Por Mauricio Cabrera.-Aunque en el pasado ya se escuchaba decir a algunos analistas que el principal problema de Colombia no era la guerrilla sino la corrupción, la intensidad del conflicto y el manejo mediático de quienes construyeron su capital político con la promesa de acabar con la guerrilla, no dejaban que la opinión pública le prestara toda la atención a los crecientes y generalizados casos de corrupción pública y privada.
Dos circunstancias han cambiado el foco de atención de los medios y la ciudadanía: el éxito del gobierno al lograr el fin de la guerra con las Farc con la desmovilización de 6.300 guerrilleros y la próxima entrega de las armas y, de otra parte, el escándalo mundial por los sobornos de Odebrecht.
El problema no es nuevo. Se recordaba en estos días que, desde el mismo inicio de la vida republicana, Bolívar y Santander promulgaron sendos decretos ordenando la pena de muerte para los funcionarios acusados de malversación o hurto de fondos públicos. Pero también es cierto que ha crecido a unas proporciones capaces de desestabilizar una sociedad.
Varios son los factores que han incrementado la corrupción desde los años 70 del siglo pasado cuando Turbay planteaba “reducirla a sus justas proporciones”. En primer lugar el auge del narcotráfico y la cultura mafiosa del dinero fácil, que permeó buena parte de la sociedad; en segundo lugar cambios políticos como el debilitamiento de los partidos políticos por el voto preferente, la elección popular de alcaldes y gobernadores que descentralizó la corrupción, o la circunscripción nacional para senadores; y tercero, factores económicos como el enorme incremento de los recursos estatales para la contratación por las regalías petroleras y los aportes para salud y educación.
Ante la indignación ciudadana por los innumerables casos de corrupción, vuelven a surgir propuestas para combatirla, sobretodo en el ámbito de la política electoral y la contratación pública.
La Consulta Popular Anticorrupción impulsada por la senadora Claudia López y los verdes, incluye medidas que pueden ser efectivas, aunque insuficientes, como la mayor transparencia en la contratación pública, la cárcel para los corruptos y la inhabilidad para contratar con el Estado, o la obligación de los funcionarios públicos de hacer públicas sus propiedades e ingresos.
Por su parte el gobierno ha presentado una reforma política que debe complementar las propuestas de la Consulta con medidas como la eliminación del voto preferente para acabar con las microempresas electorales, la financiación estatal de las campañas y la eliminación de la circunscripción nacional para el Senado, excepto para las minorías.
