Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Debieron pasar 27 años y un Covid, para abrir los ojos y, con espanto, observar el desastre que conlleva el monstruo creado en el 93. En ese entonces, como ahora, el engaño y el lucro se impusieron sobre la razón. Se afinó así, el más productivo negocio de nuestra historia.

La débil, pero generosa seguridad social de entonces, no era productiva para los dueños del poder y la riqueza. Surgió así el más engañoso engendro que arrasó con un sistema de medicina familiar y preventiva, que prolongaba vidas y remuneraba con justicia al cuerpo médico. Esa que impedía facultades de “garaje”, y médicos taxistas y desempleados.

El pingüe negocio se montó y arrojó los frutos esperados: ricos inversionistas, población agonizante y médicos arruinados.

Cada campaña política usó como bandera la “modificación”, del sistema. La esperanza de la gente, llevó a las urnas a los electores que anhelaban una reforma, una innovación. La corrupción, “madrina” del sistema, compró votos, engañó y malogró las ilusiones de una sociedad, de un país, de una patria.

La entronizada seguridad social, no resiste una mínima emergencia; los dineros se esfuman, las EPS de garaje no pagan y arruinan hospitales y centros de salud. Las prepagadas, mitigan las fallas del sistema público, a unos costos insostenibles. Y no hay dolientes.

El covid-19, puso en jaque a Colombia y a sistema de salud. Hay un despiste total exacerbado por los interminables 60 minutos de todas las tardes que diezman las esperanzas. Los televidentes esperan el “pico” de Duque, los nuevos encierros y demás normas sin la firma de la Minciencias, porque buscan a Mabel Lara para que lo haga. El país está al vaivén de las encuestas que determinan cada protocolo.

Las camas, los respiradores, los médicos no alcanzan y surgen los profetas del desastre que satanizan la importación galenos para salvar vidas. Le engarzan política a la muerte. ¿Alcanzarían los días a un infortunado médico cubano, para responder por la vida de una víctima de covid-19, que muera en sus manos?

Habitamos en un país que fabrica sin pudor víctimas, si se requieren para salvar a uno de sus “prohombres”. Un país que nunca alcanzará una justa seguridad social, porque son muchas las bolsas que deben llenarse para satisfacer la insaciable voracidad de unos pocos. Nuestra seguridad social reclama una reforma que la convierta en vida para todos.

BLANCO: Felicitaciones a Julio E. Sánchez por sus 90 productivos años. Engrandece la TV colombiana.

NEGRO: Continúan asesinatos de líderes sociales.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020 

*Periodista. Director de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper. 

Write comment (0 Comments)
Lorena Rubiano Fajardo

El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria: Winston Churchill

Por Lorena Rubiano.- Tenemos que ser realistas y aceptar las cosas como están y como vienen hacia futuro. No ser apocalípticos, pero tampoco hacer lo del avestruz, para no ver la situación.

La pandemia de la miseria está muy cerca de nosotros. El 50% del aparato productivo del país está colapsado y en su derrumbe nos deja desempleo, no pago de impuestos, no salarios, no pago de servicios públicos o sea que la bancarrota es inminente.

Lo grave de todos esto es que no se ve ni el interés, ni la pujanza, ni el perrenque en el Gobierno y menos en su nefasto ministro de Hacienda el señor Alberto Carrasquilla, para proponer o jalonar un gran proyecto de unidad nacional para reorganizar la economía nacional. Y obviamente lo que menos les importa es ayudar a nuestros campesinos, pero para bien del país y gracias a su tenacidad y su creencia en Dios, son los que más van a sobrevivir a esta pandemia, para seguir ofreciéndonos a los colombianos sus productos de pan coger, comida para llevar a nuestras mesas diariamente.

No hay tiempo para mirar atrás, debemos restablecer el optimismo y la esperanza, saldremos de esta difícil situación. Así los zánganos del poder, no tengan compasión por los cerca de cinco millones de desempleados, que nos dejara esta crisis.

Si el Congreso se sacude puede jalonar esa gran reconstrucción de nuestra economía, hacer una profunda y urgente reforma agraria, no para favorecer a los grandes terratenientes, sino para incentivar el regreso a la parcela campesina.  Tiene que volver a ser atractivo el campo. No se puede seguir ahorcando a la clase media y baja como quiere el señor de los bonos de agua, tenemos que ser nuevamente autosuficientes en alimentación y regresar a las grandes exportaciones de productos agrícolas.

A veces y en mis noches de desvelo mirando las estrellas y la luna de mi Togui del alma, se me viene al pensamiento la idea de que a los gobernantes y a nuestros dirigentes políticos les conviene la miseria, para poder ofrecer milagros y jugar con la esperanza del ser humano.

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que la pandemia podría causar que la pobreza regresara a los mismos niveles en los que se encontraba hace 10 o incluso 20 años, la pandemia “no es nada en comparación con lo que la humanidad puede sufrir” si no se toman decisiones drásticas con respecto a la sostenibilidad, y en América Latina específicamente, la “desigualdad, por mala distribución de la riqueza y la tierra”.

No es el momento de guerras personales ni partidistas, ni polarizar más al país. Todos hablan de reconciliación, pero al mismo tiempo tiran dardos mordaces contra sus opositores, agregándole un ingrediente más a la incertidumbre de nuestros compatriotas. Bondad, sensatez y amor es lo que necesita Colombia señores dirigentes.

Dios quiera no se nos agote la paciencia.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2020

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)
José G Hernández

Por José G. Hernández*.- La Constitución de 1991 consagra las libertades de conciencia y de cultos. No señala una determinada religión como la verdadera y oficial, lo que significa que nuestro Estado es laico. Eso implica una total separación entre el Estado y las iglesias o confesiones religiosas, todas las cuales merecen el mismo respeto. El Estado no tiene religión propia y a toda persona se le garantiza que, en materia religiosa, puede creer lo que le parezca, o no creer en nada, o preferir el agnosticismo, y difundir sus creencias, sin que le pueda ser prohibido u obligatorio hacerlo; y practicar libremente los cultos, ritos y ceremonias propios de su confesión. 

Es lo que establecen también los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que según el artículo 93 de la Constitución, prevalecen en el orden interno, y hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica) subraya la libertad de toda persona “conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. De acuerdo con ese texto, “nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”. Nadie.

Estatuye, además, “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.  

Pero, precisamente por ello, si lo que la Constitución proclama y garantiza es la libertad, no se la puede aplicar, como algunos quisieran, para perseguir a una determinada religión -concretamente la Católica-, ni para cercenar la libertad de quienes la profesan. 

Al tenor del artículo 18 constitucional, “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. Nadie.

Y de acuerdo con el 19, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. Toda persona.

Ante recientes decisiones judiciales exageradas y discriminatorias, surgen necesariamente inquietudes: ¿Que no haya en Colombia una religión oficial quiere decir que el presidente de la República, magistrados, ministros o congresistas, gobernadores o alcaldes no puedan ejercer sus propios derechos a las libertades de conciencia y de cultos? ¿Que, si son católicos, no puedan persignarse, acudir a misa o invocar en un medio de comunicación o en una red social -a título personal- su devoción? ¿Que, sin son judíos, musulmanes o protestantes, les esté prohibido acudir a los lugares de culto o profesar sus creencias? 

Responder afirmativamente sería inconstitucional porque discriminaría y significaría excluir a ciertas personas, solo por razón de sus cargos, del ejercicio de derechos fundamentales. Otra cosa es que no deban asumir oficialmente, a nombre del Estado, actitudes o posiciones propias de una determinada fe, ni adoptar decisiones o expedir normas que lesionen u ofendan a quienes profesen credos o religiones diferentes.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Write comment (0 Comments)
Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Cada día que pasa aumenta más el número de personas contagiadas de Covid-19 y ya sobrepasamos los 8.000 contagios diarios. Por fortuna, el aumento no se refleja de la misma manera en el porcentaje de hospitalizados, pues ya estaríamos en una situación muy grave al coparse la capacidad hospitalaria del país, en especial las camas de cuidados intensivos y los respiradores necesarios para atender los pacientes más críticos.

Según algunos estudios, el denominado pico del coronavirus llegará para la mayoría del país hacia principios o mediados del mes de septiembre y en algunos casos -como sucede en la zona de Antioquia- este pico llegará un mes después.

Todo esto lleva a la reflexión que la ciudadanía debe tener conciencia y disciplina social en el uso de tapabocas, distanciamiento, teletrabajo y aislamiento. Lo anterior, con el fin de evitar el contagio masivo. Pues de seguir estas pautas, el nivel de contagio podría verse reducido al 1,5%. Estas acciones de prevención no las debemos tomar como exigencia de los gobiernos, sino como defensa de nuestras vidas y las de los demás.

Si uno hiciera un ejercicio matemático del crecimiento del virus, llegaría a la conclusión que mientras alcanzamos el pico la cantidad de contagiados podría llegar a ser 600.000, lo que hace indispensable tomar en serio las medidas de auto protección. Solamente si nosotros mismos tomamos las medidas recomendadas, podremos evitar que el virus se promulgue más.

Las experiencias que vivieron países como Italia y España en Europa o en América lo que se está viviendo tanto el Brasil como en los Estados Unidos nos enseñan que no podemos despreciar toda clase de medidas de auto protección. Insisto en que no es por cumplir unas normas expedidas por las distintas autoridades sino por salvar nuestras propias vidas.

Se ha anunciado que en Oxford ya descubrieron una vacuna que están en la etapa final de pruebas. Así mismo se ha anunciado que a la China como en otros lugares del mundo ya están muy cerca de anunciar también el descubrimiento de vacunas. Lo que es cierto es que éstas no estarán en los mercados sino después de que nos llegue el pico y por tanto no debe ser motivo de relajamiento en los cuidados que debemos tener.

Solamente en nuestras manos está la posibilidad de cuidar de nuestras propias vidas.

El Gobierno debe continuar tomando las medidas económicas que ayuden a las familias desprotegidas y que ha perdido su empleo, como también aquellas que ayuden a los empresarios a salvar sus negocios y por tanto proteger los empleos que estas producen.

Los distintos sectores de la economía están muy afectados y eso hace que sea más preocupante la situación.

El sector del turismo (hoteles, restaurantes, aerolíneas, compañías de transporte terrestre, aérea y marítima), es el más afectado. Pero eso no implica que el resto esté bien.

Sólo muy pocos sectores no se han visto afectados.

Todo esto hace que pongamos lo mejor de nuestra inteligencia para adoptar medidas extraordinarias que permitan que la crisis no sea más profunda. Debo decir que el Gobierno lo ha venido haciendo, pero debe continuar para que la situación social y económica no sea más grave.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

*Excomisionado de Paz

Write comment (0 Comments)
Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- La fuerza de las armas criminales continúa pisoteando la débil democracia colombiana. Esa violencia, que no cesa, le sigue dando resultados  a los enemigos de la paz a través del asesinato sistemático de líderes sociales: ya son 971 desde que se firmó el acuerdo en 2016 y más 223 excombatientes de FARC que firmaron el Acuerdo.

Iván Duque se posesionó el 7 de agosto de 2018 y desde entonces, según Indepaz, han sido asesinados 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, indígenas, afro descendientes y campesinos ambientalistas y comunales.    

Para el gobierno Duque este genocidio, como bien lo calificó Monseñor Monsalve, no pasa de ser una cifra más y poco o nada hace para evitarlo. Su premeditada indiferencia da pie para que el poder de las pistolas imponga un régimen de terror a través de la limpieza de líderes sociales, indígenas, campesinos, negros y exguerrilleros en los departamentos sometidos al capricho de los terratenientes, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales, incluidas las llamadas disidencias de FARC y el E.L.N.

“Frente al sostenido número de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, la CIDH exhorta al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de quienes defienden derechos humanos” dijo a través de un trino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras condenar “enérgicamente” el asesinato del líder social y miembro de la guardia campesina de Corinto, Cauca, José Gustavo Arcila Rivera.

Aunque no hay reacción alguna del gobierno al categórico pronunciamiento de la CIDH, supongo que esta será la respuesta. La encontré en el discurso del pasado 20 de julio en la instalación de las sesiones del Congreso. Esto dijo Duque: “Así como rechazamos la corrupción, repudiamos los asesinatos de los líderes sociales. Cuando tomé posesión denuncié esta situación que ya estamos enfrentando desde el Plan de Acción Oportuna (PAO). Hemos reducido el 35 por ciento de las muertes de líderes en el gobierno en comparación con el periodo anterior”.

Sin embargo, en un informe que se titula “¿Quién le da las cifras al presidente Duque? Indepaz lo corrige y asegura que no se puede decir que hay una reducción del 35 por ciento de las muertes de líderes en lo corrido de éste período en comparación con igual etapa del gobierno Santos, sino, por el contrario, hubo un aumento del 30.5%. “Asesinato de líderes y lideresas sociales del 7 de agosto de 2018 al 20 de julio de 2020, Gobierno Iván Duque Márquez: 573 asesinatos”, concluye el informe. 

Es un pobre balance para Duque próximo a cumplir dos años en el poder. No es este presidente, ausente de formación política y filosófica, quien nos pueda guiar por senderos de progreso y reconciliación, menos cuando, camuflado en la crisis viral, está haciendo trizas el Acuerdo de Paz en las barbas del país y de la comunidad internacional; que además se propuso desprestigiar la JEP exigiéndole resultados para presionar reformas a la Justicia Transicional en el Congreso; y que, para ocultar otro hecho real y contundente, ignora deliberadamente el asesinato -otro genocidio sistemático- de 223 desmovilizados de FARC firmantes del Acuerdo de Paz, 192 de ellos en la mitad de su período.

Firmado el Acuerdo de Paz, los colombianos creímos haber superado una etapa atroz que regó de sangre la llamada Colombia profunda que sigue siendo para este gobierno una carga económica y no una necesidad estratégica para consolidar la paz; por ello la abandonó a su suerte y la dejó en manos de los pistoleros.

Bogotá, D. C, 29 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.     

@jairotevi

Write comment (0 Comments)
Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*- Las noticias no pudieron ser más contrastantes: mientras el Dane anunciaba que al cierre del 2019 (es decir, antes de que comenzara la pandemia) el índice de pobreza multifactorial había descendido en Colombia 1,6 puntos porcentuales, pasando de 19,1% en 2018 a 17,5% al cierre del año pasado, lo que permitió que 615.000 compatriotas salieran de las garras de la pobreza, Fedesarrollo divulgaba desazonadoras proyecciones sobre dónde estarán las cifras de pobreza al terminar el 2020, el primer año de la pandemia.

En efecto, según Fedesarrollo, una de las más graves consecuencias del coronavirus -acaso la peor- es que la pandemia disparará los indicadores de pobreza. El llamado índice de pobreza monetaria retrocederá 10 años, pasando de 26,9% al cierre del 2018 al 37,9% en 2020. Y para el caso de la denominada “pobreza extrema” el retroceso será aún mayor: echaremos atrás casi 16 años, pues el índice de pobreza extrema- que está muy cerca de lo que se conoce como indigencia- prácticamente se duplicará con la crisis del coronavirus. Pasando del 7.4% antes de la crisis casi al doble al cierre del 2020.

El Dane divulgó también algunos hallazgos no menos preocupantes para Bogotá: la pobreza multidimensional para la capital pasó del 4,1% al 7,1% entre 2018 y 2019 (o sea, antes de que comenzara la pandemia); lo que significa que este proceso de empobrecimiento social bogotano se va a acentuar aún más en el 2020.

La FAO por su parte estima que la pandemia deja a 2,8 millones de la población colombiana en condición de extrema vulnerabilidad, por la recaída de la pobreza, a las puertas de la inseguridad alimentaria.

Hemos comenzado pues una especie de peligrosa contradanza social: vamos vertiginosamente para atrás. Esta será acaso la más dura consecuencia que nos deja la crisis del coronavirus. No solo será la caída estrepitosa del PIB en el 2020 sino la pauperización de grandes segmentos de la población.

Aunque esto ya se presentía, los recientes pronósticos de entidades creíbles como las citadas dibujan el rostro de tragedia humanitaria que dejará la grave calamidad del coronavirus.

De allí que todos los esfuerzos, toda la imaginación, las mejores voluntades de país, el diseño de las nuevas políticas que tendrán que ponerse en marcha, el tipo de gasto público que se implemente, y, en fin, los consensos políticos que se construyan, deben tener todos una meta preeminente: recuperar para Colombia mejores índices en la lucha contra pobreza. Hacia los cuales estábamos caminando antes de la pandemia, pero que nos ha arrebatado despiadadamente la crisis del coronavirus.

No bastará con recuperar, como se espera, un buen ritmo de crecimiento económico a partir del 2021. No bastará el anhelado “rebote” del PIB. Esto es necesario por supuesto. Pero no será suficiente. Las políticas públicas que se pongan en marcha a partir del 2021 deberán tener como objetivo explícito recuperar el tiempo perdido en términos de mejores indicadores de pobreza.  Ojalá el presupuesto nacional para la vigencia 2021 que debe llegar al congreso para su estudio la semana entrante tome nota de esto.

Hasta ahora, recordémoslo bien, sólo se han tomado medidas de “primeros auxilios”: transferencias monetarias no condicionadas, devolución del IVA, giros de urgencia al sistema de salud para que no colapse, garantías a los créditos que obtengan del sistema financiero las empresas para ayudar a mantener el oxígeno de su situación de caja, subsidios para el sector empresarial que acredite haber tenido caídas en su facturación mayores al 20% en el último año a fin de salvaguardar el empleo, apoyos para el pago de primas, repartición de mercados a los sectores más desvalidos, alivios transitorios en el pago de algunos servicios públicos y diferimiento en la cancelación de ciertos impuestos nacionales o locales, entre otros.

Pero todas estas ayudas han sido de corto plazo (la mayoría de ellas tienen vigencia por tres o cuatro meses), son asistencialistas, y la situación fiscal no permite darles una aplicación indefinida.

Por eso, la nueva oleada de medidas tiene que ser de carácter estructural. No puede ser de naturaleza asistencialista. El paciente ha sido recogido en la camilla de los “primeros auxilios” y va camino al hospital. Allá comenzará la gran tarea de rehabilitarlo: para recuperar el crecimiento, el empleo y los índices de pobreza que nos deja la pandemia.

Bogotá, D. C, 27 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*. – El pasado miércoles 22 de julio, por la generosidad de mis compañeros de la Comisión Quinta del Senado fui elegido unánimemente como su nuevo presidente para el período 2020-2021. 

Agradezco enormemente a esa pluralidad de voces de mis colegas por su confianza y respaldo en mí postulación para tal dignidad, nos honra enormemente presidir una de las células legislativas más importantes del Congreso de la República. De mí parte tendrán todas las garantías para adelantar los respectivos debates y el control político, bajo la premisa del respeto que siempre hemos mantenido a pesar de las diferencias ideológicas. 

Serán muchos los temas que concentrarán la agenda de trabajo, muchos los retos por superar y esperamos adelantar un trabajo juicioso, serio, responsable, disciplinado y que este a la altura de las expectativas de los colombianos. 

En la Comisión Quinta se discuten los temas agrarios, ambientales, de minas, energía e hidrocarburos, ecología; recursos naturales; adjudicación y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar; corporaciones autónomas regionales, en fin, toda una serie de asuntos de gran interés nacional como lo ven. 

En esta tercera legislatura esperamos que proyectos de gran cálao como el que promovemos para prohibir el fracking en Colombia sea una realidad, nuestro país no puede permitir que esta práctica de extracción de hidrocarburos se dé por esta vía. Es un enorme riesgo, no sólo para la salud humana, sino también por la grave contaminación que ello traería a todos nuestros ecosistemas. 

De la misma forma radicamos un proyecto de ley para prohibir en Colombia el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas, creemos que la aspersión aérea con este herbicida tan nocivo no es la salida al grave flagelo del narcotráfico, vemos que la salida más efectiva es la sustitución voluntaria, la erradicación manual y una conversión de la economía ilegal a legal, con proyectos productivos rentables. 

Junto a varios congresistas vamos a impulsar una iniciativa de reforma tributaria donde se obtengan recursos a través de tributos focalizados sobre el grupo de personas jurídicas y naturales con la mayor concentración de ingresos que permitan financiar la inversión social, sobre todo el programa de Renta Básica de Emergencia. Este proyecto tiene componentes importantes como el impuesto al patrimonio, a los dividendos, a la renta, a las herencias y una lucha frontal contra la evasión y la elusión tributaria. Una reforma que tocaría básicamente el bolsillo del gran empresariado y de los ricos de este país. 

Asimismo, el proyecto que crea la licencia ambiental para la fase de exploración minera, actualmente en Colombia se desarrolla la etapa exploratoria sin necesidad de licencia ambiental, se hace necesario entonces prevenir, mitigar y compensar impactos socioambientales de la actividad autorizada. 

También el proyecto de establecer medidas para la reducción de la producción y consumo de plásticos de un solo uso en Colombia, ya logramos una ley piloto para San Andrés, Providencia, Santa Catalina e islas menores, la ley 1973 de 2019 y la idea es replicarla en todo el país. 

Tenemos también el proyecto de reducción de emisiones vehiculares contaminantes provenientes de motores a gasolina, buscamos con ello resguardar los derechos fundamentales a la vida, salud y el goce de un ambiente sano. 

Otra iniciativa muy importante será el proyecto para otorgar el reconocimiento jurídico diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia, necesitamos defender sus derechos y garantizar su vida de nuestros menores y que el Estado asuma toda una política de defensa y protección para ellos. 

Adicionalmente el proyecto de Regulación y control del cannabis de uso adulto, con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad asociados al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas. 

Y como bancada liberal hemos radicado el proyecto de reforma política que busca mejorar las costumbres en esta materia, donde se establezcan las listas cerradas, el voto obligatorio y electrónico, la financiación estatal de campañas, entre otros, creemos que es una reforma urgente para el país y necesitamos sacarla adelante. 

Nos vamos a oponer a la intención de privatización de varias entidades del Estado, entre ellas ECOPETROL, ISA, ICA y CENIT, estás son patrimonio de los colombianos y no permitiremos su enajenación. 

Como ven, será una intensa agenda legislativa la que impulsaremos, esperamos que al final de esta legislatura todos estos proyectos sean Leyes de la República por el bien del país.

Pasto, 27 de julio de 2020

Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Write comment (0 Comments)
Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) es una de las medidas bien orientadas que ha tomado el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus, en particular para tratar de evitar la pérdida de empleos. Sin embargo sus resultados han sido muy inferiores a lo esperado: se ha podido utilizar solo el 40% de los recursos asignados y no se evitó la destrucción de 5 millones de empleos.

Creado mediante el decreto 639 del 8 de Mayo, el Paef consiste en una ayuda monetaria a las empresas para cubrir una parte del salario de sus trabajadores. El monto de la ayuda es de $350.000 por trabajador y tiene dos condiciones: que los ingresos de la empresa se hayan reducido por lo menos 20% frente al año anterior, y que no se despidan ni se suspendan los contratos de esos trabajadores. Inicialmente se planteó para 3 meses y el 4 de junio se extendió por un mes más (decreto 815 de 2020).

El Paef colombiano es un programa en el que el Estado asume el pago de una parte del salario, similar al que adoptaron algunos países europeos para proteger el empleo, pero con resultados mucho menos satisfactorios. En efecto, en los 19 países europeos que hacen parte de la OECD el aumento de la tasa de desempleo fue de menos del 1%, mientras que en Colombia fue del 10%. (En ambos casos el incremento real fue mayor puesto que el indicador no incluye a las personas que dejaron de buscar trabajo). Dos son las razones que explican esa diferencia tan grande: el monto del subsidio y la demora en otorgarlo. En cuanto al monto, en países como Inglaterra o Dinamarca el Estado asumió hasta el 100% del salario básico, acá solo fue el 40% del salario mínimo. Muchas empresas que no tenían ingresos para cubrir el resto del salario, tuvieron que despedir trabajadores y no pudieron solicitar el subsidio.

La demora en definir el programa fue evidente: a pesar que desde finales de marzo se plantearon diversas propuestas, el Paef solo se creó dos meses después de la llegada del virus a Colombia y el primer giro correspondió a la nómina del mes de mayo, muy tarde para los 5 millones de colombianos que habían perdido su empleo en el mes de abril.

Según los estimativos oficiales se esperaba que las empresas solicitaran el subsidio para 6 millones de trabajadores, por lo que tendría un costo de unos $2 billones mensuales. La realidad resultó muy diferente: en el mes de junio solo recibieron el subsidio 2’437.187 trabajadores, y un número similar en el mes de julio (solo 20.000 más que el mes anterior), de manera que el valor girado fue de solo $860 mil millones, solo el 40% de los recursos presupuestados, como ya se dijo.

El bajo número de beneficiarios solo se explica en una pequeña parte porque las empresas solicitantes no hubieran cumplido las condiciones requeridas. La UGPP, la entidad designada para verificar este cumplimiento, realizó una labor titánica al procesar y revisar en solo 15 días solicitudes de unas 115.000 empresas, de las cuales solo fueron rechazadas el 14% en junio y el 7% en julio.

Cali, 26 de julio de 2020

*Filósofo, Economista y Consultor.

Write comment (0 Comments)
Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Desde que se declaró el estado de emergencia el pasado 17 de marzo, entramos en nuestro país en un régimen hiperpresidencialista. En un periodo un poco mayor de cuatro meses, el Ejecutivo ha promulgado más de cien decretos sobre múltiples temas con el fin de mitigar la grave crisis generada por el COVID-19 y aunque se presume la buena fe en su expedición, varios han causado polémica en el país.

Uno de los más controversiales en la opinión pública fue el que recientemente declaró inconstitucional la Corte Constitucional sobre la reducción durante dos meses de los aportes pensionales de 16% a 3% y que obligó a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a trasladar los recursos de sus jubilados por retiro programado a Colpensiones.

Así, en su decisión declaró su inexequibilidad porque “este es un crédito que toma el Gobierno, que en última instancia es el que va a responder por el dinero”. De esta manera se salvan los recursos de todos los colombianos. En cuanto al control político a los citados decretos ley, se destaca la ausencia del Congreso de la República. Sorprende que el Legislativo a la fecha no haya ejercido control con el rigor, la seriedad y responsabilidad que exige la crisis y que se haya dedicado a hacerlo por redes sociales y no en una sesión formal. De no ser por la Corte Constitucional, el estado de derecho estaría seriamente amenazado.

Además de lo anterior, el viernes pasado muchos congresistas criticaron que se haya declarado inconstitucional el decreto de subsidios en servicios públicos, con el argumento de no tener completas las firmas de todos los ministros. Desconocen estos “legisladores” del partido de Gobierno que este es un requisito formal que no puede ser subsanado “mágicamente” y que además la misma Secretaría Jurídica de Presidencia le solicitó al alto tribunal que lo tumbara por esa “pequeñez”.

Un gesto honesto, de lealtad procesal pero incomprensible. ¿Cómo entender que la Presidencia expida un decreto y se le olvide completar la firma de los ministros? De acuerdo a lo anterior, no se entiende como estos congresistas de forma mezquina buscan desacreditar el trabajo de la Corte. Buscan acabar la institucionalidad con afirmaciones que como hemos visto en nuestro país, ponen en peligro la integridad de todos los magistrados y sus familias.

Bogotá, D. C, 26 de julio de 2020

*Exsenador Liberal.

Write comment (0 Comments)
Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 24 de julio se conmemoraron 197 años de la hazaña del Almirante guajiro José Prudencio Padilla López en el Lago de Maracaibo, en donde se libró una feroz batalla naval entre las fuerzas sutiles patriotas bajo su mando y una escuadra de la Armada de la Corona española, volviéndola trizas y consolidando con su fulgurante victoria en el mar las albricias de la derrota infligida a los realistas en tierra firme.

El 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819 son dos hitos históricos de nuestra naciente República, fueron los albores de la independencia recién alcanzada del sojuzgamiento de los territorios que hacían parte hasta entonces del Virreinato de la Nueva Granada. Pero sería sólo el 24 de julio de 1823 cuando, después de una porfiada lucha entre patriotas y realistas, que se trenzaron en una cruel y cruenta batalla, los primeros por conquistar su libertad y los segundos por aherrojarlas, fue posible pasar del grito de independencia al afianzamiento y ejercicio de la misma. 

El Prócer de la patria José Prudencio Padilla, a muy temprana edad y llevado por su alucinación por el mar, como caribe al fin y al cabo, se incorporó en la Real Marina española. Allí hizo sus primeras armas, iniciando su rauda carrera como Oficial de Marina y a poco andar como Contramaestre de navío, gracias a su habilidad, destreza y arrojo demostradas en su desempeño, sin sospechar siquiera que años más tarde habría de confrontarla en el proceloso mar que conocía como la palma de su mano.

Tuvo su bautizo de fuego en la célebre Batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, estando al servicio del Imperio del cual se decía que era tan vasto que nunca se llegaba a ocultar el sol. Allí se libró la madre de todas las batallas de las guerras napoleónicas, entre la gran alianza franco – española y la poderosa Armada inglesa, al mando del Almirante Horatio Nelson, poniendo a prueba su valentía y capacidad de lucha. La aplastante victoria inglesa, al cabo de 6 horas de combate en mar abierto, frustró la tentativa de la invasión francesa a Gran Bretaña y le permitió a esta erigirse en la gran potencia, gracias al dominio de los mares, que lo fue hasta el advenimiento de la segunda guerra mundial.

No tardó en abrazar la causa de la emancipación, después que conoció al Libertador Simón Bolívar en 1813. Entre las batallas que enfrentó se cuenta la que libró durante la resistencia del sitio de Cartagena por parte de las tropas españolas expedicionarias, al mando nada menos que del Pacificador Pablo Morillo, que durante 105 días con sus noches, estuvieron empeñadas como lo estaban en reconquistar el dominio sobre sus antiguas colonias.

Participó también en la Batalla de Angostura en julio de 1817, al término de la cual es ascendido a Capitán de fragata. Más adelante, fue muy activa y altiva su participación en la batalla de la Laguna Salada, en las goteras de su natal Riohacha, liberando a esta de la coyunda realista el 25 de mayo de 1820. Más tarde, el 4 de mayo de 1821, fue la retoma de Cartagena por los patriotas después del sitio y ocupación por parte de las fuerzas realistas. Y allí también estuvo Padilla para derrotar, como las derrotaron, estruendosamente.

Pero, definitivamente, la batalla del lago de Maracaibo fue en los mares, lo que la batalla de Boyacá en tierra firme, sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última. El Mariscal de campo Francisco Tomás Morales, el último español en ocupar el cargo de Capitán General de Venezuela y el Almirante Ángel Laborde, su brazo derecho, fueron quienes le hicieron frente a la ofensiva patriota, comandada por el avezado combatiente en los mares el Almirante José Prudencio Padilla, el 24 de julio de 1823 en la batalla naval del Lago de Maracaibo.

En medio del fragor de la guerra por la independencia y pese a los reveses de sus diezmadas huestes, en una actitud temeraria Morales lanzó una contraofensiva con el propósito de recuperar el terreno perdido, abrigando la esperanza de que muy pronto arribarían los refuerzos que había solicitado desesperadamente a Cuba. Estos nunca llegaron o por lo menos no los que esperaba para emprender semejante aventura, que por lo demás estaba condenada al fracaso. Maracaibo, que se había convertido en santuario de los realistas, cayó en manos de los patriotas, luego de la capitulación por parte de Morales el 3 de agosto, abandonado a su propia suerte por parte de Laborde, quien se replegó con lo que le quedaba de su averiada escuadra hacia Puerto Cabello, hasta donde fueron perseguidos por los patriotas, obligándolo a zarpar hacia Cuba.

El Almirante José Prudencio Padilla López, el Nelson colombiano, como lo calificó el Libertador Simón Bolivar después de su proeza, se coronó de gloria en la batalla del Lago de Maracaibo y desbrozó el camino para la independencia definitiva. Ello le mereció su ascenso a General de División y fue condecorado con la medalla de oro al mérito. Y no es para menos, pues su victoria en el Lago de Maracaibo se constituyó en el punto de inflexión y en la piedra angular de la independencia de las cinco naciones hispanoamericanas que libertó Simón Bolivar. De este modo, nimbado por la gloria, Padilla se constituyó en uno de los artífices de nuestra primera República.

Cota, julio 25 de 2020

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net    

Write comment (0 Comments)