Opinión

“Que haya petróleo y gas para rato no implica que se abandonen los objetivos de reducir emisiones”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - La demanda de petróleo y gas se va demorar en disminuir más de lo esperado; por lo tanto la producción mundial de estos hidrocarburos continuará aumentando por lo menos hasta el 2040. Esta es una de las conclusiones centrales de CeraWeek, el encuentro anual de los cacaos y los gurúes de la energía a nivel mundial.

La razón principal que explica este cambio de pronósticos es que los anteriores análisis pecaron de optimismo y subestimaron el crecimiento de la demanda total de energías (no solo de hidrocarburos), de manera que, aunque se espera un gran crecimiento de la oferta de Fuentes de energía No Convencionales Renovables (FENCR), esta no será suficiente para satisfacer la creciente demanda de energía.

Según las proyecciones de la EIA del gobierno norteamericano en los próximos 25 años el consumo mundial de energía pasaría de 638 a 855 trillones de BTUs (TBTUs); un crecimiento de 221 TBTUs, o 34 %. Por su parte, la oferta de FENCR crecería 145 %, pero en volumen solo serían 147 TBTUs, es decir que queda un faltante de 74 TBTUs que sería cubierto con petróleo y gas.

Son tres los impulsores del mayor consumo de energías: uno, el crecimiento poblacional, dos, el desarrollo económico de los países pobres y de ingreso medio y tres, el incremento explosivo de los centros de datos y la inteligencia artificial (IA).

En cuanto a la población mundial, se espera que, con un crecimiento moderado de 0.7 % anual, pase de los 8 billones actuales a 9.6 billones. Esa nueva población usará más transporte, electrodomésticos y servicios que se mueven con energía.

El desarrollo económico y la salida de la pobreza de miles de millones de personas en las próximas décadas implicará que tengan acceso a electricidad, que dejen de usar leña para cocinar, que tengan sus propios medios de transporte, en fin que su calidad de vida se acerque a la del mundo desarrollado. El consumo de energía per cápita en África e India es de 17 y 27 millones de BTU respectivamente, mientras que en Estados Unidos es de 297 y en Canadá 377 millones de BTU. La transición energética justa significa recortar esas diferencias, pero implica un gran crecimiento de la demanda de energía.

Finalmente, las proyecciones anteriores no incluían la explosión de la computación. Hoy en Estados Unidos los centros de datos representan el 4 % de la demanda total de electricidad y se estima que para el final de la década consuman más energía que Suecia. Por su parte las necesidades de computación de la IA requerirán la misma energía que consume Holanda.

Que haya petróleo y gas para rato no implica que se abandonen los objetivos de reducir emisiones. El gran esfuerzo de la industria petrolera hoy es descarbonizar su operación hasta hacerla neutra en emisiones y capturar CO2. Además la sustitución de carbón por gas será la otra contribución a la sostenibilidad de la oferta de energía.

Cali, 7 de abril 2024.

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Riesgo este que se ha visto exacerbado por la falta de previsión y la improvisación por parte del Ministerio de Minas y Energía, que no ha sido capaz siquiera de poner a funcionar, como se requiere, sobre todo en las actuales circunstancias, a la CREG, que es la entidad regulatoria del sector”.

Por Amylkar D. Acosta M*. -El año anterior la firma XM, que es la entidad responsable de la administración y operación del Sistema interconectado nacional (SIN) emitió dos alertas tempranas. La primera que estábamos ante la inminencia de un apagón financiero de las empresas distribuidoras de energía por cuenta del abultado saldo de la deuda contraída por sus usuarios, debido a la aplicación de la opción tarifaria, mediante la cual se difirió el pago de las alzas tarifarias durante la crisis pandémica, que ya acumulaba los $5 billones. Así, mientras dichas empresas deben cancelar de contado la energía a los generadores, ello les genera una dificultad en su flujo de caja que podría llevarlas a la insolvencia, la que a su vez podría derivar en un “efecto dominó”, que fue como la llamó en su comunicado de advertencia XM.

En un comienzo el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho desestimó ésta alerta, pero a poco andar, ante el anuncio de Air-e de su imposibilidad de pagarle la energía a sus proveedores, lo que la habría conducido a una limitación de suministro y a la consiguiente intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos se vio compelido a disponer la apertura de un cupo de crédito con tasa de interés compensado en FINDETER, inicialmente por $1 billón, ampliándose posteriormente a otro billón, con el fin de solventar a las electrificadoras.

Luego, XM dio cuenta a través de un comunicado que debido a la incapacidad de las líneas de interconexión de energía de transportar la cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la región Caribe, se estaba registrando una “demanda no atendida”, que es como llama XM eufemísticamente el racionamiento en la prestación del servicio a la cual vienen siendo sometidos los 2.4 millones de usuarios en la región.

Y más recientemente XM le envió al Viceministerio de Minas y Energía Javier Campillo una carta abierta en la cual le pone de presente que “se ha venido informando y dando señales de riesgo sobre la operación actual para atender la demanda de la manera más confiable, segura y económica”. Las razones que llevaron a XM a dar esta señal de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía en el resto del país son múltiples.

En primera instancia su preocupación por “la disminución en la disponibilidad de las plantas hidráulicas asociada a los niveles de sus embalses o por otras restricciones, lo cual puede llevar a situaciones de riesgo para la atención de la demanda en algunas horas del día por no contar con la potencia necesaria para mantener una operación confiable y segura del SIN, en especial en los períodos de máxima demanda”.

No obstante, el negacionismo del Ministro de Minas y Energía, que lo llevó a afirmar sin pestañear el 8 de febrero pasado que “estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño” y que lo llevó a bajar la guardia frente a su amenaza, es el mismo que lo ha conducido a subestimar la alerta del Centro nacional de operaciones (CNO) al considerar que “la fase que estamos enfrentando es la finalización del fenómeno de El Niño, toda esta situación está simulada, calculada, no hemos llegado  a los mínimos críticos, estamos aún por encima de lo que podríamos llamar una situación crítica”. Como Diría David Ospina, tú tranquilo!

Ello tiene como telón de fondo un SIN en un alto grado de stress debido a la insuficiencia de la oferta de energía, que ha venido creciendo a un ritmo del 2.5% mientras la demanda a nivel nacional crece al 8.3% y ello debido al atraso en la ejecución de varios proyectos de expansión de la capacidad de generación. Ello, además está repercutiendo en las alzas tarifas por la presión que ejercen sobre los precios de la energía en Bolsa.

Entre estos se destacan los proyectos asignados en las subastas de 2019 y 2021 para la instalación de los parques eólicos en La guajira, con una capacidad de 2.400 MW, de tal suerte que, debiendo haber entrado en operación los primeros en 2022, hasta la fecha no se cuenta con ninguno de ellos. Ello, además de afectar la capacidad instalada de generación, en tratándose de tecnologías que le imprimen al Sistema una mayor resiliencia frente a las condiciones adversas del cambio climático, su entrada en operación contribuiría a frenar la escalada alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía dado sus menores costos de generación.

A lo anterior se viene a añadir la gran dependencia del SIN de la generación hidráulica, que lo torna muy vulnerable frente al fenómeno del Niño que, como el que se experimenta actualmente ha llevado el agregado del nivel de los embalses que le sirven a la hídricas a extremos del 31%, el más bajo en los últimos 20 años. Este es el detonante de un riesgo latente de un racionamiento del servicio de energía como ya se empieza a dar en la prestación del servicio de agua potable, empezando por la Capital. Riesgo este que se ha visto exacerbado por la falta de previsión y la improvisación por parte del Ministerio de Minas y Energía, que no ha sido capaz siquiera de poner a funcionar, como se requiere, sobre todo en las actuales circunstancias, a la CREG, que es la entidad regulatoria del sector.

A propósito, el Gobierno acaba de designar tres  de los cinco expertos comisionados que hacen falta para completar la nómina, todos ellos en calidad de encargados, yendo a contrapelo del pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional en el sentido que los mismos, además de no ser de libre nombramiento y remoción por parte del nominador, tienen por Ley período fijo de cuatro años y además deben ser de dedicación exclusiva. De esta manera aspira el Gobierno a contar con un quorum precario para tomar decisiones, del cual adolece actualmente, pero que a la vuelta de tres meses, que es lo que dura el encargo estaremos en las mismas. Este es un atentado contra la institucionalidad del sector y es parte de la gestión y/o de la falta de gestión de este Gobierno que ha llevado al sector energético a una crisis inducida.

Cota, abril 6 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”. No hay otro camino.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - El narcotráfico es, sin duda, la causa inmediata de la violencia rural y urbana que azota al país, aunque las peroratas de la izquierda insistan en que la causa de todos los males es la tierra.

Narcotráfico: nuestro mal de males; con muchos síntomas de su gravedad: más corrupción, mayor inseguridad urbana por microtráfico; insostenible inseguridad rural por el control territorial y su consecuencia, la pérdida efectiva de soberanía; y finalmente, montañas de dinero. ¿Cuál es el tamaño de este negocio maldito?

Intentémoslo. En 2002, según el Departamento de Estado de EE. UU. Había 148.000 hectáreas de coca –102.000 según la ONU- y 416 alcaldes amenazados despachaban “a distancia”. Con la Seguridad Democrática, el gobierno Santos recibió a todos los alcaldes en sus municipios, pero veinte años después, en 2022, con cerca de 300.000 hectáreas según EE. UU. -231.000 según la ONU-, hay control territorial de grupos ilegales en 428 municipios que suman más de la mitad del territorio nacional, donde sus habitantes sufren la violencia de los ilegales y la del abandono. Es la “Colombia profunda”, tan profunda que el Estado no ejerce soberanía y sus pobladores están a merced de los bandidos.

¿Cuánto vale el negocio de la cocaína? En 2002, el 70% se exportaba y el 30% se quedaba para consumo local, relación que se había invertido para 2022, año en que Colombia produjo 1.773 toneladas, de las cuales, descontadas las incautaciones, se exportaron 427 y quedaron en el país 675. Con precio promedio de US$30 el gramo en EE. UU. y de US$2 en Colombia -aquí es regalada, para nuestra desgracia-, y con tasa de cambio promedio de $4.256 por dólar, los ingresos del narcotráfico estuvieron por los ¡60,2 billones de pesos!

En enero de 2024 los medios publicaron declaraciones de un especialista en el tema: “Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el peso del narcotráfico en la economía es del orden del 4,5% del PIB”. Pues bien, con un PIB de 1.573 billones para 2023, los ingresos del narcotráfico fueron de ¡71 billones!

Con semejantes recursos, no hay duda de la relación causal del narcotráfico con la inseguridad y la violencia que azotan al país. Todos los grandes actores violentos, tanto las guerrillas comunistas que aún se pretenden “libertadoras” de los desposeídos, como los que se justificaron en la “autodefensa” frente a las anteriores, y el remedio fue peor que la enfermedad; y también los herederos de los capos históricos; todos sin excepción, financian su violencia con el narcotráfico y algunos con sus rentas ilícitas subsidiarias: minería ilegal, extorsión, abigeato, etc., además de la violencia implícita de la corrupción.

Pero entonces hay que preguntarse: ¿Y cuál es la causa del narcotráfico?

La pérdida de los valores y la cultura del dinero fácil, dirán unos; otros que la alta demanda y su buen precio convierten al narcotráfico en un negocio que justifica los riesgos; y no faltaran los que griten contra el imperialismo yanqui y la disoluta cultura occidental.

Ninguno de los anteriores. Es el narcotráfico el que corrompe, y a pesar de sus inmensos ingresos, la demanda y los precios caen por la competencia de las drogas sintéticas y la sobreoferta, que se queda en el país. Al parecer, Colombia sigue sin entender las causas últimas de la violencia y la pobreza rural. El narcotráfico es también un resultado. ¿De qué? Del abandono del Estado a esa Colombia profunda donde hoy los bandidos son señores. La gran causa, la razón última.

Por eso mi cantaleta desde hace 20 años: “La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”. No hay otro camino.

Bogotá, D. E, 7 de abril de 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“El episodio de la fallida reforma a la salud se convertirá en un elemento que radicalizará al presidente en su narrativa de que es imposible lograr los objetivos con un Congreso que bloquea el cambio.”

Por Hubert Ariza*.- Colombia pareciera haber acelerado su viaje hacia un destino incierto, mientras la democracia resiste, la sociedad se polariza, el Gobierno se radicaliza, el Congreso hunde las reformas gubernamentales, la guerra se recrudece, la paz total no avanza, la economía se sacude y el miedo al abismo se convierte en el tema de conversación cotidiana, ante el avance de la oposición, que ha logrado calar su mensaje de que es real la posibilidad de que el presidente Petro cumpla la profecía fatalista de convertir el país, a través de una Constituyente popular, en un nuevo ejemplo de caos socialista.

Se viven tiempos de enorme incertidumbre con un primer mandatario que lidera la agenda política, ejerce el poder con audacia y decisión suicida, cruza límites que nadie había traspasado, y ha puesto al país a hablar de sus iniciativas, con un discurso cada vez más retador sobre los alcances de su visión y capacidad de lograr, contra todo pronóstico, sus grandes propósitos revolucionarios. Hay que ser claros sobre el tipo de liderazgo que ejerce Petro para entender lo que está pasando.

Petro no se hizo elegir para pasar desapercibido y actuar como simple notario de la historia, repartidor del botín burocrático y bombero de crisis recurrentes. Tampoco para cortar cintas, pensionarse con un suculento salario vitalicio, disfrutar plácidamente del título de expresidente y fastidiar a su sucesor. Petro es firmante de los acuerdos de paz de 1991 y desde entonces ha cumplido su palabra, deslegitimado con su acción la lucha armada, impulsado una agenda profundamente reformista y batallado por el poder desde abajo, como una tenacidad única, venciendo toda clase de ataques y conspiraciones de la derecha para eliminarlo -política e incluso físicamente-, para cumplir su objetivo de impulsar cambios profundos en una Colombia marcada por la desigualdad, la inequidad, la corrupción, la inseguridad y la guerra.

Por ese espíritu combativo y capacidad de renacer después de cada debacle política, el hundimiento de la reforma a la salud no será percibida por Petro como una derrota personal, ni como el fracaso de su Gobierno. Un líder de su talante buscará lograr el mismo fin del proyecto hundido usando otros métodos. Es seguro que en nombre de la salud de los colombianos aplicará recetas poco ortodoxas, obligando al sistema a reaccionar y a las EPS a mutar hacia un nuevo modelo soportado en la prevención y la ampliación de la cobertura, otorgándole al Estado un papel más protagónico.

Cuando la tormenta parece más fuerte, el presidente no se dejará arrinconar por los titulares de prensa adversos, que además ignora, ni por las voces de los gremios y expertos, y ahondará en su narrativa para demonizar al Congreso cada vez más hostil y a la oposición, que no tiene, hasta el momento, un líder capaz de confrontar con éxito al presidente, ni convertirse en alternativa de cara al 2026.

El episodio de la fallida reforma a la salud se convertirá en un elemento que radicalizará al presidente en su narrativa de que es imposible lograr los objetivos trazados en favor del pueblo y la modernización del país, con un Congreso de derecha que bloquea el cambio y legisla para mantener los privilegios de una élite voraz y corrupta. En su lógica, un Congreso que no ayuda, estorba. Y alguna solución dispondrá para ese obstáculo.

La palabra cambio, en la lógica petrista, es sinónimo de revolución, un proceso que el jefe de Estado impulsa, haciendo uso de las herramientas que la Constitución le brinda, con decisión y asumiendo todos los riesgos. Y, si es necesario, inventar nuevas vías institucionales para lograr sus objetivos.

Esta salida es, sin duda, la Constituyente popular que, desde la óptica oficial, resolverá todas las crisis que vive un Gobierno acosado por la ingobernabilidad, la falta de un equipo fuerte, técnico y capaz de cruzar el mar embravecido del Legislativo, donde el Ejecutivo está cada vez más solo, pagando el alto costo de haber elegido en la lista del Pacto Histórico a unos pocos notables junto con un equipo de ilustres desconocidos, sumado a su débil capacidad de lograr consensos, con unos ministros incapaces de asumir los retos que les ha impuesto la realidad política.

La Constituyente popular es una alternativa que hoy aparece en el horizonte gobiernista como respuesta de un presidente que agotó el camino de los consensos en el Congreso y con los partidos políticos, que se sintió traicionado por los ministros de otras corrientes diferentes a las suya, que desprecia a la clase política y ha dicho que el tal acuerdo nacional es pura carreta.

Para una administración que lideran militantes, activistas y adoradores de la personalidad del caudillo, es el momento de dar un salto hacia adelante para romper el cerco de la derecha y comprometer a las bases populares, a la sociedad civil organizada, a los campesinos, obreros, estudiantes, indígenas y negritudes, en el diseño de un nuevo modelo político que profundice el espíritu de la Constitución de 1991, revocando las contrarreformas hechas durante tres décadas, y haciendo realidad las reformas aplazadas, entre ellas la hundida reforma a la salud, que Petro convirtió en columna vertebral de su transformación social.

La Constituyente popular es, hasta ahora la apuesta más dura de Petro. Y la más incomprendida. Cada día la idea toma más forma ante los ojos de la derecha, y una gran parte de la opinión pública, como una autopista hacia el descuadernamiento de la institucionalidad y el desmonte del Estado, para instaurar un régimen socialista. Petro, sin embargo, la presenta como una oportunidad de que el pueblo se organice, movilice, pronuncié y ordene, incluso la reelección presidencial.

Una Constituyente así, que podría saltarse al Congreso y la Corte Constitucional, solo produce vértigo a las mayorías, pero, por el contrario, genera en Petro un enorme regocijo por su capacidad de patear el tablero, imponer la agenda y tratar de reorganizar el modelo político, alineando a amplios sectores sociales con la agenda 2026, que ya comenzó a andar. Si algo ha marcado este proceso es, precisamente, el anticipo de la campaña presidencial y la movilización política de la izquierda, el centro y la derecha. El que se duerma no estará en el tarjetón con opciones de poder.

No son tiempos fáciles para nadie. La historia de Colombia se reescribe a una enorme velocidad. Petro no está mamando gallo, como decía García Márquez. Él tiene afán de que sucedan ya las grandes transformaciones, la oposición quiere frenarlas y en medio del caos, el ELN y las disidencias aparecen como coequiperos en el impulso a la Constituyente. La oposición llama a la calle, pero las cosas están sucediendo en los territorios, en las universidades, en los barrios, donde el pueblo reclama la ayuda del Estado y el Gobierno maneja la chequera de la solidaridad que impulsa lealtades. Hay que despertarse y entender que no estamos en la Venezuela de Chávez, sino en la Colombia de Petro, y aquí manda es el realismo mágico, donde Petro sigue buscando, como José Arcadio Buendía, lograr la piedra filosofal, haciendo alquimia con la Constitución.

Bogotá, D. C, 6 de abril 2024

 *Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“Su constituyente habla de acabar la corrupción, pero se abstiene de “tocar”, los carrotanques de La Guajira, los carros de bomberos, los negociados en RTVC y tantos más, producto de la incapacidad e impreparación de quienes él mismo designa”.

Por Gabriel Ortiz*. - Las verdades, bellezas, anuncios y medidas de un gobierno nunca se habían visto con tal intensidad como las que se observan a lo largo y ancho de Colombia durante esta época. El presidente se ha desbocado para sacar adelante tres proyectos que considera como única forma de mostrar una obra de gobierno que lo proyecte en la historia.

Considera que en ellos están resumidas las falencias de una nación que todo lo requiere, para liberarse del poder de terroristas que, apoyados por la droga y el oro ilegal, manejan a su antojo a 50 millones de compatriotas. Esos tres proyectos habrían podido salir adelante, si su terquedad e imperial obstinación, impidió debatirlos democráticamente, aplicando racionales modificaciones benéficas para modernizarlos y extenderlos a toda la población. 

Su extrema y añeja rebeldía que le dieron frutos durante su hábil carrera parlamentaria, más duras amarguras como Alcalde, lo han llevado ahora a buscar vericuetos para escudriñar, otear y hurgar una salida burlando la forma democrática que existe en nuestras normas.

Buscó un escenario superpopular con nombre aglutinante: “Puerto Rellena”, durante una manifestación de indígenas que poco entendieron el lenguaje presidencial con su anuncio: “como no quieren dejarme gobernar, propongo una constituyente”. Así quiso revivir la “séptima papeleta del 91”.

Así quiere perder los dos años que le quedan en la Casa de Nariño, si es que cumple con las normas legales y democráticas que se deben cumplir para convocar una asamblea constituyente. 

Con el mismo desorden de su mandato ha emprendido una serie de giras por varias regiones del país, a las que moviliza el mismo público con cansancio de sus caras, desconcierto y confusión. Las imágenes de la televisión estatal, edita cuidadosamente primerísimos planos con escasos aplausos. 

Durante sus deshilvanadas alocuciones hasta recibe papelitos de su asesora, con informaciones falsas, que él maximiza y, ha convertido en actos subversivos del clan del Golfo, unas marchas de los habitantes de Tierralta que simplemente querían la reparación de una carretera.

Difícil saber, si con rabia, odio o teatro, ordenó a las Fuerzas Armadas detener o capturar a “Iván Mordisco” con urgencia… “pero vivo”. En una guerra como la que adelantan Ejército y Policía en el occidente del país, que es a sangre y fuego, imposible pedir a las fuerzas del orden suspender su acción para evitar que entre los bandoleros dan de baja pueda estar Mordisco, quien así se refirió recientemente sobre el jefe de Estado: “Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos”. 

Su constituyente habla de acabar la corrupción, pero se abstiene de “tocar”, los carrotanques de La Guajira, los carros de bomberos, los negociados en RTVC y tantos más, producto de la incapacidad e impreparación de quienes él mismo designa.

Así es la improvisación en todos los órdenes de un presidente que no encuentra horizonte.

BLANCO: La nueva Fiscal ha dicho que durante su administración habrá más fiscalía, que Fiscal. No aspirará a la presidencia.

NEGRO: La dictadura de Maduro se impone de nuevo garantizando su reelección.

 Bogotá, D. E, 31 de marzo de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo”.                            

Por Amylkar D. Acosta M*. - Se acaba de dar a conocer por parte de ECOPETROL el balance de los resultados de su operación el año anterior, que traen un sabor agridulce. Por una parte el Presidente de la empresa Ricardo Roa resalta el hecho de haber alcanzado una producción récord de 737 mil barriles/día, la más alta en los últimos 8 años. Según el Presidente el Grupo empresarial obtuvo el año pasado “el segundo mejor resultado de su historia”, al tiempo que en materia de inversiones la compañía logró una ejecución del 97% de su plan de inversiones, “el nivel más alto de las últimas ocho vigencias, que fue de $27.2 billones”. No obstante, advirtió que “tras la caída del precio internacional del crudo puede haber un impacto en los dividendos”.

En efecto el precio al que se cotizó el barril de referencia Brent el año anterior cayó desde los US $99 en promedio en el 2022 a US $82 en 2023, del cual se le descontaba a ECOPETROL US $6 por barril y ahora US $9. Esto es, se recibieron US $17 menos por cada barril exportado, por fortuna no se recibió ningún castigo atribuible a la tasa de cambio, ya que esta pasó de $4.255.44, en promedio en 2022 a $4.325.05 en 2023. Este impacto se vio amortiguado por el mayor volumen exportado de crudo, que le representó $7.5 billones. 

Ello, junto con el impacto de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que incrementó el impuesto de renta del 31.4% al 36.6%, 5.2 puntos porcentuales más que el año anterior, incidieron en que la utilidad neta cayera el 42.9% hasta alcanzar los $19.1 billones frente a los $33.4 billones en 2022, que fue un año excepcional. Y, como es apenas obvio en esa misma proporción caerán los ingresos de la Nación por concepto de dividendos y la de las entidades territoriales por concepto de regalías.

Pero, indudablemente, de todos los datos proporcionados el más preocupante es el que hace relación a las reservas probadas remanentes de crudo, que vienen de capa caída, pasando de un año a otro de 2011 MMB a 1.883 MM, 128 MMBPE menos, en una proporción de 6.3%, lo cual se explica por qué el índice de reposición de las mismas, que venía registrando los años anteriores el 100% sólo fue del 48% en 2023, bajando el coeficiente reservas/producción de 8.4 años a 7.6 años. 

Este constituye un campanazo de alerta que debería llevar al Gobierno a reconsiderar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, porque las reservas de ECOPETROL y las del país todo caen sin remedio poniendo en riesgo la autosuficiencia. Este riesgo se extiende a las necesidades y al suministro de gas natural en Colombia. También este energético, llamado a ser el combustible de la Transición energética, escasea y de hecho en coyunturas como la actual no se cuenta con la suficiente disponibilidad para el encendido de las centrales térmicas de generación que le sirven de respaldo a las hidroeléctricas ahora que el fenómeno de El Niño ha reducido el nivel agregado de sus embalses que ya bordea el 33%. Para suplir la necesidad del gas natural se viene importando desde septiembre del año anterior se viene importando gas natural un promedio de 200 millones de pies cúbicos.  

Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo. Según el Presidente de ECOPETROL el año entrante tendríamos un faltante que el estima en el 17%, entre 160 y 170 millones de pies cúbicos/día, para anunciar su importación desde Venezuela.

Además de los aspectos logísticos, financieros y técnicos que pone en entredicho la viabilidad de esta alternativa se viene a sumar el obstáculo que plantea la sanción de los EEUU al Gobierno de Nicolás Maduro. La importación de gas desde Venezuela en este momento, tanto en el corto como en el mediano plazo no es viable. 

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira. Por su parte la CREG deberá implementar cuanto antes la norma que permita integrar plenamente la red de gasoductos del país y así optimizar su transporte y la disponibilidad del energético en todo el país. Esta es la única manera de evitar el desabastecimiento y de garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética. 

Miami, marzo 29 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

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"Ni la falsa tradición ni la prescripción adquisitiva son figuras aplicables a los baldíos de la Nación”

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Muchos poseedores de tierra en el país se podrán ver en problemas en el corto plazo, si han sido beneficiados por una sentencia favorable en procesos de pertenencia por prescripción adquisitiva de predios rurales que fueran baldíos propiedad de la Nación.

Es una información amenazante, sin duda, pero también algo confusa, por lo que es importante explicar los términos, comenzando por la “prescripción adquisitiva”, una figura jurídica mediante la cual se puede solicitar a un juez, en un “proceso de pertenencia”, el reconocimiento de la propiedad de un predio a partir de la demostración de su ocupación y utilización durante 5 o 10 años, según sea ordinaria o extraordinaria la prescripción. En el primer caso, además de las pruebas de ocupación existe un título válido, mientras que en el segundo solo se demuestra la ocupación de un predio que se reconoce como ajeno.

Pues bien, ese proceso es perfectamente legítimo cuando se trata de bienes privados, principalmente para sanear lo que se conoce como la “falsa tradición”, otra figura que no tiene que ver necesariamente con falsedad o dolo, sino con la existencia de títulos no inscritos, caso en el que el predio puede ser un “baldío”, o bien, de títulos imperfectos, muy comunes en nuestra ruralidad, donde si hay notaría no hay Oficina de Registro, lo que promueve una alta informalidad en las transacciones. De hecho, un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro (2018) estableció que podría haber más de 250.000 predios rurales en esa condición.

El problema es que ni la falsa tradición ni la prescripción adquisitiva son figuras aplicables a los baldíos de la Nación, que son “imprescriptibles”, a pesar de lo cual muchos jueces, por las razones que sea -algo que no me corresponde juzgar- han dictado sentencias de pertenencia sobre grandes extensiones de baldíos.

Por esa razón, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-288 de 2022, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, en el término de un año a partir de la notificación de la sentencia, debía, primero: elaborar una base de datos de predios rurales sin antecedentes registrales sobre los cuales se hubiera proferido sentencia de pertenencia; y segundo: a partir de dicha base de datos elaborar un Plan Actualizado de Recuperación de Baldíos.

Ese plazo venció el pasado 17 de marzo, y lo que se conoce es que la ANT, en unión con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Judicatura, ya cuentan con una base de datos de más de 29.000 predios en esa condición de declaratoria de pertenencia dictada por un juez, cuando la única instancia competente para otorgar titulación de baldíos es la ANT.

En efecto, el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 (Ley de Reforma Agraria) establece que “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, (Hoy ANT)… Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.”

Se estima que un 20% de esos 29.000 predios con sentencias improcedentes de pertenencia podrían ser de hasta una UAF, que es la cantidad de tierra para garantizar a una familia la subsistencia y generar algún excedente, los cuales, eventualmente, podrían ser sujetos de reforma agraria por vía de titulación por parte de la ANT.

El 80% restante, sin embargo, podrá enfrentar situaciones jurídicas complejas, al tiempo que el gobierno tendrá entre sus manos una verdadera “papa caliente”.

Bogotá, D. C, 30 de marzo 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Ante la reciente decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza, vale la pena recordar el significado de ese organismo y el valor jurídico de sus determinaciones, que no son apenas insinuaciones o peticiones sino actos de carácter vinculante.”

Por José G. Hernández*. - La ONU fue fundada con propósitos definidos, tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Se buscó, ante todo, consolidar, resguardar y mantener la paz y la seguridad, propender a la solución pacífica de los conflictos, velar por el respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales y poner freno, desde la comunidad internacional, a la opresión y a los abusos y arbitrariedades de las tiranías. Si esa organización no logra esos objetivos, fracasa, y por ello, se requiere otorgar firmeza y efectividad a sus decisiones.

Aprobada en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1949 -con la específica finalidad de limitar al máximo la crueldad de guerras inevitables, estableciendo reglas orientadas a la protección de quienes no participan en las hostilidades (población civil, personal de salud, organizaciones humanitarias, periodismo), así como a los niños y a las personas más débiles, a los heridos, enfermos y prisioneros, fueron celebrados los cuatro convenios de Ginebra. Ellos, sus protocolos y sus adiciones sentaron las bases del Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.).

El Consejo de Seguridad, integrado por quince representantes de los Estados Miembros, tiene por objetivo la preservación de la paz a nivel internacional. Sus decisiones son obligatorias, y es competente para imponer sanciones, si se las incumple.

A propósito de lo que ha venido sucediendo en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, ha debido pronunciarse el Consejo de Seguridad desde hace mucho tiempo. No lo había podido hacer, aunque la mayoría de sus integrantes así lo querían, porque lo impedía el incomprensible uso del derecho de veto por parte de Estados Unidos. Nada se había podido lograr, pese a los muchos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos, de los ataques indiscriminados a la población civil, de las muertes de miles de personas inocentes -entre ellas muchos niños- víctimas de los bombardeos, el hambre y el abandono.

Ese reiterado veto norteamericano había hecho imposible que el Consejo de Seguridad expidiera una resolución vinculante y efectiva para que cese el fuego, sean liberados los prisioneros y rehenes de uno y otro lado, se ponga fin al verdadero genocidio que allí tiene lugar.

Este 25 de marzo, afortunadamente, Estados Unidos no vetó una resolución de cese el fuego (votó en blanco), propuesta e impulsada por Argelia y aprobada por catorce votos a favor y cero en contra. 

Aunque Benjamín Netanyahu ha mostrado su disgusto con Estados Unidos, ya hay una resolución vinculante, proferida por el órgano competente de Naciones Unidas exigiendo un alto el fuego inmediato entre Israel y los militantes palestinos de Hamás, el cese de los crímenes de guerra y lesa humanidad, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, la protección de los civiles y el levantamiento inmediato de todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria. Debe ser cumplida.

Bogotá, D. C, 27 de marzo 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El Niño no se ha ido y sigue haciendo estragos, afectando las fuentes de las cuales se surten los acueductos del país y a los 23 embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas de generación. Este es un juego algebraico de sumas y restas. El nivel de los embalses viene cayendo a una rata de 0.5% diario, al tiempo que se viene reduciendo dramáticamente el aporte hídrico. 
Según el más reciente reporte nivel agregado de los embalses estaba en 35.3%, muy cerca del umbral del 27%, nivel este considerado por la empresa XM, que es la que administra el SIN, como crítico, el cual dispararía todas las alarmas y obligaría a activar las medidas de contingencia para evitar un apagón, las cuales están previstas en el Estatuto de racionamiento. 

Se lo advertimos al Ministro de Minas, que era apresurado, hasta irresponsable, precipitarse a afirmar el 8 de febrero (El Tiempo) que “estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño”, para asegurar que gracias a su gestión lo habíamos superado sin mayores inconvenientes. Pues bien, con sus declaraciones el Ministro dio una señal inapropiada que llevó a las hídricas a seguir generando más allá de los límites de la prudencia, acentuando el desembalse y precipitando la caída del agregado del nivel de los embalses. Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee. 

Entre tanto la participación de la generación térmica, que le sirve de respaldo a las hídricas, merced al cargo por confiabilidad, se acrecienta aceleradamente, superando el 15%. De no ser por su eficaz respuesta ya estaríamos en tinieblas, pero ello tiene un límite que no supera el 55% de la demanda total. Es de advertir que para garantizar la operación del parque térmico, ante la escasez de gas natural se viene importando un promedio de 204 MMPCD a través de la planta regasificadora que opera en Barú (Cartagena) que opera Spec, con una capacidad para procesar 400 MMPCD, cuya viabilidad e instalación en 2016 hicimos posible a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de contar con dicho respaldo ante cualquier eventualidad como la que se presenta en este momento.

Y como el Ministro se mantiene en su lógica, prisionero de sus palabras, se ha abstenido de promover una necesaria campaña de ahorro de consumo de energía, como si se está haciendo con el agua. Sigue siendo cierto el adagio de que es mejor prevenir que tener que lamentar. Dijo Napoleón que cuando se está subiendo se puede detener, pero cuando se baja es muy difícil detenerse y este es el caso. Esto para significar que no se avizora aún un aumento del aporte hídrico ni el freno de la caída de los embalses.

Cuando el Ministro Camacho afirmó que “hoy podemos garantizar seguridad energética” lo dice contando con la capacidad instalada de generación y transmisión que, como es bien sabido es insuficiente para garantizar la confiabilidad y firmeza del SIN, dado el estrecho margen entre la oferta 221 (GWHD) y la demanda (224 GWHD) de energía, que lo mantiene al límite, con el más alto grado de stress. La seguridad a la que hace alusión el Ministro parte de la base que todo el parque de generación hidrotérmico funcione como un relojero suizo.

Basta con que se presente cualquier percance o contingencia como la acaecida la semana anterior que llevó a la salida del SIN de la Central El Paraíso en Mesitas del Colegio y sus 400 MW,  consecuencia de un bloqueo contra la generadora ENEL y estuvo en vilo al país, para que se presente una falla sistémica. Al declararse su indisponibilidad, se afectó la tensión, provocando de paso una mayor velocidad de desembalse en otras centrales adyacentes. Como quien dice estamos transitando por la cornisa.

Lo dijo en su momento la Ministra del Medioambiente Susana Muhamad, al declarar la llegada del fenómeno de El Niño en octubre pasado, el Niño no es un juego. Su comportamiento es errático, su curso es imprevisible lo mismo que su duración. Y no se nos debe olvidar que el detonante del apagón durante los años 1992-1993, que duró 14 meses, fue un error de cálculo de la Junta directiva de ISA, que para aquel entonces controlaba la operación de todo el Sistema, al apostarle a la llegada de las lluvias que nunca llegaron. Qué no se repita la historia!
Los paganines de cualquier imprevisión y/o improvidencia, como siempre, seremos los usuarios que, más temprano que tarde, seremos los que veremos reflejadas en nuestras facturas el alza de los precios y las tarifas.

Miami, marzo 23 de 2024

*Economista, expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

Muchos creyeron que las elecciones regionales habían marcado el fin anticipado del mandato del presidente, pero en pocos días retomó la iniciativa e impuso al país su agenda política

Por Hubert Ariza*. - Muchos creyeron equivocadamente que las elecciones regionales del pasado 29 de octubre habían marcado la derrota del presidente Petro y el fin anticipado de su mandato. Como quienes practican deportes extremos, en pocos días logró recuperarse, tomar la iniciativa, patear el tablero e imponerle al país su agenda política.

Petro, cinco meses después de esa aparente derrota, está hoy más combativo y exaltado que en cualquier otro momento de su mandato, y ha lanzado una ofensiva política que lo tiene en la primera línea -literalmente-, combatiendo en varios frentes, pronunciando discursos acalorados, llenando plazas públicas y organizando las bases populares para enfrentar grandes desafíos, mientras busca superar la desfavorabilidad del 62% en las encuestas.

El primer frente de batalla se libra en el campo de la paz total, que vive su peor crisis, originada por el desafío que ha significado el envalentonamiento del Estado Mayor Central, EMC, las disidencias de las extintas Farc lideradas por Iván Mordisco, que utilizó el cese al fuego como una oportunidad para fortalecerse militarmente y expandir su acción delincuencial y su capacidad de intimidación a la población civil en sus zonas de influencia.

El asesinato a sangre fría, en Toribio, Cauca, de la lideresa indígena Carmelina Yule, de 52 años, fue la gota que derramó la copa y obligó al presidente a firmar un decreto mediante el cual suspendió, el pasado 17 de marzo, el cese al fuego con esa organización ilegal en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde domina amplias zonas dedicadas al cultivo de hoja de coca.

La crisis es tan profunda que Petro, el pasado 20 de marzo, no se ahorró calificativos contra Mordisco, a quien fustigó por no tener voluntad de paz y lo degradó de revolucionario a traqueto, en una manifestación en Tierralta, Córdoba. Traqueto es un calificativo despectivo que se asocia a un escalafón menor en el bajo mundo del narcotráfico.

“Ahora está matando dirigentes campesinos y asesinando al pueblo y habla de revolución. ¡Qué revolución ni qué carajos! ¡Diga la verdad!”, dijo Petro con autoridad.

Ese rompimiento con Mordisco tuvo una rápida respuesta del comandante guerrillero, quien lanzó una bomba política de onda expansiva y graves daños colaterales, y acusó al presidente de traidor. “@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, dijo a través de su cuenta en X, antes Twitter.

Ese frente de batalla es la peor amenaza al logro de la paz total, que hasta el momento ha recibido toda clase de críticas por el uso del cese al fuego por las organizaciones armadas ilegales para fortalecerse y expandir su poder territorial. La consecuencia del rompimiento del cese al fuego con el EMC puede traducirse en un incremento de la violencia. Recuperar las zonas dominadas por el EMC resulta un enorme reto militar para la fuerza pública.

Con el rompimiento con el EMC, la paz total va a necesitar madurez y alta política para recomponerse, para así impedir que las cosas con el ELN crucen los mismos caminos y terminen en nada. Ese proceso, como es conocido, se ha dado en medio de todo tipo de sobresaltos, desencuentros y bastante desconfianza mutua.

El otro frente de batalla abierto por el presidente es el político, con el lanzamiento de su propuesta de realizar una Constituyente, que reforme la Constitución de 1991, que el M-19 ayudó a redactar con Antonio Navarro a la cabeza, y consolidó los acuerdos de paz suscritos durante el Gobierno del presidente Barco. Esa Constitución que modernizó el país es un tratado de paz que hizo posible cinco procesos de reconciliación, incluido el de las Farc en el mandato del presidente Santos, y con las AUC, en los ocho años de Uribe.

La Carta política ha sido, además, el soporte de la paz total. Ese texto, fruto del más exitoso acuerdo político de la sociedad civil en un siglo, es el árbol frondoso que el presidente quiere intervenir a través, inicialmente, de un proceso no ensayado hasta ahora en Colombia: los cabildos abiertos, en los que la sociedad civil organizada es la protagonista y no los partidos políticos.

Los últimos días el país ha visto como el Petro moderado que prometió en campaña proteger la Constitución ha mutado al Petro radical, embravecido, decidido a profundizar la marcha revolucionaria desde los territorios, rodeado de los más fieles activistas. Petro quiere ser amado por el pueblo, como Gaitán, quien dijo “no soy un hombre, soy un pueblo” y lucha por ser un líder universal, sin atadura alguna, ni contrapesos políticos de envergadura.

Para ello, organiza e ideologiza al pueblo, y lo llena de generosos subsidios y obras deseadas por décadas, y si llegado el caso se lo ordena el mandato popular, en los cabildos abiertos pretenderá revivir la reelección para continuar transformando a Colombia en una república más democrática y con sello socialista. Del Petro modelo 2022 solo queda la sonriente foto de campaña.

A pesar del boom mediático, su propuesta de Constituyente sigue sin entenderse. No se sabe aún qué papel jugarán los partidos políticos, los gremios, los medios, las instituciones. Germán Vargas Lleras se atrevió a apoyar la idea y fue recibido a coscorrones. La idea, entonces, se hace cada vez más difusa. Hasta ahora solo hay enunciados y confusión. Para el representante David Racero, por ejemplo, estamos en modo constituyente desde el estallido social.

Lo evidente es que el presidente seguirá trabajando para cumplir su objetivo, tratando de explicarle al pueblo y al mundo hacia dónde va Colombia, en una coyuntura nunca antes vista. No estamos en la Colombia de la década del 90 cuando el narcotráfico sacudió el país y Pablo Escobar pretendió, mediante el terrorismo, sacrificar la democracia para prohibir la extradición; no estamos en el país de la séptima papeleta y el movimiento estudiantil impulsando las grandes reformas; no es diciembre de 1990, cuando un acuerdo político hizo posible la elección de 70 constituyentes y el arribo, provenientes de los acuerdos de paz de la época, de cuatro adicionales.

Estamos en 2024, Petro es presidente, Mancuso está hablando, Uribe se siente acorralado, la paz total está en crisis, hay tres mesas paralelas de negociación con grupos armados ilegales, y nadie entiende cuál es el camino para concretar la Constituyente petrista, ni qué país saldrá de ese experimento. Lo evidente es que el presidente está recorriendo el país, entregando obras, prometiendo vida y soliviantando a los sectores sociales para que entiendan que este es su momento decisivo y actúen en consecuencia.

El primer mandatario está dispuesto a ganar todas sus batallas, tratando de reducirle espacio a la derecha, amenazando al Congreso y las Cortes, atacando los medios de comunicación tradicionales, cada día más radicalizado e inserto en sus objetivos revolucionarios. La oposición de derecha resiste, nadie pierde de vista el 2026, y el país se polariza sin que en el horizonte se vea la oportunidad de un acuerdo político que baje la temperatura al 7 de agosto de 2022, cuando todo era esperanza de cambio sereno y pacífico. Días de mayor ebullición social le esperan a Colombia y el café no calma los nervios.

Bogotá, D. C, 24 de marzo 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.