Temas jurídicos de gran impacto en el futuro de la Nación, como la reglamentación del fuero militar y el marco jurídico para la paz y la convivencia, deberán ser estudiados y debatidos con sumo esmero y atención en el periodo legislativo que se inicia el próximo mes en el Congreso de la República.
El senador y jurista Jesús Ignacio García Valencia, a instancias de Ecos Políticos, hizo importantes precisiones y recomendaciones para que el Estatuto que reglamentará el fuero militar, no exceda las actuaciones jurídicas contra los miembros de las fuerzas armadas , pero tampoco dé lugar a decisiones que permitan la impunidad.
En cuanto al Tribunal Especial de Garantías para los miembros de la fuerza pública, el senador García Valencia expresa la importancia de sentar claridad que aunque puede actuar cuando el militar es juzgado por la justicia penal militar o la ordinaria, se debe estipular en la ley estatutaria que solo podrá actuar cuando existan dudas sobre la competencia, y que se haya determinado, en último caso, que la justicia ordinaria es la que tiene que abocar el proceso.
Advierte que de lo contrario podría servir como un instrumento exorbitante y desproporcionado para los delitos comunes que hayan podido cometer los uniformados.
En segundo término indica que hay que también se debe reglamentar la Comisión Especial que está llamada a dirimir las dudas que existan sobre la competencia en determinados asuntos . Para el senador García eso significa que acaecido un hecho puede entrar a suscitarse controversias si debe ser conocido por la justicia penal militar o la ordinaria.
García Valencia manifiesta que se deben definir claramente sus atribuciones y los criterios que deberá tener en cuenta para establecer en esos casos a qué órgano jurídico le corresponde.
La defensa técnica para los miembros de la fuerza pública también debe ser reglamentada.
Marco Jurídico para la Paz
El senador liberal Jesús Ignacio García se une a los colegas, autoridades y analistas que advierten tropiezos para el eventual retorno a la vida civil y la inclusión de los cabecillas guerrilleros en las listas de elección popular, punto nodal del acto legislativo Marco Jurídico para la Paz.
“Es ahí cuando la situación es complicada, porque en el escenario internacional existen instrumentos que limitan la capacidad de negociación del Estado, porque de acuerdo con el Estatuto de Roma, los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y sancionados”, aseguró.
Así las cosas, como lo manifestó el Procurador General de la Nación y ex magistrado José Gregorio Hernández, entre otros, los cabecillas de las Farc o el ELN , por ejemplo, que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad y crímenes atroces, les quedará muy difícil que los consideren delincuentes políticos y puedan reincorporarse tranquilamente a la vida civil y aspirar a un cargo de elección popular.
Señala Jesús Ignacio García que este marco jurídico también habla de que en algún momento se podrá seleccionar la persecución de ciertos delitos y dar prioridad a la investigación de quienes tienen mayor responsabilidad dentro de los grupos insurgentes, que son los cabecillas, y que es allí donde hay unos escollos desde el punto de vista internacional, pero las negociaciones deben circunscribirse al marco jurídico internacional al cual está adscrita Colombia.
“Todos deseamos que esos escollos los podamos salvar para que haya un acuerdo, cese la violencia y no podamos dedicar a trabajar por el desarrollo del país”, subrayó.
Como pie de página, Ecos Políticos acota que la negociación con el M-19 y la firma del acuerdo de paz se logró sin tropiezos porque fue anterior a la firma de los Tratados de Ginebra y al nacimiento de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma.
