La Comunidad Andina de Naciones está próxima a expedir una decisión para combatir lo que se ha denominado minería ilegal.
El borrador de la norma señala que los gobiernos podrán "decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos" utilizados por los mineros que no cuenten con los permisos exigidos en la legislación interna de cada país, destrucción de equipos que se sabe en Colombia ocurrirá sin que medie orden de una autoridad judicial.
Por la gravedad de los impactos que la norma va a tener en mi país, considero que los países andinos deben tener en cuenta las siguientes reflexiones.
En Colombia hay más de un millón de personas que viven de la minería informal, minería que el gobierno colombiano ha catalogado como ilegal, asimilándola a la de organizaciones al margen de la ley.
Los mineros informales son pequeños y medianos empresarios, artesanos, comunidades indígenas y afrocolombianas que no cuentan con todos los permisos para adelantar esta actividad económica, pues el Estado colombiano no les ha permitido su formalización.
Según cifras oficiales, entre 2011 y 2011 se presentaron 5.610 solicitudes de formalización y solo se formalizaron 76 minas, ¡el 1,3 por ciento! Ello se debe a que el Estado no ha apoyado a los mineros informales, como sí lo han hecho otros países suramericanos.
La mayoría de los mineros informales han explotado sus minas durante décadas y ahora son perseguidos por el gobierno nacional, con el pretexto de que todos tienen vínculos con organizaciones criminales.
Sin embargo, los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, son gentes respetables que ejercen su actividad en medio del abandono oficial en cuanto a legalización, créditos apropiados, asistencia técnica, seguridad social y educación ambiental.
No es cierto que los mineros informales sean criminales, aun cuando pueda suceder, como ocurre en todos los sectores económicos, que entre ellos se camuflen miembros de organizaciones al margen de la ley.
Desde luego que, quien tenga algún vínculo con la criminalidad debe ser sancionado, pero no por ser un minero informal, sino porque en un juicio se ha demostrado su culpa. Pero la intención del gobierno colombiano es crear una especie de presunción de culpabilidad y tratar a todos los pequeños y medianos mineros como delincuentes, violando principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.
En Colombia, el objetivo de esta persecución es facilitarles los negocios a las trasnacionales de la minería, para quienes los mineros informales son un obstáculo. Estas compañías quieren desplazar a los pequeños y medianos empresarios, artesanos y a las comunidades étnicas, para monopolizar la explotación minera.
Por lo anterior, de manera respetuosa solicito a Su Excelencia tener en cuenta estas consideraciones en el momento en que el gobierno boliviano preste su consentimiento para que la decisión andina entre en vigor.
