Por Guillermo García Realpe.-El próximo jueves 30 de noviembre vence legalmente los términos que tienen los proyectos que tramita el Congreso de la República por la vía Fast Track (vía rápida) que reduce el número de debates, sin embargo vemos con mucha preocupación que el ausentismo es la constante y la mayor amenaza para que los más importantes proyectos que surgieron de los acuerdos de la Habana entre Gobierno-FARC avancen.
Y es que el freno de mano impuesto por las mayorías en el Congreso tiene literalmente paralizado los proyectos que se debaten por Fast Track, un claro ejemplo de ello es el proyecto que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA-, es uno de los pocos, por no decir el único proyecto que va direccionado a apoyar el sector agrario y al campesinado colombiano, sin embargo llevamos ocho sesiones plenarias discutiéndolo y nada que avanza.
Preocupa mucho el ausentismo parlamentario, la falta de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones parlamentarias pero también con la implementación del proceso de paz.
Mucha gente habla de que quiere mucho al campo, que lo apoya, que promueve la economía rural, la economía campesina, pero no es capaz de sentarse dos horas a discutir un proyecto de ley como la innovación agropecuaria o el tema de la titulación de baldíos en zonas de reserva forestal establecidas por la Ley segunda y que son objeto de posesión y tenencia de campesinos.
Con esa actitud indolente e irresponsable de muchos parlamentarios lo que le están dando es herramientas, argumentos al Gobierno nacional de que busque otro procedimiento regulatorio para la implementación del proceso de paz y uno de esos puede ser el decreto de Conmoción Interior.
Un Plan B, que sin duda, no debió abrirse paso, pues es el Congreso quien tiene la plena facultad y el deber de legislar en este y los demás campos, es triste y lamentable ver lo que ocurre y sobre todo tratándose de los temas de paz y otros que tienen directa incidencia en lo que será el posconflicto.
Sin embargo, para quienes cumplimos cabalmente nuestra tarea de legislar de forma responsable, cumplida y con toda dedicación, seguiremos defendiendo la Paz de Colombia y apoyando todas las iniciativas encaminadas en esa dirección.
Por el procedimiento rápido legislativo ya se ha logrado avanzar en temas como la Justicia Especial de Paz JEP, el proyecto de derechos políticos, participación política, pero no se ha aprobado hasta ahora, el primer proyecto sustancial relacionado con el tema de la reforma rural integral, que desarrolla el punto uno acordado en La Habana entre el gobierno y FARC.
El único y más importante proyecto dirigido a promover el mejoramiento de la calidad de vida de doce millones de campesinos colombianos es el que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, pero el panorama para tramitarlo no es nada alentador.
Preocupa también que en la recta final de la legislatura el ausentismo siga haciendo de las suyas y de paso afecte el trámite de muchos proyectos importantes para el país.
La Paz es un derecho superior, consagrado en la Constitución Política nacional y es deber congresional garantizarlo. Tardamos más de 50 años para acabar la guerra y la confrontación bélica con las FARC y ahora que tenemos todos los instrumentos para darle vida a lo acordado en La Habana no somos capaces de honrar la palabra, por la indolencia de unas mayorías donde en muchos casos prevalece el interés individual y el cálculo político, más no el colectivo de una nación que quiere y aspira a vivir en paz integral.
Sin embargo los amigos de la Paz seguiremos firmes apoyándola, porque sabemos todo lo que genera la violencia, sobre todo en nuestras provincias donde más duro impactó el conflicto armado con las FARC.
