Por Jairo Gómez.-No nos debe extrañar la frescura con que el Gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. Así ha sido siempre, durante muchos años de relación bilateral; y eso ocurre porque los presidentes de ayer y de hoy lo admiten, sin reparo alguno, sin reclamar reciprocidad.

Eso explica cómo el imperioso embajador de ese país en Colombia tiene la osadía de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando una decisión judicial que es de su absoluta y soberana competencia. En Colombia la justicia toma una determinación y los colombianos, estemos o no de acuerdo, la acatamos y la respetamos, pero el señor Kevin Whitaker, no.

Tímidamente el presidente Santos, sin mencionar al diplomático, respondió que los fallos de la justicia no deben ser puestos en tela de juicio ni por autoridades nacionales y mucho menos extranjeras. ¿Suficiente respuesta? A mi entender, la reacción del Gobierno debió ser mucho más formal y con nota oficial de la Cancillería a la que, dicho sea de paso, el funcionario ignoró puesto que envió su comunicación directamente a la Corte Suprema, con copia al presidente, a todas las autoridades judiciales, al consejero de Paz y a su asesora, y no a María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores. Qué indelicadeza. 

Pero más allá de esta intromisión lo grave de su carta a la corte es el desmedido cuestionamiento que hace al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc, tras expresar su desacato por una decisión judicial, al amparo de la JEP, que favoreció, recientemente, a un guerrillero de las Farc sindicado, en su país, de haber secuestrado a un ciudadano estadounidense. Asegura, el embajador, que “la decisión de la corte es inconsistente con las metas del Proceso de Paz y por ello pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados con dicho acuerdo”. Pero, como si fuera poco, el diplomático, intimidante, advierte que esta decisión, repito, soberana de la corte, “desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

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