollo, convivencia y paz de la nueva Colombia.

Escrito por Jaime Enrique Durán Barrera. Senador Liberal de Colombia.

Sugestiones. Consultas interpartidistas

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Con el debilitamiento de los partidos políticos en Colombia han cambiado las estrategias de las campañas electorales y ahora quien aspire a llegar a la presidencia no solo debe estar dispuesto a hacer alianzas para la segunda vuelta de las elecciones, sino que es forzoso que las haga para la primera vuelta.

En el pasado para ser presidente era necesario ser el candidato de uno de los partidos políticos tradicionales. Por el contrario, hoy esa pertenencia es casi un lastre y por eso por lo menos 8 de los precandidatos para las próximas elecciones han optado por recolectar firmas para inscribirse con el respaldo de grupos significativos de ciudadanos. Hasta Humberto de la Calle duda si ser candidato del partido Liberal o inscribirse por firmas.

El sistema de dos vueltas –o balotaje por el origen francés del mecanismo- que empezó en el país con la Constitución del 91, generó la necesidad de hacer alianzas para conseguir en la segunda vuelta los votos de los candidatos minoritarios. Pero en las circunstancias actuales, con por lo menos 20 precandidatos en campaña, se ha vuelto indispensable establecer esas alianzas para la primera vuelta, pues quien no las haga no tiene ninguna probabilidad de pasar al balotaje.

Así las cosas, la elección de presidente se ha vuelto una carrera de tres etapas: la primera, en las elecciones parlamentarias de marzo, donde se deben hacer consultas interpartidistas para conformar alianzas que deberían tener un alto componente programático e ideológico.

La segunda, las presidenciales de mayo donde competirán los candidatos de esas alianzas con los que hayan decidido ir solos; la última, en el balotaje de junio donde seguramente estarán los que hayan conformado las dos alianzas más fuertes. Además habrá una etapa previa en los casos de los partidos que tengan varios precandidatos.

Como suele suceder, los grupos de derecha –que a diferencia de la izquierda tienen una vocación de poder que supera los principios y la rencillas personales- han entendido más rápido la nueva realidad electoral y ya han planteado un mecanismo para llegar unidos a la primera vuelta de mayo. 

Para empezar, el caudillo del CD señalará cuál de sus cinco pichones llevará su representación; luego, en marzo harán una consulta interpartidista en la que escogerán entre el candidato del CD, Marta Lucía Ramírez, el exprocurador y posiblemente Pinzón, para tratar de repetir la coalición del No, ojalá sin tantas mentiras como las que confesaron haber usado para “emberracar” a la gente en el referendo.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis