Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras estábamos preocupados porque la crisis económica generada por la pandemia nos iba a hacer retroceder y perder los avances de varios años en la lucha contra la pobreza, nos cayó como una baldado de agua fría la noticia del DANE de que antes del COVID-19 en Colombia ya estaba aumentando la pobreza y la indigencia, a pesar del crecimiento económico.

En efecto, según el DANE el porcentaje de colombianos que viven en situación de pobreza subió de 46% a 47.5%; parece poco, solo 1.5%, pero en la vida real es una tragedia pues son 661.899 personas que pasaron a ser pobres. También aumentó en 728.955 el número de personas viviendo en pobreza extrema, con lo cual este índice pasó de 8.2% a 9.6%.

Una nota técnica para entender estos índices. Una persona está en situación de pobreza cuando su ingreso mensual es menor a $327.674, o sea que un hogar de 4 personas es pobre si su ingreso mensual es menor de $1.3 millones, es decir 1.5 salarios mínimos. Para la pobreza extrema el ingreso per cápita debe ser menor a $137.350, y el de una familia de cuatro personas menor a $549.400. Eso es sobrevivir en la miseria.

La explicación aritmética del aumento de los pobres e indigentes es simple: esos miles de hogares sufrieron una disminución de sus ingresos que ahora no les alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas. La explicación económica y política es más compleja: ¿Por qué disminuyen los ingresos de tantas familias en un año en que la economía creció 3.4%, el PIB per cápita 1%, y nos enorgullecíamos de ser el país latinoamericano con mejor desempeño?

La respuesta a este interrogante es bien conocida y la comprueban las mismas cifras del DANE: No basta el crecimiento total sino que es necesario ver como se distribuye. El año pasado solo el 20% más rico de la población tuvo un aumento en sus ingresos, mientras que para el resto de los hogares disminuyeron. Dramático el caso del 20% más pobre que sufrió una pérdida del 6.2%, mientras que en los dos siguientes quintiles la disminución fue de 2.3% y 1.3% respectivamente.

Preocupa sobremanera la situación del campo colombiano, donde los más pobres perdieron el 8.7% de sus ingresos, y los siguientes quintiles el 6.7% y el 3.0%

Cuando los frutos del crecimiento no se reparten entre todos los ciudadanos, la consecuencia inmediata es que aumenta la desigualdad. En el reporte del DANE se muestra que índice Gini pasó de 0.508 en 2017 a 0.526 el año pasado, con lo cual Colombia volverá al podio de los países más desiguales del mundo.

Estos resultados, anteriores a la pandemia, muestran que algo no está funcionando bien en el Pacto por la Equidad planteado por el gobierno como su plan de desarrollo, y que no se va a lograr el objetivo de la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El futuro no será de todos si el presente es de unos pocos.* * *

ADENDA. Nos siguen matando. 231 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este aciago 2020; también 51 excombatientes que le apostaron a la Paz y entregaron sus armas; 63 masacres indiscriminadas con 268 víctimas inocentes. Se anuncian investigaciones exhaustivas, se identifican unos cuantos autores materiales, pero sigue corriendo la sangre. ¿Hasta cuándo?

Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Amylkar D. Acosta M*.- Enhorabuena el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicarlas e identificarlas “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”.

En este país abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el Contralor General su número supera los 1.400 proyectos, en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de otros municipios y departamentos del país.

Esta Ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte  en su jurisdicción, pero en su cruzada el Contralor General les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el cual ha sido prolongado un mes más. Según lo ha anunciado su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la Ley el Presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.

Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica, la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando estas sean de tardío rendimiento.

Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, no alcanzarían a cortar la cinta en su inauguración y a abandonar aquellos que sus predecesores dejaron iniciados. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.   

Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolivar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relievancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La linea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.

Si se la pone a la Represa del Ranchería en el Departamento de La guajira se van a llevar muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento.

Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998 cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe se revive el proyecto, se construye la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y desde entonces allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.

Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco.

Razón tuvo el ex contralor Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”. Así de claro!

Bogotá, octubre 17 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera * .- Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Para allá vamos desde la Constitución del 91, que le dio poder a los jueces, que hoy eligen y cogobiernan, y a las “comunidades”, que hoy exigen y cogobiernan, pretendiendo decirle al presidente lo que puede y no puede hacer; lo que debe y no debe hacer.

El nuestro es, cada vez más, un país “comunitarista”, condición que suena previa a uno “comunista” y que inspiró la “constituyente de 2017”, pues no otra cosa fue el Acuerdo con las Farc: una constituyente ilegítima y a espaldas del país, con la bendición –vaya paradoja– de la Corte Constitucional.

Esas comunidades que son protagonistas del acuerdo fariano; con derecho a participar en las instancias decisorias del gobierno, es decir, a “cogobernar”, son las mismas controladas por las Farc y el ELN en inmensas zonas rurales desde hace décadas, y las absorbidas ideológicamente por la izquierda en las ciudades, a través del movimiento sindical (FECODE, CUT, USO, FENALTRASE, ASONAL JUDICIAL, etc.) y de una diversidad de ONG y de movimientos “progresistas”, que les sonríen “de ladito”, y otros “de frente”, al Foro de Sao Paulo y al socialismo bolivariano.

Una de ellas es la minga, una unión de “comunidades” detrás de la cual está el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y, valga la redundancia, detrás del cual estuvieron siempre las Farc –sexto frente y Columna Móvil Jacobo Arenas–, con pactos de convivencia y de “formación ideológica” firmados desde los ochenta, los cuales –claro–, niega el senador Feliciano Valencia, el mismo que pretende chantajear al presidente, “citándolo” a Cali a “rendir cuentas”.

“El debate es con Duque… y punto”, sentenció arrogante, después de despreciar el diálogo con los ministros. No se trata en esta ocasión, de pedir plata, que el CRIC ya ha recibido mucha y está siendo investigado por la Contraloría. No se trata de pedir tierras, porque en 2019, después del chantaje violento en la Panamericana durante casi un mes, recibieron 90.000 millones para compra de tierras y ya no hay en Cauca más tierra que comprarles, pues ya son dueños del ¡40%! del departamento.

¿De qué se trata entonces? El asesinato de líderes sociales es apenas la bandera mediática, pues ellos saben que el victimario es el narcotráfico, a cuya erradicación se oponen hasta con violencia contra la Fuerza Pública. El mismo Valencia confiesa que se trata de un “debate político” sobre “temas estructurales”: glifosato, “fracking”, Acuerdo de Escazú, reforma laboral, modelo económico, cumplimiento del acuerdo, etc.

Y ni siquiera se trata de eso, sino de un montaje, una verdadera opereta. El CRIC de Valencia contaba con la negativa del presidente, después de lo sucedido en 2019, cuando Duque aceptó la “invitación”, pero no accedió a un debate imposible frente a una muchedumbre vociferante e infiltrada, que lo que quería era matoneo presidencial en vivo y en directo.

De eso se trata. La minga lo chantajea; el presidente se niega; la minga lo acusa de los asesinatos y de indiferencia frente a los “autopobreteados” indígenas; la marcha prosigue con su irresponsable amenaza contra la salud de los colombianos y, vaya casualidad, coincide en Bogotá con el paro de FECODE y con el también irresponsable Paro Nacional de la CUT para el 21, en plena pandemia y cuando el país clama por reactivación. Aparecerán, como siempre, los vándalos; la arrogante alcaldesa culpará al presidente por no arrodillarse con “humildad”, todo ello mientras… Petro sonríe satisfecho tras bambalinas.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz *.- “Dios los cría…” suele decirse de quienes luego se juntan para el bien o para el mal. Esos que sigilosamente van tras lo divino o lo humano para lucrarse. Los hay por todas partes. Son maestros en el arte de lo venal.

Todo esto lleva a la gente a tratar de entender cómo los acusados de cometer delitos contra la sociedad, la patria, o las más sagradas normas, solo reciben castigos severos o veniales, según el clan, organismo, gueto, casta o tribu a los que pertenezcan. Todo depende de la dignidad, función o fuero.

En este país las cosas se amañan, se disfrazan o se orientan, según el personaje involucrado y su preeminencia. Y lo más curioso es que los culpables de los delitos pueden cambiar de la noche a la mañana de figuración para evadir la ley. Así, pueden pasar de culpables a inocentes. Una repentina transmutación de estatus, convierte el delito en virtud y los barrotes de una celda en sitios de recreación.

Los desmanes se convierten en ascetismo, vivezas o genialidades que merecen perdón. La ley es dura, pero es la ley, reza el derecho. Pero en estos casos, la ley es blanda, benéfica y a la medida. Es la falsa ley.

Tal vez esa es nuestra condición y todos comulgamos con esta manera de actuar, de exculpar. Leguleyos o encopetados juristas se pasean como reyes por los medios de comunicación, haciendo alarde de sabiduría, malicia o destreza para desviar leyes y normas. Embrutecen a la gente citando leyes que modifican leyes; parágrafos que anulan literales y enmiendas que reglamentan todo.

La “sabiduría” de los flamantes bufetes enreda las leyes y convierten en culpables a los inocentes.

Esa es la dinámica de la corrupción imperante en Colombia. Nadie le teme a la justicia, porque la maraña en la que se mueve, permite inclusive que, hasta los reos o bandidos se burlen de ella y propongan eliminarla de tajo, o fijar mecanismos que garanticen su manejo.

Los congresos, instaurados por constituciones de países democráticos, también son fruto de “orientaciones” muy bien estructuradas para beneficio de los corruptos. Se logra, mediante elecciones de mesas directivas dóciles que los gobiernos, grupos de presión o gremios, puedan dirigirlos hacia orillas nefastas. Dádivas, ofertas pecaminosas (mermeladas) o permanencias aseguradas de sus miembros, tuercen sus designios. En épocas como la actual, se vuelven virtuales para asegurar la pereza y el manejo.

Dios los cría y ellos se juntan para señalarnos lo que se nos viene encima, como ocurre con un Centro Democrático amenazante, que pregona abiertamente que permanecerá por siempre en el poder. Reformas de extrema derecha, propias de regímenes de opinión. Por fortuna no todos los colombianos pertenecen a esas teorías políticas y nos salvarán del “ojo 2022”.

BLANCO: El golazo de Falcao, que nadie se explica por qué está en la banca.

NEGRO: Nuestros indígenas, no podrán conocer los dorados esplendores de la Casa de Nari.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Alonso Ojeda Awad * .- Guardo un profundo respeto y solidaridad por los pueblos indígenas, no solo de Colombia sino del mundo entero. No podemos aceptar que el capitalismo salvaje, agresivo y mortal, ponga en el ojo de su ataque a las sufridas comunidades indígenas, cuyo único pecado es el de desarrollar unas formas de vida y de cultura que garanticen la supervivencia de todo el contexto biológico y ecológico en este único planeta azul hasta ahora conocido y que llamamos Tierra.

La brutal agresión contra los pueblos indígenas comenzó desde el trágico momento en que a América arribaron las fuerzas invasoras de España, dando inició a la larga masacre indígena que no termina aún. El reconocido escritor Antonio Caballero en su famosa obra “Historia de Colombia y sus oligarquías” refiere así textualmente esta pavorosa situación: “Se calcula que el noventa y cinco por ciento de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros cien años después de la llegada de los invasores encabezados por Cristóbal Colon, reduciéndose de cien millones a solo tres millones, por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y sobre todo, las pestes que trajeron”.

Esta sistemática aniquilación no ha parado, y se ha reactivado peligrosamente en el último año, presentándose múltiples asesinatos y masacres de miembros de las comunidades indígenas sin que medie ninguna reacción clara de defensa por parte del gobierno de Iván Duque. Por esta razón se ha proclamado la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la Paz.

Su primer planteamiento es: “Por la Vida”. Impactados hemos visto como la mano asesina penetra sigilosamente las comunidades indígenas para producir la muerte en forma de masacres de líderes y sus familiares, sin que la justicia colombiana responda ante este genocidio.

El segundo planteamiento es: El Territorio. Las multinacionales mineras junto con los consorcios económicos están destruyendo los recursos naturales como selvas y bosques, envenenando los ríos, despojándolos del agua cristalina de las montañas, produciendo el desplazamiento criminal de comunidades enteras a las grandes ciudades para que se mueran de hambre, y continuar arrebatándoles sus tierras milenarias, destruyendo su cultura.

El tercer planteamiento: Por la Democracia. La Minga cuestiona al gobierno de Iván Duque por no respetar el ordenamiento jurídico de la nación y pretender desviar las decisiones centrales de la Corte Suprema de Justicia, para favorecer sus oscuros intereses. Además, orienta su política apoderándose de todos los órganos de control, para arremeter con su vocación neoliberal contra los sectores más empobrecidos de la sociedad. Hay en este gobierno un desconocimiento sistemático de los Derechos Humanos y de los derechos de las mayorías de los colombianos.

La Minga expresa su profundo compromiso con los Acuerdos de Paz firmados en La Habana Cuba, y rechaza la actitud de este gobierno en querer hacer trizas los esfuerzos de Paz, poniendo en vilo la estabilidad democrática de la nación. Exige garantizar el Derecho de las víctimas y expresa su profunda preocupación por el avance del paramilitarismo en los territorios de las comunidades indígenas y a nivel nacional.

El gobierno debe respetar la convocatoria de los pueblos indígenas, acoger sus sabias recomendaciones y su profunda razón de ser. Debe garantizarles el derecho a sus tierras, las que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Ellos son los portadores de los verdaderos saberes ancestrales que nacieron en estas tierras hace más de 20.000 años y ante esta debacle mundial deben ser escuchados con profundo respeto, reconocimiento, serenidad y acatamiento.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2020

*Exembajador de Colombia

Por Robinson Castillo*.- En Colombia aparecen candidatos presidenciales hasta donde no se creía que estaban. Pero para llegar a la Casa de Nariño se requiere más que la simple intención. En esta ocasión les relato la historia contraria, aquellos que estuvieron a punto de gobernar a nuestro país, pero se quedaron en el club de los presidenciables fallidos.

Y no son pocos. Las razones que les impidieron lograr su sueño político no solo pasa por la matemática electoral, la violencia también influyó. La insobornable realidad es que nunca lo lograron. Empecemos.

En 1950 debió ser presidente Jorge Eliécer Gaitán, pero, dos años antes fue asesinado y ese hecho inatajable puso fin a lo probable. El líder liberal había sido alcalde de Bogotá, dos veces ministro y congresista. El 9 de abril es fecha histórica y sangrienta de aquel medio día de 1948.

Otro liberal con la misma energía de Gaitán, también fue abruptamente separado del camino hacia la Casa de Nariño, se trata de Luis Carlos Galán, quien fue concejal de Bogotá, ministro y congresista. Es considerado uno de los grandes políticos del siglo XX. Y mataron al hombre, no las ideas.

Si hay un conservador que mereció ser presidente, ese fue Alvaro Gómez Hurtado, quien aspiró en tres oportunidades, pero nunca logró que el electorado conectara con el gran perfil de estadista que ostentaba. En 1995 fue asesinado. Fue el fin de lo fundamental.

Uno más que hizo tripleta de candidaturas fue Horacio Serpa. Muchos afirman y con razón, que ser escudero del expresidente Samper, le costó alcanzar su propósito. ¡La presidencia de la república le hizo mamola!

Una mujer casi logra un giro en la historia. Se trata de Noemi Sanín, quien en 1998 quedó de tercera en las elecciones presidenciales, posteriormente hizo otros dos intentos, pero el machismo consagrado se lo impidió. Nos perdimos de una gran presidenta.

Tal vez el ex guerrillero más moderado también brilló en las elecciones presidenciales de 1990, con más del 12 por ciento de los votos obtuvo el tercer lugar, tras reemplazar al asesinado candidato Carlos Pizarro. Ese fue Antonio Navarro, después lo intentó de nuevo pero no brilló. El hombre de “Palabra que sí” la presidencia le dijo no.

Un sindicalista como Lucho Garzón dejó las protestas y se metió en la política, alcanzó un tercer lugar en las presidenciales de 2002, que le sirvió para ganar la alcaldía de Bogotá un año después. El denominado “Lula da Silva” colombiano, quien intentó de nuevo la presidencia, pero el tiempo de luz propia se había apagado.

El singular protagonista en 2010 fue Antanas Mockus, por primera vez alguien por fuera de los partidos tradicionales, pasaba a la segunda vuelta presidencial, ganaba en las encuestas, pero en las urnas su propia zanahoria le dio garrote.

Un nieto de ex presidente de la república, como Germán Vargas Lleras, con dos candidaturas a sus espaldas, comienza a tocar las puertas del club de los presidenciables fallidos, pero en su actual posición como columnista e influencia activa en la política, no parece resignarse. En cualquier momento lo intentará, créanlo y no lo olviden.

Cierra esta lista otro ex guerrillero del M-19 , el actual senador Gustavo Petro, con dos intentos fallidos por lograr la presidencia, pero con el antecedente de ser el único hombre de izquierda en alcanzar un segundo puesto con más de 8 millones de votos en la pasada contienda. Va por una tercera candidatura en 2022.

Los golpes electorales, destierros políticos, coscorrones mediáticos, lenguajes incendiarios, posiciones tibias, hacen parte del largo inventario por ajustar de muchos candidatos. El ego presidencialista los separa de la realidad.

Los que buscan la presidencia creen tener la cura para las dolencias de la nación, pero en ocasiones la nación les causa dolencia a ellos.

La pregunta incómoda

¿Estaría de acuerdo con ampliar a cinco años el período presidencial?

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Comunicador Social-Periodista.

Por José G. Hernández*.- No tomo partido en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Como todas las personas, a la luz de la Constitución, goza de la presunción de inocencia, que solamente una sentencia judicial definitiva podrá desvirtuar.

Respecto a su libertad, las dos decisiones judiciales hasta ahora adoptadas provinieron de jueces competentes, estuvieron sustentadas y, aunque puedan verse como contradictorias -cual si la Juez de Garantías hubiese “corregido” a la Corte Suprema-, no es así. Si alguna contradicción existe, proviene del confuso sistema vigente.

En efecto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia gozaba de competencia, según lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2018, en cuanto Uribe gozaba de fuero ante ella como Senador de la República, y actuó dentro de las reglas dispuestas en la Ley 600 de 2000 -anterior Código de Procedimiento Penal-, aunque los hechos eran muy posteriores a su derogación y al cambio de sistema -de mixto a acusatorio (Acto Legislativo 3 de 2002)-, por cuanto el nuevo Código (Ley 906 de 2004) estableció en su artículo 533  que, si bien la nueva legislación entraba a regir para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005, “los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”. El numeral en mención, en concordancia con el 186, establecía en ese momento (hoy es el 4) el fuero para los miembros del Congreso, en cabeza exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

La Juez de Garantías 30 de Bogotá también actuó dentro de su competencia y obró dentro de las reglas aplicables. El expresidente renunció a su curul, y, por tanto, toda vez que los hechos punibles sobre los cuales recaía el proceso no guardaban relación con sus funciones (Art. 235, parágrafo, C.P.), perdió el fuero, y la Corte Suprema perdió competencia. Así que la Juez no entró en contradicción material con lo dispuesto por la Corte sobre privación de la libertad, sencillamente porque lo único que debía resolver era si, a la luz del nuevo sistema, podía una persona sin fuero permanecer privada de su libertad sin haber mediado una imputación de cargos, exigida en la Ley 906 como requisito previo para decidir si se impone o no tal medida de aseguramiento. Y la Juez consideró que, aunque el doctor Uribe había rendido indagatoria ante la Sala de Instrucción, esa diligencia no equivalía, en materia de garantías, a la de imputación, señalada en las disposiciones sobre sistema penal acusatorio. Lo dejó en libertad, y, en mi criterio, era lo que correspondía, si se aplicaban los principios pro homine y pro libertarte -a favor del derecho y de la libertad, aun en caso de duda-.

Es válida la segunda decisión judicial, como también, en su momento, lo había sido la primera.

Hacia el futuro se debería corregir el actual diseño del sistema jurídico, reconsiderar el complicado sistema de fueros, propiciar un principio de igualdad ante la justicia y evitar que las personas puedan escoger a sus jueces.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- La verdad que unos califican de “verdadera” es algo muy inasible, difícil de concretar. Como afirmó Oscar Wilde: “La verdad es raramente pura y nunca simple”. En la polarización de la política que se continúa con la guerra y que regresa a la política cuando esta termina, cada facción tiene su propia verdad.

Esta se expresa en el relato propio que la acomoda a cada visión de país y a la lealtad de grupo. Para superar este inconveniente, es necesario realizar nuevos acuerdos en que todos los actores del conflicto sean conminados a decir la verdad, amparados en las mismas condiciones y beneficios.

Las dificultades son tan complejas que incluso el grupo de intelectuales comisionado por la mesa de La Habana para escribir ensayos sobre las causas del conflicto no encontró el camino para conciliar sus visiones antagónicas.

Más fácil resulta, aun cuando no menos controversial, el destape de los secretos de guerra, así un lado se niegue a creer la versión del rival, adversario o enemigo. Así ha pasado con la confesión pública del senador Julián Gallo sobre su papel en el asesinato de Álvaro Gómez, 25 años después de los hechos. Incluso ese largo periodo sirve para colocarle al dicho un manto de duda. Pero resulta que nadie ha reclamado todavía la autoría de los asesinatos de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez sucedidos con anterioridad. No me refiero a quién disparó el arma, sino a quién o quiénes dieron la orden.

Tampoco sabemos quién ordenó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o de Rafael Uribe Uribe en 1914, aunque se tejen muchas hipótesis. Son innumerables los sorprendentes y bien guardados secretos de guerra que es necesario conocer. Las atrocidades no son monopolio de uno u otro partícipe del conflicto armado. De ahí que se requieran acuerdos para conocer la verdad completa.

Desafortunadamente, este tema tan crucial para la reconciliación quedó mal diseñado en los acuerdos de paz. Para empezar, no contemplaron la comparecencia ante la justicia transicional de los paramilitares, actores de primera línea en el conflicto armado como parte de la estrategia contrainsurgente. Bajo la jurisdicción de la justicia especial para la paz (JEP) quedaban obligatoriamente sometidos, por cuerdas separadas pero simétricas, los demás actores involucrados: exguerrilleros, miembros de la fuerza pública, civiles y servidores públicos no combatientes.

La Corte desmejoró esa fórmula incompleta al establecer que los civiles y servidores públicos no combatientes no tenían obligación de comparecer y dio un plazo fijo que se venció el pasado 6 de septiembre para que lo hicieran voluntariamente. También enredó las cosas al extender el fuero presidencial o exclusión de la JEP a los congresistas, quienes también podrán someterse voluntariamente. Lo que se ha generado es un nudo de anzuelos jurídico que es necesario ordenar, política y no judicialmente que sería un cuento de no acabar.

Para que haya verdad completa o por lo menos la sumatoria de todas las verdades parciales, todos deben decir la verdad en la misma jurisdicción y bajo las mismas reglas. Ello requiere nuevos acuerdos en la forma de una negociación política que debe intentarse, aún en medio de la polarización. Esa negociación deberían intentarla las bancadas del Congreso, no ejerciendo el músculo de las mayorías que no resolvería el problema, sino el arte del consenso parlamentario.

Qué edificante sería un consenso en que todos, absolutamente todos, se pusieran de acuerdo en una sola cosa: no matonear al rival, adversario o enemigo; ni favorecer a la propia parcialidad para concretar la verdad completa de todos los bandos. En ausencia de un acuerdo, seguirá indefinidamente la estéril confrontación por la verdad.

La paz política exige el reconocimiento de todas las víctimas y de la reparación primera, que es la verdad sobre el caso de cada cual. Es mucho pedir para medio siglo de guerra, pero no se puede aspirar a menos. Empresarios, exguerrilleros, oficiales de la fuerza pública, políticos y parapolíticos y los jefes de las AUC, todos -absolutamente todos- deben confesar los secretos de guerra. Es la dura verdad.

Bogotá, D, C, 14 de octubre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

Por: Guillermo García Realpe *.– Eran las 10:20 de la mañana del jueves dos de noviembre de 1995 cuando el país se estremeció con la noticia del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, un político que a todas luces ganaba importantes espacios con miras a llegar a la Presidencia de la República años después. 

Gómez Hurtado, quien salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clases, fue abordado por hombres armados que lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades y a pesar de que llegó con vida a la clínica del Country, minutos después falleció. 

A partir de ese momento se desencadenó una ola de hipótesis para esclarecer la muerte del político y periodista, se tejieron varias versiones durante años para dar con los responsables tanto intelectuales como materiales del crimen. 

Una de las versiones con mayor relevancia es la que apunta a que Gómez, era la persona escogida por un grupo de conspiradores al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper para dar un golpe de Estado y derrocarlo y que en su reemplazo asumiera como primer mandatario, propuesta que fue rechazada por el dirigente conservador, lo que, sin duda, fue su boleto a la muerte. 

Otra versión proveniente del narcotráfico inculpa al expresidente Samper y al exministro Horacio Serpa en ser los determinadores del magnicidio de uno de sus más feroces opositores, sin que ello fuera probado a lo largo de los años, incluso, ambos han salido a manifestar en reiteradas ocasiones que no tienen nada que ver en este delicado y penoso crimen. 

El lamentable suceso del magnicidio de Gómez Hurtado, desencadenó meses después una oleada de muertes selectivas de personas que aparentemente conocían los orígenes de su muerte, todo ese hilo del crimen originó una serie de investigaciones en los organismos competentes -sin que hoy hayan sido esclarecidos-, tanto así que el magnicidio fue declarado por la Fiscalía General de la Nación, el 19 de diciembre de 2017, como crimen de lesa humanidad, al considerarlo como una forma de "política de exterminio o aniquilamiento”. 

Hoy a pocas semanas de cumplirse los 25 años del trágico hecho, el país se sorprendió con la confesión reciente que hicieran los máximos dirigentes de la extinta FARC, quienes reconocieron la autoría del execrable hecho y también la de otros cinco ilustres colombianos, entre ellos, el ex comisionado de paz, Jesús Antonio Bejarano, ocurrido el 15 de septiembre de 1999 al interior de la Universidad Nacional. Este anuncio ya había sido dado a conocer ante la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-, mediante carta enviada por los líderes de la ex guerrilla. 

La noticia de que cinco lustros después se conociesen a los verdaderos responsables del asesinato de quien fuera además uno de los presidentes de la Constituyente del 91, dejó frío al país y en general a la clase política nacional, pues con ese reconocimiento por parte de las FARC, se pone fin a un ciclo interminable de acusaciones y mantos de dudas sobre los genuinos determinadores del hecho. 

Pero como todo en Colombia, al saberse de la noticia difundida por los principales líderes de la ex FARC, salieron nuevamente las voces que quieren seguir sembrando cizaña alrededor del crimen de Gómez Hurtado, descalificando, dudando y hasta afirmando que la guerrilla no tuvo nada que ver en su muerte. El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, es un hecho grave, doloroso, pero la confesión de las FARC se constituye en un testimonio para llegar a la verdad. 

Esto demuestra que el proceso de paz sí sirvió en materia de la verdad, pues la guerrilla cumplió, se desarmó, está asistiendo ante la JEP y están contando la verdad no sólo de hechos tristes como el que hoy describimos, sino también de episodios abominables como el reconocimiento del reclutamiento de menores, el aborto entre las combatientes y otra serie de hechos que se cometieron durante el conflicto armado en Colombia por más de cincuenta años. 

Ojalá todo esto nos sirva como sociedad a encontrarnos como colombianos, para aprender a perdonar, a reconciliarnos y a comprometernos a que nunca más el país revivirá esos horribles días de muerte, violencia y desolación que sólo deja la violencia y la guerra.

¡Qué viva la Paz!

Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Jairo Gómez*.- La verdad, a pasos agigantados, se abre paso. Dos cartas recientes dejan entrever que el  camino para lograr la reconciliación es, definitivamente, la verdad; dejar a un lado tanta mentira y erradicar la manipulación de la historia reciente de nuestro país debe ser un propósito nacional.

Caiga quien caiga, así sea medio país, los colombianos tenemos el inalienable derecho de conocer la verdad sobre quiénes y porqué apadrinaron el conflicto armado, llámense guerrilleros, civiles o militares; quienes financiaron el horror de la guerra y con qué propósitos; porqué desde instancias de responsabilidad institucional, amparándose en injustificables fueros, utilizaron ese poder para perseguir y matar a sus oponentes y convertir los campos colombianos en verdaderos océanos de sangre.  

Hablo de dos cartas: la de los exFARC hoy sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumiendo responsabilidad temprana sobre seis asesinatos, y la de Salvatore Mancuso al exministro Álvaro Leyva, en la que reitera su compromiso de contar todo lo que sabe, tras confirmar, de puño y letra, lo que era un secreto a voces: “fui extraditado para callarme”.

La verdad en Colombia tiene muchas aristas y orígenes. En el caso de los exFARC corresponde narrar detalladamente los pormenores del conflicto interno armado desde su accionar de guerra, probarlo y verificarlo ante los magistrados de la JEP; aquí no se trata de relatar su verdad y pare de contar, no es así; de comprobárseles que mienten perderán todos los beneficios.

Se lanzaron al agua y sorprendieron al asumir responsabilidad en el asesinato del líder de derecha Álvaro Gómez Hurtado y de Chucho Bejarano. Secreto bien guardado. Adjudicarse tamaña responsabilidad no es una dato menor y lo tendrán que demostrar con pruebas verificables ante la JEP, so pena, repito, de perder todos los beneficios. El papel lo aguanta todo, pero en el caso de la verdad con ocasión del conflicto interno armado, no.  

Vamos con Mancuso: que diga lo que dijo, revela la perfidia con que se manejó el acuerdo entre el gobierno de Álvaro Uribe y los líderes paramilitares que aceptaron someterse a la a la Ley de Justicia y Paz. Según se ha dicho, ese sometimiento tenía un fin: la extradición. Esa perversidad se hizo patente cuando a alias ´Jorge 40´ (Rodrigo Tovar Pupo), le notificaron que sería extraditado a Estados Unidos: “nos traicionaron” gritaba con profundo dolor.

Sin duda esa estrategia se hizo notoria cuando los exjefes paramilitares desde las cárceles de Estados Unidos dijeron estar dispuestos a contar todo lo que saben. “Le reitero, como lo manifesté de forma verbal, que estoy dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad (…) mi compromiso de verdad, reparación y no repetición, les prometí que no les voy a fallar y no lo haré; la verdad no puede seguir sirviendo para beneficiar a intereses oscuros”, dijo Mancuso en su carta del 7 de septiembre al exministro Leyva.

A esa verdad es a la que le temen la mayoría de las élites de este país y por supuesto a las aberraciones de la guerra civil no declarada en Colombia. Lo dicho por los excombatientes sobre el magnicidio del líder conservador puso patas arriba el proceso y evidenció cómo se manipula la justicia en Colombia; sobre ese específico caso se tejieron quirúrgicamente versiones y pruebas que apuntaban a otros responsables e incluso se llegó a condenar a una persona a 40 años de cárcel por haber apretado supuestamente el gatillo.

La verdad comenzó a dar sus frutos y estremeció a los administradores de justicia de ayer y hoy que salieron a lavarse las manos y a poner en duda la autoría de los confesos exguerrilleros. ¿Qué justicia tenemos? Es lo que hay que preguntarse; ¿cómo la familia del inmolado Gómez Hurtado compró la versión de un crimen de Estado y dejó que se politizara el crimen? Esa verdad también hay que saberla. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿De dónde salieron las pruebas? ¿Cómo fueron construyendo versiones para implicar a personas inocentes con el designio de hacernos creer que se trataba de un crimen de Estado? Y los ficales de hace 25 años y los de hoy ¿qué? Da risa, también se declararon sorprendidos.    

El Acuerdo de Paz comenzó a dar sus frutos con una gran diferencia: el pacto suscrito entre el gobierno Santos y las FARC implicó taxativamente el reconocimiento de un conflicto interno que permitió negociar una paz política con alcance constitucional que obliga a los excombatientes a decir verdad y reparar a las víctimas; mientras el Acuerdo que le impuso Álvaro Uribe a los paramilitares, que no era político sino de sometimiento a la justicia, le permitió a su antojo jugar con la suerte de los jefes de las autodefensas. Por eso los extraditó. “Para extraditar la verdad”, como bien lo dijo Mancuso.

El gran “Movimiento Nacional por la Verdad”, propuesto por el exministro Álvaro Leyva, debe ser una realidad y como bien lo explica es el camino que nos “abrirá la trocha que nos conducirá a la paz integral”. Los enemigos de la verdad no pasarán.
Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi