Opinión

En defensa de la consulta

Por Amylkar D. Acosta M.- El Partido Liberal realizó una Consulta abierta para elegir su candidato de cara a la elección presidencial del próximo mes de mayo, cuando tendrán lugar los comicios, los cuales estarán mediados por los del mes de marzo para elegir a quienes integrarán el Congreso de la República el próximo cuatrienio. Su convocatoria estuvo precedida del pulso entre los eventuales aspirantes que se someterían a la misma y de los cuestionamientos sobre su procedencia, los cuales arreciaron después de conocerse los resultados que arrojó su realización.

Al Partido Liberal le llovieron rayos y centellas tanto a través de los medios como de las redes sociales y entre los señalamientos que se le hacen están la baja participación en la misma (2.12% del censo electoral) y los costos en los que se incurrió ($40.000 millones), para concluir que dicha consulta fue un rotundo fracaso y que se malversaron recursos que bien podían tener una mejor destinación, dadas las afugias fiscales que afronta el Estado colombiano. Tal planteamiento, como trataremos de demostrarlo, además de simplista, entraña varias falacias y sofismas. Y en el debate que suscitó ha habido más calor que luz.

Como lo afirma el Senador Juan Manuel Galán, la Consulta popular para escoger el candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la República fue una conquista que se la debemos a su padre, el inmolado Luis Carlos Galán “y fue el motivo principal por el cual regresó al partido después de haber hecho los diálogos y los acuerdos de unión liberal”. Y coincidimos con él en que de no darse estaríamos “retrocediendo 35 años, volviendo a las malas prácticas que tanto criticó mi padre, donde unos caciques políticos se reúnen y toman todas las decisiones, excluyendo a la base del partido”.

La reforma política contenida en el Acto legislativo 01 de 2009, en procura del fortalecimiento de los partidos políticos, como pilares de la democracia, dejó abierta la opción de que todos ellos puedan “celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas”. El 13 de septiembre de 2017 la Registraduría Nacional al establecer el calendario electoral, mediante la Resolución 100 05, fijó el 19 de noviembre como la fecha en la que todos “los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos” pueden acudir a la Consulta para escoger sus candidatos, “propios o de coalición”, con miras a las próximas elecciones.

Esta Consulta, entonces, no fue un invento ni fue fruto del capricho del Partido Liberal, sino que tuvo sustento en una norma legal. El Partido Liberal no tiene la culpa que 4 de las 5 colectividades que le habían manifestado a la autoridad electoral inicialmente interés en recurrir al mecanismo de la Consulta para escoger sus candidatos, entre ellas el Centro Democrático y el Partido Conservador, al final, por cálculos político-electoral, desistieran de hacerlo y que, por lo tanto, la misma se limitara sólo al Liberalismo.

Con gran despliegue en primera página tituló El Tiempo en su edición del lunes siguiente de la Consulta: “en la Consulta (Liberal) sólo participaron algo más de 700.000 de los 35 millones de votantes habilitados”. Pero, la baja concurrencia a las urnas por parte de los ciudadanos tiene varias explicaciones, empezando por el inveterado abstencionismo en Colombia. Huelga decir que no son comparables unas elecciones ordinarias, sean estas parlamentarias o para elegir Presidente de la República, con una Consulta partidista.

Esta vez otras circunstancias acentuarían lo que ha sido una tendencia en las elecciones ordinarias, tales como el hecho de ser sólo el Partido Liberal quien se sometiera a este mecanismo de participación para elegir democráticamente su candidato, con el agravante de que a la misma finalmente sólo concurrieron dos de los varios aspirantes que se disputaban su nominación a la Presidencia. Y, como si lo anterior fuera poco, por limitaciones presupuestales, la Consulta, para reducir su costo desde los $85.000 millones iniciales a los $40.000 millones,  se limitó sólo a las cabeceras municipales, marginando de dicho proceso a los ciudadanos que tienen sus cédulas inscritas fuera de ellas.

Se ha dicho también que fue un despropósito el haber invertido esa gruesa suma de dinero, supuestamente para satisfacer el “ego” de estos dos ilustres caballeros, que la misma hubiera quedado mejor invertida en casas gratuitas o en el programa Ser pilo paga. Con un cuento parecido, Colombia renunció en 1986 a la Copa Mundo, dizque  que “aquí tenemos muchas otras cosas que hacer”, como adujo el Gobierno y al final no se hizo el mundial y muy seguramente las “muchas otras cosas” tampoco.

Además, sostener y defender la democracia colombiana, por más escarnecida que esté, cuesta y ese costo debe asumirlo la sociedad, podríamos ahorrarnos los gastos que le significan al país las elecciones periódicas de sus autoridades y cuerpos colegiados, amén de las consultas populares o los procesos de revocatoria de mandatos, pero al precio de convertir nuestra democracia en lo que denominaba el Premio Nobel de Literatura José Saramago “un latón que hace mucho ruido y cada vez tiene menos contenido”. 

Medellín, noviembre 26 de 2017 

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