Opinión

La pole position

Por Amylkar D. Acosta M.-Estamos ya a pocos días de la convocatoria a las urnas a los 36´025.318 ciudadanos habilitados para votar en Colombia, 2.739 aspirantes y 385 listas, abiertas todas ellas, compiten para elegir el Parlamento para el período 2018 – 2022, el cual pasará de 268 curules a 280, 12 más. Adicionalmente, se concurrirá a las urnas también para votar en las dos consultas internas que estarán en juego, la del triunvirato Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez y la de la dupla Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Como es bien sabido la participación en estas elecciones legislativas, en promedio, no superan el 43% del censo electoral y se espera que, debido al desencanto generalizado por cuenta de los escándalos de corrupción y el desprestigio de la política, la abstención esta vez sea más pronunciada. Como lo afirma Castells, la apatía general sobreviene cuando “el interés general es sustituido por el desinterés general” y este es el caso. Esta abulia ciudadana y el desgano frente al derecho y al deber de votar consagrado en la Constitución Política, es una reacción no tanto contra el establecimiento como contra lo que denomina el Nobel de Economía Milton Friedman “la tiranía del statu quo”.

En la más reciente encuesta de Gallup la institucionalidad en su conjunto sale muy maltrecha, la percepción que se tiene de ella la deja en grave predicamento. En efecto, la reprobación del ejecutivo, del Congreso y del poder judicial registran el 73%, el 84% y el 86%, respectivamente. En cuanto a los congresistas, en esta misma encuesta, en una proporción que supera el 80% tienen un pésimo concepto de ellos. Por su parte los partidos políticos tienen una imagen negativa del 89%, peor que la de las FARC, que se sitúa en el 81%. La aversión por los partidos políticos es mayor entre los jóvenes, entre los 18 y 28 años, pues sólo 1 de cada 10 de ellos se identifican con algún partido y manifiesta confiar en ellos (¡!).

Ello es un reflejo, a su vez, de la percepción que se tiene por parte de la opinión pública sobre el rumbo que está tomando el país, a tal punto que el 75% de los encuestados cree que en general las cosas en Colombia están empeorando. Así mismo, el 79% conceptúa que la economía va por mal camino, el 80% manifiesta su preocupación por el desempleo, cuya tasa volvió a los dos dígitos. Ello se explica en gran medida porque no obstante los avances en la reducción de la pobreza y de la tasa de desempleo, la desigualdad no cede y la informalidad tampoco, al tiempo que los rebrotes de violencia y la desbordada inseguridad ciudadana opaca el logro alcanzado al ponerle fin al conflicto con las FARC.

De allí que las prioridades para los colombianos, según INVAMER, en su orden, sean el desempleo con el 20.1%, la corrupción con el 19.8% y la atención en salud con el 18.8%, en tanto que la implementación de los acuerdos con las FARC, no obstante que según las Naciones Unidas el nivel de cumplimiento de los mismos a duras penas va en el 18.7%, ocupa el 10º lugar, con el 3.3% de los consultados, entre los principales problemas que consideran deberán avocar quienes salgan elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República. Así se explica que quienes habían montado su campaña en el caballito de batalla de echar atrás la elegibilidad de los cabecillas de las FARC y los beneficios de la Justicia transicional para que purguen cárcel por sus delitos se hayan bajado de él. Este planteamiento no sólo no encontró eco entre los electores, sino no tiene asidero en el ordenamiento jurídico del país.

El resultado de la elección congresional, como lo afirma la firma encuestadora Guarumo, “serán un indicador de cómo quedan las fuerzas políticas en el país” de cara a la elección presidencial. Pero, la verdad sea dicha, los resultados que arroje el escrutinio de las consultas y la elección del Congreso de la República, no reviste la importancia que algunos le atribuyen, pero tampoco es irrelevante. Me explico: la periodista María Isabel Rueda sostiene que “el 80% de los votos presidenciales viene…de las fuerzas políticas ganadoras en las parlamentarias”, pero lo cierto es que la maquinaria y la relación clientelar que prima en estas no llega con la misma fuerza y empuje a las presidenciales.

Además, la motivación del sufragante para depositar su voto en las presidenciales difiere mucho con respecto a las parlamentarias, máxime cuando los partidos políticos y sus montoneras, además de haberse reducido a ser dispensadores de avales, están en desbandada. En lo que sí estoy de acuerdo con ella es que “después de las parlamentarias se consolidarán las alianzas, que serán definitivas en la elección del próximo Presidente”. En ese sentido el 11 de marzo se corre la “pole position” y al día siguiente se sabrá, conocido sus resultados, cómo quedará cada aspirante presidencial en la “grilla” de partida. 

Bogotá, marzo 5 de 2018

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Sembrar vientos y cosechar tempestades

Por Mauricio Cabrera Galvis.-La noticia política del momento es la subida de Petro en las encuestas para las elecciones presidenciales, en las que ya aparece de puntero, no con la mayoría para ser presidente pero sí para pasar a la segunda vuelta. ¿Cuál es la explicación de este ascenso de un candidato que, por otro lado tiene una alta imagen desfavorable?

Una primera razón hay que buscarla en otras encuestas que miden las percepciones de la gente frente a la situación nacional. En la última encuesta de Gallup, el 75% cree que en general las cosas en Colombia están empeorando, y la percepción de deterioro es mucho más alta en aspectos tales como la economía (79%), el desempleo (80%), el costo de vida (86%), la inseguridad (90%), Lo peor es la corrupción, donde el 91% de los encuestados creen que está empeorando.

También registra esa encuesta la opinión totalmente desfavorable de la gente frente a las instituciones de la democracia. El 73% desaprueba la gestión del ejecutivo y el presidente Santos, pero le va peor al Congreso y a la rama Judicial con opiniones desfavorables del 84% y el 86% respectivamente. El campeonato del desprestigio lo tienen los partidos políticos, con 89%, peor inclusive que la Farc que tienen el 81% de imagen negativa.

Resulta lógico que si la mayoría está descontenta con la situación del país y desconfía del sistema y de los políticos que lo han administrado, quiera cambios y salga a buscar otros candidatos para no seguir los mismos con las mismas. Sergio Fajardo canalizó en un primer momento ese descontento, pero por muy diversos factores Petro lo ha ido desplazando en las preferencias populares como la alternativa para el cambio. Lo que no resulta lógico es que la realidad económica y social del país es mucho mejor que la percepción subjetiva que tienen las mayorías. Así se puede comprobar con cualquier indicador de empleo, reducción de la pobreza, vivienda o infraestructura.

Sin embargo, los avances objetivos del país en estos años han sido tapados por una intensa campaña de oposición al gobierno que ha calado en la opinión pública. Humberto de la Calle acertó cuando dijo que el Centro Democrático era el responsable de la subida de Petro, pues con su artillería de noticias falsas lograron “emberracar” a la gente y desprestigiar al gobierno. Sembraron vientos de discordia y están cosechando la tempestad de una oposición alternativa.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Los ceros de las Farc

Por Gabriel Ortiz.-Nunca, que se sepa, el país había atravesado por una época con semejante tropel de noticias. Falsos testigos, crímenes políticos, creación de grupos paramilitares, testaferratos de las ex Farc, violadores, excesos en los contratos para financiar políticos, torpedos contra la paz, falsas noticias, engaños a los electores, abundancia de candidatos, el “coco” de Venezuela, corrupción, etc.

La desprevenida opinión pública no alcanza a comprender cómo afloran tantos desafueros en vísperas de un proceso electoral tan sui géneris y, como para atizar la hoguera, la distraen con la eliminación de tres ceros a los billetes.

Muchos países lo han hecho, con diferentes propósitos, especialmente cuando sus devaluaciones se hacen insoportables. Argentina, Brasil, Perú y Ecuador -que cambió el sucre por el dólar- han acudido a ello, porque tanto las altas tecnologías, como las humildes calculadoras caseras se resistían a realizar elementales operaciones.

Lo nuestro es manejable por mucho tiempo más, a no ser que se esté fraguando una devaluación acelerada, o se busquen otros propósitos. ¿La plata de las Farc?

Las naciones que han adoptado la eliminación de ceros para cambiar las equivalencias de sus monedas, lo han pagado con dañinas inflaciones, que han diezmado la calidad de vida y de subsistencia a sus habitantes.

Eliminar los tres ceros nos llevaría a aproximar precios y costos, siempre hacia arriba. $4.800 pesos, se convertirían en NP$5 (nuevos pesos), nunca en 4.

Si como lo propone el Fiscal Martínez se quiere “echar mano” a las caletas de las Farc, tiene que recordar que las conocidas estaban repletas de dólares, no de nuestros pesos llenos de ceros.

Escrito por Gabriel Ortiz

La nefasta dosis personal

Por José G. Hernández.-Un importante medio de comunicación me pidió que formulara a los candidatos al Congreso la pregunta sobre si  aprobarían una norma mediante la cual se hiciera efectiva la prohibición constitucional del porte y consumo de estupefacientes, que hoy se tropieza con la nefasta dosis personal.

La gran mayoría de los consultados se inclinó por la eliminación de esa permisiva y peligrosa modalidad de legalización del micro tráfico de narcóticos.

El artículo 51 de la Ley 30 de 1986 (Estatuto de estupefacientes) sancionaba con multas y arresto a quien llevara consigo, conservara para su propio uso o consumiera cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal.

La misma norma disponía, entre otras reglas:

 “El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto.

La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de éste, a una clínica, hospital o casa de salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada por el médico tratante y por la respectiva seccional de Medicina Legal”.

Sin duda, una buena norma, que no violaba la Constitución. Como se observa, el trato que se daba a quien portaba la droga no era el mismo que el previsto para el consumidor, en especial el adicto, a cuyo respecto la regla no era penal sino asistencial, con miras a la recuperación de su salud.

Pero, sin motivación plausible, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-221 de 1994 declaró la inexequibilidad del precepto porque -sostuvo- vulneraba el libre desarrollo de la personalidad. Como si la droga no surtiera sus peores efectos precisamente en despersonalizar, esclavizar y embrutecer al consumidor. A partir de allí, quedaron maniatadas las autoridades de policía y se disparó el micro tráfico, que tanto daño ha causado.

Con los magistrados Naranjo, Morón y Herrera, quien esto escribe salvó su voto:

“…no entendemos cómo puede considerarse que la autodestrucción del individuo, sin posibilidad de reprimir su conducta nociva y ni siquiera de rehabilitarlo, pueda tomarse como una forma de realizar el mandato constitucional de respeto a la dignidad humana, cuando es precisamente ésta la primera lesionada y, peor aún, aniquilada por el estado irracional al que se ve conducido irremisiblemente el consumidor de droga”.

Afortunadamente -–digo hoy-, el Congreso aprobó un Acto Legislativo (2 de 2009), en la actualidad vigente, a cuyo tenor “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Pero la norma se ha quedado escrita y los traficantes siguen envenenando a nuestros niños y jóvenes, a ciencia y paciencia de un Estado indolente. Por eso es necesario reabrir el debate y hacer efectiva la prohibición, que ya está en la Carta Política, pero no ha tenido desarrollo práctico.

Entre tanto, el Estado permite que en nuestro territorio se haya multiplicado el cultivo de la coca, y estamos inundados de ella.

Escrito por José G Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

El gran chantaje

Por Alfredo Molano Bravo.- El documento presentado por el Centro Democrático llamado “Bases para un acuerdo nacional de paz” es una pieza reaccionaria y provocadora que busca echar el país para atrás o empujarlo al abismo.

Uribe y sus corifeos buscan, al acusar el acuerdo de La Habana de propiciar la impunidad, proteger al paramilitarismo, a los parapolíticos, a las manzanas podridas, a los despojadores de tierras, a los terratenientes, es decir, a su combo, para que las cosas sigan como siempre. Uribe recoge el pensamiento más retardatario político y religioso que va de Núñez a Laureano, y con él amasa una propuesta que en el fondo es una invitación a Santos y a Pastrana para crear otro Frente Nacional y arremeter así, con todos los fierros, contra las guerrillas.

La propuesta más radical es la eliminación de la Jurisdicción especial para la paz y regresar a la Ley de justicia y paz que dejó en la más absoluta impunidad al 99,99% de los paramilitares: 35 sentencias de los 4.440 desmovilizados. Más aún, Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF. ¡Cuánto fariseísmo! Preocupa que la idea de volver a la Ley 975 de 2005 sea también la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez, tan amigo de Vargas Lleras. Por supuesto que no se trata de judicializar a unos poquísimos guerrilleros si se aplica la 975 tal como ha sido aplicada. Lo que pretende Uribe es dividir las guerrillas, al condenar por la justicia ordinaria a los comandantes –que son quienes podrían ser acusados de crímenes de lesa humanidad– y amnistiar a sus tropas. Es en este punto exactamente donde se cruzan dos rayas rojas. El Centro Democrático no cederá en este punto porque sabe que la Jurisdicción de paz podría destapar todo lo que ha sido tapado desde la muerte de Pedro Juan Moreno. Un expediente pesado. Tampoco cederá en este tema la guerrilla no sólo porque renunciaría a un principio establecido desde siempre, sino porque cualquier concesión en el tema amenazaría con una división en sus filas y nada ha caracterizado tanto a las Farc como su unidad.

Por lo demás, lo que se propone el uribismo es impedir que los jefes de las guerrillas vayan al Congreso y participen de la vida política. Es el miedo que ha caracterizado a la extrema derecha, el que está detrás de los asesinatos de Gaitán, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. El pavor de ser desplazada por una fuerza que reduzca sus privilegios. Privilegios políticos con que siempre se ha defendido la gran propiedad y que de nuevo brincan en la propuesta del Centro Democrático: trabar la realización de un catastro técnico y actualizado; atravesarse al limitado alcance de la Ley de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011); privilegiar la agroindustria de la palma, la caña de azúcar, los granos transgénicos, en detrimento de la economía campesina; generalizar las Zidres y debilitar más las cinco Reservas Campesinas, y, como si fuera poco, volver a la fumigación de cultivos de coca como método para desplazar colonos y ampliar la frontera agrícola en favor de la ganadería extensiva. Es decir, la uberrimización del campo. 

Las manifestaciones que han llenado calles y plazas muestran qué tan pírrica es la mayoría del No alcanzada en el plebiscito y qué tan carente de principios éticos es el uribismo que lo demandó ante las Cortes para ahora usar su resultado como programa electoral. El Sí confía en que la valiente perseverancia del presidente en la búsqueda de la paz no ceda a los cantos de sirena de un nuevo Frente Nacional que, como el del 57, conduzca a la guerra.

Escrito por Alfredo Molano Bravo. Sociologo.

La crisis humanitaria

Por Amylkar D. Acosta M.-Los estragos sociales de la debacle política y económica de Venezuela no se hicieron esperar y, como siempre, quienes llevan la peor parte son las poblaciones más vulnerables. Aunque según cifras oficiales el desempleo en 2017 bajó al 6%, frente al 7.5% del año anterior, estas cifras contrastan con las del FMI, según las cuales el desempleo en Venezuela pasó del 18.1% en 2016 a 21.4%, según sus proyecciones. El envilecimiento de las finanzas del Estado corre parejo con la pauperización del grueso de su población, siendo la clase media la que ha llevado la peor parte, debido a la precarización de su ingreso y a la pérdida del poder adquisitivo de este. Es como si se hubiera producido un aplastamiento colectivo, bajo el peso de la mediocridad del crecimiento de la economía y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, siendo la falta de acceso a la salud el más crítico.

Ello explica el incontenible éxodo de familias enteras desde Venezuela hacia Colombia, el cual tuvo su primera manifestación en agosto de 2015 cuando el Presidente Maduro resolvió por sí y ante sí, unilateralmente, cerrar la frontera con Colombia pretextando conjurar un supuesto complot urdido contra él desde Colombia. En esa ocasión más de 2.000 colombianos residentes en Venezuela fueron expulsados o forzados a abandonar el país que los había acogido en momentos en los que Colombia registraba el mayor número de desplazados, por cuenta de la violencia que azolaba al país. Según cifras oficiales 2.5 millones de colombianos cruzaron la frontera con Venezuela huyendo despavoridos en busca de refugio.

Pero a medida que la crisis económica y social se profundiza en Venezuela el número de personas que la abandonan es mayor. En este sentido los últimos dos años fueron particularmente críticos, a tal punto que el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, según Migración Colombia, supera los 550.000, lo cual representa un incremento del 110% entre los años 2016 y 2017. Eso es una barbaridad. Y esa cifra está lejos de la real realidad, pues corresponde sólo aquellos que han sido objeto de registro y el número de los que han ingresado ilegalmente puede ser el doble.

Es de anotar que esta avalancha de migrantes hacia nuestro país no está integrada solamente por venezolanos, que en un porcentaje aproximado al 60% tienen vínculos con Colombia y los colombianos, sino también por colombianos residentes en Venezuela que ahora están de vuelta, estimándose en un 35% del total de quienes ahora deambulan por las calles de las ciudades, atiborran los semáforos y convierten sus parques en improvisados campos de refugiados. Los 7 departamentos de Colombia que comparten frontera con Venezuela se están viendo a gatas para atender esta calamidad pública, pues no están preparados para asumir semejante responsabilidad. Y el Gobierno Nacional está llegando tarde  a atenderla, en momentos en que esta marea humana se ha salido de control, previéndose que lejos de amainar la situación tiende a agravarse a medida que agudiza la crisis en Venezuela. El Gobierno Nacional tiene que entender que la problemática en las fronteras no es un asunto fronterizo del cual se puede desentender.

Aunque tarde el Gobierno Nacional terminó pellizcándose y entendiendo la magnitud de esta crisis humanitaria, como la calificó el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo y en atención a ello convocó una Cumbre para tratar de darle respuesta a la misma. El Presidente Santos admitió que algunas de las medidas que se habían tomado se tornaron ineficaces, especialmente la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Ante su inoperancia se resolvió congelarla, limitando su beneficio a quienes ya la portan. Se dispuso, además, la creación de una fuerza especial, integrada por 2.120 más de soldados y agentes de policía que tendrá por encargo el control de los pasos fronterizos por donde transitan los ilegales. Estas medidas, si funcionan, sólo tienen el cometido de evitar que sigan entrando más personas por el conocido como “camino verde”, pero no se ocupa de quienes ya están en el país. De estos últimos sólo se sabe que por cuenta de las Naciones Unidas se instalará en las inmediaciones de Cúcuta un Centro de atención al migrante con capacidad para atender 2.000 personas y nada más.

Vemos, entonces, con preocupación que el Plan de contingencia que se esperaba desde la frontera, tan distante de Bogotá que es en donde se toman las decisiones, para enfrentar la enormidad de esta crisis terminó reducido a un Plan de contención del flujo migratorio y nada más. Implementarlo será la misión encomendada al ex director del DAS Felipe Muñoz a quien designó el Presidente Santos para gerenciarlo. Estas medidas podrán ser necesarias, pero son claramente insuficientes para enfrentar esta problemática tanto en su magnitud como en su complejidad, ahora que la crisis ha tocado fondo. Se quedaron cortas! 

Bogotá, febrero 24 de 2018

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Imitadores de Trump en Colombia

Por Mauricio Cabrera Galvis.-El triunfo del populismo de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha inducido a que en Colombia los candidatos de la derecha quieran imitar sus estrategias y copiar sus propuestas, con la esperanza de tener acá el mismo éxito.

En economía, por ejemplo, también proponen bajar los impuestos a los más ricos. Allá eso produjo un repunte transitorio del mercado accionario con mucha volatilidad, mientras que acá la simple posibilidad de que ese populismo de derecha se haga realidad ha llevado a que las calificadoras de riesgo bajen la calificación del país y estemos en riesgo de perder el grado de inversión.

El caso más patético de trumpismo es la propuesta del candidato uribista a la Cámara en el Valle, Christian Garcés, quién aprovechando de manera oportunista la gran preocupación ciudadana por la inseguridad está proponiendo acabar con la prohibición de porte de armas, es decir, que los ciudadanos puedan volver a salir armados a las calles.

El problema es real. La delincuencia común, los robos de celulares y los asaltos están aumentando en todas las ciudades del país. Pero es delirante atribuir la causa de este problema a la prohibición del porte de armas.

Proponer “facilitar la protección de la ciudadanía con polarizados, vehículos de alto blindaje y porte de armas” es querer apagar un incendio con gasolina. Igual a la propuesta de Trump de acabar con las matanzas de niños en las escuelas con fusiles de combate en poder de cualquiera, no limitando la venta de armas sino incrementándola más para dotar con los mismos fusiles a los profesores que cambiarán su oficio de maestros por el de vigilantes privados.

Además la propuesta es elitista e inútil. ¿Fuera de los amigos del candidato, quien tiene el billete para blindar su carro? ¿De qué le sirve tener un revolver a una persona de bien extorsionada por una banda de sicarios profesionales? ¿Alcanza a sacar su pistola del bolso la señora a la que le están robando el celular en un semáforo, o solo consigue que le peguen un tiro o se arme una balacera en plena calle?

Frente a la propuesta derechista de tomar la justicia por la propia mano y convertir la sociedad en una selva donde impere la ley del más fuerte, la única alternativa válida y eficaz es mantener el monopolio estatal de las armas de fuego y fortalecer los organismos oficiales de control y vigilancia.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Resurrección de la justicia

Por Gabriel Ortíz.- El país se conmovió y escandalizó cuando apareció el “cartel de la toga”, lo repudió y consideró que debían adoptarse medidas extremas para impedir que la justicia se fuera a pique. Los colombianos de bien respaldaron a los magistrados honestos que aún quedaban, a esos que se impusieron la tarea de recuperar el sector. 

Pero aún quedan funcionarios de la rama que quisieron y quieren escapar a la justicia, salirse con las suyas y violar todas las normas para ocultar o “legalizar” sus fechorías. 

Malos, Ricaurtes, Bustos, Morenos, Preteles y demás, entronizaron el delito que, desde luego fue aprovechado por los contradictores de la justicia para avivar el fuego contra ella. Muchos políticos populistas y corruptos se bañaron con agua de rosas para esconder sus crímenes. Un delito oculta otro más grande. En esto, como en el negocio de los narcos, el decomiso de una tonelada de droga, garantiza el ingreso de un cargamento mayor. 

Por fortuna las Cortes recuperan su trabajo y credibilidad. Se han impuesto tareas difíciles pero certeras que muestran avances significativos. 

Es el caso que hoy ocupa a medios, opinión pública y autoridades: el de los falsos testigos. Izquierda y derecha se enfrentaron con sendas acusaciones. Investigaciones, lentas acciones judiciales y la acostumbrada dilación abogadil, demoraron un fallo. Fueron muchas las triquiñuelas que salieron a escena. La influencia y las falsas noticias acompañaron a los abogados que defendían a acusados y acusadores. Tremendo lío, porque era muy difícil, que un David pudiera derrotar a Goliat. 

Ahora Goliat pasa al banquillo para responder por el delito que quiso endilgar a su acusado. Hay pruebas contundentes, pese a que quisieron alterarlas. Existen grabaciones telefónicas, de esas que llaman “chuzadas”, con los acostumbrados improperios que se utilizan en ciertos guetos. Total: los tales testigos falsos no existieron. Mucho se dice del acusador. Que es experto en inculpar, en desprestigiar y minimizar a sus adversarios, que tiene enjambres de defensores y fanáticos que ciegamente lo acompañan y saturan las redes sociales con apoyos, engañosos o tramposos. 

El fallo de la Corte sale al proscenio con los falsos testigos y habrá quienes busquen aprovecharlo políticamente. La trillada palabreja “persecución”, hace parte del guión y se incluye en el libreto, para crear una víctima o un mártir de un Estado acosador. 

Los colombianos tenemos que aprender a respetar la justicia. Dura es la ley, pero es la ley. Tenemos la obligación de someternos a ella y respetarla. Nadie está exento de una acusación. Si la justicia actúa, debemos respetar el veredicto. 

Muchas son las cosas que nos ponen a pensar: chuzadas, falsos positivos, AIS, yidis, fundelibertad, tasmania, el aro, corrupción, Reficar, etc. 

El acusador cuenta con todas las garantías para asumir responsabilidades, antes de aprovechar el caso políticamente. Necesitamos elecciones limpias, sin víctimas ni mártires. 

BLANCO: Devolución del IVA a turistas se anuncia en la Vitrina Turística de Anato 2018. 

NEGRO: Ratas y cucarachas son actores principales del melodrama de las basuras en Bogotá. 

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Escrito por Gabriel Ortiz

Retornar a los principios

Por José G. Hernández.-Un examen global de lo que ocurre día a día en el país -corrupción, impunidad, asesinatos de líderes sociales y de policías, ataques terroristas contra la infraestructura del país, violencia en el interior de las familias, abuso sexual, feminicidios, incremento del micro tráfico, penetración de los narcos en escuelas y colegios, guerra sucia en las campañas políticas, inseguridad, delincuencia exacerbada, para mencionar apenas algunos de nuestros males-, nos permite reafirmar algo que desde hace tiempo hemos sostenido: todo eso muestra a las claras que en Colombia hay una verdadera crisis de valores y una creciente falta de respeto a los principios.

En efecto, aunque está probado que, por la misma condición humana y por muchas causas exógenas, es imposible alcanzar una sociedad libre del delito, la civilización, la educación, la cultura y el Derecho, así como las políticas estatales, deberían asegurar al menos unas condiciones mínimas de convivencia y de respeto entre los asociados.

Pero ello solamente es posible si se tienen claros los valores que profesa la comunidad; si la sociedad es regida por unos principios que propendan a la realización de esos valores; si, desde la más tierna infancia y a lo largo de las distintas etapas en el proceso educativo, sus integrantes son formados con miras a la convivencia pacífica.

El Estado Social de Derecho -que, según el artículo 2 de la Constitución, tiene entre sus finalidades las de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos- está en la obligación de trazar unas políticas ordenadas a conseguir en realidad –más allá del discurso- la cristalización de esos propósitos.

En el plano jurídico, ya que esos valores y principios han sido estipulados por la Carta Política -desde su preámbulo y a lo largo de su articulado- y en teoría han sido aceptados por la sociedad, la actividad del Estado en su conjunto –Gobierno, legisladores, jueces y organismos de control-, con la colaboración muy eficaz de los padres de familia, los educadores y los medios de comunicación, debe estar orientada a la recuperación de tales conceptos y a su efectiva vigencia.

Al respecto, señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-06 del 5 de junio de 1992:

“La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales”.

El dogma de la Constitución no se puede quedar en la formulación de los grandes objetivos de la sociedad, sino que debe traducirse en una labor permanente de sus líderes, enderezada a la búsqueda de las causas de la actual inversión de valores, al reconocimiento de los errores cometidos por la pasada y la actual generación, y a reconstruir, para las generaciones futuras, una axiología que facilite formas pacíficas de convivencia y crecimiento espiritual y material.

Escrito por José G Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

Uribe - fiscal general: indebida cercanía

Por Jorge Gómez Pinilla.-A menudo en Colombia ocurren situaciones que se inscriben en el reino del absurdo, pero que por tratarse de un país enfermo se asumen como normales. Una de ellas es la visita que el pasado miércoles –de ceniza– 14 de febrero le hizo Álvaro Uribe Vélez al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, sobre la cual Noticias Caracol reseñó que “estuvo casi todo el día y tuvo tiempo para todo (…) hasta para que le pusieran la ceniza con la señal de la Santa Cruz".

Comencemos por decir que el noticiero pisó la cascarita ‘religiosa’, pues la intención del astuto visitante era la de hacerse ver como un hombre recto y piadoso. Sea como fuere, el fiscal general de la Nación no debería tener potestad para recibir en su despacho a un individuo tan cuestionado: masacre del Aro, falsos positivos, chuzadas, corrupción rampante en su gobierno, etc. En cualquier país respetuoso de la legalidad, habría dado para que la Corte Suprema de Justicia llamara a Martínez Neira a rendir cuentas por permitir que alguien investigado por la misma Corte utilice su despacho con una intención propagandística, por completo contraria a las funciones del ente acusador.

La reseña de Código Caracol contó que Uribe “asistió (…) a pedirle a la Fiscalía que tramite un convenio con Estados Unidos para otorgarle rebaja de penas a dos paramilitares extraditados” (Ramón Quintero alias ‘Diego Rasguño’ y Diego Pérez alias ‘Diego Rastrojo’), porque supuestamente tendrían valiosa información sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y sobre su hermano Santiago, hoy preso bajo acusaciones de conformación de grupos paramilitares, homicidios y desapariciones.

Lo primero a preguntarnos es qué clase de vínculos tiene Uribe con personas presas en EE.UU. y por qué consigue de ellos información privilegiada con tan asombrosa facilidad, incluida la carta de uno de ellos debidamente apostillada (la del narco Ramón Quintero) haciendo ofrecimientos al fiscal colombiano.

Por cierto, ¿a qué puede obedecer el repentino el interés de Uribe en el proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: a quién pretende enlodar o favorecer? ¿Y qué tiene que decir el Departamento de Estado norteamericano ante el hecho de que un senador colombiano ande ahora de intermediario de reos confinados en cárceles de alta seguridad? ¿Será que Uribe contó con el visto bueno del Departamento de Estado para hacer indagaciones carcelarias y obtener la carta de un narco dirigida al fiscal Martínez?

De otro lado, ¿cómo hizo para que a la velocidad del rayo alias ‘don Berna’ –otro de los presos- se haya retractado (con impecable redacción) de un correo de incuestionable procedencia suya, dirigido a la abogada e investigadora Maria McFarland, donde acusó a Uribe de haber ordenado el asesinato de Pedro Juan Moreno?: “la muerte de El fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”. (Ver correo).

Frente a la tarde de recreo con show mediático que el Fiscal le permitió montar a Uribe en predios de la Fiscalía, queda la impresión de que lo hizo no solo para distraer la atención sobre dos columnas (la publicada el 11 de febrero y la anunciada para el siguiente domingo) donde Daniel Coronell reveló los correos de don Berna, sino también por el anuncio de nuevas revelaciones que trae el libro de la señora MacFarland, There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia). Allí la autora hace referencia al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en el que al parecer Uribe también resulta implicado. (Ver última columna).

Fuera de lo anterior, tan maquiavélica visita a la Fiscalía suscita otros interrogantes: ¿puede el Fiscal General de la Nación reunirse con un político investigado por la Corte Suprema, y además recibirle la solicitud de tramitar una rebaja de penas para unos paramilitares presos en Estados Unidos? ¿No debe ser esa una tarea del Estado colombiano?

¿De ahora en adelante cualquier político diferente a Uribe, pero que como él esté siendo acusado o investigado, puede reunirse como cualquier parroquiano con el Fiscal General de la Nación y recibir cubrimiento de los medios?

¿Tuvo que ver en la celebración de dicha reunión que Néstor Humberto Martínez haya sido militante activo de Cambio Radical y que el apoyo de Álvaro Uribe resulte vital para la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras?

¿Ese marcado interés del senador Uribe en que se tramite un convenio con la justicia de EE.UU. para rebajarles penas a unos paramilitares, no corrobora acaso su cercanía con el paramilitarismo? De otro lado, ¿no podían ellos mismos elevar esa solicitud directamente a la Fiscalía, por intermedio de sus abogados? Mejor dicho: ¿utiliza Uribe a esos paras… o esos paras lo utilizan a él?

¿Siendo que Uribe tiene a su hermano Santiago preso, es de buen recibo que pretenda ahora fungir ante la justicia como negociador de unos presos en EE.UU. a cambio de favorecer a su pariente?

Hablando de parentescos, ¿estuvo varios años preso, sí o no, su ‘parcero’ el primo Mario Uribe por haber llegado al Congreso con los votos conseguidos a sangre y fuego por grupos paramilitares?

Y por último: ¿el fiscal general del que aquí se habla es el mismo que el 29 de abril de 2015 dijo “el presidente (sic) Uribe es un patriota, juntos trabajamos por Colombia”? (Ver declaración).

DE REMATE: Una parte de los interrogantes aquí expuestos fueron tomados de un audio que circuló en Whatsapp la semana pasada, procedente de alguien que se presenta como periodista pero cuyo nombre no revela. Me parecieron pertinentes y, en tal medida, dieron origen a esta columna.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

Escrito por Jorge Gómez Pinilla