Por Felicia Saturno Hartt. Foto: A. Parra/AP.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio la respuesta que cabía esperar a la consulta de Nicolás Maduro: el Ejecutivo podrá obviar el trámite parlamentario y presentar el presupuesto 2017 directamente a dicha corte.
Con ello se despoja a la Asamblea Nacional de Venezuela, de una de sus atribuciones soberanas, que le confiere la Constitución y se da un paso más en la crisis de gobernabilidad entre el Gobierno y el Parlamento, al que los magistrados consideran en rebeldía, por el desacato de una sentencia anterior.
La discrecionalidad de la Administración de Maduro para decidir unilateralmente las prioridades de Venezuela y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, viola, no solo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 187 y 313, sino el derecho de cada uno de los venezolanos que eligieron a los diputados de la Asamblea Nacional, para que nos representen en el proceso de aprobación, seguimiento y control de los dineros públicos.
Esta es una arbitrariedad legalizada de hecho y de derecho por el garante de la legalidad en Venezuela. Una clara alteración del orden constitucional, al despojar al legislativo de una de sus principales funciones, el control gubernamental.
Legítimamente elegida, por la mayoría de los venezolanos, la Asamblea Nacional ha sufrido no sólo los ataques de las hordas chavistas, sino el desconocimiento de su legitimidad de origen.
Lastimosamente, la administración más corrupta e incapaz de la historia republicana venezolana tendrá la facultad de cobrar y darse el vuelto con los cada vez más indigentes ingresos de la renta petrolera, ante la mayor crisis humanitaria que jamás había vivido la patria de Bolívar, desde las Guerras Independentistas.
