Por Jairo Gómez.-Lo más importante de la Justicia Especial para la Paz (JEP) es que los 48 millones de colombianos tendremos la posibilidad de saber la verdad sobre este conflicto interno que, por fortuna, va camino a ser historia.
Lo he dicho muchas veces en este espacio de opinión tratando de dar luces sobre los alcances de la JEP, y hoy lo reitero: este sistema extraordinario tiene como centro a las víctimas. Víctimas que tendrán derecho a la justicia, reparación, verdad y no repetición. Esto no ocurrió cuando el gran pacto del Frente Nacional cubrió con un manto de impunidad los más de 600.000 colombianos muertos en la violencia bipartidista y menos con la mentada Justicia y Paz que anuló cualquier posibilidad de verdad al ser extraditados los cabecillas paramilitares.
Todas las baterías de opinión, en su mayoría de la derecha, se van lanza en ristre contra un mecanismo que hoy es modelo de justicia transicional en el mundo para superar las crueldades de la guerra en un escenario en donde no hubo vencedores ni vencidos. Por ello es clarificador para el país que la verdad se sepa y que los protagonistas directos e indirectos asuman su respectiva responsabilidad. 51 magistrados probos y lejos de las componendas políticas serán prenda de garantía e imparcialidad, asunto que provoca escozor en sectores que tienen cuentas pendientes con la justicia.
La JEP ya es un hecho, su presencia en el escenario jurídico colombiano es incontrovertible, por eso sectores como el de los militares involucrados en delitos de guerra tendrán que acudir a estos tribunales y no dejarse llevar por cantos de sirena como leyes que buscan sacarlos de la jurisdicción so pretexto de no dejarse igualar a su enemigo, la guerrilla. Es claro que de no someterse a la JEP correrían el riesgo de terminar en los tribunales de la Corte Penal Internacional (CPI). El artículo 28 de la CPI debería examinarse con detenimiento.
Del acuerdo final del Teatro Colón nació la JEP que diseñaron Gobierno (entre ellos militares en ejercicio y retirados) y las Farc. Ahora la tarea es actuar para superar el conflicto sin impunidad y evitar a futuro una intervención de la CPI, aunque su presencia no está del todo descartada.
En ese orden de ideas, aunque la JEP tal como está concebida es prenda de garantía para todos los protagonistas del conflicto, incluidos expresidentes, una eventual intervención de la CPI no es descartable si nos ceñimos a lo dicho en el artículo 27 del Estatuto de Roma que habla sobre la “improcedencia del cargo oficial” y que a la luz de su contenido no perdería competencia alguna para actuar si así lo requieren las circunstancias. Veamos qué dice:
1. El presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per semotivo para reducir la pena.
2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la corte ejerza su competencia sobre ella.
Más claro no canta un gallo. La reciente carta de la Fiscal Bensouda, a la Corte Constitucional es un claro mensaje sobre el interés de la CPI en el caso colombiano. Ello tiene su explicación: es una manera de "desafricanizar" las decisiones de la Corte Penal Internacional, que en su historial de sanciones solo ha condenado mandatarios de ese continente.
