Amylkar D Acosta M

"No se puede, entonces, bajar la guardia ni cantar victoria, sería demasiado prematuro hacerlo".

Por Amylkar D. Acosta M*. - Ya han transcurrido cuatro años desde que se declaró como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ataque inmisericorde del COVID 19 a nivel planetario y sólo diez meses desde que dio el parte de que la misma había llegado a su fin. Fueron tres años largos, de pesadumbre y de desazón, con precedentes sólo en tiempos remotos.

Según la OMS esta pandemia cobró más de 7 millones de almas, cifra esta que se queda corta frente a los estimativos del sistema de las Naciones Unidas, para el cual la cifra superaría los 20 millones. Muchas defunciones no fueron registradas ni atribuidas al COVID 19 propiamente dicho sino a sus letales secuelas y ello explica la inconsistencia y discrepancias en las cifras, dada la dificultad de establecer tan difusa como confusa demarcación entre una y otra patología.

Todo empezó el 1º de diciembre en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei de la República Popular China, cuando la autoridad sanitaria reveló la existencia de los primeros infectados y contagiados con el coronavirus SARS – CoV – 2 y lo puso en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo Director general Adhanom Ghebreyesus alertó al mundo y declaró la “emergencia de salud pública de importancia internacional” el 30 de enero de 2020.

A poco andar, la que se denominó como COVID – 19 ya se había propagado a los siete continentes, razón por la cual la OMS la declaró como pandemia el 11 de marzo del mismo año. Ello llevó al Gobierno Nacional presidido por Iván Duque a declarar la emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del año 2020. Dicha emergencia se prolongó hasta el 30 de junio de 2022.

Sólo el 5 de mayo de 2023, el Director de la OMS declaró que “el Comité de Emergencias se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, declaro con gran esperanza el fin de COVID-19 como emergencia sanitaria internacional”. Por fín!

Pese a ello el patógeno sigue mutando y circulando, presentando nuevas variantes. Se habla ahora de la variante úmicron  del virus, que es mucho más contagiosa, aunque menos mortal que otras variantes y  podría llegar a convertirse en una nueva cepa dominante que se esparce peligrosa y velozmente por el mundo. Y más recientemente se ha identificado una subvariante de la misma denominada JN.1 Pirola. No se puede, entonces, bajar la guardia ni cantar victoria, sería demasiado prematuro hacerlo.

Esta pandemia vino a alterar nuestras vidas, afectó y de qué manera nuestra cotidianidad, nos hizo familiarizar con una serie de términos hasta entonces desconocidos para los mortales, tales como las pre-existencias, la intubación, el confinamiento, la paradoja del “aislamiento” social, la virtualidad, etc. Pero, como dijera Warren Buffett, “sólo cuando baja la marea, se sabe quién nadaba desnudo”. Y este es el caso, con su advenimiento, la pandemia se encargó de poner al desnudo muchas de las vulnerabilidades que acusa la sociedad colombiana, entre ellas las falencias y debilidades del sistema nacional hospitalario, que se vio a gatas para sortear la crisis pavorosa que se desató poniendo a prueba el Sistema Nacional de Salud.

Sus consecuencias han sido devastadoras tanto en lo económico como en lo social, al punto que se perdieron por cuenta del COVID – 19 tres años de esperanza de vida al nacer en Colombia, pasando de 77 años en la pre-pandemia a 74. Esta fue una verdadera pesadilla, que provocó un número de decesos sin precedentes. En Colombia particularmente, al corte del 8 de agosto de 2023 se registraron 142.942 víctimas fatales del COVID – 19, muchos de ellos a consecuencia de sus secuelas, que fueron tan mortíferas como la misma enfermedad.

Este infortunio se llevó a muchos de nuestros seres queridos, familiares, amigos y relacionados. Es muy raro encontrar a alguien a quien no tocara, de una u otra manera, este devastador tsunami, que puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia. Se volvió un lugar común decir que después de esta amarga experiencia seríamos capaces de sacar de nuestro yo nuestra mejor versión. Por lo pronto quedémonos con la evocación, que se confunde con deprecación del actor, comediante y escritor cubano Alexis Valdés: “cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”. Amén!

Barranquilla, marzo 10 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Hubert Ariza

La verdad es la máxima expresión de un país que avanza hacia la paz, el fortalecimiento de la justicia y la consolidación de la democracia

Por Hubert Ariza*. - Durante décadas Colombia ha buscado verdad, justicia, reparación y no repetición. Son condiciones esenciales para detener la guerra y para que exista una verdadera reconciliación. No basta con silenciar los fusiles, firmar acuerdos, entregar las armas y tomarse fotos para la historia. Es la verdad la máxima expresión de un país que avanza hacia la paz, el fortalecimiento de la justicia y la consolidación de la democracia.

Es la verdad lo que ha aparecido, muchas veces a cuentagotas, durante los últimos 20 años, gracias a los procesos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y el proceso de Justicia y Paz; y con las Farc, en el gobierno de Juan Manuel Santos, con la Comisión de la Verdad y la JEP. Es entender la verdad como una oportunidad para unirnos como nación y no profundizar la división, y la terrible polarización que sacude la cada vez más débil democracia colombiana.

Con el arribo a Colombia del otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el pasado 27 de febrero, se ha despertado en la derecha una histeria colectiva por el miedo a las consecuencias políticas y jurídicas de las históricas revelaciones que han salido de los labios de quien antes, con abrir la boca, decidía quién vivía, qué pueblo sería incinerado, dónde se perpetraría una masacre, qué predios deberían cambiar de dueño, o a qué político le ayudarían en su ascenso al poder local, regional o nacional.

El historial de violencia de Mancuso lo muestra como un temible señor de la guerra, surgido de las tierras donde los juglares enamoraron a Colombia y la muerte se ensañó con los más débiles, que cumplió un papel preponderante en la expansión del paramilitarismo, cuya ideología se impuso a sangre y fuego en gran parte del territorio nacional, con un enorme saldo de violación de derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario. Es largo el listado de crímenes de lesa humanidad de esas organizaciones ilegales.

Los paramilitares, con los Castaño, Mancuso y otros comandantes de triste recordación a la cabeza, permearon el Estado, afectaron la democracia, ocuparon el 35% de las curules del Congreso de la República, tuvieron a la justicia a sus pies, auparon aspiraciones políticas locales, regionales y nacionales, y contribuyeron abiertamente al triunfo de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales de 2002 -como ha sido demostrado- derrotando a Horacio Serpa, quien denunció ese apoyo ilícito que distorsionó la democracia ante el fiscal Luis Camilo Osorio, quien archivó la denuncia sin ni siquiera mirarla.

Gracias a la comparecencia pública y privada de Mancuso ante la JEP, el 17 de noviembre del año pasado, esa jurisdicción aceptó su sometimiento en calidad de “sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004″. Para la JEP, Mancuso “ejerció un rol de bisagra en la cúspide, como superior, con la fuerza pública, con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad”. Esta decisión no lo excluyó de Justicia y Paz.

En sus declaraciones mencionó a 300 personas, entre altos mandos militares, comerciantes, ganaderos y políticos, siendo el más sobresaliente el expresidente de la seguridad democrática y el corazón grande, quien ha arreciado su ofensiva mediática para desmentir las acusaciones en su contra.

Mancuso reveló, además, el estrecho vínculo entre militares, policías y paramilitares en una política de connivencia para exterminar a la oposición, líderes sociales y defensores de derechos humanos, imponer liderazgos políticos, ocupar el territorio y aplicar una estrategia contrainsurgente financiada con el narcotráfico, el despojo, las extorsiones y el saqueo del erario.

Es enorme el listado de víctimas de Mancuso, que esperan de él la verdad que durante casi 16 años permaneció presa en una cárcel de Estados Unidos. Ellas, a través de los medios, han escuchado la versión de la cruenta guerra paramilitar contra la sociedad, que contiene aún muchos espacios en blanco, producto del miedo de este hombre, que antes producía pánico, a que su familia o sus abogados fueran asesinados en Colombia. Por ello, la JEP ordenó “mantener la reserva sobre aquellas declaraciones que puedan poner en riesgo la seguridad de Mancuso, de su familia o de su defensa”.

El retorno de Mancuso al país se ha convertido en un tsunami jurídico y político. Él, sin embargo, parece concentrado en ganar credibilidad y la guerra contra la desinformación y el negacionismo de quienes antes lo veían como su liberador en zonas agobiadas por la guerrilla y ahora lo atacan, convencidos de que es un aliado del Gobierno Petro en una cruzada política de demolición del expresidente Uribe. “Hacer de los criminales personajes públicos portadores de la verdad es una humillación más a la justicia y a las víctimas”, trinó, al respecto, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Mancuso está en la antesala de la libertad, después de que el presidente Petro lo declaró, el pasado 23 de julio de 2023, como Gestor de Paz con un breve trino en el que señaló: “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad… Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”. Una jueza de Justicia y Paz le dio libertad condicional por cuatro años, el pasado 4 de marzo, y está a la espera de que un juez de Barranquilla levante 33 órdenes de captura en su contra.

Las cárceles, montañas y ciudades del país esperan a Mancuso para que comience a demostrar que su presencia es vital para ayudar a cerrar el proceso de Ralito, reactivar las negociaciones con el Clan del Golfo, hallar las personas desaparecidas por el accionar de las AUC y desactivar definitivamente la guerra llenando de verdad el corazón de las víctimas. Para el exjefe paramilitar su nuevo papel como gestor de paz es “incluso más importante que la desmovilización de las mismas Autodefensas Unidas de Colombia”.

Durante 16 años Mancuso ha estado silenciado. En ese tiempo pasó de héroe a villano de la extrema derecha. Es hora de escucharlo sin apasionamientos políticos, para que diga la verdad sin acomodamientos ni intereses mezquinos. Hay que dejar que la justicia actúe, que los responsables de la vergonzosa sangría protagonizada por las AUC paguen sus culpas, que la verdad contribuya a sanar la democracia herida por más de 60 años de una guerra que no para de reciclarse y enconarse y ha dejado más de medio millón de víctimas mortales, diez millones de desplazados y miles de desaparecidos y masacrados.

No hay que tenerle miedo a la verdad, ni llenar de obstáculos la justicia transicional. Gran reto tienen las instituciones, el sistema judicial, las tres ramas del poder y el conjunto de la sociedad para convertir la verdad de Mancuso en justicia y reconciliación, y no en más combustible para impulsar la máquina de la guerra, el odio y la polarización, que no deja de depredar a Colombia. No aceptar las decisiones de la JEP, minar su misión como hacen hoy las antiguas Farc, es un retroceso y una apuesta por la incertidumbre.

Hay que escuchar al presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, quien ha advertido que esa postura de los firmantes de los Acuerdos de la Paz, que promueven una ley de punto final, contribuiría a abrirle la puerta a la Corte Penal Internacional, CPI. “No se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Estos preceptos dan origen a los tribunales de justicia transicional, se materializaron en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), y esos compromisos tienen que cumplirse porque son obligaciones del Estado”, dijo en entrevista a El Tiempo.

No es el momento de echarle más candela a un país incendiado por la polarización. Hay que escuchar a Mancuso, contrastando al milímetro sus afirmaciones, dándo una oportunidad a las víctimas y reafirmando la confianza en la justicia transicional. Y hay que valorar la inmensa tarea cumplida por la JEP.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

 Tomado de El País.

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Alfredo Serrano Zabala

Por Alfredo Serrano Zabala*.- Sí, con respecto a la escabrosa millonaria adjudicación de la licitación de los pasaportes y visas para Colombia, que maneja la Cancillería, lo que hay de fondo, es una cruenta disputa entre grupos de poder en un juego con demasiado dinero de por medio.

El primer grupo interesado en asestar el golpe de gracia es el que se armó en la costa Atlántica para llegar al gobierno con el presiente Petro, tropa compuesta por Armando Benedetti, el Clan Torres, Alfonso Prada, Laura Sarabia, en donde se habría sumado la primera dama Verónica Alcocer y con ella, para el contrato de los pasaportes, sus amigos Alex Vernot y su esposa Laura Guillem. Hay que advertir, que en Palacio de Nariño se dice que la dueña de la Cancillería colombiana es Verónica Alcocer. 

El otro grupo interesado, es el de los hermanos Carlos, Felipe y Fernando Bautista dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, entidad que maneja actualmente el contrato de la elaboración de los pasaportes en Colombia. 

El periódico El Tiempo del 28 de febrero de 2024, en su artículo ¿Canciller Murillo fue condenado por peculado, como dice Salazar, y está inhabilitado? Indicó que José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, confirmó que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo estaba inhabilitado. 

El rotativo capitalino dijo que cuando Murillo salió a denunciar que Salazar, por haber adjudicado el contrato de suministro de pasaportes, actuó de manera inconsulta, Salazar ripostó y señaló que Murillo se hallaba inhabilitado para ocupar cargos públicos por haber sido, en el pasado, condenado de peculado por destinación diferente. 

La Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, pudo establecer que Murillo había celebrado el contrato número 104 del 5 de septiembre de 1994, con un particular para llevar a cabo arreglos locativos en la escuela Pascual de Andagoya, por un monto de 5 millones de pesos, dinero que había tomado con destinación diferente del programa: “saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento del Chocó”, y los invirtió en el sector educación.
En esa ocasión, al hoy canciller encargado Luis Gilberto Murillo, le impusieron una pena de seis meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el término de un año. Luego la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el fallo por falta técnica, en providencia del 17 de marzo de 1998, entonces quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria. Para sustentar lo anterior, José Antonio Salazar mencionó que el artículo 122 de la Constitución prohíbe que, en Colombia, una persona que haya sido condenada en cualquier tiempo ocupe un cargo público.
En sus apartes el artículo 122 indica que… no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado…

Por ahora las autoridades en el país debe determinar si el ex secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar cuando anuló la resolución que declaró desierta la primera licitación de pasaportes y luego adjudicó el contrato de los pasaportes por 599 mil millones de pesos a  la empresa Thomas Greg & Sons, tenía o no facultades legales, advirtiendo que desde el día viernes 23 de febrero de 2024, el mismo canciller Murillo le había devuelto las facultades para hacerse cargo de la licitación y en eso sustentó su polémica decisión Salazar, de adjudicar el multimillonario contrato. 

Ahora la revista Semana este 27 de febrero de 2024, reveló un documento que demostraría que el día que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo iba a despedir de su cargo al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le entregó facultades para contratar y el funcionario actuó conforme a sus responsabilidades contractuales, es decir, adjudicó la licitación de los pasaportes a la empresa colombiana Thomas Greg & Sons y ahí fue troya. 

No obstante, la resolución 1344 del 22 de febrero de 2024, contradice al canciller encargado Murillo, porque el documento, en poder de la Procuraduría, firmado por su puño y letra, en su artículo 4 hace mención a la entrega de facultades para contratar al secretario general José Antonio Salazar, facultades que el canciller Álvaro Leyva le había quitado.  Entonces Salazar en declaraciones a los medios de comunicación dijo que la mejor salida legal para el Gobierno era entregar el contrato al único proponente y procedió a adjudicar la licitación la Thomas Greg & Sons

El aparte del documento dice textualmente: “Artículo 4: delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores (José Antonio Salazar) la dirección de los procesos de contratación, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con los mencionados procesos contractuales”, se lee en la resolución que firmó Murillo. 

Ahora la pregunta es ¿por qué le concedió esos poderes si se sabía que José Antonio Salazar saldría de la Secretaría General? ¿Por qué el canciller le entregó facultades a Salazar que ya había expresado que la mejor decisión era entregarle el contrato de pasaportes a la Thomas Greg? 

Como reacción a lo anterior, el acreditado abogado Rodrigo Uprimny indicó en su cuenta de X que el presidente Petro no puede calificar de traidor a un funcionario simplemente porque éste toma la decisión que casi todos los juristas recomiendan: adjudicar a la  Thomas Greg & Sons. La razón. En Colombia la ley no permite declarar desierta una licitación únicamente porque hay un oferente, como lo explican estos profesores. Podría ser deseable cambiar la ley, pero entre tanto debe ser cumplida. 

El error estuvo en el pliego de condiciones, pero ahora el Ministerio tenía que adjudicar a la Thomas Greg & Sons o el Estado perdería la demanda y la empresa obtendría, sin trabajar, una indemnización multimillonaria. Concluyó Uprimny. 

Según el portal periodístico Las2orillas, de septiembre 6 de 2021,   “la impresión de los pasaportes colombianos incluso con su evolución tecnológica que incluye los datos biométricos es solo una de las responsabilidades con las que Thomas Greg & Sons demuestra su importancia en el país, pero esta va mucho más allá: bancos, loterías, universidades, notarías, tabaquerías y grandes cadenas de producción de bebidas alcohólicas imprimen sus sellos de autenticidad con esta empresa que tiene presencia en 17 países”.

Volviendo al Clan de los Torres, el artículo: Las Torres Gemelas, INDRA, Benedetti, el yerno español y las más de 50 empresas del Clan Torres, publicado por el portal El Expediente, el 13 de junio de 2023, da cuenta de la formidable red empresarial de Euclides Torres, el socio oculto de la empresa española INDRA y Armando Benedetti, compuesta por más de 50 empresas que controlan negocios con el Estado que van desde el transporte, salud, seguridad digital, alumbrado público hasta cédulas digitales.  

Como cabecilla del Clan Torres se síndica al dudoso Euclides Antonio Torres Romero, el recordado centro de las amenazas de Armando Benedetti contra Laura Sarabia en aquellos chats publicados por revista Semana. 

Según El Expediente: “los Torres, tenían un poder directo sobre la secretaria privada del palacio Nariño, Laura Sarabia, quien comenzó a trabajar con Benedetti gracias a la recomendación de Efraín Torres. También es importante anotar que su esposo Andrés Parra Valverde trabajó en la UTL del representante Pedro Flórez, también integrante del Clan Torres. Los intereses económicos y políticos de ese grupo empresarial frente al Estado y el gobierno nacional son muchos. Laura Sarabia era sin duda no sólo cuota de Benedetti sino de los empresarios Torres en la presidencia de la República”. 

“El Clan Torres es clave en la elección de Petro por varias razones, pero quizá la más importante es porque servían de puente con INDRA, los españoles encargados de las elecciones presidenciales. También tenían en el bolsillo a la jefe de gabinete Laura Sarabia a quien le vendrían entregado altas sumas en efectivo a cambio de favores en el alto gobierno”, indicó El Expediente.

Por su parte La Silla Vacía en agosto 29 de 2022, desnudó el accionar del Clan Torres quienes manejan concesiones de alumbrado público en 15 municipios de Colombia. “Con sigilo los Torres han logrado crecer su influencia política a la vez que su cabeza, Euclides Torres, concentra negocios por cientos de miles de millones de recursos públicos. Todo a través de una red de sociedades que oculta que se trata de un solo emporio multimillonario”, develó La Silla Vacía. 

Entonces, se especula que  el grupo compuesto por el Clan Torres (quienes tendrían  su propia imprenta) Armando Benedetti, Laura Sarabia, Verónica Alcocer, Alex Vernot y Laura Guillem, con la complacencia del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán, habrían entrado a disputar, muy en serio, el multimillonario contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia, torta que disputan con los millonarios hermanos Bautista dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, entidad que un día amanece con el contrato adjudicado y al siguiente día resbalándose de sus manos.   

Lo cierto, es que el poder del Gobierno en términos contractuales, le da la capacidad de hacer con esta licitación lo que le parezca, puede, por ejemplo, realizar un convenio interadministrativo para que lo ejecute la Imprenta Nacional con el aval de la Contraloría que negó la urgencia manifiesta, decisión que condujo a la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán, o en su defecto, abrir una nueva licitación con todo y los tiempos que para ello se requiere. 

Según el portal Infobae del 27 de febrero de 2024, el Gobierno Petro insistirá en quitarle el contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons. Infobae indicó que: “luego de que el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, tumbara todas las decisiones tomadas por el suspendido canciller Álvaro Leyva para evitar que Thomas Greg & Sons (TGS) se quedara con el contrato para la elaboración de pasaportes por casi $600 mil millones, y le adjudicara la licitación a dicha compañía británica, se desató una tormenta política en la Cancillería y la Casa de Nariño”. 

Recordar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primero en rechazar la decisión de José Antonio Salazar, quien revocó la declaratoria de licitación desierta y finalizó la urgencia manifiesta, tomada por Álvaro Leyva Durán para entregarle el contrato para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes a la Thomas Greg & Sons. 

Salazar salió en su defensa y le dijo al diario El Colombiano de Medellín que adjudicó el contrato porque la Constitución y la Ley están por encima del presidente. En medio del escándalo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, nombró, en la noche del lunes 26 de febrero, a Paola Andrea Vásquez como nueva secretaria general de la Cancillería, en un intento por evitar que más funcionarios tomen decisiones en contra vía de los intereses del Gobierno Petro. 

“En cuanto a otras ‘jugadas’ que habría puesto sobre la mesa el Gobierno nacional para quitarle la licitación a Thomas Greg & Sons, el diario El Colombiano conoció que antes de que Salazar le otorgara el millonario contrato a TGS, fuentes de la Cancillería le confirmaron al rotativo que desde la entidad trabajaban en una serie de argumentos para asignarle ese contrato a la Imprenta Nacional, quien a su vez subcontrataría a la compañía mexicana Accesos Holográficos, para que realizara el proceso”. 

Accesos Holográficos no registraba experiencia en la elaboración de pasaportes ni cuenta con contratos gubernamentales en ninguna parte del mundo que acrediten esa experiencia requerida. Se conoce que, en un negocio entre la Imprenta Nacional y la Fábrica de Licores de Antioquia por 7 mil millones de pesos, la Imprenta Nacional subcontrató a Accesos Holográficos para la elaboración de 26 millones de sellos antifraude que llevarían las botellas de aguardiente. En ese negocio la Imprenta Nacional tuvo un detrimento patrimonial por 267 millones de pesos. 

Accesos Holográficos es una empresa mexicana que registra activos por unos 740 millones de pesos e ingresos en la vigencia 2023, de 3.100 millones de pesos y con esas cifras aspira a quedarse con el multimillonario contrato de los pasaportes en Colombia. 

Vale recordar que el 2 de octubre de 2023, la Cancillería de Colombia mediante un comunicado de prensa anunciaba la alianza estratégica entre la Imprenta Nacional de Colombia y la empresa mexicana Accesos Holográficos. Se conoció, además, que en diciembre del año pasado se denunció ante la Comisión Federal de Competencia Económica de México, a la empresa Accesos Holográficos por prácticas anticompetitivas. 

Entonces el escándalo de los pasaportes en Colombia sigue aumentando y las sospechas acrecentándose, porque saltaron de frente, los grupos de poder quienes incluso, pasaron por encima del propio presidente de la República Gustavo Petro, en busca de ganar la licitación. 

Por ahora el presidente Petro tendrá que respetar la adjudicación de la licitación, porque la empresa Thomas Greg & Sons ha cumplido con todos los requisitos legales y pliegos exigidos de acuerdo a las necesidades tecnológicas, proceso que la empresa colombiana se ha ganado en franca lid, labor que por cierto, ha venido cumpliendo a satisfacción.  

De momento la Casa de Nariño está que arde y no se vislumbra quien apague ese incendio.

Bogotá, D. C, 4 de marzo 2024

*Escritor. Periodista.

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José Manuel Restrepo Abondano

"Una conclusión parcial es que mientras convivamos con el cáncer de la producción de droga, será imposible enfrentar exitosamente el hampa".

Por José Manuel Restrepo*. - Hace meses, y como premonitorio, uno de los chefs más representativos de la gastronomía colombiana, cuestionó el profundo deterioro de la seguridad en año y medio en el país que a juicio de él nos ponía de nuevo en las tristes realidades de los noventas, y puso de presente las cifras de secuestros, hectáreas de coca e incursiones de grupos al margen de la ley.

Tres meses después, preocupantemente las incursiones del hampa en las grandes ciudades, y en restaurantes y bares, parecen ya parte del menú. ¡Los ciudadanos están asustados! Y hasta las cifras del Mindefensa son desoladoras. Entre enero y octubre de 2023, el hurto callejero crecía 9% y afectaba a 308 mil ciudadanos. En el primer semestre del 2023, según la Corporación Excelencia a la Justicia, se dieron en Colombia 44 robos cada hora y un asesinato cada 40 minutos, y para esta entidad, el incremento en hurto es del 23%. Algo similar sucede en los mismos meses con el secuestro y la extorsión. Si en 2021 teníamos 85 secuestros ya en 2023 son 190 casos.

Esto y más, ya deja consecuencias negativas para la economía y parte de las dificultades en el crecimiento está íntimamente ligado al deterioro en seguridad. La extorsión, por ejemplo, que ha crecido en un 37% entre el 2018 y el 2023, afecta especialmente al comercio y al micro y pequeño empresario, que tiene que acudir a “vacunas” para que su negocio funcione normalmente.

Duele por eso el pedido a gritos del Consejo Gremial nacional, sobre la urgencia de un plan integral de seguridad frente a la realidad que describe como “el continuo deterioro de la seguridad y aumento de actos violentos en todo el país en especial en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle”.

Y todo arranca con un escenario de laxitud en Cauca, Putumayo, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Magdalena Medio o el andén del pacífico. Zonas donde el crecimiento de los cultivos ilícitos, la ilegalidad minera o el accionar de los grupos armados organizados pululan. Muchos hablan ya de cifras cercanas a 300 mil hectáreas de coca cultivadas, con tristes datos de caída del 79% en el último año en programas de erradicación.

Una conclusión parcial es que mientras convivamos con el cáncer de la producción de droga, será imposible enfrentar exitosamente el hampa. Pero no es suficiente. Se trata también de transitar de “la inseguridad a la convivencia”, y ello supone trabajar con las comunidades urbanas y rurales para enfrentar el delito. Qué bueno sería efectivamente llegar con más recursos al territorio en educación, en emprendimientos sociales, en acceso a financiamiento barato, en brigadas sociales, en apoyo de ingenieros militares a infraestructura local, y en general en obras, en lugar de enviar mensajes erróneos como remunerar a quien deje el delito. Dinero hay, pero debe ser bien invertido.

La afirmación final del chef colombiano es que el “contrato social que nos vendieron no se está cumpliendo” Y es verdad. Sin seguridad no seremos ni potencia de la vida, ni potencia alimentaria, ni el país de la belleza, ni tendremos seguridad humana. ¡!A trabajar!!

Bogotá, D. E, 1 de marzo 2024.

*Rector Universidad EIA

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Gabriel Ortiz

"El gobierno se desdibuja a gran velocidad".

Por Gabriel Ortiz*. -Cada día nos enfrentamos a los delirios y ensueños que dan mucho para pensar sobre el futuro de una patria, una democracia, un manejo de la cosa pública y unas libertades que, en el caso de Colombia, han sido analizadas por la prestigiosa revista británica The Economist.

Preocupante la ubicación que nos adjudicó ante lo que aquí pasa, se prevé y puede conducirnos a una hecatombe.

Este gobierno se inició con optimismo y se surtió de un grupo de prohombres expertos en todas las disciplinas. Al campo económico, en el que se requería un empuje inmediato, llegaron los mejores y más expertos, que sacaron adelante una reforma fiscal inaplazable. Igual ocurrió con agricultura, planeación y otras ramas del poder.

Fueron momentos en que el jefe de Estado sacó pecho y recibió elogios de casi todos los sectores. Se le alabó inclusive su arribo en lugar de Hernández o Fico. Creyeron en su paz total y en la recuperación de una seguridad nacional.

Pasaron días, meses y multitud de desplazamientos en el FAC-1, con nutridas y bien financiadas comitivas, organizadas por la doctora Sarabia. Con la misma rapidez esa luna de miel fue perdiendo la lucidez, melosidad y dulzura.

El gobierno se desdibuja a gran velocidad. Nadie aguanta la camarilla que rodea al Presidente, cuya misión se centra en acusar y desprestigiar a los más capaces. Prueba de ello lo ocurrido con el gran economista Jorge Iván González, quien abandonó Planeación Nacional, porque quienes acosan, asedian y sofocan a Petro, le impidieron escuchar sus consejos y normas a seguir para actuar racionalmente.

En medio de este país que posee las mayores guerrillas, paramilitares y terroristas del mundo, con una pobreza creciente, una economía y un crecimiento desacelerados, desempleo y poderes en crisis, se observa ahora un despilfarro y un presupuesto ejecutado a medias. Sin planeación se realizan dudosas compras, como las de los carrotanques para llevar agua a la Guajira, que ni siquiera tienen quien los conduzca.

Ahora, como cualquier mandatario sin amarras, se autodesigna ordenador del gasto y las vigencias futuras, arrebatando ese mandato un Congreso que ya, y atendiendo recomendaciones gubernamentales, había aprobado.

Quiere decidir en cuáles obras se invierte y en cuáles no. Muchos piensan que no confía en sus ministros -empezando por el de hacienda-, o tiene en mente destinar billones de pesos en actividades adversas o secretas, diferentes a las importantes e inaplazables que esta nación está esperando.

Expertos economistas, que trabajan y operan en diferentes frentes financieros, gremios empresariales y gentes que están a la espera de planes progresistas para una nación que busca la prosperidad de sus 50 millones, no entienden cómo nuestro gobernante, asume funciones que nunca han tocado los presidentes que respetan las democracias y las libertades.

Todo esto nos lleva a pensar, que tal vez The Economist tiene razones válidas para ubicar nuestra democracia, en lugar tan vergonzoso e indigno.

BLANCO: Cali Sede de COP-16 para Cali sobre Bio-diversidad. Galardón y honra para una ciudad con valiosos títulos internacionales. Felicitaciones a su alcalde, Alejandro Eder.

NEGRO: El lamentable fallecimiento del excanciller y gran periodista Rodrigo Pardo García-Peña. Paz en su tumba.

Bogotá, D. E, 28 de febrero de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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José G Hernández

"La Constitución no debe ser pura teoría".

Por José G. Hernández*. -A los treinta y tres años de la Constitución de 1991, en las aulas universitarias, con estudiantes de posgrado en Derecho, hemos iniciado un ejercicio académico interesante, que consiste en comparar la teoría de los textos con la realidad. Concretamente, se trata de verificar hasta dónde se están cumpliendo en la práctica los principios y mandatos constitucionales.

Sin entrar en estadísticas -pues de eso no se trata-, hemos seleccionado varias normas de la Carta Política y de sus reformas, buscando establecer hasta dónde llega su observancia y aplicación.

A título de ejemplo, por razones de espacio, menciono apenas tres disposiciones vigentes que -resulta ostensible- se han quedado escritas. Pero muchas otras son permanentemente violadas, tergiversadas o interpretadas de manera errónea, para hacerlas inanes.

-Declara el artículo 11 de la Constitución: “El derecho a la vida es inviolable”.

Sin embargo, no cesan las masacres, el sicariato, los abortos, las muertes de líderes sociales, los atentados contra miembros de la Fuerza Pública. Recordemos los denominados “falsos positivos”. Y, apenas hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hallaron, en el Cementerio de Cúcuta, los cuerpos de 211 personas víctimas de desaparición forzada.

-Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Expresa, además, que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Concluye señalando: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Nada de eso se está cumpliendo. Los niños son los seres más desamparados. Muchos son abandonados -como lo vemos en las calles de nuestras ciudades-; sometidos a violencia física, moral y sexual, o asesinados, inclusive -como se ha visto- por sus propios familiares y allegados, o son víctimas de la llamada violencia vicaria. Son explotados y sometidos a trabajos riesgosos. Y, además, muchos son víctimas de la corrupción, como ha acontecido -por ejemplo- con la alimentación escolar, el acceso a internet o a la salud. Sus derechos esenciales no son respetados y, en la dura realidad, se desconoce su prevalencia.

-Dice el artículo 228 de la Constitución: "Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado".

Una norma en cuya consagración insistió siempre el constituyente Álvaro Gómez Hurtado, con el fin de buscar una administración de justicia eficaz, ágil y oportuna. No se cumple. A diario se informa que personas procesadas -inclusive por delitos de la mayor gravedad- quedan libres por vencimiento de términos o porque opera la prescripción de la acción penal. ¿Por qué el desacato? ¿Por qué tanto vencimiento de términos? ¿Por qué tanta prescripción? ¿Congestión? ¿Olvido? ¿Pereza de fiscales y jueces? ¿Maromas de los defensores? ¿Quién responde? ¿Por qué el incumplimiento no es sancionado, como lo ordena el precepto constitucional?

La Constitución no debe ser pura teoría.

Bogotá, D. E, 28 de febrero de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional.

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Amylkar  D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*. - La Comisión de Regulación de energía y gas (CREG) ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad, entorpeciendo su normal funcionamiento. Como se recordará, el Presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándola sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo. 

Se procedió, entonces, a designar los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del Presidente Duque. Pero dichos nombramientos no lo fueron en propiedad sino en calidad de encargados, a contrapelo de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que les establece un periodo fijo de 4 años, para así garantizar la independencia administrativa que le atribuye a la CREG el artículo 69 de la misma. 

Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, a tal punto que el 5 de octubre del año anterior, al vencerse los términos del encargo de los expertos comisionados encargados, se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio. 

Tuvo que intervenir la Procuradora general Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678 del 10 de octubre pasado, le requirió al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho proveer las plazas de los expertos comisionados, el cual tuvo por respuesta el nombramiento de 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos (Omar Fredy Prías) en propiedad. 

Tan anómala situación llevó al Tribunal administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de este año a ordenarle al Presidente Petro que “dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la Sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con 6 expertos en asuntos energéticos DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, nombrados por el Presidente de la República PARA PERÍODOS DE 4 AÑOS”.

A pocos días de cumplirse el plazo perentorio establecido por el Tribunal de Cundinamarca para el cumplimiento de su Sentencia, en lugar de su cumplimiento el Gobierno la recurrió ante el Consejo de Estado. Entre tanto,

se les venció el encargo de los tres comisionados designados en tal calidad, sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el Despacho del Ministro (José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez) volvió a quedar la CREG en interinidad y sin quorum para tomar decisiones, ya que para ello se requiere contar con al menos 4 de los 6 expertos comisionados que la integran. Y ello, en momentos de alta tensión del sector eléctrico por cuenta de la severidad del fenómeno de El Niño que ha venido afectando los embalses de las hidroeléctricas cuyo agregado a la fecha está en un 46,7% y el crecimiento de la demanda de energía registra un preocupante 7.8%!

Esto es inaudito y es una pésima señal a los agentes de la cadena del Sistema, cuando más se requiere inspirarles confianza y garantizarles mayor seguridad jurídica, que se ha visto conturbada en estos días por la propuesta contemplada en el anunciado proyecto de ley que presentará el Gobierno para su trámite en el Congreso de la República para reformar la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, mediante el cual se le atribuirían al Presidente de la República las funciones y competencias que hoy están en cabeza de la CREG y de la Comisión de regulación de agua potable (CRA).

En el artículo 40 del borrador del proyecto se propone un cambio drástico en materia regulatoria, al establecer que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley o delegarla en las comisiones de regulación”. Y para que no quede duda sobre las intenciones del Gobierno, se prevé en el artículo 131 del mismo que las funciones delegadas en la CREG podrán ser ejercidas si y sólo sí el Presidente de la República así lo dispone, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el Presidente”. Más claro no canta un gallo!

Su sólo anuncio ha causado escozor y está minando la confianza entre los inversionistas por los temores a los cambios en volandas de las reglas de juego que han regido con éxito la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ininterrumpidamente, durante tres décadas. Y de contera, al pretender darle a la Superintendencia de servicios públicos poderes discrecionales y funciones jurisdiccionales, ello puede dar pábulo al abuso y a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Bogotá, febrero 25 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

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Hubert Ariza

“Pese a que el Gobierno prometió convertir al país en potencia mundial de la vida, el desprecio por ésta sigue siendo el sello de nuestra realidad macondiana”.

Por Hubert Ariza*. - Han pasado 18 meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien prometió convertir al país en potencia mundial de la vida y, a pesar de su empeño en lograr la paz total con procesos de negociación paralelos con guerrillas, paramilitares y bandas criminales, Colombia no deja de contar muertos, masacres, desplazamientos, confinamiento de poblaciones y constatar el envalentonamiento de la ilegalidad.

Siete años después de los acuerdos de paz en La Habana, los fusiles de los ilegales no se silencian. El odio continúa siendo una epidemia que rechaza la vacuna de la tolerancia y carcome la democracia. Por los ríos de las regiones más apartadas siguen bajando los cadáveres de las víctimas, solo que ya no se escucha el célebre estribillo: “nos están matando”. El desprecio por la vida sigue siendo el sello de nuestra realidad macondiana. El dolor es inmarcesible y no hay júbilo inmortal.

Para despertar de ese letargo, con la consigna “Para la guerra. ¡nada!”, miles de colombianos de la sociedad civil, los gobiernos locales, el Gobierno nacional y líderes políticos y de opinión se concentraron, el pasado 20 de febrero, en varias plazas del país y exigieron a los actores armados ilegales que dejen de matar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Por unos instantes se registró en los medios, una vez más, la voz valiente y desgarrada de un sector de la población hastiada, honestamente, de la violencia fratricida, que no cesa en su empeño de proteger la vida, defender la democracia y hacerse oír en un país ensordecido por el conflicto armado, la polarización política, la corrupción y la crisis del proceso de paz con el ELN.

Aunque no se trató de una movilización de millones de personas, como sucedió antaño contra las Farc o durante el estallido social contra Iván Duque, ese día, nuevamente, en la Plaza de Bolívar se sintió con esperanza que el tema de la protección a la vida estaba de regreso a la agenda política, como lo fue durante la procuraduría de Fernando Carrillo Flórez y su campaña Lidera la Vida, que unió alrededor del ministerio público a la sociedad civil organizada, la cooperación internacional, el periódico El Espectador y Caracol Televisión.

Para muchos, la movilización del pasado 20 de febrero fue el punto final a un compás de espera al primer gobierno de izquierda en Colombia, para que pase de los discursos a los hechos y haga realidad la promesa de campaña de diseñar una audaz política pública que contribuya a detener la máquina de la muerte, que se devora impasible en las regiones los liderazgos sociales de hombres y mujeres que, literalmente, se juegan su vida por defender sus territorios del embate depredador de la ilegalidad armada, que a sangre y fuego destruye el tejido social, la naturaleza y los procesos comunitarios.

Precisamente, un informe de Amnistía Internacional, del pasado 9 de noviembre de 2023, sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, concluyó que “el cambio de Gobierno no significó mejoría alguna” en este tema.

Los números no mienten y la violencia contra los firmantes de paz y líderes sociales no ha cesado. Los ilegales matan igual en un gobierno de derecha que en uno de izquierda. En lo corrido del año se han contabilizado el homicidio de 20 líderes sociales y cinco firmantes de paz y diez masacres, según Indepaz. En total van 413 exguerrilleros de las Farc dejados sin vida por las disidencias.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil organizada, esa población víctima sigue siendo estigmatizada, perseguida, desplazada y asesinada, sin que, en la mayoría de los casos, se esclarezcan esos delitos, se capture a los autores materiales e intelectuales, y la sociedad despierte y exija a los actores armados ilegales respetar la vida y al Gobierno nacional diseñar una política pública eficaz, con recursos, que erradique la impunidad y la estigmatización, y detenga ese fenómeno que debilita la democracia y demuestra la incapacidad estatal para proteger la vida, ocupar los territorios y garantizar los derechos de los colombianos.

Las cifras de víctimas de la estigmatización y la intolerancia varían cada año, y cambian dependiendo de qué institución u organización las emita. Según la Defensoría del Pueblo en 2017 fueron asesinados 126 líderes; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; en 2021, 145; en 2022, 215; en 2023, 181. En 2024 ya van 20 casos. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Chocó.

Esas cifras, sin embargo, de acuerdo con el informe anual de violencia en Colombia 2023 de Indepaz, son mucho más bajas que las recopiladas durante los dos períodos del presidente Uribe, cuando la política de seguridad democrática no impidió que fueran asesinados, aproximadamente, 7.768 líderes y defensores de derechos humanos. Hay que recordar que, según las cifras de la JEP, en ese mismo período se evidenció, además, el fenómeno de los falsos positivos, que dejó un saldo de 6.402 víctimas mortales.

En comparación con los dos gobiernos anteriores, en la administración Petro las cifras por violencia contra defensores no se han reducido drásticamente, como se esperaba: en 2022, se registraron 215 casos; y en 2023, 181, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Ante la incapacidad del Estado para responder a la crisis humanitaria generada por la violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales de esa población, la Corte Constitucional declaró, el pasado 10 de diciembre de 2023, el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, y le ordenó al Gobierno nacional diseñar un Plan Integral de Protección a la Vida, con enfoque de género, asignando los recursos presupuestales para garantizar los derechos fundamentales de la población objetivo.

Es lamentable que sin importar que se decreten ceses al fuego con los actores armados ilegales en el marco del proceso de paz total, los asesinatos de los líderes sociales no se detengan y, por el contrario, puedan aumentar ante la eventualidad de una profundización de la crisis que vive la mesa de negociación con el ELN.

En medio de la pugnacidad y polarización política, la exigencia de una respuesta institucional al asesinato de los líderes sociales es hoy bandera de la oposición, incluso de la extrema derecha, que ahora luce preocupada por un tema que en el pasado ignoraba. Lo importante es que el Gobierno reaccione y cumpla lo ordenado por la Corte Constitucional.

En esa tarea es importante contar con las autoridades territoriales, alcaldes y gobernadores, que deberán incluir ese tema en sus planes de desarrollo, armonizándolos con el Plan Nacional de Desarrollo, así como cumplir con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Y, por supuesto, trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, que deberá dar un salto cualitativo en la lucha contra la impunidad, que es del 95% en este campo, según han denunciado las organizaciones sociales. De ahí, además, la importancia del arribo de una nueva fiscal, mucho más comprometida con la defensa de la vida.

Pero hay que dar un paso más: exigir en las mesas de negociaciones que los grupos armados ilegales asuman un compromiso público y verificable de no asesinar a los líderes sociales y firmantes de los Acuerdos de Paz. La voluntad de reconciliación debe expresarse de manera directa y expresa, parando la máquina de la guerra. Al igual que el fin del secuestro, el cese al fuego contra esa población debería ser un punto central de la agenda de negociación, la agenda política y la opinión pública. No para ganar votos, sino para salvar vidas. Y blindar la débil democracia, que muere a pedazos cada vez que asesinan un líder social y se trunca un proceso comunitario.

Bogotá, D. E, 25 de febrero de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

 Tomado de El País.

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José G Hernández

"En estos días, a propósito del trámite señalado para la elección de la persona que haya de ejercer la Fiscalía General de la Nación, no han sido pocos los equívocos e imprecisiones que han circulado, causando mucho daño a las instituciones y al país.

Por José G. Hernández*. -Desde el punto de vista jurídico -en especial cuando hablamos de la Constitución y cuando se trata del ejercicio de las funciones públicas de mayor trascendencia- es fundamental la precisión en el uso de los términos y en la alusión al contenido material de las reglas establecidas.

En estos días, a propósito del trámite señalado para la elección de la persona que haya de ejercer la Fiscalía General de la Nación, no han sido pocos los equívocos e imprecisiones que han circulado, causando mucho daño a las instituciones y al país.

Se afirmó, por ejemplo, que criticar públicamente -en columnas periodísticas o en las redes sociales- la ostensible demora de la Corte Suprema de Justicia en elegir implicaba una presión indebida sobre ella y una injerencia en sus decisiones judiciales.

Doble inexactitud: en primer lugar, el artículo 20 de la Constitución garantiza a toda persona el derecho fundamental a expresar con libertad su pensamiento y opiniones, y puede hacerlo respecto a la actividad de cualquier funcionario o autoridad estatal, desde luego con el debido respeto, sin calumniar ni injuriar. En segundo lugar, la función de la que se trata no es de carácter judicial -y, aunque lo fuera, se podría disentir desde el punto de vista académico-. Es función administrativa.

Una congresista de oposición señaló que el presidente de la República quiere forzar a la Corte para que vote sobre “su terna”, lo cual -estimó-, es indebido. A lo cual respondió el presidente que él tiene “el derecho” de remitir a la Corte una terna para la elección de fiscal.

Dos inexactitudes. No es que el actual presidente tenga un capricho y quiera imponer “su terna” a la Corte. Es la Constitución la que, en su artículo 249, dispone: “El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República”. El presidente, a su vez, también se equivoca: no es "su derecho" enviar la terna, porque los derechos se pueden ejercer o no. Aquí se trata de una función. Enviar la terna es su deber constitucional, y no puede eludirlo ni dejar de cumplirlo oportunamente.

Se ha dicho también que la Corte Suprema es dueña de “sus tiempos” para elegir, que es “soberana” y que, como no está previsto un término exacto para la elección, puede postergarla indefinidamente.

Cabe aclarar al respecto:

-La Corte Suprema -como todos los altos tribunales- merece respeto, y, aunque no es “soberana” -porque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, como lo proclama la Constitución-, es autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones. ¿Puede haber manifestaciones populares, protestas o apoyos a su gestión? Sí, ello está garantizado en la Constitución, siempre y cuando se trate de reuniones pacíficas.

-El hecho de que no haya un término específico, no significa que la Corte pueda aplazar indefinidamente la elección, si recibió oportunamente la terna, como ahora ocurre. Salvo fuerza mayor, al terminar su período el fiscal saliente, lo normal es que la sucesión sea inmediata. Los antecedentes en sentido contrario no son excusa para las demoras injustificadas.

Bogotá, D. C, 22 de febrero 2022

Expresidente de la Corte Constitucional

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Amylkar  D Acosta M

“Planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Cómo se recordará en octubre del año pasado XM, la empresa que administra el mercado mayorista, alertó sobre el riesgo del efecto dominó que podía derivar en una crisis sistémica que comprometiera la prestación del servicio de energía, debido a la insolvencia que podían enfrentar 36 comercializadoras a consecuencia de la abultada deuda contraída con ella por parte de sus usuarios por cuenta de la aplicación de la opción tarifaria que se aplicó a raíz de la pandemia, como alivio temporal, difiriendo las alzas tarifarias. En su momento planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta. Se habló entonces del riesgo de un apagón financiero.

Solo cuando una de ellas, Air- e, entró en crisis por su insolvencia y estuvo a punto de enfrentar una limitación de suministro que conduciría a su intervención por parte de la Superintendencia de servicio públicos domiciliarios se pellizcó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho y expidió una Resolución permitiendo diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales con los generadores, pero solo hasta el pasado 31 de diciembre.

Pero esta medida no pasaba de ser un placebo, no un remedio. Ante la insuficiencia de la medida se recetó por parte del Ministerio otro placebo, autorizando a FINDETER para que abriera una línea de crédito por un monto de solo $1 billón cuando la deuda por la opción tarifaria sobrepasaba los $5 billones, a la cual se vino a añadir la deuda del Gobierno por concepto de reconocimiento de los subsidios aplicados por las comercializadoras a sus usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que asciende a $1.5 billones más $1 billón que le adeudan los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que sumados ascienden a $7.5 billones.

Aquí hagamos una digresión a propósito de la morosidad de las entidades públicas para decir que, según reza el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, “el incumplimiento por parte de cualquier entidad estatal de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución”. Por su parte el entonces Procurador General de la Nación Edgardo Maya expidió la Circular 048 del 11 de septiembre de 2008, con base en el artículo 12 de la Ley 142 de 1994, notificándoles a los alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de dicha disposición es una “falta gravísima”. Huelga decir que las autoridades deben predicar con el ejemplo.

Ante el requerimiento de las empresas, el Congreso de la República, que en ese momento tramitaba el proyecto de presupuesto, aprobó ampliar el cupo de crédito en FINDETER hasta la concurrencia del valor total de la deuda por concepto de la opción tarifaria. Sin embargo, hasta el momento solo se han desembolsado $450.000 millones del billón inicialmente autorizado y más recientemente se autorizó ampliar el cupo de crédito en otro billón más. Así, a cuentagotas es como vienen fluyendo los recursos del crédito con el que se busca solventar la angustiante situación que afrontan las comercializadoras.

Ello ha llevado a las comercializadoras a poner nuevamente el grito en el cielo: “si no tenemos oxígeno (liquidez), las empresas se podrán ver en aprietos" exclamó el director ejecutivo de ASOCODIS José Camilo Manzur. Y ello, en medio de los avatares, incertidumbres y la inclemencia de un fenómeno de El Niño fuerte, que está poniendo a prueba la fortaleza de todos los eslabones de la cadena del Sistema eléctrico. Uno de ellos que falle y estaremos en problemas para sortear esta contingencia.

Y, como afirma el Gerente general de Air-e Santiago Posso, “la línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo. Sin embargo, es evidente que se requieren medidas regulatorias más sólidas y una mayor disponibilidad financiera para afrontar esta situación a largo plazo en medio de un fenómeno de El Niño como el que actualmente atraviesa el país", que es retador.

También se solicita por parte de ASOCODIS que, además del giro inmediato del pago pendiente del monto de los subsidios por parte del Ministerio de Hacienda,  se dé la pronta intervención de la Procuraduría, “para que tome acciones ejemplarizantes y disciplinarias contra las cabezas de las entidades estatales que tienen millonarias deudas por el no pago del servicio de energía eléctrica, pese a que por ley deben apropiar los respectivos recursos en sus presupuestos”. Para luego es tarde!

Piden, además, que “se prorrogue la norma que permite diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales de pago por transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, ya que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre”. Y, de contera, le urgen al Gobierno el giro de los subsidios en mora.

Hasta ahora el único paso que ha dado el Gobierno es la expedición por parte de la CREG de una Resolución autorizando a las comercializadoras para que empiecen, a partir de este mes de enero, en el transcurso de los próximos diez años, cobrar a los usuarios el monto adeudado por concepto de la opción tarifaria, que debe marchar concomitantemente con el acceso al financiamiento de las empresas comercializadores, para evitar una crisis de insolvencia que les dificulte el flujo de caja.

Cota, febrero 17 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y ex ministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

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