Opinión

Dos escollos a superar

Por Amylkar D. Acosta M.- Para seguir avante en el propósito de aprovechar el cuarto de hora que les queda al carbón y al petróleo se tendrán que superar dos escollos que tiene a la actividad extractiva en Colombia en ascuas: la inseguridad jurídica y la conflictividad social. En cuanto a la inseguridad jurídica manifiesta el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Ángel que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”.

Pero, la verdad sea dicha, una de las principales fuentes del activismo judicial y del exacerbamiento de los conflictos sociales en las regiones en donde operan las empresas extractivas es la falta de un ordenamiento territorial, dando lugar a un  conflicto de usos y de ocupación del territorio y de contera un conflicto de competencias entre las entidades territoriales y el Gobierno central. Un ejemplo patético de ello es el lío que se ha armado alrededor de la tardía delimitación del Páramo de Santurbán. A esto se viene a añadir, en el caso de la minería, los vacíos jurídicos que deja el anacrónico Código de Minas, que no responde a las nuevas realidades.

Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías en detrimento de ellas, que ahora no se sienten bien compensadas con lo que reciben con el nuevo reparto de las mismas. Alegan y con razón que el mayor impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva se da en el territorio en donde operan las empresas. En su momento se adujeron razones de equidad para repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional, pero el impacto no se reparte, se queda en las regiones productoras. Se pretextó también que el manejo de las regalías en las regiones era una fuente de corrupción, pero con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) lo que se hizo fue vender el sofá de la infidelidad, porque la corrupción ha hecho metástasis y ninguna institución o rama del poder público ha escapado a ella. En su momento, ante la amenaza en ciernes del despojo desde las regiones clamaban porque le dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos y lo que sucedió fue todo lo contrario, se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos!

Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. De los 1.122 municipios con los que cuenta el país, desde el año 2013 se han realizado consultas populares en 9 de ellos, en 127 de ellos están en curso iniciativas para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados, de los cuales sólo 9 han sido objetados. Las altas cortes le han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al disponer de una parte que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y de otra que el resultado de las consultas populares tienen efecto vinculante.

Es de anotar que la actividad extractiva ha sido y sigue siendo una de las más importantes fuentes de ingresos del Estado, así como del Gobierno central como de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) casi su única fuente de financiación de sus proyectos de inversión. En el año 2013, la actividad extractiva le llegó a significar al país entre impuesto de renta, regalías y dividendos la no despreciable suma de $29.8 billones, de los cuales $20 billones se apropiaron en el Presupuesto General de la Nación, representando el 29.3% de sus ingresos corrientes. Para ese mismo año el SGR recibió el remanente, es decir $9.8 billones. Es más, según la Contraloría General, entre 2012 y 2016 la actividad extractiva alimentó al SGR con $40.3 billones, de los cuales el 80.4% provinieron de la extracción de crudos y el 19.6% de la minería propiamente dicha.

Y, según el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez, el freno de mano que le han impuesto las protestas, bloqueos y oposición a la actividad extractiva se han dejado de recibir ”por concepto de regalías cada año superarían los $226.000 millones y significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de $1.2 billones”. De manera que quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza, porque estamos hablando de un monto sustancial de recursos con los cuales se financia  tanto el funcionamiento como la inversión del Estado 

Riohacha, febrero 3 de 2018 

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Humberto y Clara, por el futuro

Por Mauricio Cabrera Galvis.- La decisión de Humberto de la Calle y Clara López de unirse para las próximas elecciones es una luz de esperanza en medio de las tradicionales divisiones de las fuerzas progresistas del país que les dificultan construir una alternativa que sea ganadora frente a la más organizada derecha, que siempre es capaz de superar sus diferencias para llegar al poder.

Tanto la iniciativa de Humberto de invitar a Clara a ser su fórmula vicepresidencial como la decisión de ella de renunciar a sus aspiraciones de candidata a la presidencia son una demostración de coherencia y madurez política, que es posible cuando hay afinidad en los principios y en los objetivos.

La alianza es coherente porque desde que se lanzaron como candidatos ambos hicieron continuos y persistentes llamados a la unidad de los partidos y movimientos de centro izquierda. Desafortunadamente hasta ahora no ha sido posible, pero ellos decidieron dar un primer paso, que no significa que abandonen su empeño. De hecho, al anunciar su decisión, reiteraron que no desistirán en su propósito de lograr una amplia convergencia para garantizarle a Colombia un posconflicto con profundas reformas sociales.

También hay coherencia por las muchas coincidencias programáticas de las dos campañas. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero no hay duda de que a pesar de las diferencias de matices, Humberto y Clara son ambos liberales de izquierda, y que hay mucha más cercanía programática e ideológica entre ellos que la que puede nunca llegar a darse entre el conservatismo tolerante de Marta Lucía y la intransigencia homofóbica del ex procurador, o entre el extremo centro de Sergio Fajardo y la izquierda sesentera de Robledo. Por el contrario, los programas del candidato liberal y los del movimiento “Nuestro partido es Colombia” tenían grandes afinidades. No solo los une el compromiso con la paz sino el consenso con las cuatro prioridades que debe tener el próximo gobierno. 

Primera, la equidad y la justicia social. “primero los pobres” dice Humberto, mientras que Clara enfatiza la necesidad de pagar la deuda social; segunda acelerar el crecimiento, modernizar la economía y generar empleo decente; tercera, disminuir la inseguridad ciudadana y cuarta combatir la corrupción.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Eln: negociación o sometimiento

Por Juan Manuel Galán.-Todos nos preguntamos qué va a pasar con el ELN. ¿Aún es posible sacar adelante un proceso de paz con esta guerrilla? ¿O no tiene ningún sentido la Mesa de Quito? La respuesta parece depender de la voluntad del Presidente de turno, o del respaldo político con el que cuente, de la coyuntura de las elecciones o, incluso, de los comunicados que ordene publicar Gabino. Sin embargo, hay formas más serias de manejar el futuro y la seguridad de un país.

Para tomar decisiones tan delicadas como las que hoy nos convocan, es necesario contar con herramientas adecuadas y suficientes para la recopilación, análisis y transformación de información confidencial dirigida a garantizar la seguridad de más de 48 millones de ciudadanos.

Me refiero a las agencias de inteligencia que deben ser la principal fuente para la toma de decisiones sobre estos temas. En la actualidad, en Colombia existe la Inteligencia de la Fuerza Pública y las Unidades de Inteligencia de la Fiscalía General de la Nación. Recientemente, en 2011 se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, como un cuerpo civil encargado de producir inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado y asesorar al presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional. 

Sin embargo, seguimos dejando en el último lugar los servicios de inteligencia civil, perdiendo así una importante fuente de información estratégica para la toma de decisiones sobre negociaciones de paz. La única manera de tener información adecuada y suficiente en materia de inteligencia, es diseñar un sistema de incentivos para que los organismos encargados de ella vuelvan a los objetivos para los que fueron creados y afinen sus herramientas de recolección y análisis. Así, los recursos financieros destinados a la defensa y seguridad del país, se deben distribuir dependiendo de la efectividad de la labor de cada agencia y no de su carácter civil o militar.

Escrito por Juan Manuel Galán. Senador Liberal.

La amarga capital

Por Gabriel Ortiz.-Cuando Peñalosa ganó las elecciones para convertirse en alcalde de Bogotá, una de sus promesas fue hacer de la capital la ciudad más segura del país. Para lograrlo, anunció la creación de una flamante secretaría dedicada por completo a ese objetivo.

Dos años después nos encontramos con una amarga realidad: una metrópoli invadida por la criminalidad, el desasosiego y el nerviosismo. Cada ocho minutos atracan a un ciudadano para robarle el celular, no sin antes aplicarle una cuchillada.

Bogotá es una ciudad amarga, una capital sin destino, una urbe en poder del hampa. Está invadida de maleantes locales y venidos de otras áreas. Hay centenares de supuestos venezolanos, que cuando no están delinquiendo hacen política en el Transmilenio, pregonando a los usuarios que si no votan por los del No, caeremos en las garras del castrochavismo. ¿Quién los financia?

Los “carteles” también azotan a los capitalinos. Los de “la toga”, de la “defensa”, de los “jueces”. Muchos funcionarios judiciales, siguen el ejemplo del “cartel de toga”. Tienen sus propias tarifas para liberar de inmediato a los delincuentes. Los maleantes salen a las calles antes de que sus víctimas terminen de poner las denuncias.

El “cartel de la defensa” -integrado por millares de corruptos abogados- merodea por juzgados y Uris esperando la llegada de los delincuentes detenidos en flagrancia por las autoridades. Este cartel conoce las tarifas del “cartel de los jueces”. Por ello hay delincuentes que en un año han sido detenidos más de 29 veces.

El violador que abusaba de dos niñas, una su propia hija, era denunciado ante las autoridades, pero nunca recibió castigo alguno. Cuando la comunidad enardecida lo quiso linchar, apareció la policía. Posiblemente este monstruo estará de nuevo abusando de las menores, mientras los vecinos habrán recibido amonestaciones y denuncias por parte de las autoridades. Todos conocen la existencia de los carteles, pero el Consejo de la Judicatura con todos sus poderes, no actúa… no sanciona.

Así se combate la inseguridad en el país y en la amarga capital. Mientras la congoja embarga a Bogotá, su alcalde solo se preocupa por invadir los humedales y las reservas forestales, de elevar las tarifas del transporte, de los estacionamientos y de cuanto servicio demanda la ciudadanía.

Cuanto se le ocurre, lleva el sello de la irritación y la amargura. No se conoce medida que satisfaga a la generalidad de la ciudadanía. Sus actuaciones, ideas y medidas incluyen dosis severas para enojar, cabrear y rabiar a los sufridos habitantes.

Inaugura parques como el de La Victoria que carece de servicios públicos. Solo lo abre por horas y como no tiene iluminación, ya los ladrones lo desvalijaron.

En la amarga Bogotá no hay seguridad, tampoco ideas, solo medidas irritantes.  ¡Bogotá, peor para todos!

NEGRO: El duro golpe que reciben el Llano y Colombia con el cierre de la carretera. ¿Habrá sanciones para los culpables?

NEGRO: Mientras el Emisor baja y baja las tasas de interés, la Superfinanciera sube y sube la usura. 

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Escrito por Gabriel Ortiz

Impotencia del Estado

Por José G Hernández.- Los cobardes ataques a la Policía Nacional en Barranquilla, Soledad -Atlántico-, Santa Rosa -Bolívar-, Tumaco, sumados a los muchos crímenes contra uniformados cometidos en los últimos meses en distintas localidades, indican que hay un deliberado propósito, o un plan orquestado, dirigido contra esa institución. De ello no parece ser consciente el Ejecutivo.

Hay otro plan criminal en marcha: asesinar a líderes sociales y a defensores de derechos humanos. Son muchos los homicidios que, a manos de sicarios, han tenido lugar en el último año, el más reciente al momento de escribir estas líneas, el cobarde asesinato de Temístocles Machado en Buenaventura.

Agréguese a ello la alarmante expansión de la inseguridad y el crimen en todas las ciudades del país. En medio de decisiones judiciales en cuya virtud quedan libres los capturados en flagrancia, quienes reinciden, son capturados, vuelven a reincidir y vuelven a quedar libres, en un incomprensible círculo vicioso que confunde el debido proceso con la impunidad.

Todo esto deja ver que -contra lo que quisiéramos- los colombianos no vivimos en paz. La paz es un bien social integral que debe ser disfrutado, percibido y sentido en la vida real de la comunidad, más allá de un simple documento firmado por el Gobierno con una cierta organización guerrillera. La tan publicitada por el presidente Santos a nivel internacional, no existe. Lo que contemplamos en general es impunidad, impotencia oficial ante el delito, pérdida del principio de autoridad, incapacidad real de la organización política para perseguir y sancionar a los criminales y terroristas, y la inutilidad de las medidas que se adoptan, todo lo cual lleva a que, en la práctica, las autoridades públicas no estén pudiendo garantizar,  como lo exige la Constitución,  la vida,  honra,  bienes,  derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia.

Varias veces hemos resaltado que una sociedad no puede funcionar sin el Derecho,  y que ese Derecho,  a su vez,  no sirve si se reduce a un complejo normativo inasible y contradictorio, y totalmente teórico, carente de efectividad, incapaz de generar impacto alguno en la vida real de la ciudadanía.  Si el Derecho es inane, si sus previsiones son apenas buenos deseos del Constituyente o del legislador, es como si no existiera y en el seno de la sociedad se imponen las vías de hecho, el delito impune y el caos.

Presenciamos la ineficacia del Derecho, la impotencia del Estado para hacer valer el orden jurídico, con una Fuerza Pública maniatada y con la malsana tendencia oficial a prometer perdón anticipado de los crímenes y su insistencia en mantener diálogos con grupos armados que no quieren dialogar sino distraer y seguir delinquiendo.

Reiteramos lo dicho: con la impunidad se tolera el delito, en contra del interés colectivo, en cuanto se multiplica y difunde la tendencia a violar la ley. El delito impune  lleva al delincuente a repetir los hechos punibles y conduce a otros a delinquir, porque saben que nada pasará. El mensaje que recibe la comunidad es muy negativo. La impunidad comporta, para el ciudadano, la natural sensación de inseguridad y desazón. El temor a quedar, junto con su familia, en manos de la delincuencia.

Una reacción colectiva ante la impunidad es la tendencia -entre nosotros cada vez más frecuente- a hacer justicia por mano propia. Algo que no se justifica pero se percibe: linchamientos y venganzas cuando las comunidades han visto que la justicia no opera y que los delincuentes quedan libres.

 

Un propósito nacional debe ser, entonces, la aplicación real y efectiva del Derecho. Otro: acabar con la impunidad y no seguir, mediante ella, estimulando el delito.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

En la sin salida

Por Amylkar D. Acosta M.-La primera observación que tengo que hacer con respecto a lo que se conoce de las recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional para determinar laos pasos a seguir luego de la intervención a ELECTRICARIBE,  no dice nada nuevo que ya no se supiera, es como llover sobre mojado. En su diagnóstico llega a las mismas conclusiones a las que había llegado el estudio que contratamos con la experta y ex comisionada de la CREG Carmenza Chahín hace ya casi 4 años, cuando me desempeñaba como Ministro de Minas y Energía.

Una falencia fundamental de las nueve opciones planteadas por la FDN es que en las mismas se hace abstracción de una realidad del tamaño de una catedral y es el hecho que, aunque ELECTRICARIBE esté intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos con fines de liquidación, sus activos siguen siendo de su dueño, Gas Natural Fenosa (GNF). Estamos en presencia de una intervención y no de una confiscación. Por consiguiente, esta se convierte en una gran restricción y reduce el margen de maniobra para implementar cualquiera de ellas, máxime cuando hay de por medio una controversia no resuelta interpuesta por GNF ante la CIADI.

Es evidente que en el contexto planteado por la FDN se requiere encontrar primero que todo una fórmula de transición, que no puede ser  “contratar un gestor” al que habría que pagarle una “comisión de gestión” por hacer lo mismo que viene haciendo el interventor, mientras se adelanta el proceso para la escogencia del nuevo operador. Ello, en razón de que de otro modo se prolongaría en el tiempo la solución, a la espera, entre otras cosas, de los ajustes regulatorios requeridos, que son condición sine qua non para lograr la viabilidad y sostenibilidad de ELECTRICARIBE, tanto desde el punto de vista financiero como operativo.

Pero la peor de todas las opciones que plantea la FDN es la que plantea contratar “un operador que presta el servicio por su cuenta y riesgo, el cual recibe las tarifas y le paga a la distribuidora un derecho de cesión. Otras entidades recaudan y depositan los ingresos en una fiducia. El pasivo pensional sigue a cargo de la distribuidora”. Rico Don Pepe!

Coincidimos con la FDN en que ELECTRICARIBE “no resulta atractivo para un inversionista bajo la Resolución 019 de la CREG”, que está para comentarios y en que “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifa que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”. Esta Resolución no consulta para nada la realidad del mercado de la región Caribe y por ello deja sin resolver el nudo gordiano en que se ha convertido la regulación. De hecho, como lo manifestamos con respecto a la Resolución de la CREG 097 de 2008, ésta, al tomar como referencia el costo medio histórico y no el costo medio de largo plazo, que propusimos, se da una señal que va a contrapelo de la necesidad de incentivar las inversiones necesarias en expansión para garantizar una mayor calidad y confiabilidad, amén de la reducción de las pérdidas, ya que no le son reconocidas al operador sino ex post. Ello es claro como el agua y este es el busilis de la compleja problemática de ELECTRICARIBE.

En suma, en lo que ha trascendido hasta el momento a través de los medios con respecto a las recomendaciones de la FDN no se vislumbra todavía una propuesta de solución pronta y definitiva a este maremágnum en que se ha convertido la calamitosa situación de la prestación del servicio de energía para los usuarios de la región Caribe, que sigue frenando su desarrollo. Ello es tanto más preocupante si tenemos en cuenta que, según registros recientes mientras el crecimiento promedio del consumo de energía en el país en 2017 fue de 1.3% en la región Caribe fue de 3.8%, de lo cual se colige que el stress de la capacidad de distribución de energía en la región es cada día mayor. Y la única forma de repotenciar y estabilizar la capacidad de ELECTRICARIBE para prestar el servicio y de que este mejore son las inversiones contempladas en el Plan5Caribe, que no se pueden seguir aplazando sin que el sistema colapse.

Está en mora el Gobierno Nacional, particularmente el Ministerio de Minas y Energía, de precisar cuál será la hoja de ruta a seguir, así como también establecer unos plazos y unos hitos de cumplimiento para los distintos pasos a dar en procura de seleccionar un nuevo Operador de red para la región Caribe. En estos días se ha llegado a rumorar la posibilidad de que GNF vuelva a controlar y a operar a ELETRICARIBE, lo que sería impensable. Por ahora estamos en una sinsalida, ya que las recomendaciones de la FDN deja el sinsabor de encontrar en ellas más preguntas que respuestas y lo que es peor llegan en un momento inapropiado para un debate tranquilo sobre las mismas, que no esté interferido por el proselitismo electoral.

Riohacha, enero, 27 de 2018 

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Acumular reservas internacionales

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Es hora de que el Banco de la República vuelva a salir al mercado a comprar dólares. Por dos razones: porque se necesita aumentar el nivel de las reservas internacionales y porque hay que presionar al alza el precio del dólar e impedir la gripa holandesa que nos está produciendo la subida del precio del petróleo.

Como le sucede a cualquier empresa, un país se tiene que endeudar cuando sus egresos corrientes son mayores que sus ingresos. Es lo que le ha pasado a Colombia en lo que va corrido del siglo como resultado de la imperante política de apertura hacia adentro y de haber permitido durante más de una década la funesta revaluación del peso.

A principios del siglo, los pasivos internacionales del país ascendían a USD 22.300 millones, pero desde ese momento, a pesar de los enormes ingresos de la bonanza petrolera, crecieron mucho más los egresos por compras al exterior y hasta el 2014 se acumularon déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos por USD 90.000 millones, de manera que los pasivos subieron a USD 112.000 millones. Sin embargo, en el mismo período el Banco de la República intervino activamente en el mercado comprando dólares, de manera que las reservas llegaron a USD 47.300 millones, y el indicador reservas/pasivos mejoró de 0.4 a 0.43.

Con la caída de los precios del petróleo el déficit aumentó y en 2017 los pasivos internacionales llegaron a USD 146.000 millones (cerca de 50% del PIB). Como el Banco dejó de comprar dólares (inclusive en 2016 vendió 255 millones), las reservas se mantuvieron constantes y el indicador se deterioró hasta 0.32. Para volver a los niveles de cobertura promedio de la década pasada y así tranquilizar a las calificadoras, se necesitaría que el Banco comprara unos USD12.000 millones.

La otra razón para intervenir en el mercado cambiario es evitar la revaluación que está produciendo la mayor oferta de divisas generada por la subida del precio del petróleo. Es cierto que el dólar se ha debilitado frente a la mayoría de las monedas del mundo, pero entre los países emergentes el peso colombiano es el que más se ha revaluado y la TRM ha perdido casi $200 en lo corrido del año y ha llegado a estar por debajo de los $2.800, precios que no se registraban desde el 2015. 

Si se maneja bien, la minibonanza petrolera puede ser una bendición para disminuir los déficits externo y fiscal.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La misión de la JEP

Por José G Hernández.- Se ha dado posesión a la mayoría de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y hacemos votos porque su gestión, ceñida a los valores y principios constitucionales, permita ir aclarando el panorama general sobre la aplicación del Derecho en un marco de justicia transicional.

Los nuevos jueces, a varios de los cuales -comenzando por su presidenta, la doctora Mirtha Patricia Linares- conocemos desde hace años y sabemos de su rectitud y ponderación, tendrán a cargo la delicada labor de cristalizar, en los procesos que conduzcan y en sus decisiones, los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro de los cuales debe operar la fase judicial del culminado proceso de paz con las Farc y el desarrollo de los acuerdos firmados con el Gobierno y, por supuesto, de las normas constitucionales y legales en vigor.

Por ahora, solamente habrá una primera etapa de organización interna y de adecuación administrativa, ya que lo propiamente judicial depende de la entrada en vigencia de la legislación estatutaria ya aprobada por el Congreso pero todavía sujeta a la revisión de la Corte Constitucional. También habrá que definir cuál será el procedimiento que deba ser aplicado, de modo que no es exacto afirmar que la JEP esté ya, desde hoy, administrando justicia. Lo comenzará a hacer dentro de unos meses, pero hay que darle un tiempo razonable, entre otras cosas porque, dadas las especiales características de su función, son muchos los asuntos por definir. No se puede improvisar, ni actuar a las carreras.

Los magistrados ya están investidos y, por tanto, representan al Estado colombiano en lo que toca con los delitos a los que se refiere el Título transitorio de la Constitución introducido por el  Acto Legislativo 1 de 2017, es decir,  “las conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”.

La misma norma constitucional estipula que “sus objetivos son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas”.

Para llevar a cabo sus cometidos institucionales -lo que no será fácil- los magistrados deberán fundarse en una concepción sistemática que integre los principios y reglas esenciales de la Constitución de 1991 con las disposiciones especiales de la Justicia transicional. Lo que se espera de ellos, como de todo juez, es su imparcialidad, su rectitud, su carácter incorruptible, su eficiencia, y especialmente su independencia. Ellos no dependen ni del Gobierno, ni de las Farc, ni de nadie. Se deben solo a la Justicia.

La misión confiada a los señores magistrados de la JEP, como lo dice el Acto Legislativo que la creó, hace parte de un sistema integral, con un objetivo específico, sobre la base de reconocer a las víctimas del conflicto armado como ciudadanos con derechos, y las decisiones que adopten están orientadas a lograr “un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto”.

Aunque desde la Academia hemos formulado algunos reparos a las normas constitucionales  aprobadas al respecto, lo cierto es que han sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional y, compártase o no el fallo, es menester acatarlo.

Deseamos el mayor éxito a los magistrados de la JEP, y esperamos que realicen una verdadera paz y que administren una auténtica Justicia.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

5 lecciones de liderazgo de mis horas más oscuras

Por Sir Elton John. World Economic Forum.Hay mucho que aprender sobre el liderazgo, especialmente cuando uno va, como lo hice yo, de un ámbito a otro. Después de una carrera en la música y luego un cuarto de siglo de generar conciencia acerca del VIH/sida, existen cinco cosas que creo que deseo transmitir y le debo todo este conocimiento a un joven valiente llamado Ryan White.

La primera lección que aprendí es la importancia de encontrar una pasión, y seguirla. En este sentido, tuve suerte desde el principio. Descubrí mi amor por la música cuando tenía tres años de edad. La primera vez que escuché a Elvis Presley, supe que eso era lo que quería hacer. Mi pasión surgió sin más.

No existe un camino directo al éxito y no lo hubo para mí. Mi padre, por ejemplo, creía que seguir una carrera musical era algo escandaloso e inaceptable. Aunque yo no me desanimaría. Me mantuve firme y descubrí que me encantaba. Me brindó alegría y abundancia material más allá de mis sueños más locos.

Sin embargo, una vez que obtuve estas gratificaciones, comencé a perderlas y, lo que es peor, comencé a perderme yo. Mi humanidad esencial comenzó a disolverse en un exceso de drogas y alcohol. La fama, que en un principio parece una bendición, pronto resultó ser también una maldición. Lamentablemente, reaccioné muy mal. Me convertí en una persona despreciable: egoísta, egocéntrica y desconectada. Eso equivale a una segunda lección dolorosa, una que aprendí al hacerlo todo mal. Un buen líder es alguien que tiene una integridad moral que sobrevive al éxito y al fracaso.

Pero, afortunadamente, es posible cambiar. Esta es mi tercera lección: que el futuro siempre está en nuestras manos. Fue cuando toqué fondo que tuve la gran suerte de conocer a Ryan White y a su madre, Jeanne. Ryan había contraído sida mediante una transfusión de sangre y, para agravar ese dolor, la sociedad lo había tratado con salvajismo, las reacciones a su afección iban de una terrible indiferencia a un desprecio cruel. Leí sobre la enfermedad de Ryan, la manera en que él y su familia estaban sufriendo, y sentí indignación. Quería ayudarlos, aunque ellos terminaron ayudándome mucho más a mí.

Sentí una gran admiración al ver a Ryan y Jeanne combatir la infamia, la discriminación y el odio con la gracia más absoluta. Su capacidad para hacer frente a la adversidad real me ayudó a animarme a cambiar mi propia vida. Ryan White fue la chispa que me ayudó a recuperarme de mis adicciones. Gracias a que él me enseñó una lección muy importante, inicié la Fundación Elton John contra el sida.

La Fundación tiene ahora 25 años, y durante el último cuarto de siglo he tenido el privilegio de generar conciencia y recaudar fondos para las organizaciones que están en las líneas de frente de la epidemia. Esto lleva directamente a la cuarta lección, que es que no hay nada más profundo y más poderoso que el reconocimiento de nuestra humanidad común.

Esto es más que una obviedad; es la base del progreso en cuestiones como el VIH/sida. Cuando podemos pensar que algunos seres humanos están por debajo de nuestra dignidad, como solíamos hacer, es fácil cerrar los ojos ante su sufrimiento. Cuando comenzamos a pensar en todos ellos con un sentido de solidaridad, somos conscientes de que quienes sufren son como nosotros. Ese es el impulso que con el tiempo conduce a la organización colectiva de ayuda. Es el momento en que comenzamos el proceso de sanación.

Hoy más que nunca necesitamos el proceso de sanación porque el avance que hemos logrado está bajo amenaza. Los fondos para la Ley Ryan White CARE (Comprehensive AIDS Resource Emergency, Recursos Globales de Emergencia contra el Sida) y los servicios de prevención del VIH están en peligro. La asistencia de la salud para los más pobres y vulnerables está siendo atacada. Las políticas de inmigración injustas obligan a muchas personas a tener que mantenerse en la clandestinidad y lejos de la asistencia médica y los servicios que necesitan. Una vez más, la injusticia racial y la violencia están aumentando. Los avances logrados con gran esfuerzo en cuanto a las libertades civiles de las personas LGBT corren peligro de ser rechazados. La violencia contra las personas transgénero está aumentando vertiginosamente.

Sin embargo, este no es un llamamiento a la desesperación, porque la quinta y última lección es que existe una respuesta para la esperanza y que el progreso puede triunfar. El mundo puede inclinarse hacia la luz. En el mundo del artista, esto puede hacerlo un individuo o un pequeño grupo de hombres y mujeres con ideas afines. En nuestra vida social, una sociedad buena debe unirse.

En conciertos en Tel Aviv, he visto a judíos, árabes, cristianos y musulmanes unirse en el mismo espíritu y apreciar la misma música. Desde Moscú a Beijing y desde la ciudad de México a Johannesburgo, he visto a millones de personas de diferentes edades, nacionalidades, partidos políticos y religiones unirse para celebrar.

Y a través de la obra de la Fundación Elton John contra el sida, he sido testigo y he participado en un increíble viaje hacia el progreso contra la estigmatización, la discriminación y la desinformación. He trabajado estrechamente con los activistas que se enfrentan a los grupos de poder. Me he tomado de la mano con demócratas y republicanos para unirme en un llamado por el cambio a través de PEPFAR, un programa histórico del gobierno de los Estados Unidos para abordar la epidemia del sida que ha salvado millones de vidas en todo el mundo. 

Ese proceso de unión comienza con el abrazo de nuestra humanidad común. No hay una lección más grande.

Escrito por Sir Elton John

Hacia un nuevo pacto mundial sobre la migración

Por António Guterres.- La migración impulsa el crecimiento económico, reduce las desigualdades y conecta distintas sociedades. Sin embargo, también es una fuente de tensiones políticas y tragedias humanas. La mayoría de los migrantes viven y trabajan legalmente. No obstante, una minoría de personas desesperadas ponen en riesgo su vida para entrar en países en los que se enfrentan a la sospecha y los abusos.

La presión demográfica y los efectos del cambio climático en las sociedades vulnerables pueden provocar un mayor aumento de la migración en los próximos años. Como comunidad mundial, nos enfrentamos a una elección. ¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad internacional o un fenómeno marcado por la inhumanidad y las fricciones sociales?

Este año, los Gobiernos negociarán un Pacto Mundial sobre la . El Pacto será el primer acuerdo internacional de carácter global de este tipo. No será un tratado formal. Tampoco impondrá obligaciones vinculantes para los Estados.

Más bien es una oportunidad sin precedentes para que los dirigentes contrarresten los perniciosos mitos que se ciernen en torno a los migrantes y establezcan una visión común sobre la manera de lograr que la migración beneficie a todas nuestras nacones.

Esta es una tarea urgente. Hemos visto lo que sucede cuando se produce una migración a gran escala sin mecanismos eficaces para gestionarla. El mundo se estremeció ante los vídeos hechos públicos recientemente de migrantes vendidos como esclavos.

Por aterradoras que sean esas imágenes, el verdadero escándalo es que miles de migrantes corren la misma suerte cada año y no queda constancia de ello. Muchos migrantes más están atrapados en empleos precarios y degradantes que, en definitiva, bordean la esclavitud.

Actualmente hay casi seis millones de migrantes atrapados en el trabajo forzoso, con frecuencia en las economías desarrolladas.

¿Cómo podemos poner fin a esas injusticias y evitar que se repitan en el futuro?

A fin de establecer una dirección política clara sobre el futuro de la migración, creo que son tres las consideraciones fundamentales que deberían orientar los debates del Pacto.

La primera es reconocer y reforzar los beneficios de la migración, que con tanta frecuencia se ignoran en el debate público. Los migrantes hacen enormes contribuciones tanto a sus países de acogida como a sus países de origen.

En efecto, los migrantes aceptan empleos que no puede cubrir la fuerza de trabajo local, de modo que impulsan la actividad económica. Muchos son innovadores y emprendedores. Casi la mitad de todos los migrantes son mujeres que buscan una vida mejor y oportunidades de empleo.

Los migrantes también realizan una gran contribución al desarrollo internacional mediante el envío de remesas a sus países de origen. Las remesas ascendieron a cerca de 600.000 millones de dólares el año pasado, es decir, tres veces más que toda la asistencia para el desarrollo.

El desafío fundamental es aprovechar al máximo los beneficios de esta forma de migración ordenada y productiva y acabar con los abusos y los prejuicios que hacen que una minoría de migrantes vivan un infierno.

En segundo lugar, los Estados deben fortalecer el estado de derecho dando un impulso a la forma de tratar y proteger a los migrantes, en beneficio de sus economías, sus sociedades y los propios migrantes.

Las autoridades que levantan grandes obstáculos a la migración, o imponen graves restricciones a las oportunidades de trabajo de los migrantes, infligen un daño económico innecesario a sus propios intereses, ya que imponen barreras que impiden que sus necesidades laborales se cubran de forma legal y ordenada.

Lo que es aún peor, esas autoridades involuntariamente alientan la migración ilegal.

Cuando a quienes desean migrar se les cierran las vías legales para viajar, inevitablemente recurren a métodos irregulares. Esto no solo los coloca en una posición vulnerable, sino que además socava la autoridad de los Gobiernos.

La mejor manera de acabar con el estigma de la ilegalidad y el abuso en torno a los migrantes es, de hecho, que los Gobiernos establezcan más vías legales para la migración, eliminando los incentivos para que las personas quiebren las normas y atendiendo mejor a la necesidad que tienen sus mercados de trabajo de mano de obra extranjera.

Los Estados también tienen que colaborar más estrechamente para compartir los beneficios de la migración, por ejemplo, estableciendo asociaciones de colaboración para determinar cuáles son las lagunas importantes en las competencias existentes en un país que pueden cubrir migrantes cualificados de otro país.

En tercer y último lugar, se requiere una mayor cooperación internacional para proteger a los migrantes vulnerables, así como a los refugiados, y debemos restablecer la integridad del régimen de protección de los refugiados de conformidad con el derecho internacional.

La suerte de los miles de personas que mueren en su infortunado intento por cruzar mares y desiertos no es solo una tragedia humana. También representa el fracaso más grave de la política, puesto que los movimientos no regulados de masas en circunstancias desesperadas alimentan la sensación de que las fronteras están amenazadas y los Gobiernos no las controlan.

A su vez, ello conduce a controles fronterizos draconianos que socavan nuestros valores colectivos y contribuyen a perpetuar las tragedias que demasiado a menudo hemos visto en los últimos años.

Debemos cumplir nuestras obligaciones básicas para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los migrantes a los que el sistema actual ha fallado.

Debemos adoptar medidas urgentes para ayudar a quienes están ahora atrapados en campamentos de tránsito o en riesgo de esclavitud o se enfrentan a situaciones de gran violencia, ya sea en el Norte de África o en América Central. Debemos contemplar la adopción de medidas internacionales ambiciosas para reasentar a quienes no tienen adonde ir.

También deberíamos tomar medidas, mediante la asistencia para el desarrollo, las iniciativas de mitigación del cambio climático y la prevención de conflictos, para evitar esos grandes movimientos de población no regulados en el futuro. La migración no debería significar sufrimiento.

Debemos tratar de lograr un mundo en el que podamos celebrar la contribución de la migración a la prosperidad, el desarrollo y la unidad internacional. En nuestro poder está alcanzar este objetivo colectivamente. Este año, el Pacto Mundial puede ser un hito en el camino para conseguir que la migración realmente beneficie a todos.

Escrito por Por António Guterres.