Por Jairo Gómez.-Sin llamarnos a engaños, la justicia transicional que se diseñó en el acuerdo de La Habana es un mecanismo novedoso, con características universales, que busca reconocer, esencialmente, a las víctimas y puede ser útil para resolver otros conflictos del mundo.
Diseñar la arquitectura en que se cimienta la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- le llevó a las partes –Gobierno y Farc- más de un año y medio de discusiones, se consultaron todas las escuelas del derecho en el mundo y examinaron los juicios pos Segunda Guerra Mundial, como el emblemático caso Núremberg, para acertar y evitar que ello simbolizara impunidad. Los negociadores la tenían clara: se trataba de una negociación política, pero sin burlar el derecho de las víctimas a saber la verdad.
Dicho esto, fue necesario aclarar que el conflicto no emergió de un solo lado (la guerrilla), sino que detrás de esa guerra de cinco décadas también tuvieron papel protagónico los agentes estatales y ciertas castas políticas y económicas tradicionales relacionadas con el narcotráfico, y que, producto de esa asociación, prohijaron la pugna armada que degeneró en el paramilitarismo.
No ha sido un camino fácil el concebir la JEP y reglamentarla es inexorable, no obstante la sistemática propaganda de desprestigio orquestada desde algunos partidos en compañía de la Fiscalía. Por ejemplo, Cambio Radical (CR), hoy vagón de cola del Centro Democrático, quiere politizar el tema de la JEP de cara a las elecciones de 2018. El fiscal Néstor Humberto Martínez (NHM), cuyo origen político está en las filas del partido del exvicepresidente Vargas LLeras, interviene en el debate para ponerle obstáculos al mecanismo transicional y argumenta, entre otros asuntos, supuestas incoherencias para torpedear esta instancia que consolida el acuerdo de paz.
Cuestionar la conformación de la JEP y los magistrados elegidos es ocultar el verdadero motivo por el cual los miembros de CR se abstienen de votar la ley estatutaria; la verdadera razón es la embarazosa responsabilidad que le cabe a los terceros en el conflicto, es decir, a quienes desde sus cómodas habitaciones, lujosas oficinas y ostentosas haciendas financiaron la guerra en Colombia durante décadas.
Se le olvida al fiscal, atrapado en un laberinto de espejos, asediado por los escándalos que le persiguen, que la JEP es producto de un acuerdo político entre el Gobierno del presidente Santos, en representación del Estado colombiano, y las Farc, y que pretender modificarlo para asumir desde su despacho instancias de investigación que no le corresponden, siembra muchas dudas.
Ahora, al abanico de ataques contra el acuerdo de paz desde la pasada semana, también se sumó el embajador de los Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker. En una entrevista, a placer, que concedió al periódico El Tiempo no dudó en poner en entre dicho el pacto por unos supuestos incumplimientos de las Farc relacionados con el cuarto punto de la agenda sobre cultivos ilícitos. Da la impresión, y lo digo con todo respeto, que el diplomático no se ha leído el acuerdo en esa materia porque a la letra no existe compromiso alguno de la guerrilla negociadora para revelar testaferros o entregar rutas etc. Pero al mismo tiempo, le mete cizaña al debate de la paz invocando el fantasma de la extradición. ¿Es una amenaza? o ¿es una sutil remembranza?
Le recuerdo al señor embajador Whitaker, que una de las empresas insignes de su país, la minera Drummond, jugó un papel importante en el conflicto y que su aporte fue crear y financiar un grupo paramilitar en el departamento de Cesar que se llamó Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, que comandó alias Tolemaida (hoy en un cárcel de Barranquilla) bajo el mando de Alias Jorge 40, extraditado por el Gobierno de Álvaro Uribe. No lo digo yo, lo dice una investigación de la Organización NO gubernamental PAX Holanda que recoge varios testimonios de postulados en Justicia y Paz.
Esa empresa tendrá que comparecer ante la JEP (responsabilidad de terceros), como lo harán los guerrilleros, los agentes del Estado, entre ellos, el general (r) Rito Alejo del Río, conocido como el “pacificador de Urabá” quien decidió acogerse a los principios de la justicia transicional. Dicho lo anterior, la JEP es por las víctimas y para las víctimas, ellas merecen saber la verdad. Una pregunta final: ¿Por qué le temen a la JEP?
@jairotevi
