Opinión

Por Clara López*.- Los inadmisibles actos de violencia de estos días dejan al descubierto que la ciudadanía se encuentra inerme ante los atropellos de la delincuencia y los abusos de la Policía. Los videos de los desórdenes en Bogotá y Soacha muestran a manifestantes y policiales totalmente fuera de control. Pero que la Policía haya protagonizado semejante uso desproporcionado de la fuerza contra civiles desarmados es indefendible y lo más grave es que los altos mandos, incluidos el presidente Duque y el ministro Trujillo, se han abstenido de responder con la contundencia que la situación amerita.

Los disturbios motivados por la tortura y homicidio de Javier Ordóñez revelan un panorama devastador. A la condenable participación de quienes atropellan la protesta con su violencia se suma la acción indiscriminada de bandas de 20 y 30 policías, motorizados y a pie, actuando como los vándalos que están llamados a contener. Muchos de sus cascos no llevaban el número de identificación. Lo más peligroso es que en por lo menos cuatro localidades de Bogotá los policiales dispararon contra manifestantes inermes y entregaron armas de fuego a personal de civil. En Teusaquillo, se vio a un ciudadano reclamando sensatez de un agente que apuntaba y disparaba un rifle calibre 12.

Lo sucedido permitió constatar que la Policía sale a las protestas armadas y dispuesta a disolverlas en vez de brindarles la protección debida, que incluye tácticas muy conocidas de contención quirúrgica de desmanes, sin atropellar a los manifestantes pacíficos que son la mayoría. El alcalde de Cartagena evitó un desmán policial porque acompañaba la marcha que los uniformados se disponían a disolver.

La Policía que conocí como secretaria de gobierno y alcaldesa de Bogotá era un cuerpo disciplinado a lo militar, jerárquico y con una cadena de mando que ninguno osaría desconocer. Un caso aislado puede atribuirse a insubordinación, pero el uso de armas de fuego registrado en múltiples escenarios no puede ser tratado como expresión de indisciplina. En la Policía esa no es una opción. Alguien tuvo que dar la orden o dejar de darla. Si ello resulta no ser cierto como reclaman los altos mandos, el deterioro institucional es tan grande que amerita guardar la Policía hasta que se tomen medidas de fondo en los lugares donde los subalternos, como aseveró el general Penilla, dispararon sus armas siguiendo “su propio criterio”.

Con todo, el tema de las órdenes debe ser investigado por la gravedad que encierra para la democracia. Ya sea por acción u omisión, el camino al totalitarismo empieza con situaciones ambiguas sobre quién debe responder por el uso abusivo, desproporcionado e indiscriminado de las armas del Estado. En las circunstancias de deterioro de la cadena de mando registrada, deben responder por las vidas cobradas de ciudadanos inermes, los más altos eslabones de responsabilidad política e institucional y no solo los policiales involucrados como se ha vuelto costumbre. Sin renuncias y con impunidad, la poca contención democrática que subsiste en nuestros gobernantes puede derivar en la tentación de los autogolpes, al estilo Fujimori.

La realidad es que para tener la Policía civilista, defensora de los derechos ciudadanos y guardiana de la convivencia pacífica que vislumbró la constituyente de 1991, no bastarán las reformitas. Para erradicar esa cultura militarista del enemigo interno, inculcada y arraigada a fondo durante el conflicto armado, se hace necesario arrancar de cero para crear una nueva Policía, esa sí defensora de los derechos humanos, de las comunidades, de los débiles, de la población LGBT, de las mujeres y de los jóvenes, que tanto modelo de buen padre de familia necesitan.

Respecto de los alcaldes, es indispensable hacer un direccionamiento y seguimiento permanente de la Policía a través de los consejos de seguridad. Con todo, esa instancia puede resultar inocua mientras no se resuelva la dualidad constitucional que hace de los alcaldes, jefes de policía, pero a los comandantes totalmente dependientes de sus superiores para prosperar en la línea de mando y al presidente, prevalente sobre las decisiones locales. Es un mal arreglo institucional que hoy nos deja sin saber quién manda a la Policía.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2020

*Ex alcaldesa de Bogotá, Ex ministra de Trabajo.

Por: Guilllermo García Realpe*.- Lo sucedido en la madrugada del miércoles en Bogotá donde un mal procedimiento policial que, a todas luces claramente fue un abuso de autoridad y que termino horas más tarde con la vida del ciudadano Javier Humberto Ordoñez, amerita una profunda reflexión y un análisis a fondo sobre el actuar de algunos uniformados que hacen parte de la Policía Nacional. 

Surgen entonces varios interrogantes alrededor de éste y de otros casos donde se denuncia el mal actuar de algunos policías, por ejemplo, se observa un mayor número de policiales para contener a una sola persona, que al haber consumido algún tipo de licor no estaría en plenas condiciones de reaccionar, en segundo lugar, el uso desmedido y prolongado del taser contra la humanidad de Javier fue letal. ¿Por qué si los acompañantes de la víctima le advertían en repetidas ocasiones que lo dejarán quieto, ellos hicieron caso omiso? ¿no bastaba solo con neutralizarlo inicialmente esposándolo? ¿los policías disfrutan del sufrimiento de la gente? Esas y más preguntas se hacen hoy los colombianos que presenciaron en todos los noticieros el despiadado suceso. 

El lamentable episodio recordó la muerte de George Floyd, a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, el pasado 25 de mayo y que desencadenó una ola de violencia en casi todos los Estados Unidos. La situación en Colombia y sobre todo en Bogotá, no fue ajena, se tornó delicada en materia de orden público, pues cientos de ciudadanos indignados se alzaron en protestas contra la institución policial, muchas manifestaciones se tornaron violentas lo que generó caos y confrontaciones y el daño de los bienes públicos. 

El balance de daños y destrozos en el Día Nacional de los Derechos Humanos, en Bogotá, según la propia Policía fue de grandes proporciones, y lo peor el saldo trágico en pérdidas de vidas. Trece personas murieron durante esas noches violentas, además 194 policías y 209 civiles heridos, más de 53 instalaciones policiales afectadas, 49 CAI vandalizados, 45 en Bogotá, 3 en Soacha y uno en Cali. 17 CAI incinerados en Bogotá, 77 vehículos afectados, nueve buses de Transmilenio incinerados, cinco más del SITP incendiados, en fin, una jornada negra para el país y para la Policía, nunca antes vista en materia de protestas ciudadanas, desde su creación bajo el decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891. Son algunas de las cifras al momento de escribir este artículo. 

Pero responder violencia con más violencia nunca será la salida, eso lo único que genera es desbordar más el caos, la anarquía la incertidumbre y crear un ambiente de zozobra entre la población. 

La Policía debe someterse a una profunda restructuración, donde se recobre la confianza de los ciudadanos, donde la principal misión sea salvaguardar la vida de la gente. La muerte de Javier Ordoñez, confirma que hay fallas serias al interior de la institución, se deben repensar los protocolos y procedimientos de actuación y adaptarlos a las actuales circunstancias, sólo así se podrán evitar futuros casos de brutalidad policial. 

La formación de los estudiantes que apenas inician con su sueño de ser policías debe ser un proceso integral, donde la protección a los Derechos Humanos sea fundamental, también los procedimientos de estrangulamiento, el uso desmedido de la fuerza y del taser tienen que revisarse a fondo, lamentablemente a muchos uniformados a la hora de hacer procedimientos se les olvida aplicar los principios de racionalidad y proporcionalidad. También hay carencias en los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y por supuesto de sanciones severas, hace falta veedurías fuertes. 

No es comprensible que la Policía por ser una fuerza de origen civil tenga fuero penal militar, ese error hay que corregirlo, para que casos como el sucedido con Javier Ordoñez, Julián Balcero quien apareció muerto en el CAI del barrio 20 de julio en Bogotá o el de Dilan Cruz, asesinado por el ESMAD en noviembre del 2019 y otros más, pasen a la justicia ordinaria y así evitar la impunidad que reina en muchos casos al interior de esa fuerza, porque es evidente el conflicto de interés. 

No puede ser que en lo corrido del año tan sólo en Bogotá, como lo denunció la propia alcaldesa Claudia López, se hayan presentado 137 denuncias de abuso de autoridad y que la Policía sólo admita 38 de ellas, ahí ya hay una falla y es precisamente eso lo que se quiere corregir.

De tal manera que el proyecto de acto legislativo para reformar la Policía es necesario, es urgente tramitarlo, no podemos seguir transitando por el camino de la violencia donde quienes están del lado de la institucionalidad en muchos casos -ya demostrados- no garantizan la vida de sus ciudadanos. 

Necesitamos que desde el propio Gobierno Nacional impulsen esta reforma que pide a gritos hoy el país, necesitamos un presidente sintonizado con la gente y que no se dedique en pleno dolor de una familia a felicitar por su gallardía a los comandantes y al ministro de la Defensa, felicitaciones sobran entre ellos, necesitamos son acciones y resultados y menos discursos banales que no conducen a ninguna parte, necesitamos justicia y NO impunidad. Necesitamos que hasta el Dios y Patria sea modificado como eslogan institucional. No se puede poner la palabra del creador en una institución que no respeta la vida de la gente.

Será que la Policía cambió para servir a la gente o ¿para agredir a la gente? El debate apenas empieza.

Bogotá, 15 de septiembre de 2020

Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Gabriel Ortíz*.- Estaremos en condiciones de recuperar el optimismo y rescatar el progreso? Esa pregunta surge, cuando se aprecia un país en medio de un mundo que parece haber perdido la esperanza. Colombia no está ausente de la crisis, que se ha apoderado de este mundo sin liderazgo, manejado por pésimos gobernantes y en medio de la pandemia.

Los privilegios y derechos de la población se acabaron. El desempleo, la pobreza, la hambruna, la inseguridad, las masacres, asesinatos de líderes y la desilusión, se imponen con mayor fuerza. No se aprecian reactivación productiva, ni recuperación.

Al covid-19, lo acompañan el odio, la intolerancia, la violación de leyes y normas. Reina la corrupción.

La inmensa mayoría de colombianos, que milita en la decencia, la tolerancia, la convivencia y la hidalguía, depositó más de 12 millones de sufragios para recomponer un país que añora nuevos caminos de progreso, equidad, honradez y paz. Los buenos deseos, se van al traste, por falta de decisión de dirigentes, empresarios, políticos y gobernantes, incapaces de enfrentar el cáncer que nos destruye. En cada sitio, en cada posición, en cada grupo, en cada espacio, hay recovecos por los que deambulan el desorden, el delito, el despilfarro, los contratos leoninos, la mermelada y el pago de favores políticos. Los periodistas y los medios de comunicación, son ¨perfilados¨, los unos y limitados los otros. Las orejas de la censura amenazan la libertad de prensa y la democracia.

La paz es manipulada y frenéticamente atropellada y arrojada hacia las ¨trizas¨.

Estamos en la antesala del desastre, pero aún, hay posibilidades de encontrar una ruta de escape.

Aparece ¨Un Mensaje Optimista para un Mundo en Crisis¨, en el libro del expresidente Juan Manuel Santos. Reúne y evalúa con optimismo el progreso de Colombia durante los últimos 30 años.  

Su obra analiza a una Colombia que presenta un ambiente de pesimismo desaforado e impulsado por la polarización política, que enceguece e impide ver ¨los reconocimientos y aplausos que nos prodigan desde afuera¨. Analiza el vaso medio lleno de grandes progresos, frente al vaso, medio vacío, de los pesimistas, que puede llevarnos ¨a la destrucción, al populismo y al autoritarismo¨.

El expresidente, abre las puertas al dialogo con el actual mandatario, con su mentor y con su partido, para conformar una agenda que incluya reformas política, agraria y energética sostenible. ¨Estoy listo para sentarme a dialogar. El presidente Duque puede unir al país, tiene suficiente tiempo¨. ¨Espero la señal¨, expresó Santos.

Pero, como no todas las intenciones se entienden, apareció el mismo bachiller que posesionó a Duque, con su tradicional pésima energía, para cerrar la puerta… la ¨jugadita¨ funesta para arruinar nuestro futuro.

BLANCO: El regreso del futbol, aunque a puerta cerrada.

NEGRO: El nacimiento del ministerio de Educación Popular y Propaganda. Lo orienta el Director de Comunicaciones del partido y ¨gran arquitecto del ascenso al poder¨: el propio Luigi. Censura de prensa, perfilaciones y prohibición a medios nacionales e internacionales, para entrevistar a no-CDs. Goebbels, esta entre nosotros.      

Bogotá, 11 de septiembre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Jorge Enrique Robledo*.- Luego de rueda de prensa del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, los medios titularon: “Mindefensa aseguró que Congreso autorizó presencia de militares de EEUU”. Pero Lidio García, quien fuera el presidente del Senado cuando esa supuesta autorización, le exigió en carta “que se rectifique la posición del ministerio de Defensa Nacional y/o la de los medios de comunicación, en el evento que estos hubiesen dado un alcance diferente a su pronunciamiento”. Y Gregorio Eljach, secretario del Senado, el encargado de dar fe sobre lo que allí ocurre, certificó: “El Senado de la República en ningún momento autorizó el ‘tránsito de tropas’” extranjeras por el territorio nacional.

¿Qué ocurrió? ¿Los medios actuaron de mala fe o fueron engañados por un ministro mañoso –que nunca les rectificó los titulares– y que los utilizó para tapar que el presidente Iván Duque había prevaricado cuando, en la segunda vez, autorizó que tropas de EEUU actuaran en Colombia? La siguiente es la historia de cómo Trujillo engañó y mintió y ayudó a violar la ley en materia gravísima, por lo que debe dejar de ser ministro.

El primero de julio pasado, por tutela de varios senadores, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Duque que en un plazo de 48 horas suspendiera la autorización que les dio a las tropas de guerra del Comando Sur de los Estados Unidos para actuar en Colombia, exigencia que Iván Duque acató. El Tribunal además le ordenó tramitar que el Senado decidiera, según el artículo 173-4 de la Constitución, “permitir [o no] el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional”.

Dos meses después, el ministro de Defensa convocó a una rueda de prensa en la que informó que el “señor Presidente (…) autorizó para que continuaran las tareas” de los soldados de EEUU en Colombia, determinación que sustentó con la falacia de que ya se había cumplido la orden del Tribunal de tramitar la aprobación del Senado, falsedad que con todo detalle les indujo a creer a los medios. Tanto fue el dolo con el que actuó en la rueda de prensa, que trece veces (!) repitió que 69 senadores, en unas cartas, habían expresado estar de acuerdo con que actuaran esas tropas en el país, dando a entender que eso configuraba la aprobación legal exigida, cuando él sabía –y lo sabía la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño–, que en el Congreso no se decide con cartas sino votando, votación que nunca ocurrió.

Así le destapó Lidio García a Trujillo la mentira de las cartas: “No se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese ‘autorizado’ la presencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional”. Porque, explicó, esa información a la Casa de Nariño “no tiene ningún alcance jurídico que comprometa al Congreso de la República, porque simplemente se trata de una comunicación de carácter informativo, respecto a la gestión de 69 senadores”. Y esa verdad la ratificó el secretario del Senado al señalar que no hay norma en la Ley 5 de 1992, de su reglamento, que establezca que con cartas se pueden reemplazar las decisiones legales, que solo se pueden tomar votando en el Congreso.

Pero el ministro Trujillo –respaldado por el presidente Duque–, en vez de reconocer el error gravísimo cometido y pedirnos perdón a los colombianos renunciando a su cargo, insiste en sus vivezas, omitiendo verdades o tergiversándolas, sacando conclusiones falsas de situaciones ciertas, cambiando el foco del debate o mintiendo descaradamente, como cuando insiste en que Duque sí cumplió la ley al volver a darles permiso a las tropas de EEUU para operar en Colombia. Procede así a la manera de las llamadas fake news, astucias que consisten en insistir en las mentiras y los engaños, aun cuando estén descubiertos, porque los cálculos les dan que la trampa les resulta rentable, al sumar compinches, alcahuetas y engañados.

La última viveza de Trujillo consiste en recurrir al cambiazo, es decir, a intentar sacar el debate de sus varias conductas intolerables y pasarlo a la supuesta conveniencia para Colombia de dichas tropas, con lo que además oculta que sus actos se agravan por tratarse del ministro de Defensa, segundo al mando sobre las armas de la República y quien maneja información y fondos secretos y debe darle ejemplo de rectitud a la fuerza pública.

Coletilla. Rechazo el exceso de fuerza de numerosos policías en Bogotá. Les hacen mucho daño a la ciudadanía y a sus justos reclamos quienes utilizan las protestas democráticas para destruir propiedad pública y privada. Iván Duque debe promover un pacto nacional que facilite acordar los correctivos necesarios en la Policía de Colombia.

Bogotá, 11 de septiembre de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Regresaron las “movilizaciones” convertidas en orgías de violencia; volvió la zozobra y las dificultades para los más pobres; volvió la amenaza de Paro y destrucción económica, ya convocado por Petro, como si no tuviéramos suficiente con la pandemia; vuelve el caos como arma política.

El abuso de fuerza de dos policías contra un ciudadano fue un verdadero “papayaso” para los interesados en desestabilizar el país y resucitar como redentores. Su conducta fue desproporcionada y bárbara, y deberán responder individualmente a la justicia.

Pero…y qué de la conducta social, qué del linchamiento mediático de la Policía como institución, y del linchamiento físico, de la cacería de policías que también vimos en las redes; qué del vandalismo, que no solo desencadenó más muertes, sino un escenario de caos y destrucción. ¿Quién responde?

Quien debería hacerlo en Bogotá no lo hace. En agosto de 2019, Claudia López exclamaba ante los medios: ¡Yo voy a ser la jefa de la Policía, voy a coordinar la seguridad como principal prioridad!, pero olvidó esa promesa prioritaria y le escurrió el bulto a esa responsabilidad, a juzgar por las manifestaciones violentas de 2019, por la reaparición del vandalismo el 9 de septiembre y por sus propias declaraciones.

Claudia López ha demostrado ser todo, menos jefa de la Policía. En lugar de presidir la sala de crisis mientras la ciudad ardía, prefirió hacer una Mesa de DD HH y Convivencia para poner en la picota pública a la Policía Nacional.

En sus declaraciones ha sido instigadora: “Los invito a que nos movilicemos con indignación, pero no a la destrucción”, pero ella sabe que la movilización pacífica es el escenario para la infiltración del vandalismo, algo que también sabe el señor Petro, dedicado a hurgar en las heridas individuales para sacar la gente a las calles y, detrás de la gente…, los vándalos.

Ha sido evasiva de sus responsabilidades. La jefa de la Policía no le puede exigir a la Policía que pida perdón, si ella misma no lo hace. ¡Es la jefa! Es evasivo sumarse a la corriente y pedirles -qué digo-, exigirles al presidente y al Congreso una reforma estructural de la Policía. Eso es lo que todos pedimos, pero no la respuesta de la directa responsable del orden público en la ciudad. Es populismo barato que la jefa pida una Policía “desarmada” en una ciudad violenta y armada hasta los dientes por las mafias.

También devino en criminalista y directora de Medicina Legal, pues sin pruebas de balística ni dictámenes forenses, sentenció, pública y sumariamente, que todas las heridas y muertes fueron causadas por la Policía Metropolitana, cuerpo del cual ella es ¡la jefa! No se trata de encubrir a la Policía, pero tampoco de negarle la presunción de inocencia, sobre todo cuando los macabros videos mostraron vándalos armados.

Su sesgo ideológico le cierra un ojo y le impide la objetividad. Los vecinos de Villa Luz en Bogotá estaban asustados en sus casas; no salieron a destruir su propio barrio. ¿Quién lo hizo? Los mismos que destruyeron CAIS, quemaron buses y robaron donde pudieron; los mismos que, a la misma hora y de la misma forma, atacaron en otros barrios de la ciudad.

Es algo orquestado; una clara estrategia: Invitar a movilizaciones pacíficas, como la alcaldesa ¡en plena pandemia!, infiltrar vándalos y, luego, justificar la violencia como respuesta indignada y espontánea de las gentes de bien, algo a lo que se suman con mucho de cinismo y poco de objetividad algunos medios, voceros del “centrosantismo” que, mientras tanto, como Petro, sonríen mirando con codicia hacia 2022.

Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por José G. Hernández*.- De conformidad con el artículo 20 de la Carta Política, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como la de informar y recibir información veraz e imparcial.

La Corte Constitucional ha subrayado, respecto a la libertad de expresión, que implica la plena posibilidad de asumir posiciones críticas en los asuntos objeto del interés colectivo. Agrega que “es inalienable la libertad que tiene cada uno de manifestar sin coacciones ni temores su personal opinión -favorable o desfavorable- sobre la manera como se conducen los destinos comunes y acerca de la aceptación o rechazo que, en su criterio, merecen los responsables de esa conducción. Ello representa, además, para los individuos, una forma de participar en las decisiones que los afectan, garantizada en el artículo 2 de la Carta Política”. (Sentencia SU-667/98).

Para la Corte, “el ordenamiento jurídico al estudiar y proteger integralmente a la persona, debe asegurar las actividades más intrínsecas de ésta como el pensamiento entendido como la facultad que tiene el humano de producir ideas, darles un orden, asociarlas a conceptos, circunstancias, cosas o sujetos”. (Sentencia T-244/18).

En cuanto al derecho a la información, enseña la jurisprudencia constitucional que es "de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas. No siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información”. (Sentencia T-512/92).

Son derechos fundamentales en una democracia, garantizados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, pero son derechos diferentes. El uno asegura que toda persona pueda manifestar con entera libertad -de forma y contenido- su pensamiento, opiniones, críticas, conceptos, enfoques en torno a lo que acontece; sobre las más variadas situaciones, decisiones y políticas, o acerca de todo aquello que quiera mirar desde su propia e inalienable perspectiva. El otro alude a la presentación, objetiva e imparcial, completa, ante el público y con estricta fidelidad, de informaciones, noticias, datos, hechos; de lo que sucede, se conoce o se descubre; sobre los acontecimientos, su devenir y su desarrollo y seguimiento.

Una cosa es opinar y otra informar. A diferencia de una práctica que se ha venido observando en algunos medios -en perjuicio de los sujetos pasivos de la información, que deben recibirla imparcial y objetiva-, no se deben confundir. Ni es correcto manipular o tergiversar la información en beneficio de las propias opiniones o intereses políticos o de cualquiera otra índole.

Si la información objetiva y cierta es un derecho básico, resulta indebido encapsular en ella el querer, los objetivos o la posición política del informante.

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional 

Por Jairo Gómez*.- Explotó la olla de presión social. Estaba al límite. Sólo necesitaba de un motivo para que detonara toda esa ira represada por culpa de la crisis social y económica que evidenció la pandemia y hoy la está haciendo mucho más crítica.

Sí, el asesinato del abogado Javier Ordoñez hizo que la furia contenida impulsara a los ciudadanos a la calle a protestar, no sólo por el abuso de la policía, sino por el desasosiego que está provocando en cada uno de los colombianos la incertidumbre de un futuro exiguo en oportunidades, un crecimiento vertiginoso del desempleo y una economía diseñada para forzar la ruina de la gente, el medio ambiente y nuestra seguridad.

Un muerto provocó la llamada primavera árabe (2012 a 2015) y en muchos países se desprendieron manifestaciones exigiendo reformas sociales y políticas. En unos se lograron, en otros no. Colombia no es la excepción. Es claro que la Policía, también el Ejército, la Armada y la FAC, es decir toda la Fuerza Pública, requiere de una gran reforma constitucional e institucional, pero la sociedad reclama enmiendas esenciales en la justicia, la política y, básicamente, en el armazón económico y social. No más corrupción, por favor.

Pero no. Siempre nos quedamos en la anécdota, en los propósitos y se aplazan esos necesarios cambios. Nos asaltan estas movilizaciones y la reacción inmediata es hablar de la coyuntura. Esa es la imperecedera narrativa. Ahora queremos ahogar el verdadero clamor de la gente en la reforma a la Policía (hago este paréntesis para hablar de la Policía y la coyuntura, pero ya regreso al punto central). Claro, se trata de una entidad podrida, desde su generalato hasta sus bases policiales. Dirán que no es bueno generalizar y seguramente es cierto, pero los indicios indican que ya no son unas manzanas podridas, es el árbol completo el que hiede a corrupción y desgobierno.

Mientras el centelleante Ministro de Defensa busca la fiebre en las sábanas para desviar responsabilidades, nos revela, como gran cosa, que las redes sociales fueron las culpables de la movilización de este miércoles. Descubrió que el agua moja. Claro ministro, por fortuna existen las redes de lo contrario usted, sus policías y los Medios de Comunicación convencionales hubieran seguido manipulando el asesinato del Abogado para mostrárnoslo como un “procedimiento policial”.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López, llama a la movilización pacífica. “La violencia -argumenta- trae más violencia”. Sin embargo, el miércoles era un muerto y el jueves se elevó a siete ciudadanos que perdieron la vida a manos de la policía. Se comprobó que hubo uso indiscriminado de armas de fuego por parte de los uniformados, dijo la alcaldesa. Es verdad, la violencia genera más violencia; pero pretender quedarse en el fútil argumento de que la solución está en reformar la policía es optar por la política del avestruz. ¿No cree la alcaldesa, por ejemplo, que los 370 millones de dólares que el gobierno Duque decidió entregarle a la extranjera Avianca, pudo haber desencadenado, también, en esta ira acumulada de los impotentes ciudadanos?

Y entonces aquí, vuelvo al punto central, el de fondo. El que va más allá de la muerte del Abogado. El que está llevando a los colombianos a vivir en la ruina, en la desesperanza. Cómo así que el Gobierno Duque y su flamante Ministro de Hacienda nos hablan de 117 billones de pesos para solucionar la crisis de la pandemia y nunca nos dijeron a los colombianos, los directos aportantes de esos dineros, de qué rubros del presupuesto nacional salieron. ¿Cómo se los han gastado? ¿En dónde los invirtieron y a quiénes favorecieron? Todo es una opacidad absoluta.

El resultado es: más desempleo, el 25%. Cientos de miles de pequeñas y medinas empresas quebradas. El comercio en la bancarrota. Y nuestros campesinos desplazados de sus tierras viviendo su propia suerte a manos de grupos armados ilegales. Mientras tanto, los terratenientes (azucareros, palmeros, ganaderos, incluso narcotraficantes) disfrutan de protección oficial. Las poderosas organizaciones como El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), Sarmiento Ángulo, Ardila Lulle, Santo Domingo, gozan de buena salud. Son y serán los grandes beneficiarios de la pandemia. En cambio, en la otra orilla, la de los colombianos de a pie, los que sin duda pagaremos la crisis del coronavirus; esos sin futuro a corto y mediano plazo predestinados a una vida desastrosa, que lleven del bulto. El hambre y la miseria, serán su común denominador.

Todo lo anteriormente descrito, no lo duden, está detrás de las movilizaciones del miércoles. Vaticino que esto será una espiral incontenible de protestas. La gente se mamó del miedo y el autoritarismo implantado por la pandemia. La calle recobrará su protagonismo y con ello, seguro, habrá más represión, más muertos y, lo digo con certeza, amenazarán a los ciudadanos con más recortes a las libertades individuales o con un balazo cuyo costo sale de nuestros propios bolsillos. No se puede esperar otra cosa, ese es el talante (dictador) de este frívolo mocoso que nos gobierna.

Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2020

*Periodista. Analista Político

@jairotevi

Por Víctor G Ricardo*.- En días recientes ha habido mucha especulación mediática respecto de la potencial adquisición de la empresa qué le presta el servicio de Energía a casi toda la costa de nuestro país. El intento del Gobierno por recuperar la calidad y procurar la continuidad de dicho servicio inició hace ya varios años con la noticia de su intervención, así como la posterior noticia del litigio al respecto, que retumbó tanto en España como en Colombia (domicilio de la casa matriz -Gas Natural Fenosa SdG, ahora reconocida como Naturgy, y de Electricaribe S.A. E.S.P., respectivamente) y hoy en día, no sabemos, si encontrará su solución.

En los medios es evidente que múltiples alcaldes están en desacuerdo con dicha prestación. Incluso recientemente mencionaban estar en contra de que estas empresas sean vendidas a nuevos operadores como EPM y EnerPereira y considerar más conveniente que sea el Gobierno quien continúe con la operación de dichas empresas.

En otras publicaciones, se cuestiona el interés de los potenciales inversionistas en recibir dichas empresas y en algunos otros incluso se habla, que el Gobierno está regalando las mismas o pagando billones para que estos las reciban. En Medellín, la idea que EPM reciba una empresa llena de problemas como Electricaribe, le provoca nauseas a muchos, no se si por la operación en sí, por la falta de fe en que EPM pueda sacar este negocio adelante o por el miedo a que los recursos de este departamento se vean afectados por las inversiones que serán necesarias para solucionar los defectos de dicho negocio y sacar adelante una empresa como Electricaribe.

Ahora bien, ¿qué tanto de todo esto es cierto? Definitivamente, no parece ser una coincidencia la cantidad de noticias adversas a esta operación. Para nadie es un secreto que Electricaribe enfrenta grandes retos y bastantes adversarios a su operación. Pero, ¿por qué no podremos los Colombianos confiar en que las cosas se manejan con la transparencia y el cuidado que requiere el deber constitucional del Estado de impedir que el servicio en la costa continúe su deterioro?

Hace algunos meses incluso, vimos congresistas publicar críticas respecto de la operación que adelanta el gobierno nacional y la agente interventora de esta empresa. No corresponde a líderes políticos o representantes de la ciudadanía especular respecto de temas tan sensibles para la sostenibilidad de nuestro país como lo es este. Es deber de los órganos de vigilancia, revisar las operaciones que se adelantan y confirmar que las mismas velen por el mejor interés de la sociedad y del país. Por mi parte, confío en que las actuaciones que se adelantan no buscan llenar los bolsillos de unos pocos sino garantizar un músculo financiero para que millones de colombianos puedan disfrutar de un derecho fundamental y de un servicio público tan esencial como lo es la electricidad y la energía en general.

Lo peor sería que continuáramos teniendo una empresa que si no se moderniza y maneja con eficiencia y transparencia, lo que pronto podría ocurrir es que la oscuridad le llegue a muchos compatriotas.  

Bogotá D. C, 8 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Hace pocos días La Patria de Manizales me invitó a un chat virtual con el gobernador y otros dirigentes del departamento de Caldas. El objetivo era recoger opiniones sobre lo que debería hacerse para ayudar a la reconstrucción del tejido económico y laboral del departamento, gravemente golpeado por la pandemia.

Mi recomendación fue sencilla: es tal la multitud de ayudas, de créditos, de subsidios y de apoyos que el gobierno o las agencias especializadas han ido anunciando a cuentagotas por estos días, que un departamento como Caldas debería organizar una secretaria especializada o adecuar alguna de las existentes, única y exclusivamente dedicada a llevar el inventario de las ayudas ofrecidas. Y servir, así como puente informativo para direccionar hacia las empresas, comerciantes y agricultores de la región esas ayudas. Apoyándose naturalmente en los municipios del departamento.

Vale la pena recordar que en España el gobierno de Madrid ha resuelto apoyarse en los miles de ayuntamientos, o sea, municipios que allí existen, para informar a la España profunda sobre la panoplia de apoyos y ayudas que se han arbitrado desde Madrid. Se busca así llenar el vacío informativo que existe sobre el sinnúmero de apoyos que se han dispuesto por el gobierno central. De la misma manera que se habla de un bache digital entre el centro y las regiones, podemos afirmar que existe un bache informativo entre el centro y la periferia. No todas las empresas que ameritan ayudas tienen la capacidad de Avianca para gestionar auxilios.

El diagnóstico que se hizo en España fue el de que una gran parte de las ayudas dispuestas por el gobierno o por las instituciones de crédito de carácter central no fluían aguas abajo, simplemente porque lo decidido en la cúspide no lo conocían las bases.

Algo por el estilo sucede en Colombia. Basta escuchar el programa televisivo presidencial de las seis de la tarde para darse cuenta de la cantidad de anuncios y ofertas que cada día hace el gobierno de Bogotá para los damnificados por la pandemia. La pregunta, sin embargo, es: ¿Cuántas de estas ayudas efectivamente son conocidas y aprovechadas por las comunidades regionales? ¿Cuántos de estos potenciales beneficiarios de la catarata de créditos subsidiados, de apoyos al empleo, de líneas de crédito garantizadas por el fondo de garantías, etc., etc., están desperdiciándose simple y llanamente por falta de información? No es una mera casualidad que un gran porcentaje de los cupos del fondo nacional de garantías se hayan quedado sin utilizar en esta emergencia.

En Colombia no tenemos un sistema centralizado para consultar todas las ayudas que se han dispuesto para los desvalidos de la pandemia, como existe en otros países. Juan Carlos Echeverri hizo recientemente un valioso ejercicio, sumando acá y restando allá, tratando de poner junta la información hoy dispersa de que se dispone. Y logró así dibujar un interesante mapa regional de las ayudas. Mostrando algunas protuberantes incongruencias entre pobreza y ayudas. Cosa que debía ser posible consultar fácilmente si existiera una página web oficial bien diseñada, como existe en Nueva Zelandia.

Afortunadamente para Caldas y para los demás departamentos del eje cafetero, la caficultura ha sido una de las actividades menos golpeadas por la pandemia. La cosecha se ha podido recolectar normalmente, ha salido una cosecha abundante, y los precios internacionales han sido aceptables. La caficultura -por primera vez en décadas- ha podido sortear una emergencia sin una crisis mayúscula.

Naturalmente, la gran recuperación del tejido social y empresarial la veremos cuando la apertura de la actividad económica que se ha anunciado para la primera semana de septiembre en todo el país arranque. Romper prudentemente las cadenas de la cerrazón a la que estuvo sometida la economía nacional por más de cinco   meses es la clave para iniciar el arduo y largo camino (pues no será corto) de la recuperación económica.

Mientras tanto hay que aprovechar al máximo el abanico de ayuda y subsidios que se han venido organizando. Y para eso, las gobernaciones y los municipios, a través de secretarías especializadas, que puedan actuar como correas de transmisión informativa hacia los potenciales beneficiarios, juegan un papel invaluable. Este es el típico asunto que no se puede dejar solamente al cuidado de las autoridades bogotanas o de las entidades con domicilio principal en la capital. Hay que “platanizar” como decía Mario Gómez Estrada este mosaico de ayudas para que las aprovechen las regiones. Donde finalmente están sus destinatarios principales.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Clara López Obregón*.- Warren Buffet, el multimillonario estadounidense que descubrió que su secretaria pagaba proporcionalmente más impuestos que él, afirmó en 2006: "Hay guerra de clases… pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando". Al escucharlo, el escritor Ben Stein le alertó que cuando alguien habla así lo acusan de estar fomentando la lucha de clases.

Traigo a colación esta referencia porque la revista SEMANA, en su edición 2000, hace un comentario que llama a la reflexión. Afirma que, a pesar de la violencia, la corrupción y el narcotráfico, Colombia ha logrado en los últimos 38 años un importante progreso en derechos y condiciones de vida sin recurrir a “costosas revoluciones”. Pero ¿no será que Colombia sí ha experimentado una revolución?

El año 1989, como bien lo recuerda María Elvira Samper, representó un punto de inflexión. Cuando asesinaron a Galán, en una entrevista con Ted Koppel en ABC Nite line, expresé que el magnicidio estaba dirigido a montar un narcoestado en Colombia. También fue el año de la caída del muro de Berlín y del Consenso de Washington. Lo primero inició el fin de la guerra fría y lo segundo dio comienzo a la globalización neoliberal de la mano del fundamentalismo del mercado y del desmonte de la función distributiva del estado.

Con la Constitución de 1991, Colombia enfrentó el reto del copamiento criminal de la política y facilitó el cambio del modelo económico. Fue una constitución ecléctica que le devolvió al país legitimidad y fe en sus instituciones políticas. El progresismo se sintió reivindicado con la carta de derechos, la tutela, la autonomía territorial y el reconocimiento de la diversidad, entre otros grandes avances, muchos de los cuales se reversaron o se quedaron en el papel.

Los emisarios del Consenso de Washington también sentaron sus reales con la cuota inicial del banco emisor limitado a controlar la inflación, el desmonte del Estado interventor, la apertura hacia la privatización de lo público y la pasmosa facilidad para reformar en adelante la constitución. Así, “pasito a pasito, muy suavecito”, se abrió paso la revolución que describió Warren Buffet.

Con la nueva constitución avanzó el desmonte de las agencias del Estado que servían al campo, la privatización de los servicios públicos y sociales, la reducción los derechos laborales, la desregulación financiera y la entrega del manejo del ahorro pensional a grandes consorcios privados. El sistema tributario perdió progresividad al reducirse la carga tributaria del capital y aumentarse el IVA para los demás.

Bajo el modelo neoliberal se registraron reducciones importantes en la pobreza que no se pueden soslayar, pero tampoco sobreestimar. De manera simultánea, mientras la población y el producto interno bruto (PIB) crecían, aunque a menor ritmo que durante el modelo anterior, se rebajó la participación del trabajo y aumentó la del capital en el ingreso nacional.

Fue creciendo un desequilibrio social inmenso que no se refleja en las encuestas de hogares porque no incorporan en sus muestras al uno por ciento más rico. Y lo más grave, se retiró al Estado del campo cuando arreciaba la violencia y crecían la insurgencia armada y el paramilitarismo, con su estela de desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Desde antes de la pandemia, ese modelo económico concentrador de riqueza mostraba señales de agotamiento. Las movilizaciones sociales y la pandemia dejaron al desnudo las falencias del mercado a ultranza, el Estado mínimo y la privatización de la salud. Se hacen indispensables cambios estructurales que introduzcan equidad social y sostenibilidad ambiental. En lo político, urge separar el dinero de las elecciones para que la concentración de poder económico no sea tan determinante en las decisiones distributivas de la sociedad.

Quienes con su lenguaje polarizante han logrado capturar el pensamiento de un sector importante de la sociedad, promueven el miedo al cambio y el odio por quienes lo impulsan. Pero la economía y la política pueden dar otra vez un vuelco como en 1989-91. Colombia vivió una revolución y está preparada para otra. Hoy el cambio estructural en democracia no solo es posible sino deseable.

Bogotá, 8 de septiembre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Ex ministra de Trabajo