Opinión

Bienvenida la oposición

Por Jairo Gómez*.- Qué tal el presidente electo Iván Duque, calificando de hirsuta la oposición que a partir del próximo siete de agosto ejercerá, legítimamente, Gustavo Petro, a quien ocho millones de colombianos le delegaron esa responsabilidad. No se dio cuenta, el nuevo mandatario, que los resultados vistos en las urnas revelan claramente que este país cambió y que, para bien de la democracia, el nefasto Frente Nacional desapareció.

Este 17 de junio nació en Colombia una oposición que desde de la otra orilla, sin prebendas ni canonjías, asumirá un verdadero control político, hará un estricto seguimiento a las acciones de gobierno y vigilará que el acuerdo de paz llegue a buen puerto. Eso es sano para un país que encontró en el voto el mejor instrumento de cambio. En el inmediato pasado convocaban a los colombianos cada cuatro años a las urnas. Eso cambió. Hoy hasta para salvar los páramos contamos con un instrumento para protegerlos, el voto; voto que ejerceremos en tres o cuatro meses, de nuevo, para erradicar a los corruptos sufragando a favor del referendo anticorrupción.

Una oposición fuerte, vigorosa, prácticamente inédita en nuestra vida republicana, es lo más positivo que dejó este debate electoral; porque este proceso va más allá de los ocho millones de colombiano, va camino a constituirse en una verdadera alternativa de poder, despertando, sin prisa pero sin pausa, una conciencia crítica en las nuevas generaciones en torno al valor de las acciones políticas.

El suyo, como lo han dicho Petro, Claudia López, Navarro, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, es un proyecto con vocación de poder, no para dejar constancias históricas. Será una oposición rigurosa que además podrá recurrir a la réplica después de una alocución presidencial. En algo se avanzó.

No puede ocultar el presidente electo, Iván Duque, que tras su gobierno acecharán las sospechas de corrupción si sus propuestas son negociadas con un Congreso que hará valer sus mayorías aplastantes y le cobrarán por ventanilla ese apoyo. Todos sabemos que toda esa caterva de políticos tradicionales, no da puntada sin dedal: su apoyo cuesta y mucho dinero. Pero ocho millones de colombianos estarán vigilantes y harán piña para denunciar esos desmanes.

No se trata de sacar conclusiones absolutas, sino de mirar el presente y el futuro de la democracia colombiana. El mundo no camina en línea recta, luego no es una utopía pensar que Colombia dará un viraje a la izquierda seguramente en los próximos años. Las ataduras al pasado de la derecha, esa sí hirsuta y aglutinada bajo la égida uribista, consolidarán, en los próximos cuatro años, las políticas económicas neoliberales, la situación agraria pasará por el tamiz de los dueños de la tierra, y los campesinos, como siempre, se quedarán viendo un chispero. Seguramente Duque se rodeará de tecnócratas para dejar en sus manos el futuro fiscal. Su tarea inmediata será recuperar los ingresos de la nación a través de la economía extractiva (petróleo y carbón), de la reforma tributaria y pensional en la que subyace el aumento de la edad y, por supuesto, un recorte en el gasto social. El ajuste que se nos viene pierna arriba, no tiene nombre.

Ni qué hablar de la erradicación de los cultivos ilícitos; creo que la erradicación manual en este nuevo gobierno será historia y volveremos, según dictamen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la fumigación con glifosato. Lo dejo ahí, espero equivocarme.

Ardua tarea, pues, tendrá la oposición y el escenario pinta bien porque, desaparecidas las Farc, la derecha no tendrá la disculpa para acabarla a tiros.

Bogotá,D.C, 19 de junio de 2018.

*Periodista

@jairotevi

Escrito por Jairo Gómez

El trabajo en condición digna

Por: Luis Eduardo Castellanos Ávila.- La reciente decisión de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU040 de 2018, reafirma los principios protectores del derecho al trabajo bajo condiciones dignas y justas, tal como lo consagró el Constituyente de 1991 en clara armonía con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo bajo la categoría de derecho fundamental, en consecuencia es un llamado de atención a los empleadores del sector público y privado al respeto de los derechos laborales para sus trabajadores y que no pueden ser desconocidos bajo la utilización de figuras como el contrato de prestación de servicios, cuando se demuestran plenamente los tres elementos universales de la relación laboral.

Decisión que abre la posibilidad a una nueva batalla jurídica para que los trabajadores vinculados bajo el contrato de prestación de servicios puedan reclamar los derechos laborales propios que emergen de una relación de tipo laboral y que se les reconozca todas las prestaciones sociales y económicas.

La providencia constitucional aludida, busca impedir que se sigan ocultando verdaderas relaciones laborales, evitando al mismo tiempo que se desnaturalice la contratación de tipo estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, que se concibe como un instrumento para atender funciones ocasionales que no puede ser suplida con los trabajadores de planta.

Queda suficientemente claro que el cumplimiento de un horario, recibir ordenas directas, la prestación personalizada de la labor por parte del trabajador, la utilización de instrumentos y equipos proporcionados por el empleador para el desarrollo de la actividad contratada, permite demostrar un ocultamiento exprofeso de un contrato realidad, con las consiguientes consecuencias en materia económica de tipo prestacional que del mismo se deriva para los trabajadores.

Importante decisión que resalta la trascendencia del derecho al trabajo bajo la condición digna y justa en un Estado Social de Derecho, como el que consagra la Constitución de 1991, aspecto jurisprudencial que deben acatarse por los empleadores del sector público y privado, en pro de una solución a la problemática que aqueja a los trabajadores, permitiendo mejorar su condición económica, laboral y el bienestar de su núcleo familiar.

Bucaramanga, 19 de junio de 2018

Escrito por Luis Eduardo Castellanos Ávila

Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

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Escrito por Luis Eduardo Castellano Ávila. Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Mundo opaco

Por Moisés Naím*.- A Crimea no la invadió el Ejército ruso. Fueron grupos de civiles armados que en febrero de 2014 insurgieron contra el Gobierno de Ucrania para “independizar” su región y lograr que fuese anexada a la madre patria rusa. Esta es la versión de los medios de comunicación alineados con el Kremlin. No importa que haya evidencias irrefutables de que los presuntos patriotas que tomaron Crimea por las armas fueron, en realidad, efectivos militares rusos a quienes antes de la invasión se les ordenó quitar todas las insignias e identificaciones de sus uniformes, tanques y equipos.

Algo parecido sucede en el mundo de las finanzas. El 40% de las inversiones extranjeras directas que hay en el mundo en realidad no lo son. Cuando una empresa o persona invierte en activos tangibles (máquinas, edificios, etcétera) en otro país, está haciendo una inversión extranjera directa. Pero resulta que el 40% de todas estas inversiones en el mundo son, al igual que los “activistas civiles” de Crimea, un disfraz. Los economistas Jannick Damgaard y Thomas Elkjaer acaban de publicar los resultados de su investigación sobre “inversiones fantasmas”. Descubrieron que “un asombroso monto que alcanza a los 12 millones de billones de dólares (en inglés, 12 trillones), de inversiones extranjeras directas son completamente artificiales: es dinero que se mueve a través de empresas vacías que no llevan a cabo ninguna actividad real”. Son usadas para esconder fortunas, lavar activos o evitar impuestos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el funcionamiento del sistema financiero internacional sigue siendo muy opaco. Con la irrupción de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y otras, llevar a cabo transacciones financieras anónimamente se ha hecho más fácil que nunca antes.

La proliferación de entidades que dicen ser una cosa, pero que en realidad son otra también viene dándose en las organizaciones no gubernamentales (ONG) que presumiblemente tienen fines filantrópicos y de ayuda al prójimo. A veces no son nada de eso. Son vehículos usados para defender subrepticiamente intereses particulares y causas nada benevolentes. Algunos gobiernos también las usan para actuar sin ser vistos. Este tipo de organizaciones se llaman ONGOG: Organizaciones No Gubernamentales Organizadas y Controladas por Gobiernos. Un ejemplo de esto es una organización sin fines de lucro llamada Mundo sin Nazismo. Está basada en Moscú, la dirige un político vinculado a Vladímir Putin y tiene como misión “la difusión de la ideología antifascista en los países que formaron parte de la antigua Unión Soviética”. En realidad, es un instrumento de propaganda y apoyo a las iniciativas internacionales del Kremlin.

No hay duda de que el Gobierno de Vladímir Putin es un entusiasta y eficaz usuario de las opciones que ofrece el opaco mundo de hoy. “El papa Francisco sorprende al mundo y apoya a Donald Trump para la presidencia de EE UU”. Esta fue una de las “noticias” que circuló ampliamente en las redes sociales justo antes de los comicios estadounidenses de 2016. Era falsa, por supuesto. Fue uno de los millones de mensajes dirigidos a los votantes y que, según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, formaron parte de un ataque orquestado desde Moscú. En enero de 2017, las agencias americanas anunciaron que podían afirmar con seguridad que el Kremlin prefería que Donald Trump ganase las elecciones y que el presidente Vladímir Putin ordenó personalmente la “campaña de influencia” dirigida a debilitar a Hillary Clinton y “socavar la confianza de la población en el proceso democrático de Estados Unidos”. En noviembre de 2017 el Gobierno de España también acusó a Rusia de intervenir en la crisis catalana diseminando subrepticiamente información falsa. El Gobierno británico igualmente denunció la interferencia rusa en las elecciones de ese país. Todo muy encubierto.

Naturalmente, el mejor antídoto contra el mundo opaco son medios de comunicación independientes que operan sin la interferencia de gobiernos, partidos políticos, empresas privadas o carteles criminales. Dependemos de ellos para enterarnos de lo que se oculta detrás de los inocentes disfraces que usan organizaciones e individuos nefastos para la sociedad. Por ello, lo más preocupante de estas tendencias a la opacidad es la defenestración de la independencia editorial de los medios de comunicación que nos alertan de las andanzas y fechorías de estos malos actores. En Rusia, Hungría, Turquía, Venezuela, y muchas otras autocracias que intentan parecer democracias, la toma furtiva del control de un periódico, revista, cadena de radio o televisión, por “inversionistas privados” afines al Gobierno y financiados con dinero público es la norma.

El peligro es que este truco también se haga común en países que aún tienen democracias que funcionan.  Impedir que proliferen esta y otras prácticas que hacen el mundo más opaco es una de las luchas más importantes y definitorias de nuestro tiempo.

Washington. D C, 19 de junio de 2018

*Economista y Analista Político.

Escrito por Moisés Naím.

Usa rompe acuerdo atómico con Irán

Por Mario Ramírez.*- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tomó la decisión de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, firmado en el 2015 por el presidente Barack Obama y por las principales potencias mundiales, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania .

Los analistas internacionales dicen que Trump se dejó presionar por Israel y Arabia Saudita, para buscar renegociar un acuerdo más acorde con los intereses de los Estados Unidos.

El acuerdo limitaba el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero los líderes  Iraníes dicen que se niegan a negociar un nuevo acuerdo.

La decisión cayó como un baldado de agua fría en Europa y los aliados de los Estados Unidos, pero Riad y Tel Aviv celebraron la decisión de Trump sobre Irán.

La salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán provocó una grave crisis en sus relaciones con Europa. Las acciones unilaterales de Washington están en contradicción con los intereses de los principales estados europeos como Francia, Alemania y Reino Unido.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó en un mensaje que su país, Alemania y Reino Unido  lamentan la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de abandonar el acuerdo nuclear iraní. El sistema internacional de lucha contra la proliferación de armas nuclear está en juego”, dijo Macron.

La Unión Europea se unió a la lista de lamentaciones. “El acuerdo nuclear pertenece a toda la comunidad internacional y la UE está determinada a preservarlo. Al pueblo iraní le digo: haced porque ninguno lo desmantele, es uno de los más grandes objetivos jamás alcanzados por la comunidad internacional”, dijo la alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini. Además, la jefa de la diplomacia comunitaria agregó que “si Estados Unidos cambia de idea serán bienvenidos”.

La ONU, por su parte, hizo un llamado  al resto de países firmantes del acuerdo nuclear con Irán a seguir cumpliendo con el pacto. El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “muy preocupado” por la decisión del presidente estadounidense y reiteró que el acuerdo nuclear es un “gran logro” de la diplomacia y las políticas de no proliferación.

El pacto nuclear firmado en 2015 había acabado con 34 años de «guerra fría» entre Washington y Teherán, pero la llegada de Trump cortó de cuajo esta especie de reconciliación por la que los iraníes se comprometieron a congelar su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) refleja en cada informe que los iraníes cumplen lo acordado, pero Trump se alineó desde el comienzo con los planteamientos de israelíes y saudíes, que ven a Irán como su gran enemigo regional.

Además de lo inconveniente del rompimiento del pacto, los pasos del presidente de Estados Unidos Donald Trump por la salida de la parte estadounidense del Conjunto plan amplio de acción (CPAA) sobre el programa nuclear iraní, es contrario las decisiones de los estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituyen un incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Como efecto colateral de la decisión, las empresas occidentales que tienen intereses económicos en Irán, incurrirán en pérdidas significativas, por el cese de la ejecución de los contratos, y las limitaciones de trabajar con el gobierno iraní debido a las sanciones impuestas, como por  ejemplo el bloqueo a otorgar la licencia para el suministro a Irán de aviones “Boeing”.

Estados Unidos una vez más demuestra la imprevisibilidad y falta de fiabilidad ante los compromisos internacionales contraídos. La propuesta del presidente de los Estados Unidos D. Trump de celebrar un nuevo acuerdo con Irán en las unilaterales condiciones estadounidenses, no podrá reemplazar el CPAA alcanzado tras enormes esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional.

La propuesta de la Casa Blanca de establecer el nuevo acuerdo no garantiza la preservación de la estabilidad y la seguridad, así como no da ninguna base para la construcción de paz en la región.

Bogotá, D. C, 18 de junio de 2018.

*Abogado y Periodista.

Escrito por Mario Ramírez. Abogado y Periodista.

La deforestación, otro de los retos del posconflicto

Por Guillermo García Realpe*.-Superada la etapa de conflicto con las FARC y hecha la Paz con esa guerrilla, hoy el país se enfrenta a un grave flagelo en materia ambiental de grandes dimensiones que atenta de frente contra nuestro medio ambiente y de paso con nuestra riqueza hídrica,  ¡la deforestación! 

Fenómeno que va en aumento y que cada día arrasa 602 de hectáreas de bosques en Colombia, sin que haya nada que lo contenga, situación que empeora esta triste realidad. 

Según cifras entregadas en su último informe por el IDEAM, este flagelo viene en aumento sostenido, en 2016 se devastaron 179 mil hectáreas, cifra que aumentó en 2017 a 219.973, incrementándose en un 23%. De esta cifra, más de 144 mil hectáreas fueron arrasadas en el arco amazónico. 

El mismo informe señala que para el año 2017, un total de 723 municipios registraron al menos una hectárea deforestada y en la jurisdicción de 25 municipios se concentra el 74% de la deforestación nacional. 

Preocupa mucho este tema y las alarmas están prendidas, pero preocupa mucho más que éste fenómeno se esté presentando a gran escala en zonas de la Amazonía colombiana, de gran riqueza hídrica y ambiental. 

Por ejemplo el ranking de las regiones que más están deforestando lo encabezan los departamentos de Caquetá (60.373 Hectáreas siendo los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano los que más deforestan),Guaviare (38.221Hectáreas), Meta (36.748 siendo los municipios de La Macarena, Mapiripán, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Rico los de mayores índices); Antioquia (20.592 Hectáreas), Putumayo (13.070 Hectáreas),  y lo mismo sucede con otros departamentos como Chocó, Santander, Nariño, Norte de Santander y Vichada que completan el top 10 de esta penosa situación ambiental. 

Pero preocupa también por sí fuera poco, que en zonas ancestrales de presencia de comunidades indígenas la deforestación también haya llegado a niveles críticos, el informe del IDEAM también señala que una de cada diez hectáreas deforestadas a nivel nacional se localiza en áreas de Resguardos Indígenas. Sin embargo,  comunidades como los Nukak-Maku, Yaguará II y Vaupés reportan cifras dramáticas, con más de 8500 hectáreas deforestadas en esos tres resguardos. 

¿Pero cuáles son las principales causas de deforestación?, son muchas, van desde prácticas de minería ilegal, ganadería extensiva, expansión de la frontera agrícola, nuevas colonizaciones de tierra y siembra de cultivos ilícitos que hacen que cada vez más los bosques se vean impactados de manera negativa y generando por supuesto graves afectaciones medio ambientales en un país tan mega diverso como el nuestro. 

Para ponerle freno a esta lamentable situación, se requieren de muchos factores que se deben articular. El primero, con vigilancia exhaustiva, con Fiscalía ambiental, con mayores recursos, con funciones administrativas precisas y sobre todo, hace falta una mayor conciencia ambiental ciudadana. 

Es vergonzoso manifestar que entre el año 2016 y 2017 se duplicó la deforestación en Colombia especialmente en zonas de los departamentos amazónicos, por lo tanto, haremos un debate en el Congreso de la República para mirar responsabilidades  de las distintas entidades nacionales, de los actores regionales, del Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Fuerza Pública, de la Fiscalía General de la Nación, porque Colombia se está quedando sin bosques sino asumimos una responsabilidad inmediata que ponga fin a esta grave amenaza, que es latente, que va en aumento y que aún no es posible contener. 

Bogotá ,D. C, 18 de junio de 2018.

*Senador Liberal de Colombia.

@GGarciaRealpe

Escrito por Guillermo García Realpe. Senador Liberal de Colombia.

La “Democratización” del GEB

La Alcaldía de Bogotá acaba de anunciar la segunda etapa del mal llamado programa de “democratización” del 20% de las acciones que posee en la antigua Empresa Energía de Bogotá, hoy Grupo Energía Bogotá (GEB) que es la joya de la corona de las empresas distritales. Se trata de un proceso de privatización parcial de una empresa pública, que ha sido muy cuestionado no solo desde el punto de vista político sino también financiero.

La venta de acciones del GEB a unos pocos inversionistas se denominó con toda pompa “programa de democratización” para dar la ilusión de que se cumplía el mandato del artículo 60 de la Constitución que impone la obligación del Estado de promover el acceso a la propiedad mediante la democratización de la propiedad accionaria cuando venda empresas estatales.

Es cierto que la Alcaldía cumplió con todos los requisitos de la inútil Ley 226 de 1995, que reglamentó el citado mandato constitucional, pero la realidad comprobada en todas las privatizaciones hechas en los últimos 20 años es que esta Ley solo ha servido para traspasar las propiedades estatales a muy pocos accionistas.

Así sucedió con la venta del 24% de la propiedad de la entonces EEB en 2011. Hoy solo cinco inversionistas son dueños del 90% de esas acciones. De nada ha servido que se cumpla la exigencia de la Ley 226 de ofrecer las acciones en venta en condiciones especiales a los trabajadores y al sector solidario. En esta ocasión también se hizo una primera oferta a estos sectores, pero solo se vendieron el 0,2% de las acciones de la empresa porque no hay un mecanismo práctico que incentive la adquisición de acciones a los pequeños inversionistas.

Desde el punto de vista financiero este segundo tramo de la privatización del GEB a los precios ofrecidos es un mal negocio, como también lo fue el primero, porque la empresa es una de las que reparten mayores dividendos y además tiene grandes perspectivas de valorización por su portafolio de inversiones que incluye empresas como TGI donde hace tres años obtuvo una millonaria utilidad con la recompra del 30% de las acciones. Por eso hay inversionistas privados con mucho apetito por comprar las acciones; si fuera un mal negocio para ellos no lo harían.

Por Mauricio Cabrera Galvis.

Escrito por Mauricio Cabrera

La fascinación latinoamericana por los líderes hegemónicos

Leo Felipe Campos.- Desde que Chávez, Uribe y Lula fueron presidentes de Venezuela, Colombia y Brasil, respectivamente, estos países han recorrido caminos disímiles, pero la sombra descomunal de sus figuras, bien sea a través de la memoria o de una presencia incesante, ha determinado el devenir político de sus repúblicas.

Ser un hombre controvertido al extremo, venerado hasta las lágrimas por sus seguidores, odiado con ferocidad por sus adversarios: esa es la estrategia. Y, por lo visto, rinde frutos. Si no, que le pregunten a Donald Trump.

El candidato del centro en las recientes elecciones presidenciales de Colombia, Sergio Fajardo, quedó tercero y a menos de dos puntos de pasar a segunda vuelta. La mayor crítica que le hacen es que parece “tibio”. En el perverso juego electoral las mayorías desprecian la moderación y la cortesía. Nada de posturas ambivalentes, atrae más la polarización. El discurso habrá de ser altisonante o no será.

Chávez, Uribe y Lula aprendieron no solo a imponer sus reglas entre chistes y amenazas, sino a dominar a través de terceros. Instauraron sus hegemonías a partir de una obscena concentración de poder, lograron fanatizar a sus seguidores a partir del odio a un enemigo —tangible o abstracto— y construyeron una dirección suprema, elevada casi a un plano metafísico.

Luiz Inácio Lula da Silva, figura del Partido de los Trabajadores (PT), símbolo del movimiento sindicalista y la izquierda en Brasil, fue presidente desde 2003 hasta 2011. Culminó su segundo mandato con índices de popularidad cercanos al 80 por ciento y le levantó la mano a quien fuera una ministra eficiente, la exguerrillera Dilma Rousseff. Ella ganó las siguientes elecciones, pero desde 2013 se desataron protestas en decenas de ciudades, entre muchas razones porque Dilma nunca fue Lula. Le faltaba su carisma, su simpatía, esa capacidad de despertar un cariño casi gratuito.

Si bien las protestas no impidieron que Dilma fuera reelecta, en agosto de 2016 el Senado la destituyó. Lo peor para el PT es que en abril el Supremo Tribunal Federal condenó a Lula a doce años de prisión por corrupción. Sin embargo, el exsindicalista aún lidera sondeos de intención de voto para los comicios presidenciales de octubre, según las encuestas más recientes de Datafolha. Está en la cárcel, pero nadie le hace sombra y los petistas lo inscribieron como su precandidato. No tienen plan B, dicen, pero hay una pregunta que se hacen sus electores: si en definitiva Lula no puede optar al cargo, ¿ a quién apoyará?

Del lado opuesto, la opción con más peso es el diputado y exmilitar de ultraderecha Jair Bolsonaro, miembro del Partido Social Liberal. Este hombre enfrenta una acusación formal por racismo e incitación al odio. Sus declaraciones son una oda a la polémica, el desprecio y la falta de ética.

Las hegemonías se han convertido en un problema grave para buena parte de estos países, pero las soluciones no están a la vista. ¿Por qué el centro político flaquea, ni siquiera como antídoto ideal, sino como fórmula convincente que garantice mínimamente la supervivencia de la democracia?

Hugo Chávez gobernó Venezuela casi a su antojo desde 1999 hasta 2013. Sustentado en un discurso anticapitalista de reivindicaciones sociales, supo explotar el desprestigio de los partidos tradicionales y los altos precios del petróleo para alimentar la borrachera del patriotismo con medidas asistencialistas. Se apropió de los poderes públicos y logró un apoyo incuestionable. Cambió la constitución: amplió el periodo presidencial y aprobó la reelección inmediata; luego la reelección indefinida. Ganó todas las elecciones y referendos, menos uno. En su última campaña, mortalmente enfermo y rodeado de una nutrida marea roja, gritó emocionado: “¡Viva el pueblo, carajo! ¡Y viva Chávez!”. Solo él, en tercera persona, podía encarnar la Revolución bolivariana.

Antes de morir ungió como su “heredero” a Nicolás Maduro, quien ganó la siguiente elección por un margen de apenas 1,4 por ciento, pese al evidente ventajismo que le otorgó el Consejo Nacional Electoral. Maduro tampoco fue Chávez, por eso endureció sus posturas. Ha sido hábil en el manejo de conflictos internos y logró la reelección hace semanas en unos comicios carentes de legitimidad. Hoy, adversado por gobiernos de la región, es un tirano salpicado de escándalos y violaciones de derechos humanos, que se aferra al poder a como dé lugar. El chavismo hizo aguas como movimiento hegemónico, pero aún vive, y la oposición en Venezuela no ha sabido elaborar un relato convincente capaz de desmontar todo su poder.

Álvaro Uribe, quien ideológicamente se ubica en la acera contraria, presidió Colombia con mano firme desde 2002 hasta 2010. Su dominio, popularidad e influencia en los sectores conservadores de la política colombiana son indiscutibles. Al igual que Chávez, fungió como caudillo, se apropió de un discurso beligerante y construyó una imagen de hombre duro y administrador eficiente al que no le temblaría el pulso para doblegar a sus adversarios al costo que fuera; un redentor de derecha cuya premisa fue acabar con la guerra desde la misma guerra.

De este modo aglutinó el agradecimiento de una masa que en adelante lo ha respaldado sin importar las acusaciones que lo ubican como una ficha clave del poder paramilitar, un político vinculado con el narcotráfico, responsable directo o indirecto de operaciones de espionaje y grabaciones ilegales —conocidas como chuzadas— e incluso de asesinatos a campesinos por parte del Ejército durante su mandato.

En 2004, logró que se aprobara la reelección inmediata y antes de culminar un segundo periodo quiso modificar la constitución para presentarse a una nueva reelección, pero la Corte Constitucional rechazó su referendo. Obstinado en asegurar su supremacía, impulsó la candidatura de quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Este convenció a los colombianos de que votar por él equivalía a votar por Uribe. Y ganó, pero Santos nunca fue Uribe. Se distanció tanto de su mentor que los uribistas se sintieron traicionados y hoy lo tildan de “castrochavista”.

El uribismo, sin embargo, puede volver a gobernar si Iván Duque, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, derrota el domingo 17 de junio al izquierdista Gustavo Petro.

Estos dos candidatos despertaban el mayor rechazo entre el electorado, según la encuesta de la firma YanHass. Duque se arropa con el manto de Uribe. Petro se vende como alguien capaz de implantar cambios casi imposibles en una sociedad dominada por profundas desigualdades y lo comparan con Chávez.

En este siglo, en Venezuela, Colombia y Brasil solo triunfan propuestas lideradas por hombres carismáticos, fuertes y populistas que visibilizan un enemigo, sin importar que pongan en riesgo las instituciones democráticas. La paradoja en el caso colombiano es que Duque y Petro dependen de los 4,6 millones de votos que obtuvo Sergio Fajardo en la primera vuelta. Esa parece, por ahora, la única opción que le queda al centro: ser apenas la segunda fuerza de oposición y determinar con sus votos cuáles serán las nuevas hegemonías en esta tradición del poder latinoamericano.

Leo Felipe Campos. Cronista, Periodista y Editor.

Escrito por Leo Felipe Campos. Cronista, Periodista y Editor.

El “trilema” colombiano

Por Gabriel Ortiz.-Tal vez esta sea la primera vez que los colombianos se enfrentan, no a un dilema, sino a un “trilema”. Las presidenciales los han sacado de la normalidad. Deben escoger entre tres opciones bien marcadas, para elegir un presidente, que nadie sabe si será para cuatro o más años.

Están en la palestra: Petro, Uribe y el Blanco. Del primero se dice que representa al progresismo, a Venezuela y la extrema izquierda; el segundo, del que no hay muy gratas recordaciones, por sus actuaciones durante ocho años, se considera representado por Duque, joven promesa, hombre ecuánime y limpio, pero mal patrocinado; y el Blanco, que de imponerse podría ser, si se respetara la Constitución, una salvación para este país. ¡Lo graduaron de simbólico!

El uribismo rabiosamente persigue reinstalarse con las tres ramas del poder público bajo su mando. Aún le falta la justicia, pero la tendrá, con este enmermelado y dócil congreso. Una vez el líder camuflado asuma la ¨Casa de Nari¨, abrirá un túnel hacia el Capitolio y tenderá un puente hacia el Palacio de Justicia para terminar la Sinfonía inconclusa que quiso perpetuar desde el 2002. Consolidaría un mandato a lo Maduro que garantizaría borrar los procesos judiciales que se le siguen por los excesos de ocho años.

¡De la paz, olvidémonos! Curiosamente, al contrario de lo que aquí ocurre, el mundo celebra y acompaña el fin de un conflicto entre Corea y Estados Unidos. Las fotos que registraron el apretón de manos entre irreconciliables enemigos inundaron los medios y tanto Trump como Kim Jong Un, escalonan hacia el Premio Nobel. ¿Será que como se desacreditó el de Santos, este también será comprado?

El orbe persigue la paz, mientras Colombia prepara modificaciones a los acuerdos para sepultarla. Otra vez los soldados a cuidar carreteras para que los terratenientes puedan ir a sus fincas, los niños bien puedan comprar carros último modelo, renazcan los falsos positivos, se reactive la corrupción, retumben las motosierras, reaparezcan los apóstoles, las chuzadas y los heridos en combate. Popeye recobraría la libertad y seguramente reestructuraría el DAS.

Mejor será echarle un manto de olvido a toda esa nefasta época y pensar en un país próspero, en paz y sin corrupción; y sin arrogantes políticos fabricando venganzas y alimentando odios. En una nación con tres poderes independientes y unos dirigentes sin sed de poder y afán de enriquecimiento.

Es hora de pensar en unos dirigentes honestos, que construyan una población vacunada contra el populismo. Líderes que no salten de un lado para otro, tras contratos, puestos y corrupción.

Esos saltarines, son los destructores de una democracia, de un orden, de una paz y del bienestar que requiere nuestra patria.

La paz es el anhelo de este sufrido pueblo que, como las Coreas, ha soportado más de 50 años de conflicto. Por ello, estamos ante un ¨trilema¨ que nos obliga acertar entre tres opciones. Dios salve a Colombia.

BLANCO: Por fin quedó listo el vertedero de Hidroituango. Feliz logro.

NEGRO: Martinelli, el presidente chuzador panameño, tras las rejas.

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Escrito por Gabriel Ortiz

La elusiva y crucial labor del Observador Electoral Internacional

Por Christopher Sabatini.- A lo largo de América Latina y el Caribe, los ciudadanos han perdido confianza en las elecciones y en los políticos. Y así como los votantes están cuestionando el proceso democrático, los gobiernos de todo el espectro ideológico también están desautorizando a los vigilantes tradicionales de la integridad electoral; los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros.

La conjunción de ambos fenómenos —la disminución de la confianza en las elecciones y la falta de respaldo a aquellos que garantizan la integridad del voto— crea un problema: ¿qué figura queda para juzgar con credibilidad las elecciones de los próximos meses, que podrían llegar a ser controversiales, en dos de los países más grandes de América Latina, México y Brasil?

Durante los últimos treinta años, grupos de observadores electorales han ayudado a establecer estándares respetados por toda la comunidad internacional para garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes al mismo tiempo que protegen los derechos de los votantes y también han logrado detener la exaltación política cuando los malos perdedores han intentado robar elecciones o poner en duda los resultados. Esto ha pasado en República Dominicana en 1994, en Perú en el año 2000, en México en 2006 y en Ecuador en 2017.

La autoridad de los observadores neutrales para defender unas elecciones libres se sustenta en el compromiso del gobierno que convoca la elección de aceptar que las organizaciones tienen el derecho y la autoridad para determinar si la votación fue justa o no. Ese compromiso hoy está en riesgo.

En noviembre del año pasado, el gobierno de Donald Trump se apresuró a aceptar la disputada reelección del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, un aliado de Estados Unidos, pese a que los observadores de la Unión Europea y de la OEA externaron sus preocupaciones sobre la validez del conteo de votos.

En mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mofó de la comunidad internacional al rehusarse a invitar a observadores independientes para las elecciones presidenciales, que la Unión Europea y otros catorce países denunciaron como un fraude. En cambio, Maduro invitó a monitores electorales espurios, como los de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) y la misión de observadores del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) —dos grupos que han sido apodados “monitores electorales zombis“— para “acompañar” o certificar el proceso electoral, pero sin ninguna pretensión de objetividad.

Organizaciones como esta fueron creadas y respaldadas por líderes autoritarios como el expresidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para darles a sus elecciones una apariencia de legitimidad y para contrarrestar el poder de los observadores electorales internacionales que sí son reconocidos.

El problema se ha magnificado como consecuencia de que muchos presidentes latinoamericanos han permanecido en silencio cuando algunos gobernantes autoritarios han menospreciado a los observadores electorales o se han robado elecciones. Un ejemplo reciente es cuando el presidente boliviano, Evo Morales, obvió los resultados, validados por observadores internacionales, de un referendo popular que le negaba la posibilidad de reelegirse por cuarta ocasión. Los mandatarios de la región fallaron en denunciar los esfuerzos de Morales para tergiversar los resultados.

Justo cuando los estándares electorales están empezando a desgastarse, también la confianza de los ciudadanos en las elecciones y sus resultados han caído vertiginosamente. De acuerdo con el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, de Canadá a Argentina la confianza de los votantes en sus procesos electorales ha caído al 39 por ciento entre 2016 y 2017 después de que en 2004 estuviera en el 61 por ciento, y la confianza en los partidos políticos ha llegado a alrededor del 17 por ciento cuando en 2010 estaba en el 24 por ciento.

La falta de confianza en los sistemas electorales está particularmente acentuada en Brasil y México. Los mexicanos elegirán a un nuevo presidente el 1 de julio, pero solo el 26 por ciento de la población confía en las elecciones. En Brasil se celebrará la primera vuelta el 7 de octubre y, si el candidato ganador no obtiene más del 50 por ciento de los votos —el escenario más probable—, se realizará una segunda vuelta el 28 de octubre y solo el 23 por ciento de sus ciudadanos confía en el proceso electoral.

En México, el candidato populista Andrés Manuel López Obrador, quien lleva una ventaja considerable en las encuestas, hará un tercer intento de ganar la presidencia. En las elecciones de 2006, después de perder por un margen estrecho, se proclamó el presidente legítimo y se organizaron protestas en las calles de Ciudad de México para disputar los resultados. Brasil, por su parte, celebra una de sus elecciones más polarizadas en sus 33 años de democracia.

En el pasado, los monitores internacionales fueron decisivos para contener la agitación social y evitar un colapso político. Pero en 2018 no se sabe quién podrá ayudar a calmar el caos político en un sistema profundamente dividido, en caso de que algún candidato en México o Brasil decida cuestionar los resultados.

Para revertir este peligroso declive en la confianza y credibilidad de los observadores electorales independientes, los organismos multilaterales y los gobiernos de la región deben dejar de ignorar a los grupos ilegítimos que carecen de estándares básicos de profesionalismo y objetividad, y denunciar sus esfuerzos de apropiarse del oficio del monitor electoral serio, profesional y con parámetros confiables. La comunidad internacional —incluidas la Unión Europea y las Naciones Unidas— deberían alentar a los países de América Latina que convocan elecciones este año a apoyar los esfuerzos de los observadores internacionales legítimos.

Los monitores oficiales deben ser invitados a los países latinoamericanos y, antes de la votación, los candidatos tendrían que comprometerse con respetar los resultados que las misiones de observadores validen. Hasta que los gobiernos y los candidatos estén dispuestos a tomar estos pasos, los estándares electorales y los derechos de los votantes continuarán desgastándose y, con ello, la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático más básico: votar.

Christopher Sabatini. Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y Públicas de la Universidad de Columbia y Director Ejecutivo de Global Americans.

Escrito por Christopher Sabatini. Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y Públicas de la Universidad de Columbia y Director Ejecutivo de Global Americans.

Recuperar el diálogo político

Por Juan Fernando Londoño.- Cualquiera que sea el resultado del domingo el país debe entrar en una fase de enfriamiento de las pasiones políticas para serenar los espíritus y actuar con cabeza fría de cara a los próximos 4 años de gobierno.

Si algo hemos visto en esta campaña es el recalentamiento de cabeza, corazón y tripas de candidatos, analistas y especialmente de los seguidores de las distintas campañas. Dado que los más moderados (Fajardo, De la Calle y Vargas) quedaron por el camino, el lapso entre la primera y la segunda vuelta se ha caracterizado por las caricaturas que cada campaña hace sobre el posible gobierno de su contradictor.

Como lo dije hace algunos días, ni Duque va a imponer una dictadura uribista, ni Petro nos va a montar el modelo castro chavista. Pero dado que uno de ellos va a ser el Presidente y el otro el jefe de la oposición, resulta fundamental que el país reconstruya su capacidad de diálogo. Ambos candidatos han mencionado la necesidad de construir consensos, Duque con sus llamados a construir un gobierno de unidad nacional y Petro con su búsqueda de un acuerdo sobre lo fundamental.

El problema es que ambas propuestas van a tener serias limitaciones por las distancias en la visión del país entre los dos candidatos. Resulta improbable, para no decir imposible, que Duque y Petro converjan en una visión sobre el manejo de la economía por ejemplo, pero eso no puede impedir que se abran espacios de diálogo sobre otros temas donde sería deseable la convergencia, como en la educación, e incluso que se construyan consensos en otros campos, como la reforma política. Esto último debería ser lo mínimo en lo que deberíamos estar en capacidad de ponernos de acuerdo dada la coincidencia en la lucha contra la corrupción como eje de todas las ofertas electorales.

Para avanzar en el diálogo político es necesario enfriar los espíritus, con generosidad desde quien gane y con altura desde quien pierda. Ya veremos el tono de los discursos el domingo para saber a qué nos enfrentaremos. Una vez resulte claro quien ocupará la casa de Nariño, se deberían empezar a diseñar escenarios de diálogo que incluyan al conjunto de la sociedad  y no solo a los actores políticos. Una característica de las democracias actuales es que los partidos se quedaron pequeños para representar a la sociedad. Esto es especialmente crítico en el caso colombiano pues la forma como se construye la representación política refleja más el poder del dinero que la pluralidad de los intereses y aspiraciones sociales.

Reconstruir nuestra democracia implica no sólo discutir sobre las reglas de juego electoral, sino revalorizar los valores de civilidad democrática que los sustentan. El respeto y valoración de las ideas de los interlocutores, la eliminación de la discriminación entre amigos  y enemigos y su remplazo por el diálogo entre contradictores.

La conformación del gabinete va a hablar mucho sobre el talante del gobierno. La definición de prioridades también. Pero la forma de abordar el proceso de toma de decisiones será el factor fundamental para determinar si es posible avanzar hacia un país más incluyente o si vamos a empezar una nueva etapa de polarización y radicalismo en las posiciones políticas.

Escrito por Juan Fernando Londoño Ex Viceministro del Interior. @JuanFdoLondono