Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Entre las diversas promesas que hizo el presidente Iván Duque durante su campaña, se destaca la que comentó en un foro de la “RAP Caribe”, donde se comprometió a fortalecer las regiones y los departamentos del país. Su compromiso parecía que fuera a cumplirse, ya que en su discurso de posesión señaló: “Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres, eliminar las distancias entre regiones que acarician el desarrollo y otras que se sienten atrapadas en la exclusión y la miseria”.

Así las cosas y mostrando compromiso, sancionó la ley de regiones, de la cual tuve la oportunidad de ser ponente para fortalecer la capacidad administrativa y funcional de las regiones administrativas de planificación, dar la posibilidad de asignarles recursos del presupuesto general de la Nación, formular y presentar proyectos de inversión en el sistema general de regalías y acceder a cualquier fuente de financiación del Estado. Con esto se buscaba evitar que los gobernadores vinieran a Bogotá entre semana a “mendigarle” recursos para proyectos a los entes gubernamentales y así cumplir con sus objetivos, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, al parecer todo quedó en palabras, ya el gobierno nacional le da la “espalda” a los territorios con la radicación tardía del proyecto de ley que regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Esta iniciativa que busca centralizar aún más la ejecución de estos importantes dineros para proyectos locales, al no especificar cuáles pueden ser avalados por los departamentos, les usurpa de una manera descarada la potestad de decidir en qué invertir. Además, elimina las secretarías técnicas que ahora estarán a cargo del DNP, quien administraría los recursos que estaban destinados al fortalecimiento de las entidades y que representa cerca de 125.000 millones de pesos.

Lo anterior significa que ya no serán los gobernadores, quienes conocen sus realidades y falencias, los que decidirán el destino de su departamento, sino un funcionario desde un escritorio en Bogotá quien a su criterio resolverá qué se hace y que no. Lo anterior es un golpe mortal a los grandes esfuerzos para progresar en el tema del fortalecimiento regional y al que tanto tiempo se le había dedicado. Es una lástima que todavía se estigmatice a los gobernadores y a quienes representan, frustrando de nuevo que Colombia sea de una vez por todas un país de regiones.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2020

*Exsenador Liberal

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie*.- Colombia parece sufrir la enfermedad de Urbach-Wiethe, que inhibe al cerebro para reconocer el peligro y quien la padece, sencillamente..., no siente miedo. Qué falta hoy nos hace el miedo frente a la amenaza que se cierne sobre la democracia y el futuro del país.

Al Centro Democrático, durante la campaña del plebiscito y el triunfo del NO, se le acusó de usar el miedo como argumento electoral, y hoy me pregunto si no es legítimo frente a una amenaza real. No se trata de vivir asustados; sino de reconocer el peligro para enfrentarlo.

La amenaza era real: impunidad, negación del secuestro, reclutamiento y abuso de menores, no devolución de bienes ilícitos, no reparación y ninguna garantía de no repetición, pues ahí están las disidencias y el país infestado de coca. Combinación, pura y dura, de todas las formas de lucha.

Colombia está amenazada y es necesario sentir miedo para salvarnos de una carrera temeraria hacia el precipicio, como en Venezuela. Después de ocho años de polarización inventada por el “farcsantismo” y de estigmatización como “enemigos de la paz”, Iván Duque llegó a la presidencia ofreciendo una rama de olivo para reunificar el país alrededor de su futuro, pero su propuesta generosa y dialogante fue malentendida como debilidad y despreciada, con la amenaza cumplida de mantener al pueblo en las calles.

El centrosantismo, que casi le entrega el país a las Farc, que clamaba venganza por su derrota plebiscitaria, que necesitaba legitimar su atropello a la democracia y sufría la abstinencia de “mermelada”, se sumó a esa campaña de desestabilización que, en su último capítulo, no solo cobra como trofeo la libertad de Álvaro Uribe, sino que aprovecha con mezquindad el sufrimiento de los colombianos para atacar a un gobierno que ha hecho todo por proteger su salud, sus vidas y sus empleos.

Sí; es la combinación de las fuerzas de lucha: la desestabilización del narcotráfico y la violencia rural; la del microtráfico y la violencia urbana; la protesta callejera que sigue latente y convocada; la guerra política contra Duque desde el Congreso; la mediática desde las redes y los medios que aún pagan su gratitud; y la jurídica contra el Centro Democrático, con una justicia que mete a un patriota a la cárcel y deja a los apátridas en el Congreso; una justicia que se quitó la venda para escoger a quién acusa, a quién escucha y a quién le cree.

Es el socialismo fallido, disfrazado de “progresismo”, auspiciado desde La Habana, Caracas, São Paulo y ahora desde Puebla; listo para el zarpazo en 2022.

Erasmo elogió la locura, en un intento por salvar a la cristiandad y la sociedad renacentista; yo, sin pretensiones, me arriesgo a un “elogio del miedo” como mecanismo de supervivencia para un país amenazado.

Más vale tener miedo. Elogiado sea, si con ello contenemos la amenaza y salvamos a Colombia.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2020

*Presidente FEDEGAN

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Por Mons. Fernando Chica Arellano

Por: Mons. Fernando Chica Arellano* - El día 9 de agosto se celebró, como cada año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hablamos de unos 476 millones de personas que habitan en 90 países, representando el 6,75% de la población mundial. Sus condiciones de vida están marcadas por la exclusión, la discriminación y la pobreza; por mencionar un único dato, las estadísticas oficiales indican que las poblaciones indígenas tienen una probabilidad tres veces más alta de vivir en pobreza extrema que el resto de sus connacionales. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en medio de la pandemia de covid-19?.

Sin querer ser exhaustivo, es importante recordar, en primer lugar, que a lo largo de la historia hemos conocido numerosos episodios en los que una epidemia de tipo vírico o bacteriano ha diezmado la población indígena, debido a que no existen las mismas defensas en los diversos grupos humanos.

El caso más conocido y dramático tuvo lugar en la América de los siglos XVI y XVII, cuando la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras enfermedades infecciosas esquilmaron la población local, en un grado incluso más intenso que las guerras de conquista o la explotación laboral. A mediados del siglo XX, un brote de sarampión redujo al pueblo Yanomaní, en Venezuela y Brasil, a un tercio de su población previa. También en estos tiempos de covid-19 hay unos riesgos específicos para estas poblaciones tan vulnerables.

La crisis sanitaria de covid-19 se entrelaza con una crisis social, como hemos visto en muchas zonas del planeta. En este caso, particularmente, constatamos que a las dificultades epidemiológicas (especialmente agudas en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o "no contactados") se suman una serie de graves limitaciones estructurales, que afectan tanto a los pueblos originarios que viven en las zonas rurales como a los indígenas urbanos. Se trata de realidades tan básicas como el acceso a agua limpia y sancamiento, el sostenimiento de los medios tradicionales de subsistencia (por ejemplo, en el pueblo de Ruanda) o la ausencia de una cobertura sanitaria (por ejemplo, entre los Navajos de Estados Unidos).

La pandemia de coronavirus está mostrando la importancia de articular correctamente los diversos niveles de atención médica. Mientras los pueblos indígenas sufran de malnutrición y no puedan ejercer la soberanía alimentaria, es claro que quedarán muy debilitados para hacer frente a cualquier enfermedad. Los fallos estructurales y el abandono sistemático de las poblaciones indígenas amazónicas por parte de los diversos estados se han puesto de manifiesto de modo dramático en esta coyuntura. A este respecto, cabe señalar que la Iglesia en territorio amazónico está escribiendo bellas páginas de solidaridad para salir al encuentro de los enfermos por covid-19, sobre todo entre los indígenas.

De acuerdo con los datos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), a finales del pasado mes de julio, había 27.517 personas de pueblos indígenas contagiadas por covid-19, de las 1.108 habían fallecido.  Unos 190 pueblos o nacionalidades indígenas han sido afectados por la pandemia en los nueve países que conforman la Panamazonía.  De manera particular, se está viendo cómo el coronavirus golpea a los indígenas ancianos, como en otras zonas del planeta, privando así de una fuente irremplazable de sabiduría ancestral.

Cabe destacar, entre otros muchos nombres, el fallecimiento por covid-19 en el Perú del líder del pueblo Awajún Santiago Manuin, activo colaborador con la Iglesia local, que fue recibido por el Papa Francisco en el encuentro con los pueblos de la Amazonía, en enero de 2018.

En medio de toda esta dolorosa situación, debemos subrayar la resiliencia de los pueblos indígenas, que es precisamente la temática escogida por las Naciones Unidas para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 2020. Ante una patología tan novedosa como la covid-19, para la que no existe aún un tratamiento que permita curar la enfermedad, resulta muy conveniente controlar de manera temprana los síntomas. En este ámbito, se han constatado iniciativas exitosas con prácticas de medicina tradicional entre los pueblos indígenas de Canadá, Colombia, Nepal y Congo, entre otros. Otra iniciativa relevante tiene que ver con el ritual tradicional del "KrohYee" (cierre de la aldea) entre el pueblo Karen de Tailandia, que se ha recuperado en el contexto de convid-19. Prácticas semejantes se han realizado en Malasia, Bangladesh y en diversos países de América Latina. Resulta evidente la importancia que tiene, para ello, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho efectivo al territorio integral ancestral.

El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Querida Amazonía, escribió: "Nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un ‘buen vivir’. Pero hace falta un grito profético una ardua tarea por los más pobres" (n. 8). Y en el número 52 añadió: "Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros el grito de la Amazonía al Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto (cf. Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad". La celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en estos tiempos de covid-19, supone, para todos nosotros, una llamada a escuchar este grito y a responder a él con nuestra plegaria humilde y nuestra solidaridad activa.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2020

*Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Madrugar en Colombia y, en medio de un aniversario pandémico, es una locura. Los diarios, la radio, la TV y las redes llenan el vaso de pesimismo a un pueblo que aspira vislumbrar panoramas de convivencia, armonía y respeto por los tres poderes y la constitución; sin odios, sin atropellos ni asesinatos de líderes, jóvenes y niños. Un país con futuro amable y prometedor.

La velocidad que toman las horas cargadas de calamidad y desventura, penetran el cerebro de una población que, anhela despertar en un nuevo día con esperanza de vida y bienestar.

Habitamos en un territorio que se casó con el infortunio, hasta que la muerte los separe. Por ello las malas noticias alteran, angustian y conmueven, día tras día, a 50 millones. Cada información conlleva el sello de la corrupción. Somos campeones mundiales de ese deshonor, del que muchos se enorgullecen y se lucran.

Si tomamos al azar un despertar, nos encontramos con Hidroituango en medio de drásticas medidas para recuperar despilfarros y malos manejos del pasado. Instantes después se nos informa que a pocas cuadras de la residencia privada del Presidente una banda de atracadores venezolanos asaltan y maltratan a más de 20 ciclistas, los torturan y les roban sus bicicletas. Corre el reloj y nos cuentan que en Cali fueron degollados 5 niños afros, que se recreaban con los vientos de agosto y sus cometas. Luego, que en la Costa a otro niño le fue cercenado un brazo, por su orientación sexual. Como la justicia es sabia, dejó sin efecto el suplicio al que Duque quiso someter a millones de colombianos, cuyo único delito era tener más de 70 años. Faltaban muchas noticias. La nueva bomba no se hizo esperar: el ex presidente Uribe reapareció utilizando el twitter, para revelarle al país que había sido reseñado como “el preso 1087985” de Colombia. Explicó que el hecho se produjo por compra de testimonios a Farc. Apareció preocupado y pálido ante la cámara que registró su mensaje al país.

Tomada al azar, esta fue una mañana plagada de noticias, todas ellas preocupantes y con mucha proyección.

Paso así un amanecer cualquiera, que entregó poco alentadoras encuestas para el gobierno, el pueblo y las instituciones nacionales.

El zoom muestra un vaso repleto de pesimismo, polarización, odio, inequidad, intolerancia, pandemia y cuanta plaga existe. ¿Estaremos en incertidumbre, o en crisis?

BLANCO: La alcaldesa le da un alivio a los bogotanos: congela el predial por 2 años.

NEGRO: La banca no baja intereses, como lo hizo el Emisor.

Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- En el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados están todos sujetos a lo previsto en la Constitución y las leyes. Hay unas reglas de juego puestas en vigencia por el Constituyente a nombre del pueblo y por órganos competentes, con miras a la realización de los valores que la sociedad profesa. A ellas, debida y oportunamente divulgadas y conocidas por el conglomerado, se someten tanto el ejercicio de la función pública como el comportamiento de los particulares. Su observancia garantiza la pacífica convivencia y la vigencia de un orden justo.

Se supone que, como lo expresa la Carta Política de 1991, Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho; que las ramas del poder público tienen funciones separadas; que los jueces y tribunales son independientes del gobierno, y que éste, lejos de obstaculizar o interferir, debe apoyar y asegurar el cumplimiento de las providencias y decisiones que aquéllos adoptan en los procesos, según las normas vigentes.

Por supuesto, esas reglas -inclusive las constitucionales- pueden ser modificadas o ajustadas cuando así lo requiera la sociedad, para que el orden jurídico no sea desbordado por la evolución de los acontecimientos en materia social, económica, política o de cualquier otra índole. Sabemos que hay constituciones flexibles -las consuetudinarias- y constituciones rígidas -las escritas-, pero la rigidez de éstas no puede ser tal que las convierta en absolutamente irreformables.

Estamos de acuerdo con el concepto de “sentimiento constitucional” del que hablara el tratadista alemán Karl Loewenstein (1891-1973): un vínculo que se establece entre el pueblo y su ordenamiento fundamental. En cuanto obra humana, ninguna Constitución es perfecta, pero, como regla básica destinada a introducir y mantener el orden y la justicia, a limitar y a controlar el ejercicio del poder político, debe gozar de una mínima y razonable estabilidad. Es decir, aunque no es irreformable, ni debe permanecer indefinidamente pétrea, tampoco puede estar siendo modificada a cada paso por razones puramente coyunturales o accidentales, sino cuando verdaderamente se necesite para el mejor gobierno de la sociedad.

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 -modificando la disposición que, desde 1910, confiaba exclusivamente al Congreso el poder de reforma- prevé tres modalidades de modificación constitucional: acto legislativo del Congreso, decisión de una asamblea constituyente y determinación del pueblo, mediante referendo.

Hasta hoy, a los veintinueve años de su vigencia, la Constitución ha sido reformada en cincuenta y cinco oportunidades, mediante actos legislativos, algunos de ellos declarados inexequibles total o parcialmente por la Corte Constitucional. Las más recientes reformas, la que permite la pena de prisión perpetua y la que crea la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca.

Son muchos los asuntos respecto a los cuales se han venido proponiendo reformas, entre otros el de la administración de justicia. Sin duda, algunos ajustes deben ser introducidos a la Constitución para garantizar a los colombianos el acceso efectivo y oportuno a la jurisdicción, pero se debe estructurar una reforma integral y bien pensada. No como respuesta de algún sector político a una específica decisión judicial. Menos todavía en plena pandemia y sin saber cuáles serían los cambios propuestos.

Bogotá, D. C, 12 de agosto de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- El acontecimiento de esta semana, sin lugar a dudas, fue la detención ordenada por la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia del senador Álvaro Uribe Vélez y esto por supuesto causó un terremoto político en todo el país, en todos los sectores. 

Hubo pronunciamientos del mundo político, del mismo presidente de la República, prácticamente rompiendo su magistratura de primera autoridad del país que debe guardar neutralidad y universalidad en sus posiciones y en sus pronunciamientos, ya es el presidente de todos los colombianos, pero también se pronunció el Consejo Gremial, algo absolutamente tropicalista y muy excepcional en los países del mundo, particularmente en Colombia, algo muy exótico diría yo. 

Pero también los medios de comunicación, las redes ni se diga como dicen nuestras abuelas, en fin, todo el país se pronunció y cada quien fijando su posición, su opinión, su querer o su odio, porque en Colombia está siendo corriente además del artificio en política, la publicidad del inmediatismo, de la evidencia pública, de las comunicaciones; el odio está tomando parte en la opinión colombiana, por ende, como consecuencia de esto no habrá formación de opinión serena, fundada, sino explosiones de opinión como viene ocurriendo desde unos años para acá y esta semana prácticamente fue el culmen de esas explosiones. 

Pues cual más expresaba según como se siente en la fiesta, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático con un llamado a la reserva activa como que promoviendo otro bogotazo del que causó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o cuando hubo hechos graves en la historia del país con las guerras civiles, el llamado a la reserva activa, es un llamado a la confrontación a una reacción absolutamente desmedida, desproporcionada contra el país, contra el Estado, contra el mismo gobierno y contra la institucionalidad integral. 

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia, pedía ¡Constituyente ya! por una decisión judicial en determinado sentido, en este caso la detención del senador Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es ¿sino hubiese medida de aseguramiento, entonces no habría habido propuesta de constituyente? esa sería la conclusión y entonces ¿las constituyentes para que son? Para cuando un juez o para cuando una autoridad me condene o me sancione o tampoco habría constituyente sí a mí me deja libre, eso no tiene ninguna fortaleza democrática, republicana o institucional. El tema de una constituyente es un tema histórico en Colombia o en cualquier país, es un tema de gran calado que se convocan constituyentes para un cambio en sistemas sociales y políticos de las naciones, no es un capricho de alguien que reaccione de manera airada, con cabeza caliente ante un hecho de la justicia, una constituyente es un hecho para medirlo la sociedad en general, pero con cabeza fría y tiene que tener toda la racionalidad jurídica, institucional, social, académica y hasta científica. Tiene que ser un mecanismo pertinente, sí es para solucionar un determinado problema, ¿para qué se arrasa la Constitución del 91?, claro que hay que hacer reforma a la justicia y otras, como la reforma política y electoral y reformas contra la corrupción que es el problema fundamental en Colombia, pero tumbar la Constitución del 91 por la decisión de un juez de la República no tiene proporción alguna lo vuelvo a repetir. 

También plantear un disgusto, un distanciamiento y prácticamente una división dentro de los partidos de gobierno, especialmente del Centro Democrático acusando al presidente que no fue lo suficientemente contundente en evitar la providencia de la Corte Suprema de Justicia o acusar a la Ministra de Justicia, a la doctora Margarita Cabello, que como exmagistrada de ese alto tribunal no intrigó, no se movió o no persuadió para evitar esa medida, eso es absolutamente extremo y prácticamente el Centro Democrático está amenazando con declararse independiente, esa es una circunstancia muy complicada también y prácticamente están demostrando las horas de vuelo, que no tienen el kilometraje  y no tienen el talante para gobernar o ser partido de gobierno, siguen en reacciones desmedidas, airadas, hasta absolutamente ruidosas y altisonantes, no son actitudes políticas serenas, ni mesuradas, ni racionales. 

Ahora, han colocado al presidente Duque en una circunstancia absolutamente incomoda, si bien él, se pronunció de manera indebida porque está violentando su competencia y su jurisdicción de presidente de todos los colombianos, hoy lo someten a una situación muy delicada. Entre el radicalismo, entre el dogmatismo, una doctrina de derecha extrema de ciertos sectores del Centro Democrático y la democracia en Colombia, lo ponen a escoger entre el presidente con talante, con visión estratégica para todo el país y también jugándose su prestigio en el mundo entero, en las naciones de Europa, de América, etc, que estarán muy pendientes de analizar sus decisiones y sus actitudes o darles gusto a la ultraderecha de su partido, está en una grave sin salida y a eso lo han sometido ciertos sectores que tienen la cabeza caliente y no dimensionan el largo plazo en la institucionalidad colombiana. 

Por otro lado, el tema si fue proporcional o desproporcional la medida de la detención que tenia derecho el expresidente Uribe a defenderse en libertad, eso no depende de los jueces, eso no es un acto de voluntariedad, de rigurosidad o de una actitud de favorabilidad, eso depende de los hechos y las circunstancias del inculpado, sí el inculpado con sus hechos, con sus abogados, con sus defensores no ofrece garantías al proceso, esa decisión se justifica, pero sí el inculpado no hubiese interferido en pruebas en declaraciones, en testigos, pues otra había sido la actitud. 

Hubo dos decisiones, una para el senador Uribe y otra para el Representante Álvaro Hernán Prada, pues si bien forman parte del mismo expediente, los dos han tenido comportamientos diferentes, tampoco se puede inculpar a los jueces porque ellos lo que tienen que hacer es comparar unos hechos con lo que les ordena la ley. Aquí se está entre los derechos y las garantías del inculpado y el deber fundamental de aplicar justicia por parte del operador según la Constitución y las normas penales. 

En todo caso el país vive hoy un tsunami político. 

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

 

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Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Esta semana la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sin precedentes históricos en Colombia, al ordenar una detención preventiva contra un expresidente de la república por presunta compra de testigos. Irónicamente se trata de un proceso que compromete al Senador Álvaro Uribe Vélez, por una denuncia que él mismo presentó contra el senador Iván Cepeda por idéntico delito.

La independencia de poderes es una institución democrática tan importante como el estado de derecho que hoy, quienes no comparten la decisión de la Corte, pretenden sustituir por el “estado de opinión”. Este parece más el “estado de contradicción” o de “incoherencia”. Veamos, la derecha uribista ante fallos judiciales adversos se ha victimizado sistemáticamente, alegando persecución política. La decisión de esta semana produjo la misma reacción. Muy curioso alegar persecución política, cuando el presunto perseguido controla dos de las ramas del poder público: la ejecutiva y la legislativa.

Pretenden además imponer una perversa especie de jurisprudencia, según la cual a los ciudadanos se les debe juzgar no de acuerdo con el delito cometido sino según su condición, sus méritos, realizaciones, bondades o servicios prestados. En esta doctrina uribista de sustitución del estado de derecho por el estado de opinión, por ser el senador Uribe quien es y por haber hecho lo que hizo, debe gozar de inmunidad ante cualquier presunto delito que cometa o haya cometido.

El presidente de la República Iván Duque, quien además de ser jefe de gobierno, en Colombia es jefe de Estado y como tal debe ser árbitro imparcial ante los poderes y sobre todo ante los jueces, se contradice al afirmar que respeta la justicia y sus decisiones pero que la Corte no ha debido ordenar la detención preventiva en contra del Senador expresidente Uribe. Si afirma respetar la justicia y sus decisiones, no puede a renglón seguido señalar qué tipo de medidas se deben o no ordenar dentro de un proceso judicial.

Pero el “estado de opinión” no se detiene aquí a la hora de buscar confundir a la ciudadanía en la interpretación de esta decisión. Comparan “peras con manzanas”, alegando como injustificable que los integrantes de las FARC, a pesar de los graves delitos que cometieron, estén sentados en el congreso, mientras al mismo tiempo se ordena la detención de Uribe. La diferencia está en el acuerdo de paz que firmaron, no con un gobierno, con el Estado Colombiano... Deben comparecer ante la comisión de la verdad para entregar la verdad histórica; luego ir a la justicia especial para la paz y entregar la verdad judicial del conflicto y recibir penas restaurativas. Si no lo hacen, se ven expuestos a un juicio en el que serían condenados a penas de hasta 20 años bajo el régimen de reclusión ordinario.

Esto no es todo, de remate reclaman una Asamblea Nacional Constituyente para rediseñar un poder judicial a su medida, tipo sastre, con una única corte. Debemos como nación, respaldar a la justicia, rodearla de un ambiente sereno, sin presiones, para que siempre falle en derecho y sin condicionamientos políticos.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2020

*Exsenador Liberal

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Como no todo puede ser Covid-19 ni la decisiones de la Corte Suprema de Justicia hay que mirar otros temas de impacto nacional, como por ejemplo los proyectos de minería del oro, en estos momentos en que el precio del metal dorado ha llegado a un máximo histórico por encima de USD 2.000 la onza, ¿Colombia no debería aprovechar esa bonanza y permitir que se explotara la mayor cantidad de oro posible? ¿Esa no sería una alternativa para compensar la caída de los precios del petróleo?

Lo primero que hay que reiterar es que cualquiera que fuera la utilidad económica, ningún proyecto de minería debe permitirse si afecta de manera grave los ecosistemas y, en particular las fuentes de agua como suele suceder con la gran minería del oro. Por eso en proyectos como el de Minesa en el páramo de Santurbán, o el de la Anglogold con el cobre de Quebradona, Jericó, debe primar el criterio ambiental sobre los eventuales beneficios económicos.

Pero aún en minas que controlen los daños ambientales es muy poco lo que le queda al país de los mayores precios del oro. En lo que va corrido del siglo el precio de la onza troy ha pasado de 270 a 2.036 dólares; este año el incremento ha sido del 28%. La casi totalidad de los mayores ingresos se ha quedado en los bolsillos de los productores privados, muchos de los cuales son multinacionales o mafias dedicadas a la minería ilegal.

Con un mayor precio aumentan los ingresos de divisas por exportaciones del metal, disminuyendo así el déficit de la balanza comercial, pero también aumentan los giros de utilidades al exterior de las mineras internacionales, por lo cual es mucho menor el beneficio neto sobre la balanza de pagos.

El Estado, que es el dueño de todos los recursos naturales, recibe muy poco de esa bonanza. En las cuentas fiscales solo aumenta un poco el recaudo de impuesto a la renta, porque ya se eliminó el impuesto a las remesas de utilidades al exterior. La razón es el absurdo e inequitativo régimen de regalías que existe para el oro, que son solo el 4% del 80% del precio internacional. En los últimos años la regalía efectiva estuvo alrededor del 2.7% del valor de la producción. Es tan absurdo que la producción de sal paga una regalía mayor del 12%.

Es lógico que ninguna empresa privada va a tomar riesgos de exploración y explotación de minerales si el Estado se queda con una tajada demasiado grande. Pero también es lógico que el Estado tenga una participación mayor cuando suben los precios. Por eso en el petróleo se utiliza el sistema de regalías crecientes, tanto por el tamaño de la producción –van del 8% al 25% según el tamaño del pozo-, como por el precio: el productor debe ceder al Estado entre el 30% y el 50% del incremento de la cotización internacional.

Desde el 2011 el fallecido senador Juan Mario Laserna propuso un esquema de regalías crecientes para el oro. Es hora de revivir esa propuesta. Teniendo en cuenta que la exploración de petróleo tiene más riesgos y costos que la del oro, no hay razón alguna para no hacerlo y permitir que el Estado, es decir todo el país, se beneficie de la bonanza aurífera.

Cali, 9 de agosto de 2020

*Filósofo, Economista. Consultor.

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Mis palabras, pronunciadas en la plenaria del Senado de la República el 28 de julio de 1998, con ocasión de un debate de control político a raíz de la decisión del Gobierno Nacional, que no compartí, de liquidar a las electrificadoras subsidiarias de CORELCA para privatizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe resultaron premonitorias: vamos a salir de las llamas para caer en las brasas. Dicho y hecho, han transcurrido desde entonces más de dos décadas durante las cuales lejos de mejorar la prestación del servicio, como se prometió, ELECTRICARIBE, que fue la empresa que lo asumió, se convirtió para sus usuarios en una verdadera pesadilla, en una calamidad pública, al punto que a la postre el mismo Gobierno Nacional se vio en la penosa necesidad de intervenirla y posteriormente liquidarla. 

El departamento de La guajira no es la excepción sino la regla, dado que por estar en la cola del sistema, ha llevado la peor parte, al tener que soportar con estoicismo y con la paciencia de Job los continuos apagones, racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento”, así como las oscilaciones de voltaje, con el daño consiguiente de los artefactos eléctricos. Un estudio técnico adelantado por la UPME llegó a la conclusión, aludiendo a esta falencia, que “la ausencia de las obras de refuerzo eléctrico implica una situación de desatención del abastecimiento de energía en su área de influencia”.

Entonces, para mejorar la prestación del servicio se requiere contar con un anillo eléctrico que le de redundancia a la red de transmisión de la energía entre los municipios de Riohacha y Maicao, anudada con la subestación eléctrica de Cuestecitas. Con tal fin, ideamos e impulsamos desde el Senado de la República dicho proyecto, con la mira puesta en estabilizar la prestación del servicio de energía y mitigar las contingencias a las que aún están expuestos los usuarios.  Años más tarde, como Ministro de Minas y Energía retomé el tema. En efecto, prioricé dicho proyecto en el Plan5Caribe para su ejecución, con mensaje de urgencia, como quedó consignado en la Resolución 093 de 2014 de la CREG.

En el año 2016, finalmente, el Gobierno Nacional adjudicó el contrato para ejecutar este proyecto a la firma ELECNORTE. Tal y como lo dispone la normatividad legal esta procedió a tramitar la Licencia ambiental y a adelantar las consultas previas correspondientes. CORPOGUAJIRA le otorgó la Licencia, la cual conlleva un Plan de manejo ambiental (PMA) que incorpora las medidas de mitigación y reparación a que hubiera lugar, las cuales debió asumir la empresa ejecutora de la obra. Por su parte el Ministerio del Interior debía certificar, como en efecto lo hizo, las comunidades con las que se deberían adelantar las consultas previas, las que se efectuaron satisfactoriamente con las 154 comunidades entre indígenas y afrodescendientes debidamente certificadas el 11 de septiembre de 2018.

Pero, como no faltan quienes le metan palos en las ruedas para entorpecer el avance de proyectos que como este son de interés colectivo poniendo en primer lugar sus intereses personales, empezaron a torpedear el avance de la obra. Se interpuso una acción de tutela en la que se alegaba que algunas comunidades habían sido excluidas de dichas consultas, la que en primera instancia fue fallada a favor de las mismas, pero posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Riohacha el 22 de julio de 2019, por no encontrar mérito para ello ni fundamento en sus pretensiones.

No obstante, 32 meses después del Acuerdo suscrito por la empresa con las comunidades debidamente certificadas por el Ministerio del Interior con las que se adelantaron las consultas previas y cuando solamente falta el 10% para terminar el tendido de las líneas y así contar con un sistema redundante que garantice una notoria mejoría en la prestación del servicio, nuevamente y aludiendo los mismos motivos, se presenta una nueva tutela. Esta vez ante el Juzgado penal de circuito y este, sin verificar siquiera la existencia de la “exclusión” que se aduce, contrariando lo dispuesto por el Tribunal Superior, procedió a fallar favorablemente la tutela  el pasado 21 de julio y lo que es peor ordenó suspender las obras, con grave perjuicio para más de 700.000 usuarios del servicio de energía.

Esto, a todas luces, es un despropósito, tanto más en cuanto que ordenar la parálisis de la ejecución de este importante proyecto es una medida desproporcionada, habida consideración de que si de lo que se trata es de salvaguardar el derecho a la consulta previa que demanda la parte interesada, según Sentencia de la Corte Constitucional SU -123 de 2018 “la consulta procede aun cuando el proyecto esté en marcha e incluso cuando haya finalizado”.

Cabe preguntarse en dónde queda la seguridad jurídica, acaso la competencia para determinar cuál o cuales comunidades deben ser objeto de la consulta previa no es el Ministerio del Interior o ello quedará a merced de los jueces, que contravienen los fallos de sus superiores, pues para ellos no hay cosa juzgada. Como dice el adagio popular, cada loro en su estaca, de lo contrario situaciones como estas se van a seguir presentando, al dar pábulo para que se abuse de la Consulta previa como derecho fundamental consagrado en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, distorsionándola y desnaturalizándola con el propósito de sacar provecho indebido de la misma.

Este es un precedente funesto y si no se le pone coto, el uso y abuso de las consultas previas por parte de impostores que usurpan y se arrogan la representación de las comunidades en su propio beneficio, pueden dar al traste con los 14 proyectos ya aprobados y contratados para instalar 9 parques eólicos y 5 granjas solares en territorios de La guajira y el Cesar, con los cuales Colombia está dando los primeros pasos de su Transición energética hacia la generación de energía renovable y limpia, diversificando su matriz energética e imprimiéndole una mayor resiliencia frente al Cambio climático. Está de por medio, además, una inversión inicial de $10 billones y la generación de 50.000 empleos, beneficio este que terminará extendiéndose al resto del país garantizándole mayor confiabilidad y firmeza a la prestación del servicio de energía.

Cota, agosto 7 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Es amoral pretender comparar el caso del Senador Álvaro Uribe, con las curules de las FARC en el congreso. Nada tiene que ver el carcelazo del expresidente con el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.

La estrategia asumida por el Partido Centro Democrático (CD) y quienes respaldan al Senador Uribe, incluido el presidente Duque, se equivocan de cabo a rabo y solo busca confundir a la gente, incluidos sus propios seguidores.

Qué inmadurez política la del presidente Duque para juzgar con rectitud y sensatez una decisión proferida por la justicia: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, dijo sin sonrojarse, sin entender que es el Jefe de Estado; pero además sin deducir que la ideología de un creyente puede ser muy peligrosa.

El primer mandatario es el presidente de todos los colombianos, por tanto no debe perder su compostura así le deba esta vida y la otra a Uribe Vélez; la histeria que se la deje a los miembros de su partido CD, a los parlamentarios y parlamentarias y los palaciegos periodistas que esgrimieron las espadas de la intolerancia contra la justicia porque en esta oportunidad no les es favorable.

Y también es amoral porque pretenden politizar una decisión basada estrictamente en un caso que el propio afectado, Uribe Vélez, se inventó y que por cosas de la soberbia mezclada con la política, el tiro le salió por la culata. Denunció a su oponente político Iván Cepeda, y terminó investigado.

Esa es la verdad; es bueno recordar que el entonces magistrado José Luis Barceló, en julio de 2018, llamó a Uribe a indagatoria al establecer que, presuntamente, el expresidente estaba intentando torcer testimonios de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia. Además para que estos inculparan al Senador Cepeda de estar pagando sobornos o prebendas para que inculparan a Uribe.

Esta decisión de la Corte no es una aventura; es seria, responsable y contundente, desprovista de cualquier manipulación política como equivocadamente la han querido presentar los aliados de Uribe y el séquito de periodistas que lo adulan. No es una condena, pero al Senador se le detiene para evitar que obstruya el futuro de la investigación, dice la Corte, además de calificarlo como “presunto determinador”.

Sino fuera porque el Senador Uribe tiene fuero, el presunto delito por el que se le acusa, sería de la justicia ordinaria, por eso es perverso comparar la situación del exmandatario, como lo han hecho Duque, el CD y los periodistas cortesanos, con el Acuerdo de Paz que le permitió a los exguerrilleros firmantes y desmovilizados tener una curul en el Congreso.

Esa falsa premonición de quienes aseguran que si a Uribe lo ponen preso se avecinan tiempo turbulentos cobijados por la violencia, se tendrán que tragar sus palabra, tacan burro; los colombianos ya perdieron el miedo y lo dejaron ver en las marchas del 21N.

Tampoco se trata de preguntarse a quien le conviene o no que a Uribe lo cojan preso, aquí de lo que se trata es de que “el que la hace la paga”, o no, señor presidente; lo contrario sería abrirle el camino a quienes dicen “páseme la pistola” o a quienes invocan a “la reserva activa” que no se sabe si es civil o armada.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

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